Editorial de Aserto 141, abril de 2015
Conforme pasan los días y semanas, y la confrontación de los grupos criminales se exacerba, crece, no solamente la percepción de la ineptitud de la Fiscalía General del Estado (FGE), sino las evidencias certeras de tal característica.
Peor aún, a los crecientes signos de ineptitud se suman las mentiras de sus funcionarios, con la pretensión de contribuir al discurso oficial de que en materia de seguridad pública las cosas van mejor de lo que la realidad, terca, insiste en decirnos.
Dos de los últimos casos muestran palmariamente tal aserto.
En primer lugar el del atentado al cantante Alfredo (Alfredito) Olivas en Parral, en la que dos personas cayeron víctimas de las balas de un grupo criminal, hechos que les atribuyeron a tres jóvenes, a pesar de las múltiples evidencias de su inocencia.
La detención de los jóvenes se convirtió en, quizá, el principal revulsivo de rechazo a la actual administración estatal en la sureña ciudad chihuahuense.
Luego, el del homicidio de los dos jóvenes militantes del PAN, en el que el fiscal de la zona centro aseveró que la principal línea de investigación era la del crimen pasional, fruto de las relaciones homosexuales que, según la fiscalía, sostenían.
Ese episodio se convirtió en una feria de expresiones homofóbicas entre unos y otros -priistas y panistas-.
En ambos casos la ineptitud y las falsedades de los titulares de las fiscalías, la del centro y la de Parral, avaladas por el Fiscal General fueron los rasgos característicos, en un momento en el que, de a poco, pero consistentemente, crece el número de ejecutados, especialmente en el centro-sur de la entidad y en la sierra Tarahumara.
Lo hemos repetido. Nadie pone en duda la disminución, ostensible, de la mayoría de los índices delictivos, especialmente en lo referente a los homicidios, pero a nadie se nos puede olvidar que la referencia no pueden ser los años 2009 a 2011, sino los años previos al baño de sangre que nos costó más de 25 mil muertos y que llevó a que la expectativa de vida de los chihuahuenses disminuyera dos años, fruto de tal masacre, de ahí que festinar que los índices disminuyeron abruptamente respecto del año 2010 resulte un ejercicio inútil.
Tampoco se puede apostar a que la sociedad olvide los episodios, de nada vale, la realidad de Chihuahua -ruta obligada al tráfico ilegal de personas, mercancías y bienes- se impondrá, siempre.
Deberán cambiarse paradigmas, y pronto.
El balance del sexenio del Presidente Felipe Calderón vale también para el entorno local.
Si en el ámbito federal nada cambió, en el tráfico de drogas, con el involucramiento de las fuerzas armadas -ejército y marina- y el desmesurado crecimiento de las policías federales, además del inmenso gasto ejercido en los agrupamientos policiacos y militares -760 mil millones de pesos a lo largo del sexenio-, en el ámbito local ocurrió igual. En un momento dado en Juárez se plantaron más de 10 mil efectivos policiacos y militares.
A pesar de ellos la masacre continuó, evidencia plena del enorme fracaso de esa manera de enfrentar al tráfico de drogas.
Más aún, a pesar de que el número de muertos crecía, las autoridades, estatales y federales, insistían en afirmar que se estaba combatiendo con éxito a los criminales pues día con día mostraban a los medios a infinidad de presuntos participantes y jefes de las bandas criminales.
Igual ahora.
No cabe duda, le asistía la razón al “Mayo” Zambada cuando le decía al periodista Julio Sherer que a él lo podían eliminar, pero que habría otro, otros, que lo sustituirían.
Sí, en tanto que no se cambie la política de combate al crimen organizado y las autoridades actúen con eficacia.
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