Tierra sin ley

Aserto 166, julio de 2017

Luis Javier Valero Flores

La oleada criminal era, ya, una certidumbre para la absoluta mayoría de la población; realidad que el nuevo gobierno se negaba férreamente a aceptar y que provocó dos apreciaciones distintas en el grupo dirigente de Chihuahua, la del gobernador Javier Corral y el fiscal César Peniche, distinta a la del Secretario General, César Jáuregui. 

En tanto que los dos primeros establecieron que no había una alerta en la entidad a partir del asesinato en Zapopan de Jesús Weckman Luján, Jáuregui planteó lo contrario. No, Peniche aprecia todo lo contrario: “No vemos una situación de riesgo en el estado, no vemos una condición de que pudiera crecer la violencia como tal, nosotros vemos que el tema de la violencia en el estado sí obedece al narcotráfico, en donde el 80 por ciento de las ejecuciones están ligados al tema del narcotráfico”. (Nota de La Opción, 12/VII/17).

Todo eso cambió, y aparentemente le concedieron la razón al segundo de a bordo en Palacio pues a partir de la batalla de Las Varas del 5 de julio, el gobernador Corral decidió llevar a la cabecera municipal de Madera el Plan “Desarrollo, Paz y Reencuentro”, una especie de réplica del programa federal, instalado en Juárez a partir de la masacre de Villas de Salvárcar, luego de varios meses en los que la policía municipal de ese municipio fue intervenida por la autoridad estatal y ésta asumiera la dirección de seguridad pública municipal.

Hoy, la seguridad pública se ha convertido -lo admitan o no- en la principal preocupación del gobierno del amanecer y en la de la población de algunas regiones de la entidad y de varias zonas en las principales ciudades.

La percepción del incremento de la violencia no es subjetiva, son numerosos los hechos que van más allá de lo que muchos ciudadanos y no pocos gobernantes argumentaban, a propósito de los enfrentamientos delincuenciales -“Déjenlos que se maten entre ellos”- y de los llamados “daños colaterales”, la frase de Felipe Calderón…

El peliculesco rescate, en el municipio de General Terán, N.L., de la regidora priista de Bocoyna, María Ofelia Samaniego, secuestrada el domingo 2 de julio en San Juanito, por personal de la Unidad Antisecuestros de Nuevo León y la detención de dos de los presuntos secuestradores, fugados en marzo de un penal de Cd. Victoria, Tams., marca un antes y un después en la historia reciente de los hechos delictivos y los enfrentamientos de distintas bandas criminales en territorio chihuahuense.

En “La Batalla de Rubio”, celebrada el 19 de marzo anterior, por lo menos dos de los vehículos abandonados tras la refriega tenían reporte de robo en el estado de Tamaulipas, luego, más de la mitad de los cadáveres identificados, después de los enfrentamientos en Las Varas, son originarios de estados del sur.

Pero ese enfrentamiento era tan solo secuela de los sostenidos, quizá con menor intensidad, en Rubio y en Cuauhtémoc días atrás y de la masacre ocurrida en esta última ciudad.

A partir del asesinato de Jesús Weckman Luján en Jalisco varias informaciones lo daban como el principal dirigente del Cártel de Juárez, lo que, de comprobarse, ubicaría la ola homicida presente en la entidad, más allá de la simple disputa entre los introductores de cristal y sus rivales, los suministradores de cocaína y otras drogas, versión que hasta hace poco sostenía el fiscal Peniche.

Dos meses antes, en Juárez se desataba una violentísima saga de asesinatos colectivos en centros nocturnos, que luego se replicarían en la capital del estado, además de los comunes, cada vez más frecuentes, homicidios de una y dos personas, con una sostenida curva a la alza de asaltos a bancos, negocios y casas habitación en Juárez y Chihuahua.

Todo ello a cinco meses de que el gobierno de Chihuahua asumiera el control de las policías de varios municipios, entre ellos Madera y Cuauhtémoc, sin que los índices de violencia y homicidios disminuyeran, al contrario.

Tal medida fue tomada incluso sin el conocimiento de los alcaldes -ya no digamos de los cabildos-, hecho que luego de los más recientes enfrentamientos en Las Varas, Madera, el gobernador Corral reconociera y pidiera una disculpa al alcalde de Madera, Jaime Torres, quien le reclamó el incremento de la violencia en el acto al que convocara el gobernante, luego de la matazón.

La escalada de violencia tuvo un nuevo ingrediente, de espanto, en un solo día -y si nos apuran, en unas cuantas horas- robaron 7 carros en la vía corta a Parral. Los conductores fueron despojados de los vehículos -todos de modelo reciente y lujosos- y abandonados maniatados en un cerro.

Ante todo eso, los nuevos gobernantes -¡Ya llevan 9 meses en el gobierno!- ubicaron el origen del problema en la administración anterior, la de César Duarte pues ahora que, dicen, ponen mano dura “empiezan a salir todas ratas y cucarachas, e inician a emigrar a otros estados”, porque por muchos años “las componendas con otras administraciones permitieron que la entidad se convirtiera en un estado cómodo para los delincuentes”: Óscar Alberto Aparicio Avendaño, Comisionado Estatal de Seguridad, (Nota de la redacción, Proceso, 6/VII/17).

Lo dicen en serio, pero no explican lo que es una realidad, la ola homicida -y delictiva en general- tuvo una drástica disminución a partir del 2012, luego de alcanzar los picos más agudos en 2010 y 2011, años en los que las dos principales urbes chihuahuenses ocuparon los dos principales lugares de más violentos en el mundo.

De mantenerse la actual tendencia, el año 2017 puede convertirse en el más violento del 2013 a la fecha, a muy pocos homicidios de superar las cifras totales de ese año.

¿Cómo lo logró el gobierno de Duarte? 

Públicamente, tanto éste, como su Secretario de Hacienda, sostuvieron que aplicando crecientes recursos económicos a la seguridad pública, aunque Corral y su equipo los acusan de ocultar y manipular las cifras y en la entrevista que el actual mandatario le otorgó a El Heraldo de Chihuahua informó que “no ha faltado quién ha mandado propuestas para negociar la paz, a cambio de dejarlos (A los “narcos”) trabajar, o respetar sus zonas delimitadas”.

Para sustentar su negativa, adujo que “nadie sale ileso de esos acuerdos”. (Nota de David Varela, El Heraldo de Chihuahua, 14/07/2017).

Pero el gobernador chihuahuense, al igual que el resto de sus compañeros en el país, argumentó que “Enfrentamos un problema cuya competencia esencial y principal es de la federación, todos sabemos que del número de homicidios que se producen en Chihuahua, más del 80 por ciento tiene que ver con el trasiego de drogas, con las armas, con delincuencia organizada y sin embargo nunca hemos rehuido a nuestra responsabilidad, hemos afrontado el reto de cooperar y colaborar nosotros con las autoridades federales”, en lo que es una nueva versión, consistente en que del total de los crímenes cometidos, 8 de cada 10 están vinculados al tráfico de drogas.

Sin embargo, en la peor racha violenta, la Fiscalía informó que sólo habían encontrado vínculo con esa actividad en el 45% del total de los homicidios.

Y, como en el pasado, ha recurrido a la ayuda federal. Una parte de la policía militar que estuvo adscrita a Guachochi regresará, después de su solicitud.

Todo lo anterior ocurre, y ya no es una percepción, -ni tampoco merced a la ocultación en el sexenio anterior de cadáveres, cifras y evidencias, como lo aseguran los nuevos gobernantes- en el salvaje incremento de los homicidios dolosos del 50%.

“En los primeros cinco meses de 2017 se cometieron 624 homicidios dolosos en el estado de Chihuahua, 208 más que en el mismo periodo del año anterior, informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La cifra representa un incremento de 50 por ciento respecto a 2016, cuando hubo 416 asesinatos, según los datos oficiales. Del total, 380 fueron cometidos con arma de fuego, es decir, 60.89 por ciento”. (Nota de José Pérez-Espino, El Diario/Juárez, 23/VI/17).

A pesar de ese incremento, es una cifra 55% menor a los presentados en 2011, “cuando mil 407 personas fueron privadas de la vida”. (Ibídem).

En cambio, en Juárez esas cifran son superiores pues los homicidios aumentaron casi al doble en el primer semestre del año. “De enero a junio se registraron 365 asesinatos contra los 192 del mismo lapso del año pasado, documentó El Diario con base en cifras de la Unidad de Información de la Fiscalía General del Estado (FGE)”. (Nota de Staff, El Diario/Juárez, 2/VII/17).

En medio de tal batahola, a más de un chihuahuense pasmó el saber que luego de una violentísima jornada de dos días, en los que asesinaron a 31 personas en Juárez, no se estableciera comunicación, por lo menos telefónica, entre el gobernador Corral y el alcalde Cabada e intercambiar información que, obviamente, no puede ser del dominio público, y que el mandatario estatal ofreciera los auxilios necesarios y/o ponerse de acuerdo en los operativos y medidas de inteligencia conjunta que pudieran emprender para enfrentar la emergencia.

Igual ocurre en el caso de los feminicidios. En el presente año se han triplicado los asesinatos de mujeres ocurridos en Juárez en el presente año, se triplicaron: “De enero a mayo de este año se triplicaron los homicidios de mujeres (en Juárez) respecto al mismo período de 2016, y prácticamente 7 de cada 10 están sin resolver”. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario/Juárez, 2/VI/17).

En todo el estado, en el mismo período, han ocurrido 69 asesinatos de mujeres. Los 35 de la frontera representan “un aumento del 437 por ciento comparado con los primeros cinco meses del 2016, en que ocurrieron ocho crímenes contra mujeres”. (Ibídem).

Si el gobierno de Corral no incide en combatir tal aspecto, el de la disminución de la violencia doméstica, de las agresiones a las mujeres, mediante  la instrumentación de campañas y programas permanentes que incidan en el total de la población, podremos afirmar, al término de su gestión, que habrá sido un fracaso pues ningún otro actor político, ascendido al poder, se había comprometido tanto, declarativamente, con la tragedia del Chihuahua de nuestros días.

Son muchos los lastres de la clase política, quienes ahora gobiernan Chihuahua no son excepción, uno de ellos es el de no saber escuchar, lo hacen en las campañas electorales y ya. 

Lo ocurrido en Madera es emblemático de ello. Luego de la Batalla de Las Varas -la más sangrienta- el gobernador Corral decidió efectuar un acto en la cabecera municipal, no en el lugar de los hechos, al que acudieron prácticamente todos los integrantes del gabinete estatal y varios delegados federales, todos acompañados de sus equipos -lo que llevó a pensar que el número de habitantes de Madera presentes en el acto era muy disminuido.

Las quejas fueron varias, una de ellas es la más destacable: No hay en esa población un hospital con capacidad para atender partos; sólo existe un centro de salud, con un muy deficiente equipamiento.

Pero lo criticable es que un grupo de ciudadanos organizados no fueron aceptados a participar en el acto, sólo hasta que su dirigente le reclamara, a viva voz, al gobernador Corral que no los habían escuchado, éste lo recibió prácticamente en privado.

En el aire de esa reunión estaba presente el recuerdo de las memorables sesiones posteriores a la masacre de Villas de Salvárcar, en las que la participación de los ciudadanos fue, casi, sin limitante alguna y en las que los deudos tuvieron plena libertad, hasta para decirle al entonces presidente Calderón que no era bienvenido a Juárez.

Eso deberá tener presente, también, el hoy gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien debiera rememorar su pasado -no tan lejano- de intransigente opositor. 

Sin esa característica no podrá ser el gobernante que se imaginó pudiera ser. 

Su principal reto se encuentra ahí, en no solamente decir que está del lado de los chihuahuenses, éstos necesitan hechos concretos, reales, que les permitan apreciar que, efectivamente, sí está.