lunes, 24 de agosto de 2015

Fideicomiso, poder extramunicipal

Mega Radio, 24 de agosto de 2015
Luis Javier Valero Flores
La creación del fideicomiso de los puentes fronterizos, por sus características, alcances y beneficios, hace que sus facultades rebasen las del ayuntamiento de Juárez y en la práctica se pueda erigir en un nuevo poder público.
Tendrá a su cargo la operación de los puentes internacionales de Zaragoza-Ysleta, Reforma, y Paso del Norte, ubicados en Ciudad Juárez, así como el Guadalupe-Tornillo – que aún está por entrar en operaciones–.
El Fideicomiso tendrá como facultad, entre otras, DETERMINAR los proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura en Ciudad Juárez a los que se destinarán los flujos obtenidos.
Y si tales facultades, por encima de las municipales, son preocupantes, la de que podrá “Contratar o emitir deuda respaldada por los flujos derivados de la Concesión de los Puentes Fronterizos”, lo es aún más.
Convertido en un nuevo super ente público, el nuevo fideicomiso, en la práctica desaparece a la autoridad municipal; así, el gobierno del estado, mediante este fideicomiso, le quita a aquella, la potestad de la obra a celebrar en en el antiguo Paso del Norte.
No es todo, la conformación del Comité Técnico -el órgano dirigente del fideicomiso- será abrumadoramente por funcionarios estatales y federales, encabezados por el gobernador del estado y el municipio de Juárez sólo tiene derecho a ¡¡¡Dos!!!, además de otros dos representantes de la Sociedad Civil, pero designados por el Comité Técnico.
Más aún, los ingresos de los puentes fronterizos rondan los 250 millones de pesos anuales y ya se habla de que el gobierno estatal solicitaría un financiamiento, a través de la bursatilización, de mil 500 millones de pesos.
Salvo el diputado panista, Rogelio Loya, nadie alzó su voz para defender al municipio de Juárez. El proyecto fue defendido por el también juarense, Daniel Murguía.
El gobernador Duarte, para enfrentar las críticas hacia este fideicomiso, elogió la decisión del Presidente Peña Nieto para entregar la concesión, “algo que faltó en las dos administraciones federales previas”, dijo, pero no abordó el hecho de que, siendo recursos generados en la frontera, debiesen ser ejercidos por la instancia municipal.
Este asunto, y el de la iniciativa del Presidente Peña Nieto para normar las deudas de municipios y estados, puso de nueva cuenta al día la discusión acerca del monto de la deuda de Chihuahua.
Y no sólo, sino también de la pertinencia del endeudamiento pues a un año del término de las actuales administraciones puede llegarse al caso de adquirir niveles de endeudamiento que afecten las posibilidades de desarrollo de la entidad porque se comprometen las participaciones federales o los ingresos propios, como es el caso, y que las siguientes administraciones estatales pudieran quedar atadas de manos ante los niveles de endeudamiento.
Durante los próximos 30 años (o quizá un poco menos) los gobiernos estatales de Chihuahua no accederán al ingreso del peaje de las carreteras concesionadas al Estado, alrededor de 2 mil millones de pesos al año.
De aprobarse la bursatilización de los puentes fronterizos, durante el plazo pactado dejarán de percibirse los 250 millones de pesos anuales.
Por supuesto las finanzas estatales están comprometidas, dejaremos de percibir aquellos montos porque los pedimos ahora, para gastarlos ahora.
Solo para ubicar parte del problema, el municipio de Juárez deberá pagar, en el curso de 30 años, la deuda adquirida para las obras del Plan de Movilidad Urbana.
¿Valía la pena, ante la realidad de las obras construidas hasta ahora? 
¿Porqué no se le apostó, como en otros casos, a la capacidad gestionadora del gobernador Duarte, que tanto le elogian sus panegiristas, y obtener recursos federales para el PMU?

Así, a falta de otros argumentos, más allá de que el gestor es el que debe administrar los recursos, el hecho de que se hable, ya, de una bursatilización de los puentes fronterizos, motiva a la desconfianza y a que se intuya un nuevo episodio de endeudamiento sobre los ingresos del Gobierno de Chihuahua y que, para lograrlo, se golpee al municipalismo.

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