Editorial, Aserto No. 135, octubre 2014
En medio de la más extendida percepción de rechazo a su administración y a su persona, como gobernante, el ballezano César Duarte llegó a su IV Informe de Gobierno, quizá, en las peores condiciones que un gobernante chihuahuense haya enfrentado en las últimas décadas.
Empeñado el actual grupo gobernante, en resaltar los logros del gobierno, especialmente en materia de seguridad pública, educación, crecimiento económico y salud, el tema de la deuda pública lo ha rebasado, muy a su pesar.
Precisamente, y justo antes de la presentación del informe ante el Congreso del Estado, los diputados federales del PAN Rocío Reza y Carlos Angulo presentaron la solicitud para que se realizara una investigación especial sobre la deuda de Chihuahua y el uso otorgado a los recursos ejercidos por el gobierno de César Duarte.
Más aún, la denuncia presentada por el ex diputado perredista, Jaime García Chávez, en contra del Gobernador Duarte, el Secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral y el Presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Carlos Hermosillo, desató una creciente oleada de simpatía ciudadana y el consecuente rechazo del mundo oficial a los señalamientos de enriquecimiento ilícito, uso abusivo de funciones y daño al patrimonio estatal.
En tal escenario, una vez pasada la presentación del informe, se recrudecerá el ánimo electoral, a grado tal que muy pocas cosas, de las que acontezcan en la política local, podrán separarse de la larga jornada electoral que tendremos, cuyo punto de arranque es la fecha anterior y culmina en las elecciones del 2016.
Punto central de las manifestaciones de rechazo se alcanzó en la noche del 15 de septiembre, en la conmemoración del Grito de Independencia. Para evitar que alcanzaran niveles de escándalo -y se convirtieran, por tanto, en evento para el posterior uso electoral- y, por supuesto, para evitarle al mandatario una de las peores jornadas en su contacto con los chihuahuenses, las clásicas frases atribuidas a Miguel Hidalgo se emitieron en medio de los fuegos pirotécnicos.
Apenas terminó el himno nacional, los ocupantes del balcón principal se retiraron a continuar con la fiesta que año con año ofrece el gobierno de Chihuahua a la élite.
Punto aparte merece tal festejo, reservado para los integrantes de la clase política gobernante y la empresarial que se codea con éstos. No hay justificación alguna para que los recursos públicos sirvan para una fiesta que sólo hace recordar las realizadas por la élite porfirista.
Hecho descollante del año de ejercicio administrativo, a reportar por el Gobernador Duarte, lo será el accidentado proceso para designar a dos de los integrantes del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip). Luego de la orden de un juez federal, el Congreso del Estado repuso el procedimiento y eligió a las mismas personas que habían sido impugnadas, en un acto de inmensa sumisión a las decisiones del titular del Poder Ejecutivo.
Luego de ese hecho, el Ichitaip se dedicó a extender certificaciones de “transparencia” a las dependencias gubernamentales.
¡Increíble!
En ese contexto queda para el futuro inmediato realizar el balance de la actual administración estatal, pues deberemos realizar un análisis detallado a fin de saber si el monto de los recursos ejercidos por el grupo gobernante encuentran respaldo en las obras realizadas y el gasto ejercido.
Queda, para el recuento, el hecho espeluznante que, a pesar de la notoria disminución del índice de homicidios en prácticamente todo el territorio estatal -no es el caso de la sierra Tarahumara, en la que se mantienen los mismos índices de los últimos 15 años- en el último trimestre reportado por la Fiscalía General del Estado (abril a junio) se presentaron 748 víctimas de homicidio, en lo que constituye un repunte sobre los trimestres inmediatos anteriores, y con una preocupante similitud en el número presentado en Chihuahua a los acaecidos en Juárez.
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