El Diario, 3 de abril de 2011
Luis Javier Valero Flores
Prácticamente todos los chihuahuenses han evaluado las acciones gubernamentales en contra del crimen organizado como un auténtico fracaso.
Ni falta hace enfatizar en las cifras de ejecutados, menos si tomamos en cuenta las ejecuciones múltiples de los últimos días y la información –terrible– acerca del siniestro hecho ocurrido en el bar El Castillo (En el que asesinaron a diez personas), reportado por los testigos, de que minutos antes de la masacre habían llegado agentes federales a avisarle al propietario que debería de cerrar pues le “iban a hacer un desmadre”. (Nota del Staff de El Diario, 2/4/11).
Junto a la dramática cifra de los más de 7 mil ejecutados en Juárez –y los más de 11 mil en la entidad– casi todos ocurridos justamente a la entrada en vigor del operativo conjunto de las fuerzas federales y locales –que recibiera distintas denominaciones– existen otras miles de tragedias, a las de las viudas, hermanas, tías y madres de los caídos (y de los heridos) pocos hemos reparado en la existencia de más de una decena de miles de huérfanos y que, como en todos los aspectos de la actual guerra de los cárteles, poca, o muy poca atención han recibido de la esfera oficial.
Otra faceta de la tragedia vivida por los chihuahuenses en estos tres años, es el éxodo, calculado en más de 230 mil personas, que por sí solo es otra tragedia, pero cuyas repercusiones abarcan al total de la vida de las regiones afectadas, especialmente las de Juárez y el Valle del mismo nombre.
La actual administración estatal puso en marcha el Fideicomiso para Víctimas de la Violencia con un fondo de 100 millones de pesos, al cual, al cabo de tres semanas ha registrado a 550 niños. Esperan la inscripción de 2 mil huérfanos cuyos padres fueron ultimados, la mayoría, en el antiguo Paso del Norte.
Sin embargo, de acuerdo con el reportero Ignacio Alvarado Álvarez (Aserto No. 91, enero de 2011), cuando a comienzos de 2010 el Gobierno Federal convocó a distintos organismos de la ciudad para conformar las mesas de trabajo del programa “Todos Somos Juárez” se concluyó que el número de huérfanos existentes al segundo año “de establecida la estrategia de combate a la delincuencia organizada era de siete mil. En octubre, el Gobierno del Estado reveló el resultado de un censo elaborado a partir de las actas de defunción de las víctimas de homicidio. Calculó el número de huérfanos en nueve mil”.
En esas cifras coincide Gustavo De la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien, en el mismo artículo y citado por Alvarado, “estima que para enero de este año la cifra de huérfanos oscilará entre 11 mil y 12 mil. Para ello cruzó la base de datos del Inegi y el IFE y estableció una media de 1.7 hijos por adultos de entre 25 y 35 años, y de 1.6 en adultos de 18 a 25 años. Ese rango de edad es dominante en la estadística de asesinados”.
Si ubicamos en esas dimensiones el problema nos encontraremos que ahí, como en todo lo relacionado con la atención a niños y jóvenes, alrededor del consumo y tráfico de drogas, no hay la acción gubernamental esperada para problema social tan desmesurado. Según Lourdes Almada, coordinadora de la Mesa de Infancia en Ciudad Juárez, hasta antes de la puesta en marcha del fideicomiso señalado no pasaban “de una decena los que reciben asistencia directa de alguna institución de Gobierno” y al no hacerlo, señala, “puede suceder justo lo contrario, una profundización en el fenómeno de la delincuencia”.
Y ahí podemos encontrar, en la de-satención gubernamental, las razones de la catástrofe que vivimos, el no poner en práctica programa alguno para atender a “los hijos de la maquila”, como los denominó Víctor Quintana. Entre 2009 y 2010, el porcentaje de menores de 20 años asesinados en la guerra de los cárteles alcanzó el 30%. “Eran los niños de comienzos de la década, cuando una radiografía elaborada por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación concluyó que la ciudad requería de una inversión de 3.5 billones de dólares para revertir el atraso sensible en materia educativa y urbana”. (Ibídem).
No atender a quienes son ahora los huérfanos de la guerra de los cárteles nos puede llevar a escenarios aún peores a los hasta ahora vividos y menos, si como vemos, la masacre, ni se detiene, ni amaina, y las repercusiones, más allá de las tangibles, de las materiales, asevera Hugo Almada, coordinador de la maestría en Psicoterapia Humanista y Educación para la Paz en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, es que “el tamaño del problema psico-emocional es descomunal. No tendrá solución en años. Miles de personas sufren problemas emocionales severos y no sabemos lo que dejará a la ciudad”.
El asesinato de 7 mil 364 personas en el municipio de Juárez, y la generación de una gravísima ola delincuencial ha originado la salida de miles de juarenses a consecuencia de la violencia, inseguridad y de la crisis económica y han producido una ciudad de pobres (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario, 1/03/11), pues de acuerdo con el investigador del Colegio de la Frontera Norte, especialista en estudios de población, Rodolfo Rubio Salas, citado por la reportera, el éxodo ha modificado la “participación porcentual de los diferentes niveles socioeconómicos de la ciudad”.
En un excelente reportaje, Gabriela Minjáres establece que el 54% de los emigrados lo hicieron a Estados Unidos, la mayoría de los cuales pertenecían a los estratos medio y alto de Juárez, migración que ha repercutido seriamente en la economía de esa ciudad, según la opinión de Raúl Quintero Novoa, profesor investigador de la UACJ, especialista en economía y ciencias sociales, pues se trataba de un buen número de propietarios de pequeñas y medianas empresas asentadas en Juárez y que, al emigrar, las cerraron con las consiguientes repercusiones en el total de las actividades económicas del municipio y la inevitable pérdida de empleos.
La depauperación producida por este éxodo no sólo llegó a quienes se quedaron, también a los migrantes, integrantes de las capas sociales con menores recursos pues, al regresar a sus lugares de origen (de los cuales salieron por razones económicas) quienes se fueron, llegaron y se encontraron con iguales o peores condiciones económicas que cuando salieron.
Y al paralizarse la economía, afirma el investigador, proliferaron las “actividades económicas alternativas o subterráneas para satisfacer sus necesidades, como el establecimiento de segundas y venta de comida”, opinión coincidente con la de Teresa Almada Mireles, quien informa que un número creciente de personas, en las colonias periféricas de Juárez “sólo hace una comida al día y los niños que van a guardería sólo comen cuando se encuentran en esos centros de cuidado”.
Así, la guerra de los cárteles, y la de Felipe Calderón están originando las secuelas clásicas de las zonas devastadas por un conflicto bélico sin que se asuman las medidas necesarias para afrontar tales situaciones. No basta con modificar levemente los programas “normales” de las dependencias federales, ni la puesta en marcha del Fideicomiso para Víctimas de la Violencia –ni modo de rechazarlas–.
Es de tal magnitud de la tragedia vivida por los juarenses (y a la cual se encaminan imperceptiblemente los habitantes de la capital chihuahuense y en la que ya viven decenas de miles de otras zonas del territorio estatal) que lo hecho por las autoridades, en especial las federales, sólo lleva al desencanto, la desesperanza, la impotencia y la parálisis, fenómenos agravados por la creciente percepción de la participación interesada de elementos de las corporaciones federales en la protección, cobertura o ejecución de hechos delictuosos como el relatado al inicio de la presente columna.
Y es que basta con hacer un somero recuento, con su correspondiente comparación con lo sucedido antes de la Operación Conjunta, para llegar a la conclusión que, quizá, fue la aparición de las fuerzas federales el detonante de la explosiva situación por la que atravesamos.
Puede ser lo anterior una equivocación, o una falsa apreciación, pero quienes están obligados a desmentirla, a descalificarla, son quienes han llevado la batuta de tales acciones a lo largo de los últimos tres años.
Y no pueden desmentirla con discursos, promesas o recuentos mentirosos, la realidad es más que elocuente.
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