Impunidad de cuello blanco

El Diario, 7 de abril de 2011
Luis Javier Valero Flores
La decisión del Congreso del Estado, tomada por mayoría, de dar por finalizado el juicio político seguido en contra de los ex jueces Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Nezahualcóyotl Zúñiga, es un episodio más de los indudables yerros cometidos alrededor del caso Rubí Frayre-Sergio Barraza-Marisela Escobedo, y develó cuán poco hemos avanzado en la procuración y administración de justicia.

No podía esperarse otra cosa. Semanas atrás, el gobernador del estado, César Duarte, al conocerse la versión del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), en el sentido que los jueces de la polémica habían renunciado, afirmó que con ese acto “se le daba vuelta a la hoja”. Ayer, la mayoría del PRI, Verde Ecologista y PANAL expidieron la constancia: Aquí no ha pasado nada, los jueces han sido “castigados”, los reclamos de justicia de la sociedad han sido escuchados y todos contentos.

No es así. Si recordamos, cuando el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, solicitó la instauración del juicio político hizo una serie de reflexiones y consideraciones en las que, si bien señalaba que la absolución de Sergio Barraza por los jueces señalados era el acto que motivaba su petición, también decía que era necesario establecer la verdad sobre el caso e investigar a los demás actores de las dependencias oficiales, en particular a los elementos de la policía municipal de Juárez y a los agentes del Ministerio Público y sus respectivos jefes.

Más aún, en uno de sus apartados establecía la necesidad de que se abriera una investigación lo más completa a fin de llegar a conclusiones lo más cercanas a la realidad.

Al contrario del mundo oficial, se alzaron muchas voces que poníamos en duda la competencia (en términos jurídicos) del Congreso del Estado para conocer (otra vez, en esos términos) del caso, pues cuando se presentó la solicitud de juicio político ya se había iniciado en el STJ el proceso para sancionarlos, de encontrarlos responsables de la comisión de alguna irregularidad.

No es todo, algunos poníamos en duda que los jueces hubiesen cometido el error, y ubicamos las causas de tal desastre en la ineficiente labor del Ministerio Público y en la red de relaciones sospechosas en el interior de la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ) debido al elevado número de hechos generadores de incontables suspicacias en el caso de la muerte de Rubí Frayre, como el profundo rechazo de esa dependencia a encontrar a Sergio Barraza, primero, y luego, para detenerlo.

Más suspicacias despertaron con su actuación en el juicio y su posterior actuación cuando aún era vigente la condena en contra de Barraza, acordada por el Tribunal de Casación.

A tal cúmulo de hechos irregulares se vienen a agregar las decisiones del STJ y del Congreso del Estado ¿Por qué no iniciaron la investigación de los hechos, para ventura, no sólo de los jueces, sino de la sociedad toda?

¿Acaso no sopesaron adecuadamente que echarle el “carpetazo” al caso era acumularle más repudio de crecientes capas de la población al aparato de justicia, en general al “gobierno”, y en particular al encabezado por Duarte?

¿No pensaron que están enviando un mensaje altamente negativo a los chihuahuenses, y una especie de exhortación a los funcionarios públicos, pues en adelante ya no va a importar cuántos hechos irregulares cometan los empleados gubernamentales, ni el monto económico involucrado, pues al fin y al cabo con su renuncia se soluciona todo?

Es tan polémica la decisión tomada que casi el total de los medios de comunicación, al consignar las declaraciones del diputado presidente de la Comisión Jurisdiccional, Gabriel Sepúlveda Reyes, dieron cuenta que éste rechazó la existencia de alguna negociación con los jueces para dar por terminado el asunto.

La conclusión es una sola: Evadieron su responsabilidad; tanto en el STJ como en el Congreso debieron concluir el proceso pues así, de querer reingresar al Poder Judicial, o a cualquier otro puesto público, nada se los impedirá, sus derechos están a salvo.

De haber concluido, en cualquiera de las dos instancias, que hubiesen cometido irregularidades, podrían estar impedidos de acceder a puestos públicos hasta por diez años y los chihuahuenses habríamos sabido si fueron culpables de la liberación de Barraza y hasta habríamos confirmado la culpabilidad de éste en el asesinato de Rubí.

Hoy, nada de eso se sabe con certidumbre, y con la jurídica, menos.