¡Una luz! Revisarán patrimonio de jueces

El Diario, 12 de abril de 2011
Luis Javier Valero Flores
No es novedad asentar la increíble crisis de credibilidad por la que atraviesan el total de las instituciones relacionadas con la procuración y administración de justicia. La percepción popular ubica casi en el mismo rango de niveles de corrupción a los agentes del ministerio público, policías judiciales y jueces. Por supuesto no todos son corruptos, ni libres de culpas, sin embargo, la crisis de seguridad pública por la que atravesamos desvela aún mayormente los niveles de corrupción de tales instituciones.
Por ello es de alabarse –y de criticarse al mismo tiempo- la medida aprobada ayer por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a propuesta de su nuevo presidente, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, de fiscalizar el patrimonio de los integrantes del Poder Judicial, por lo cual se revisarán las cuentas bancarias y la evolución de sus bienes, “con el propósito de prevenir y detectar actos de corrupción que puedan derivar en el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos”.
“La finalidad de esta decisión es garantizar que los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación cuenten con una situación financiera que corresponda al nivel de sus ingresos; además de detectar cualquier evidencia o indicio de un enriquecimiento ilícito o de ingresos cuyo origen no puedan comprobar”, establece la resolución del CJF.
Es increíble se haya aprobado apenas hasta ahora, una medida tan elemental para prevenir la corrupción de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF) pues el seguimiento de las propiedades y cuentas bancarias de tales funcionarios debiera formar parte –hace años- del permanente escrutinio que debieran recibir pues en esa medida podríamos tener indicios –y en muchos casos, evidencias plenas- de conductas irregulares de quienes tienen en sus manos la administración de justicia en el país, y al decir esto, debemos recalcar que es de todo el país pues a sus manos llegan, si así lo deciden todas las partes en pugna, todos los asuntos judiciales de los mexicanos.
A pesar de tales atribuciones, la sociedad no tiene muchos elementos para acreditar la buena conducta de ellos, hoy mismo, al aprobar esa medida, y en consonancia con los tiempos que vivimos en materia de transparencia, que no son precisamente los mejores, pues existe una marcada tendencia a la opacidad de parte de la mayoría de las instancias de gobierno, federales y estatales, el CJF acordó que sea el contralor del PJF, y no el Auditor Superior de la Federación, quien con solamente un aviso al pleno del CJF dará inicio a la fiscalización de las cuentas y propiedades de algún juzgador.
Todas las dependencias y entidades públicas, así como las instituciones financieras, estarán obligadas a proporcionar la información y datos que la Judicatura Federal les solicite, relacionada con los registros, operaciones y datos bancarios de los integrantes del PJF.
Sin embargo, y continuando con la tendencia prevaleciente, informaron que la información recabada será confidencial y será calificada como reservada con lo que solamente presentando una querella y ganándola, algún ciudadano podría tener acceso a tal información, a contrapelo del espíritu originario de la ley de transparencia que obligaba a todos los servidores públicos a exhibir los montos de su patrimonio, como lo hace la legislación de Coahuila, con lo cual cualquier ciudadano podría estar informado de la transparencia en los bienes personales de los funcionarios públicos, en especial de éstos cuya actuación es tan sensible para toda la sociedad y que debiera ser lo más transparente posible.
El principal argumento usado para oponerse a la difusión de los ingresos y bienes de tan encumbrados funcionarios ha sido que se pone en riesgo su integridad pues los delincuentes tendrían pleno conocimiento de su riqueza y, por tanto, se harían más sensibles a la posibilidad de sufrir extorsiones y secuestros.
Sinceramente, ¿Creen que es válido tal argumento? ¿Acaso no es una de las certidumbres más generalizadas el que los funcionarios públicos mexicanos gozan de las más altas percepciones en el planeta y que los integrantes del Poder Judicial, en especial, son los que más ganan?
No se necesitaría acceder a las páginas de transparencia para saber lo anterior, lo que sí se debería descartar es que poseyesen más allá de lo que sus ingresos generan.
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