¿La hora del perdón?

¿La hora del perdón?

Editorial, Aserto 166-julio 2017

La aparición de Lino Korrodi en la firma de acuerdo promovido por López Obrador, que es, en la práctica el apoyo velado, anticipado, a su campaña electoral pondrá -ha puesto- en vigor uno de los temas centrales del México de hoy: La corrupción y sus operadores.

En la campaña electoral presidencial del año 2000 los dos principales partidos del momento, que se habían disputado el poder público a lo largo de más de medio siglo, fueron acusados, y se les demostró, de haber incurrido en prácticas ilegales para financiar las actividades político-electorales de sus candidatos presidenciales.

Por una parte, el PRI recurrió al uso de recursos públicos para hacerlo, le transfirieron recursos de Pemex a través de entregarle al sindicato de la empresa más de mil millones de pesos, en lo que fue conocida como el Pemexgate.

El PRI fue sancionado y saldó la pena mediante el pago de abonos parciales, descontados de sus prerrogativas federales.

Nadie fue castigado individualmente.

No pasa nada.

A su vez, el PAN hizo lo mismo, pero en lugar de recursos públicos acudió a las arcas privadas ¿A cuáles? Imposible saber el total, sólo parcialmente se supo de los apoyadores privados del panista Vicente Fox, cuyos montos rebasaron los topes fijados por la ley. No era difícil deducir quienes financiaron esa campaña, son los que López Obrador ha definido como “la mafia del poder”. 

El responsable de buscar los financiamientos fue Lino Korrodi.

El PAN fue castigado con una sanción menor.

Nadie fue responsabilizado individualmente.

No pasó nada.

¿Qué va a hacer con el cúmulo de ex gobernantes acusados de corrupción,  el político que ocupe la presidencia de la república a partir del próximo año?

¿Los van a perdonar?

Los escándalos de las corruptelas efectuadas por una buena cantidad de los gobernadores, casi todos emanados del PRI, son incontables y fueron la principal razón de las numerosas derrotas electorales de este partido en las elecciones del 2016 y 2017, años en los que les hizo crisis tal situación a los priistas y cuya persecución penal ocupó los primeros meses de los nuevos gobernantes y que sólo se hizo de manera coherente y persistente en los casos que el grupo gobernante en el país tenía interés, lo que tiene lógica (sí, pero la del poder, para no perderlo el próximo año) pues el grupo gobernante no desea  entrar a la campaña electoral con la desventaja de tener en la cárcel a varios de sus ex gobernadores.

¿Y los nuevos gobernantes -en caso de que la oposición gane la presidencia- qué van a hacer con los operadores de las corruptelas, que lo son tanto quienes sustraen recursos públicos, como quienes hicieron gala de mil triquiñuelas para acceder o mantenerse en el poder?

¿También los vamos a perdonar, bajo la premisa que todo se vale con tal de alcanzar el poder?

No pareciera ser esa la ruta que la izquierda, de cualquier lugar del mundo, debiera hacer, pues acumular en sus alforjas la participación de varios operadores del viejo régimen político no parece ser la mejor manera de acceder a la principal responsabilidad pública en México, más, si como lo pregonan sus simpatizantes, se trata de imponer una nueva mentalidad, la de la honradez en el ejercicio de la administración pública.

Someter a juicio a todos los que hicieron mal uso de los recursos públicos, poner en el centro de la discusión la posibilidad del reintegro de los recursos sustraídos y demostrarle a la sociedad que sí existe la intención de imponer una nueva moral en el ejercicio de la administración pública es impostergable.

Tal objetivo no se podrá alcanzar trayendo en la cauda a un muy selecto grupo de los operadores del viejo régimen los llevará -nos llevará, si ganan los candidatos de la izquierda- a repetir una y otra vez los mismos vicios y defectos de un régimen que se niega a morir y que sus principales impugnadores tanto se afanan en mantener.

Desgraciadamente.