La zozobra continúa

Editorial

Aserto 136, noviembre 2014

Contrariamente a los deseos de gobernantes y gobernados, la ola de violencia se ha enseñoreado en la sierra, especialmente en la del sur de la entidad, con la presentación de continuos enfrentamientos de grupos criminales.

Es de tal magnitud la oleada de inseguridad que obligó al cierre de prácticamente toda la actividad comercial y escolar en Gauchochi, conocida como la capital de La Tarahumara, durante algunos días de principios de noviembre.

Esa región posee, desde siempre, una muy elevada tasa de homicidios, hoy está agravada.

Durante años, todos los de la fase más violenta de los recientes años, la sierra chihuahuense fue prácticamente tomada por los grupos criminales. La matanza de Creel, ocurrida el 16 de agosto de 2008, en los albores de esa oleada violenta, es, sin duda, la más emblemática de ellas, por desgracia no la única, ni un hecho aislado, al contrario, las imágenes -que recorrieron el país- en las que grupos armados efectuaban masacres a diestra y siniestra sin que autoridad alguna pudiera, siquiera, reportarlos.

Baste señalar, como ejemplo de la profundidad de la crisis de la seguridad pública en esa zona, el hecho de que el levantamiento de los cadáveres de la masacre mencionada fue realizada por el sacerdote Javier Avila. Se lo solicitaron las autoridades ministeriales de entonces.

Así, a lo largo de esos años, no hubo autoridad alguna, de ningún nivel, que pudiese tomar algunas mínimas medidas de protección a los habitantes de la región.

En ese lapso, sus habitantes y distintas voces de la sociedad chihuahuense exigieron, clamaron, suplicaron, reclamaron, que las fuerzas federales asumiesen el control de las fuerzas de la seguridad pública de la región y que éstas les ofreciesen, a los serranos, la protección y la seguridad pública a la que están obligados los gobernantes.

Nunca fueron escuchados.

De este modo, la sierra se convirtió en uno de los peores escenarios de la guerra de los grupos criminales. Para nada contamos con el apoyo y respaldo de las fuerzas federales y la atingencia de las fuerzas estatales.

Pero no solo, una y otra banda del crimen organizado -el Cártel de Sinaloa  y el de Juárez- se convirtieron en los amos y señores de la región, ellos decidían quienes podían acceder a la región; dictaban el toque de queda, eran, en suma, las autoridades de facto, las reales de esa región.

Al inicio de la actual administración estatal, junto con el atenuamiento de la confrontación, mejoraron parcialmente las cosas, pero nunca se regresó a los niveles del 2007 -que ya de por sí eran elevados-. Ahora menos, y al presentarse nuevos incidentes, a principios de la actual administración, el reclamo hacia el gobierno federal se recrudeció. 

Nada ocurrió, el nuevo gobierno federal actúa como si en la sierra de Chihuahua hubiese pasado la emergencia, tarde se han dado cuenta y sólo hasta iniciada la segunda semana de noviembre fueron enviados algunos elementos del nuevo grupo policiaco federal, la gendarmería, justamente cuando en apenas tres semanas, fruto de los enfrentamientos, ya se presentaron más de una treintena de homicidios.

La impunidad es de tal magnitud que los criminales se dieron el gusto de dejar a las puertas de una funeraria de Guachochi siete cadáveres.

Lo dijo el Gobernador Duarte, “el poder es para poder y no, para no poder”.

Eso siguen esperando las comunidades de la Tarahumara.