La toma de Palacio de Gobierno

Aserto 136, noviembre de 2014

Luis Javier Valero Flores

No quisiera creerse tal cosa, no hay motivos suficientes para que ello se pensara; peor, que en presencia de un gobernante tan viajador pudiese ocurrir que se saliesen del control gubernamental tantas cosas.

Bueno, pues parece ser así.

Todo sucedió cuando el Gobernador César Duarte efectuaba otro viaje al extranjero:

Golpes en la reunión de la Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC) de Chihuahua, el anuncio de Dorotea Zapata, líder de la CTM, proponiendo la desaparición de la CTC; racha de ejecuciones en Juárez, Chihuahua y la sierra; anuncio de una jubilación masiva en el Supremo Tribunal de Justicia; enfrentamientos al interior de Palacio de Gobierno entre barzonistas y personal de seguridad del inmueble; las inexplicables declaraciones del Secretario General de Gobierno, Raymundo Romero, llamando a los reporteros a preguntarle al Director de Pensiones Civiles del Estado, Marcelo González Tachiquín, acerca de todos los asuntos de la actual administración estatal (“Pregúntenle a Tachiquín”, sería la frase dirigida a contribuir como muy pocas a la picaresca nacional) y por último las declaraciones del Gobernador Duarte ante los enfrentamientos en Palacio.

Asombra la propuesta de Zapata. ¿Qué tiene que ver el dirigente de los trabajadores con los asuntos de una agrupación privada, la CTC, encargada de otorgar el servicio de transporte e integrada por puros patrones?

¿Esa propuesta fue aprobada por el Gobernador Duarte o se fue por la “libre” el sempiterno dirigente?

Tal declaración tiene el mismo tufo que la actitud del Secretario General de Gobierno, Raymundo Romero, cuando en el curso de una entrevista, cuestionado acerca de los rumores que hablaban del término de su encargo, soltó en un tono molesto: “Pregúntele a Tachiquín, es el que se promueve”. 

Pero las declaraciones que seguramente tuvieron muy en cuenta los habitantes del pueblo de Benito Juárez, municipio de Buenaventura, fueron las realizadas por el Fiscal General del Estado, Jorge González Nicolás, acerca del asesinato, aún impune, del destacado político priista, Miguel Etzel Maldonado.

González Nicolás afirmó ser “muy difícil” llegar al esclarecimiento de ese homicidio, por la violación, dijo, de distintas fases del procedimiento para investigar, porque ya pasaron muchos años y porque “en esos años había muchos homicidios cuyo esclarecimiento era muy difícil”.

Bueno, pues si eso dijo acerca de unos de los crímenes que más dolieron al partido gobernante, por los puestos ocupados por Etzel en la jerarquía priista, en el gobierno, por el don de gentes reconocido por integrantes de todas las corrientes políticas ¿Qué podían esperar los barzonistas de Benito Juárez, ante los asesinatos de Manuel Solís e Ismael Solorio, durante años, activistas de la oposición, y en la campaña de César Duarte al gobierno de Chihuahua, entusiastas colaboradores, convencidos entonces de que el ballezano sería un gobernante muy entregado a las mejores causas de los productores del campo?

Aquí encontramos otro de los episodios de las cosas inexplicables del actual grupo gobernante

¿A quién se le ocurrió contratar una empresa privada para la seguridad de Palacio de Gobierno? ¿Nos podemos imaginar la residencia presidencial de Los Pinos, o Palacio Nacional, bajo la custodia de una empresa, propiedad, por ejemplo, del Subsecretario de Gobernación encargado de los penales federales en el país? ¿Y peor aún, que los empleados encargados de ello sean notoriamente incapaces para arrostrar situaciones de riesgo o de conflicto que se pueden presentar en un inmueble como ese?

¿Por qué asentar lo anterior? Porque la absoluta mayoría de las informaciones aparecidas en prácticamente todos los medios omitieron un hecho fundamental: El que desató la ira de los barzonistas.

Alrededor del mediodía del 23 de octubre pasado, una caravana de El Barzón ingresó a la ciudad con el fin de manifestarse en la Plaza Hidalgo –frente a Palacio de Gobierno– para exigir justicia en el segundo aniversario del asesinato de Manuela Solís e Ismael Osorio, líderes de la agrupación en el noroeste, a bordo de unos 65 vehículos provenientes del Ejido Benito Juárez, de donde era originaria la pareja de líderes barzonistas asesinados.

Luego de plantarse durante unos minutos frente a la Fiscalía General, colocaron sendas escaleras en la fachada de Palacio frente a la Plaza Mayor, con la intención de colocar la manta que presidió la manifestación. Rápidamente, a pesar de lo endeble y, por tanto, riesgoso instrumento, dos jóvenes ascendieron. Al llegar al balcón principal -el que tanta polémica generara por su construcción- por lo menos dos guardias iniciaron maniobras para detenerlos.

No midieron las consecuencias, seguramente confiados en que se encontraban resguardados -puertas cerradas- los guardias golpearon y lanzaron gases lacrimógenos a los jóvenes.

Su accionar fue notablemente agresivo, lo que desató la furia de los manifestantes que por todas partes buscaron una vía de acceso a Palacio, que como todos los meses recientes, al anuncio de cualquier manifestación cierran todos los accesos.

Nada de eso impidió que los barzonistas accedieran, en tropel, por una ventana de las instalaciones de la Coordinación de Comunicación Social. El objetivo era clarísimo, por ello todos corrieron a las escaleras, a rescatar a los jóvenes, uno de los cuales era el hijo menor de la pareja asesinada dos años atrás. En ese trayecto una señora que bajaba las escaleras fue atropellada, luego se sabría que sufrió algunos golpes en la caída sin mayores consecuencias.

Encontraron a uno de los guardias y lo interrogaron ásperamente sobre el lugar en que se encontraban los jóvenes. El guardia tuvo el atrevimiento de negar la información, cosa que desató, aún más, la furia de los manifestantes, algunos de los cuales empezaron a agredirlo. 

Otro guardia también se enfrentó a los habitantes de Benito Juárez, encrespado no obstante el infinitamente superior número de los barzonistas, y recibió algunos golpes a pesar de la intervención de los dirigentes de El Barzón, entre ellos el dirigente nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar.

Luego abrieron las puertas y finalmente se apaciguaron los ánimos y se iniciaron las negociaciones las que concluyeron con la promesa gubernamental de no fincar cargos, de permitir que la manta permaneciera toda la tarde en la fachada de Palacio hasta el término del acto que realizaron en la Plaza del Angel.

Y como en los dos años transcurridos, la promesa de que se detendría al resto de los asesinos materiales y a los asesinos intelectuales del asesinato de Manuela Solís  e Ismael Solorio.

Ante la evidente incapacidad de los guardias de Palacio para manejar situaciones de riesgo, de enfrentamientos con grupos numerosos y la facilidad con la que un grupo de personas pudo acceder al recinto, además de la salvaje manera de intentar detener a dos jóvenes, el Secretario General de Gobierno, Raymundo Romero, adujo la existencia de “un protocolo de seguridad que no fue acatado”.

Al día siguiente de los hechos, el Consejero Jurídico del Gobierno de Chihuahua, Mario Trevizo, casi se deslindó (y con ello a la administración estatal) al decir que “alguien (sic) ordenó que bajaran la manta y detuvieran a los jóvenes”.

Faltaba el colofón. 

Al llegar los manifestantes a su poblado, encontraron que el monumento memorial en honor de sus compañeros asesinados había sido destruido en la madrugada.

Nadie se dio cuenta, pero días atrás, en la presentación del I Informe, el alcalde de Buenaventura, Pablo Ruiz Solís, afirmó que la empresa minera, expulsada de Benito Juárez estaba “cooperando” en distintas acciones con el ayuntamiento. 

En la primera fila de los asistentes se encontraban los representantes de la minera.

¿Que hubo excesos en el comportamiento de los barzonistas? Sí, pero otra vez el detonante para tales situaciones no provino de los manifestantes, han transcurrido dos años del homicidio de los activistas y no se ha detenido a los responsables de ello.

Los dirigentes barzonistas han informado puntualmente que se tiene conocimiento preciso de quienes fueron los asesinos de Ismael y Manuela; han llegado a señalar, públicamente, los vínculos de éstos con el crimen organizado.

No bien terminaban de señalarlo cuando, al llegar a Benito Juárez se dieron cuenta de la destrucción del monumento memorial levantado en honor a sus compañeros. 

Y en ese momento el mandatario estatal les espetaba que “No se puede atacar la violencia con más violencia“, como si las agresiones hubiesen sido responsabilidad exclusiva de los manifestantes y no una desproporcionada e ilegal manera de detener a los jóvenes señalados.

Las negociaciones posteriores entre barzonistas y gobernantes arrojaría un resultado inesperado, la aceptación gubernamental de que la manta de marras se mantuviera colgada durante todo el resto del día.

Luego, Duarte diría que “… que aunque el Estado es respetuoso de la libertad de expresión, los hechos violentos no deben atacarse de la misma manera… la región noroeste de la entidad, fue la primera que dejó de ser un corredor del narcotráfico y pregúntenlo en Casas Grandes, que es la ciudad más importante de esa región, ¿Desde cuándo no hay secuestros?, este es un tema en el cual ya hemos venido avanzando… En vez de acusar, El Barzón debería aportar más información acerca de la presencia de grupos criminales en el poblado”.

Y descalificó, como la mayoría lo hicieron, a los manifestantes, quienes deben hacerlo, dijo “pero de ninguna manera poniendo en riesgo los derechos de los demás o la integridad de los demás”.

Tales declaraciones recibieron una inmediata respuesta del dirigente más reconocido de la región, Martín Solís, y que tan destacado papel jugara para que Duarte recibiera el apoyo de miles de productores agropecuarios de todo el estado. Solís escribió en su Facebook: “Que ponga fecha para aportarle datos”.