¿Y la seguridad escolar?

El Diario, 12 de febrero de 2015

Luis Javier Valero Flores

Meses atrás, ante episodios semejantes como el asesinato de Irving Reyes González a manos de un grupo de jóvenes, algunos de ellos ex alumnos de la secundaria Altavista, a la que asistía, se encendió la preocupación del mundo oficial, sólo para apagarse en unos cuantos días.

Los detalles del brutal crimen nos arrojan a un mundo al que muy pocos se asoman y ha encendido, además de la natural indignación social, las voces de, otra vez, la preocupación del mundo oficial, aunque no todas, por desgracia.

Un grupo de jóvenes, muy jóvenes, se ponen de acuerdo en asesinarlo porque la víctima “comenzaba un romance con la novia de uno de ellos”. Lo golpearon, lo acuchillaron y finalmente lo asfixiaron. Y lo enterraron.

Si tenemos material para espantarnos, a pesar de lo vivido hasta ahora, también hay motivos para congratularnos. El padre de uno de los asesinos lo convenció a entregarse, pero a través de un canal de televisión, lo que evidencia la poca confianza de ese ciudadano en las instituciones de procuración de justicia.

Hasta ahí, todo normal, aunque tal suceso sea lo más lejano a la “normalidad”. La indignación disminuirá, nuevamente la impotencia (¿Qué hacer, si nada se puede, si las condiciones reinantes no se pueden cambiar) y, finalmente, el olvido…

Pero algo se puede -se debe- intentar, la guía la ofreció la abogada Isela Torres, subsecretaria de Educación, Cultura y Deporte en la zona norte, quien expresó, en el curso de una conferencia de prensa “que lo que acontece en el exterior de la escuela es un ‘problema policiaco”. (Nota de Martín Orquiz, El Diario, 10/II/15).

¿Sabrá la funcionaria, que ya fue Secretaria del Ayuntamiento, además de diputada local, que desde 2003 existe una Ley de Seguridad Escolar, la que involucra directamente a las autoridades municipales y escolares “en el entorno escolar?

Inexplicablemente, llamó especulaciones las de los reporteros que insistían en que los alumnos de esa secundaria eran hostigados por pandilleros que son alumnos y ex alumnos. Evidenció algunas de las carencias de quienes llegan a la función pública.

Se requiere una elevada dosis de sensibilidad, no sólo política, sino fundamentalmente social para afrontar la enorme tragedia por la que transitan la mayoría de los jóvenes del antiguo Paso del Norte.

Vivimos un momento extremadamente complejo. Tal pareciera que a mayor complejidad y variedad de los reclamos ciudadanos, los gobernantes se pasman. Cuando le dijeron a la subsecretaria que algunos de los señalados habían sido expulsados de la secundaria Altavista respondió que había sido “porque los maestros tomaron alguna acción”.

Bueno, pues algunos de sus compañeros pensaron distinto y aprobaron, en 2004, La ley de Seguridad Escolar, la que estableció, entre otras cosas, la obligatoriedad para las autoridades escolares, de crear las Brigadas Escolares, que deberán existir en cada plantel, incluidas las Universidades Autónomas del Estado.

Cada “Brigada será coordinada por el director del Plantel Educativo o quien él designe, debiendo integrarla con un mínimo de siete miembros, dentro de los cuales se contemplará personal docente, padres de familia, vecinos del plantel y alumnos, dándose preferencia a la participación de estos últimos”. (Art. 17).

A las brigadas escolares les corresponden las siguientes funciones: Diseñar lo necesario para propiciar un “entorno escolar sano y confiable para la educación, fomentar (coordinada con la Asociación de Padres de Familia) las denuncias ciudadanas de aquellas acciones delictivas o contrarias a la legalidad, convertirse en vínculo de “coordinación entre las autoridades escolares y de seguridad pública para el cumplimiento de esta Ley”, gestionar los recursos necesarios en materia de seguridad escolar y canalizar “a los estudiantes que requieran algún tratamiento específico, a las diversas organizaciones e instituciones de los sectores público, privado o social”.

No sólo, también “Llevar registro de quienes desarrollan su actividad comercial en el perímetro del centro escolar”; gestionar ante la autoridad municipal respectiva, la instalación de alumbrado en el perímetro del centro escolar; así como la destrucción de tapias, bardas e inmuebles en general que, por su estado y condiciones físicas, sean susceptibles de ser usados para actividades ilícitas en riesgo de la comunidad escolar y promover, entre los vecinos sus actividades.

La ley establece que el entorno inmediato de la escuela es de 200 metros a la redonda y pone especial énfasis en la colaboración vecinal en la vigilancia para proteger el patrimonio y entorno escolares, así como la obligatoriedad de la participación de la autoridad municipal en las actividades de seguridad escolar.

Además, considera como prioritarios y de interés público para los efectos de la seguridad escolar a “los establecimientos comerciales y negocios en general cercanos a los centros escolares” a cuyos propietarios podrá solicitar “la exhibición de los permisos, autorizaciones o licencias expedidos por autoridad competente para la operación de que se trate”.

¿Es mucho soñar que, por fin, se establezcan las Brigadas Escolares? ¿No estaríamos, por esta vía, propiciando el establecimiento de nuevas redes de convivencia social y mejorando el entorno escolar de niños y jóvenes?

A lo mejor.

Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM, o por www.antenafm.mx

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