Esquemas caducos

El Diario, 10 de julio de 2014

Luis Javier Valero Flores

Los recientes escándalos desatados en la administración municipal juarense, por el modo en que fueron otorgados recursos públicos para equipo de protección de los policías municipales (650 chalecos antibalas), y para el financiamiento de diversas organizaciones de la sociedad civil, dentro del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), han mostrado palmariamente el agotamiento de los procesos de adjudicación de los recursos públicos a los distintos programas y obras públicas.

No sólo se advierte la posibilidad de un presunto mal manejo de recursos, o conflicto de interés por parte de la ejecutiva de proyectos del municipio, la ex diputada Alva Almazán, sino, también, que en mayor medida la estructura política tiende a ocupar los espacios que la sociedad civil había construido con grandes dificultades, paradójicamente con la oposición terca, soterrada, constante -y en ocasiones hasta abiertamente- de las estructuras de los gobiernos, cualquiera que fuera su color partidario.

Así, en esos dos aspectos, centrales para la vida de la comunidad por distintas razones, la ex legisladora aparece con no muy buenas credenciales en procesos que siempre despiertan suspicacias porque, conforme los partidos políticos se alejan de las simpatías ciudadanas, se acrecientan los rumores y las informaciones sobre el crecimiento desmesurado de las corruptelas; en estos casos por la vía de los denominados “moches”, que no son otra cosa que la extorsión realizada por algunos funcionarios gubernamentales que, y otra vez lo preocupante, parecen crecer en número y dependencias.

Para resolver las dudas sobre la limpieza en la adjudicación de recursos a las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno municipal juarense resolvió, por su cuenta, sin consulta alguna con nadie, ni siquiera con el cabildo, que ese proceso pasaría a manos de la Uacj.

Nadie podría oponerse a tal medida debido al prestigio de la universidad fronteriza, pero cuando se resuelve un asunto de tales características también podríamos preguntarnos: ¿Está dentro de las facultades de la universidad? ¿Qué instancia, dependencia o facultad la va a realizar? Esa instancia ¿A quién va a rendirle cuentas? ¿Sus operaciones estarán al alcance de los ciudadanos vía transparencia?

Luego ¿Cuál va a ser el mecanismo de elección, o designación, de los funcionarios universitarios encargados de la asignación? ¿Cuáles son los criterios para aplicar recursos a unas organizaciones y negárselos a otras? 

¿No estaría mejor elegir una instancia especializada para que lo haga, en un proceso en el que participen, obviamente, los sectores universitarios, pero que fueran fundamentalmente miembros de la sociedad civil quienes lo hicieran, y entre ellos, destacados académicos y profesionistas ajenos a las organizaciones civiles y, por supuesto, a los partidos y sus gobiernos?

Cosa semejante sucede con las licitaciones. Está por demás recordar el procedimiento típico de ellas: Una de las empresas participantes -que ha recibido la “bendición” gubernamental, es decir, ya está “hablado” en qué consistirá su “beneficio”- cotiza la obra o artículos muy por debajo de los precios de sus competidores y ese solo hecho le da el triunfo en la licitación y la adjudicación de la obra, la que, obviamente, requerirá un sustancial aumento de recursos económicos, los que serán otorgados posteriormente.

En el camino, a uno, o varios funcionarios, les son retribuidos altamente sus servicios y participación.

Nadie vigila la limpieza del concurso y el resto de los participantes -por temor a no ser “beneficiados” del otorgamiento futuro de alguna obra- tampoco dicen nada, en la mayoría de los casos.

Bueno, pues tal procedimiento debe ser cambiado de manera inmediata, los recursos públicos perdidos por esta vía son cuantiosos y contribuyen grandemente a la pérdida que sufre el país por la corrupción imperante -se calcula en 9% del PIB- que fluyen, mayormente, de las arcas públicas.

Agregar otros factores, al prácticamente único existente, el del precio, como los de la calidad de los materiales y artículos a comprar o usar en las obras, la experiencia de la empresa, el cumplimiento en obras y compras anteriores, el de no haber nacido, como empresa, al mismo tiempo que la administración pública ante la que se solicita la obra o la compra, etc.

Y una cosa aún más importante, que no sean los funcionarios públicos que otorgarán los recursos para la construcción de la obra en mención quienes califiquen la licitación; o los que utilizarán los suministros comprados bajo este mecanismo; lo ideal sería que fueran órganos ciudadanizados (y con participación de las organizaciones de la sociedad civil, universidades, etc.) los que resolvieran sobre estos temas.

Más aún ¿Y porqué no experimentar con una modalidad distinta, algo así como la del fiscalizador ciudadano, un ente nuevo que se encargara de tales asuntos, del modo como se creó el Auditor Superior de la Federación?

Urge, porque casos como los ahora comentados seguirán dándose. Lo peor, cada vez con mayor cinismo, como el del ahora alcalde electo de San Blas,  Nayarit, “Layín”.

Parodiando aquello de que todos traemos adentro a un “pequeño” argentino, así podríamos decir que todos los de la clase política mexicana traen en su interior un “pequeño Layín”.

Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM, o por www.antenafm.mx

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