Fundamentalismo y elusiones legislativas

Vozenred.com, Julio 2014, No. 66

Luis Javier Valero Flores

Opuestos a cualquier modificación legal que implique el reconocimiento del matrimonio homosexual, un buen número de diputados locales -y también de los dirigentes partidarios- de los dos partidos mayoritarios en Chihuahua, nos han mostrado una muy preocupante faceta: Su tendencia a valorar sus convicciones personales -religiosas- por encima de sus facultades y atribuciones y anteponerlas por encima de las regulaciones que rigen a la sociedad chihuahuense.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró discriminatorios los articulados de los Códigos Civiles de los estados que definen al matrimonio como ”la unión civil de un hombre y una mujer”. En sus resoluciones ha resuelto que lo deberán definir como  “la unión civil de dos personas”.

Es materia juzgada que va en el sentido de lo dispuesto en la modificación al artículo 1o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. No hay nada que la pueda modificar. Sin embargo, cada que se les pregunta a los legisladores locales si la van a incluir en las reformas al Código Civil invariablemente responden que “aún no es tiempo” (Rodrigo de la Rosa, PRI); o que va en sentido contrario a lo que ha existido “milenariamente” (Maru Campos, PAN).

En tanto, varias parejas de chihuahuenses -entre ellas, muy recientemente, una de mujeres- han ganado los amparos correspondientes, que han obligado a las autoridades estatales a declararlos unidos en matrimonio y se aprestan, además, otras 100 personas a realizar la misma maniobra jurídica: Ampararse contra la negativa de las autoridades del Registro Civil de Chihuahua, de registrar sus respectivos matrimonios y, de manera segura, obtener el amparo de la justicia federal y que ésta le ordene a la estatal, en un segundo paso, registrarlos como una unión conyugal con todos sus derechos y obligaciones.

Es decir, es una realidad la existencia de parejas homosexuales en Chihuahua, lo que echa por tierra cualquier argumento en el sentido de que “no es el momento para discutirlo”, “no es una demanda social” o que “hay otras exigencias mayores”.

Puede haber, y son totalmente respetables, las creencias religiosas de nuestros gobernantes -la ley se los garantiza-, pero quienes ocupan espacios en la administración pública, están obligados a actuar de acuerdo con los mandamientos legales establecidos. 

Ese es el caso de los legisladores, antes de recurrir a una y mil maniobras con tal de postergar tal reforma; llegará un momento, si continúa la presentación de amparos en la justicia federal, en que los órganos del Poder Judicial Federal le ordenarán al Gobierno de Chihuahua, en particular al Congreso del Estado, que las apruebe pues tal oposición va en el sentido contrario a la legalidad existente.

¿Para qué esperarse a tal momento? ¿Para qué agregar un motivo más de crítica a los poderes públicos de nuestra entidad?

Finalmente ¿A quién ofende que una pareja se enlace civilmente?

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