Paradoja fronteriza

El Diario, 26 de marzo de 2015

Luis Javier Valero Flores

A primera vista no importaría tanto la categoría social o económica (aunque, obviamente, los jóvenes pobres están en franca desventaja y, por tanto, más vulnerables a las tentaciones del crimen organizado) de los jóvenes que se involucran en las actividades del crimen organizado, específicamente en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

Integrantes de las más diversas capas sociales se incorporan diariamente a la industria de la muerte, en cualquiera de sus fases, en las que participan tanto en la conducción, distribución y venta de las drogas, como en las actividades conexas, entre ellas la del sicariato y los otros 23 delitos que afirma Edgardo Buscaglia (el perito de la ONU en crimen organizado) van aparejados al tráfico de drogas.

El caso del estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UACH, Carlos Omar Palacios Muruato, reportado por sus familiares como desaparecido, quien fuera detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos al intentar cruzar un cargamento de 26 kilos de mariguana es altamente ilustrativo de lo anterior. La ganancia de dinero fácil y, para algunos jóvenes, relativamente sin riesgos, es la principal tentación en la que caen, por supuesto, no solamente los jóvenes de las capas pobres de la sociedad, sino también, como lo ahora relatado, jóvenes de capas medias de la población, en un caso con innumerables similitudes al del ex jefe de la policía municipal juarense, Saulo Reyes.

Carlos Omar Palacios fue detenido en el puente internacional Paso de Norte de Ciudad Juárez, según la versión de Eduardo Esparza, vocero de la FGE.

En tanto a Palacios Muruato lo detuvieron con casi 27 kilogramos de mariguana, a Reyes le encontraron casi media tonelada de la misma yerba en 2008. Cumplida su condena en EU está en espera de que termine el proceso de deportación. Acá lo espera la PGR, la que anunció que entablaría un proceso penal en su contra por distintos delitos.

A su vez, la Fiscalía General de Chihuahua (FGE) ha emitido su postura oficial: No hay delitos que perseguir en el fuero común, por lo menos en la entidad.

Casos como los anteriores ilustran nítidamente la increíble paradoja del tratamiento al tráfico de drogas que le aplican México y Estados Unidos. En tanto en el país vecino gana a pasos acelerados la postura de los gobiernos y de cada vez más ciudadanos por legalizar el tráfico de las drogas, especialmente al de la mariguana, en México seguimos empeñados en acabar con él mediante la violencia extrema del Estado mexicano a pesar del estruendoso y doloroso fracaso.

En el sexenio anterior se gastaron cerca de 750 mil millones de pesos en el sostenimiento del ejército, la marina, la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública, amén de otros recursos a distintos programas de seguridad pública.

La inmensa mayoría de tan ingentes cantidades se destinaron al combate al tráfico de drogas. Al cabo de seis años el saldo es pavoroso: Más de 100 mil muertos, incontables zonas del país en manos de los delincuentes, la absoluta mayoría de los agrupamientos policíacos infiltrados por los delincuentes; un ligero incremento en el número de consumidores, elevación de la oferta de cocaína en las calles de las ciudades norteamericanas, disminución de su precio al menudeo y una acelerada degradación del entramado social.

Bueno, pues todo sigue igual en el actual sexenio, con el agravante de que la mayoría de los señalados por las autoridades como los más grandes jefes del narcotráfico están detenidos o abatidos.

Pero nadie cuenta las empresas que soportaran las operaciones financieras del imperio de Joaquín (El Chapo) Guzmán ni, tampoco, las del Cártel de Juárez, luego de la detención del que dijeron era el jefe, Vicente Carrillo. Por ninguna parte aparecen las instituciones financieras que permitían lavar las inmensas utilidades recibidas por estos y otros grupos criminales.

Nada. Pero el negocio sigue viento en popa, con el agravante, en las últimas semanas en Chihuahua, que parecieran crecer las rivalidades de los grupos criminales. De ahí el número de ejecuciones que a las autoridades no les preocupan y que racionalmente llevaría a las dependencias encargadas de la inteligencia en la seguridad pública a prender los focos de alerta.

Peor aún, en los próximos meses deberá discutirse en Texas (nuestro otro gran vecino) la propuesta de aprobar el uso medicinal de la mariguana, de manera semejante a lo que se está aprobando en un creciente número de estados y condados de los EU.

En pocos meses viviremos la enorme contradicción. En tanto del otro lado se podrá comprar libremente la mariguana (una vez aprobado el uso medicinal lo previsible es que aprueben el uso recreativo) en el nuestro las bandas seguirán matándose entre sí por conservar y aumentar el número de rutas para el trasiego de la droga, y las autoridades continuarán simulando el “ataque frontal de las instituciones al flagelo de nuestros jóvenes”, como pomposamente pontifican frecuentemente los gobernantes.

Llegó el momento de discutir la política del combate a las drogas, o lo hacemos, o destruirá la poca civilidad democrática que hemos construido hasta ahora.

Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM, o por www.antenafm.mx

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