Referéndum

El Diario, 2 de junio de 2013 Luis Javier Valero Flores La elección del próximo 7 de julio será lo más cercano a un ejercicio referendista que tengamos a la mano sobre la administración de César Duarte. Más allá de lo obvio –que no aparecerá en las boletas electorales–, evidentemente que la obra de su gobierno, su papel en la definición de las candidaturas, en la concreción de las alianzas y candidaturas comunes y en general, el rumbo de las campañas electorales, serán parte fundamental de lo que los ciudadanos evaluarán. Hay, además, otro factor que con cada elección crece, el porcentaje de electores que no se identifican con alguno de los partidos, la mayor parte de los cuales se convierte en el denominado voto “switcher”, es decir, aquel que vota de acuerdo con el desempeño de los partidos, de los candidatos y de la actuación de los gobernantes. Otra parte de éstos son atraídos exclusivamente por las campañas y los candidatos, por una gran cantidad de factores presentes en la campaña y que no necesariamente tienen que ver con el mayor desarrollo democrático de la sociedad. Además, pesará el hecho de ser una elección de mitad de sexenio, las que menor atracción ejercen sobre el electorado y que, por si faltara, las opciones se redujeron a prácticamente sólo dos: o el PRI y sus aliados, o el PAN, a pesar de que en la capital del estado el PT y Movimiento Ciudadano presentaron candidatos a la alcaldía, pero que pesa sobre ellos el hecho de haber sido, hasta los inicios del presente proceso electoral, militantes destacados del PAN. El ballezano se encuentra, quizá, en lo más alto del poder que se puede ejercer desde una gubernatura. Pasados –casi– los tres primeros años de su administración ha ubicado en la mayor parte de los cargos más importantes a quienes lo acompañaron en la ruta al Gobierno del Estado desde mucho tiempo atrás, después de distribuir cargos a quienes no formaban parte de su equipo compacto y de intentar el equilibrio de las distintas corrientes políticas al interior del priismo chihuahuense. Con motivo del presente proceso electoral buscó, y obtuvo, aparecer como el gobernador que concitó el apoyo de prácticamente toda la oposición local, incluidos sectores significativos del panismo, que eso significaron las candidaturas de los ex panistas Miguel Jurado (a la alcaldía de Parral, ahora candidato de todos los partidos, con la excepción del PAN), Manuel Nárvaez (a la alcaldía de Chihuahua, por el PT, permanente aliado, inconmensurable, del PRI) y Emilio Flores, también a la alcaldía de la capital, pero por el Movimiento Ciudadano, partido que en los hechos también es aliado del PRI. Y la cereza en el pastel, el PRD. Por lo menos en las candidaturas comunes de varios municipios –la capital y Parral preponderantemente– y en el distrito electoral 01. Temprano para hacer un balance global del actual gobierno, si es tiempo de calcular –especular– sobre el efecto que algunas acciones gubernamentales pueden ejercer sobre el electorado, o por lo menos sobre una parte, más allá de algunas acciones, posturas y actos realizados por el mandatario. Sobresale una de ellas, la de ordenar la instalación de la cobertura universal en la educación media, media superior y superior. Sus efectos en el ánimo de una parte del electorado serán inmediatos: a favor. El número de quienes pueden estar en esa tesitura no es menor, y como se trata de estratos medios y medios bajos –de los que más votan– los efectos beneficiarán, sin duda, al partido gobernante en Chihuahua. Pero los efectos de mediano y largo plazo se sentirán en toda la sociedad, si la medida se mantiene (y todo lo hace pensar que así será) pues crecerá de manera significativa la población que accederá a los niveles superiores de la educación, y cuando eso sucede –eso esperamos– todos los índices negativos de la sociedad decrecen. Y como se trata de plazos de larga data, sería iluso pensar que podría incidir en los índices delictivos de ahora; no, medidas como ésta podrán apreciarse a vuelta de 5-10 años en la disminución de la violencia; el total de ella, si recordamos que, en números cerrados, de 2008 a 2012 se presentaron 17 mil homicidios en la entidad, de los cuales la Fiscalía General ubicó como relacionados con el tráfico de drogas alrededor de 10 mil, por lo que el resto de la sociedad, la no vinculada a ese sector delictivo por cualquier razón, cometió la friolera de 7 mil homicidios en el mismo período, lo que denota la existencia de serios, muy serios problemas en aspectos como la tolerancia, la irritabilidad social, la confianza en las instituciones, el respeto a la otredad, el machismo, la homofobia, la misoginia, etc. Y es en esos aspectos en los que la cobertura universal instalada por César Duarte puede incidir, temas que poco incidirán en el resultado electoral de ahora, pero que estarán presentes en los chihuahuenses involucrados en la educación. No son pocos, pasar de 10 a 21 planteles del Colegio de Bachilleres y de lograr que las universidades públicas aceptaran al total de los solicitantes, significa incidir en no menos de 200 mil chihuahuenses; y si además tal incremento en la matrícula escolar se dio sin que el gobierno estatal hiciera una gran inversión, tan sólo aprovechando los resquicios que ofrece el presupuesto federal es, sin duda, un logro que deberá valorarse adecuadamente. Lo que se hará si los excesos en el ejercicio gubernamental no lo impiden. Asombra, por otra parte, que dicha medida no se diera en el pasado, dada la existencia de nichos presupuestales que lo permiten. En el caso de las universidades públicas, por ejemplo, existen los mecanismos presupuestales que les permiten abrir nuevas áreas o programas educativos para los cuales, casi de manera automática, se destinan partidas presupuestales, con el añadido que una vez autorizadas, se garantiza su financiamiento permanente por la federación, casi en el 100 por ciento de la inversión. Lo mismo sucede con el resto de las instituciones educativas, aunque en ellas el esquema es diferente pues el gobierno estatal deberá aportar el 50% de los gastos y en las cuales existe una especie de “ruta crítica”, mediante la cual se le da seguimiento al desarrollo de una nueva escuela-universidad, de tal manera que los esquemas de financiamiento ya tienen establecido, por año, las nuevas instalaciones que necesitan y deberán construirse en el plantel recién abierto, esquema que posibilitó la apertura de los nuevos planteles de las Utech’s en la entidad. Más aún, de acuerdo con distintas fuentes, la elevación de la matrícula escolar en las universidades públicas (UACH y UACJ) no implicó elevar el gasto sino solamente aprovechar de mejor manera las instalaciones y el personal académico. Y si se toman en cuenta todos estos factores, más el económico, es decir, la derrama de recursos, primero para la construcción de los planteles, y luego para su funcionamiento, sobre todo en los lugares menos poblados, podremos entender las repercusiones benéficas, para la sociedad de esos lugares en particular, y en otro ámbito, el político, para la administración que realiza tales acciones. Imposible saber si al momento de lanzar tales iniciativas –y concretarlas– se tenía como meta elevar los rendimientos electorales, pero de que influyen –e influirán– es inobjetable y ahí podrían ubicarse algunos de los factores que llevaron a que la encuesta realizada por Mitofsky, evaluando el desempeño de César Duarte, mostrara una aceptación superior al 70 por ciento, aunque lo sucedido el año pasado con todas las empresas encuestadoras es como para cuestionar sus trabajos de manera permanente, y más en épocas electorales. Otros serán los aspectos que serán más criticados por la oposición (¿cuál?) en la campaña, como los nuevos sistemas de transporte urbano en Juárez y Chihuahua, más que por la concepción, por los retrasos en su instalación, gravísimo en el caso de Juárez pues el atraso es de años, y que podría llevar a algunos electores a optar por la única oposición existente en el actual proceso electoral, pero cuyos errores les pueden impedir obtener mayores simpatías, como el del candidato a la alcaldía de la capital, Miguel Riggs, al momento de declarar que “(Juan) Blanco y (Carlos) Borruel son mis mentores”, quienes terminaron sus gestiones seriamente criticados. Bueno, pues a pesar de todo, esta elección tiene un elevado tufo referendista.