Oootro conflicto de interés

El Diario, 5 de diciembre de 2015

Luis Javier Valero Flores

El Presidente Peña Nieto designó como titular de la Secretaría de la Función Pública a Virgilio Andrade y le “instruyó” prevenir la corrupción e indagar si existió -¿Existe?- conflicto de interés en la compra de las casas de su esposa, Angélica Rivera, la del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray y la de él mismo en el centro de recreo de la élite mexiquense, Ixtapan de la Sal.

Además, para enfrentar la creciente crítica a tales hechos, conminó a los legisladores federales a acelerar los trabajos de la aprobación de una comisión anticorrupción.

Vehemente, Peña Nieto le mintió al país entero (cuando afirmó que siempre había actuado legalmente: ¿Acaso declaró que los helicópteros y aviones en los que hizo campaña eran propiedad del Grupo Higa) y en lugar de proponer las medidas que sí podrían, por lo menos, hacer aparente el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, es decir, proponer la legislación necesaria para que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, sean públicas, obligatoriamente, se salió por peteneras y cayó en otro conflicto de interés: 

¿Pues que acaso no es superior jerárquico del funcionario al que le ordenó investigar la licitud de sus adquisiciones?

Más aún, Andrade formó parte del equipo de transición del presidente electo  Peña Nieto, por recomendación de Videgaray (habían sido compañeros en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y, por esa vía, tuvo conexiones con Pedro Aspe, el poderoso Secretario de Hacienda del sexenio salinista, mentor del ahora responsable de las finanzas nacionales) y le fue encomendada la tarea de elaborar una propuesta del sistema nacional anticorrupción que propondrían al tomar posesión.

No es el único antecedente que levanta suspicacias sobre la imparcialidad del nuevo “zar anticorrupción”, como le llegaron a decir, al principio de su gestión, al ex gobernador panista chihuahuense, Francisco Barrio. Muchos años atrás, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Andrade se desempeñó como asesor, entre 1989 y 1990, de Ana Paula Gerard, entonces secretaria técnica del gabinete económico salinista y que en 1994 se convertiría en esposa del ex presidente.

En esos mismos años se desempeñaría como Coordinador de Asesores del Oficial Mayor de Gobernación al lado del más poderoso de los subsecretarios, Manlio Fabio Beltrones quien era, entonces, el mejor discípulo del Secretario Fernando Gutiérrez Barrios.

El gabinete económico de Salinas dependía directamente de Pedro Aspe, el que ahora se ocupa de asesorar a los gobiernos estatales en la contratación y manejo de las deudas públicas, responsable de proponerle al entonces Gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, designara Secretario de Finanzas a Videgaray en el EdoMex.

Los vasos comunicantes son muchos. El hermano de Ana Paula, Hipólito, participó en la licitación del frustrado tren México-Querétaro ¡Nada!

Andrade, no obstante haberse desempeñado como representante suplente del PRI ante el IFE, se presentó como candidato a Consejero “ciudadano”del órgano electoral. Lo sería de 2003 a 2010 con Luis Carlos Ugalde como presidente.

El ahora “investigador” de las posibles corruptelas de Peña Nieto, Videgaray y Rivera fue defensor del líder petrolero, Carlos Romero Deschamps ¡Híjole!

Con esos antecedentes ¿Cabe abrigar alguna lejana esperanza que Andrade cumplirá con la petición pública del presidente?

Urgido por las angustias electorales, en medio del escándalo nacional e internacional, originado por las fincas, presumiblemente regaladas por los empresarios; por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y por el enjuiciamiento en la ONU a causa de los miles y miles de desaparecidos, el grupo gobernante afrontará el proceso electoral de mitad de sexenio en las peores condiciones, de ahí el deplorable montaje anticorrupción y la demagógica orden a Virgilio Andrade de “investigar” al presidente.

Incapaces de afrontar el terrible conflicto de interés en que se encuentran, por la absoluta falta de ética política, se hunden a cada paso. Ayer, el secretario Videgaray por fin se acordó de la tasa de interés con la que contrató “compra” de su casa con el Grupo Higa: 5.31%, muy por debajo del 12.17%, promedio ofrecida por la banca a sus clientes.

¿Se atreverán a sostener que no hay conflicto de interés?

Pero es una enfermedad nacional, hoy mismo, el precandidato del PRI a la diputación por Parral, Carlos Hermosillo, enfrenta otra denuncia por enriquecimiento ilícito, al igual que el mandatario chihuahuense, César Duarte.

Ambos se declaran inocentes. Bien, más allá de la inocencia o no en los cargos imputados ¿Porqué no escuchamos de los precandidatos, y ya muy pronto, candidatos, la propuesta de hacer obligatoria la publicación de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos?

De nada sirve que aleguen la discrecionalidad y el ocultamiento de sus ingresos en función de la inseguridad ¿Para qué, si todos sabemos, los malandros incluidos, que los funcionarios públicos mexicanos ganan auténticas fortunas, en forma de salarios?

Más allá de las palabras y la infinidad de propuestas, en tanto las declaraciones patrimoniales de los gobernantes no se hagan públicas obligatoriamente, el manto de la opacidad y la presunción de corruptelas será el signo distintivo de la clase política.

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