Este sí que es fuego amigo

 

Luis Javier Valero Flores

«No iban a desmantelar un laboratorio. Iban a ubicar el laboratorio, ubicaron el laboratorio y se regresaron; no hicieron nada con el laboratorio»: Claudia Sheinbaum, 3/6/26.

No podrá desligarse la detención del ex fiscal César Jáuregui, de la durísima confrontación con la gobernadora Maru Campos por la disputa en la candidatura a la alcaldía de Chihuahua capital por su partido, el PAN.

Hubo muchos avisos, pero las declaraciones de Maru, al portal Latinus el jueves y las de ayer a la prensa local, fueron más que evidentes: 

«Si no se destapa esta caja de Pandora, donde la gobernadora no sabía de muchas cosas que estaban sucediendo, Y que no me di cuenta, se actuó por la libre por parte del ex Fiscal y de otras personas y eso no se puede perdonar, si alguien ya se pasó el límite, de no decirle a la gobernadora, a la jefa…», le declaró a Latinus.

Y Jáuregui, a lo mejor no le comentó lo del operativo de El Pinal, pero lo que fue evidente a lo largo de las últimas semanas fue que no aceptó hacerse a un lado de la contienda por Chihuahua.

Se podrá alegar que había suficientes elementos para fincarle cargos a Jáuregui, pero el tono de las declaraciones de la mandataria, el contenido de ellas y el creciente malestar de militantes de base del PAN a la posible designación del Secretario de Gobierno, Santiago de la Peña, como candidato a la alcaldía, lo que se catalogó como una posible imposición «de la jefa», caldearon el ambiente.

Más aún, en algún momento se dijo que la renuncia de César había sido la condición para que el gobierno federal bajara la presión contra el gobierno de Chihuahua.

Ese es el verdadero contexto en el que se da la detención de Jáuregui, que se acentuó con las declaraciones de Maru a Latinus y la contundente respuesta de Jáuregui.

Se esperaba que arreciara la confrontación, pero la detención sí que causó sorpresa.

La orden de aprehensión emitida por el juez del Primera Instancia, Luis Alberto Simental Ortega, fue impactante, la ordenó en contra de César y de Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de la Fiscalía General del Estado.

¿Sabían de ella en el Comité Nacional del PAN? ¿Por eso vino el viernes Santiago Taboada, el todo poderoso Secretario de Accion Política del CEN (porque en él recaerán las negociaciones para las alianzas de la próxima elección)?

Por si faltara algo, las desafortunadas declaraciones del encargado de despacho de la Fiscalía, Gilberto Loya, reforzaron todo lo anterior.

Loya ya acusó y sentenció a César Jáuregui en un mensaje transmitido ayer: «… Lo dijimos desde un inicio, quien trabaje o haya trabajado en esta Fiscalía y haya cometido un delito será puesto a disposición de la autoridad. Hoy lo estamos cumpliendo…El crimen no puede combatirse al margen de la ley y nadie, sin importar su cargo, puede torcerla en nombre de un buen fin».

A los ojos del fiscal en funciones, el ex fiscal cometió un delito y combatió a los criminales al margen de la ley.

¿Qué ocurrió? ¿Porqué hasta ahora la gobernadora señala, enfáticamente, que no fue informada por Jáuregui y en la práctica indicó de qué se debería acusarlo?

¿Porqué no dejó que fuera la instancia federal la que fincara los cargos, si al fin y al cabo, como admite en varias entrevistas, que eran de esa índole los posiblemente cometidos en el operativo de El Pinal?

¿O sería porque la presidenta Claudia Sheinbaum es la que, en la práctica, desactivó cualquier posibilidad de que se les pudieran fincar cargos federales a los funcionarios chihuahuenses, cuando admitió que los agentes de EU solo ‘ubicaron’ el laboratorio?

Si fuera así, entonces solo quedarían ‘vivas’ las causas estatales, las que la gobernadora mencionó —no técnicamente— jueves y viernes, al señalar que no fue informada del operativo de El Pinal?

¿Porqué la insistencia de la mandataria chihuahuense en señalar la existencia de carpetas de investigación, tanto de la FGR, como de la Fiscalía del Estado, y enfatizar en que «estamos trabajando…» así, en plural, para dar la impresión que existía un trabajo mancomunado con el gobierno federal?

¿Hubo un acuerdo entre las mandatarias federal y estatal en su reciente encuentro en el aeropuerto juarense en septiembre pasado?

En tiempos en los que el ‘manejo político’ de las fiscalías por los gobernadores es moneda corriente y que era más conveniente, para la casa del PAN, dejar pasar el tiempo y que fuese la FGR la que decidiera, si llegaba a esa conclusión, actuar contra Jáuregui, sorprendió que se actuara del modo en que se hizo.

No hay lugar a la duda, además de que la Fiscalía de Chihuahua depende de ella —aún no es autónoma—, el fiscal Gilberto Loya no actuaría en contra de los designios de la titular del Ejecutivo chihuahuense, de tal manera que solo hay una conclusión acerca de quien resolvió la detención de César Jáuregui.

Es más que sorpresiva esta acción porque no había en el ambiente social, o político, razones que la orillaran a tomar tal determinación y era más de sobra evidente que hacer de esta dimensión dañaría la imagen de su partido, además de que incidiría en el ánimo de algunos militantes y seguidores.

En sus manos estaba postergar la acción contra Jáuregui y así ahorrarle a su partido, candidatos y simpatizantes el golpanazo político que ahora sufren.

Porque las consecuencias podrían ser determinantes para el resultado de las elecciones.

Si en Chihuahua capital cunde el desánimo en la base panista, perderán votos y, con toda seguridad, el margen de ventaja que podrían obtener para la gubernatura bajaría, además de que lo hoy comentado podría incidir seriamente en los resultados a la alcaldía de Chihuahua,.

Ciertamente las preferencias por el blanquiazul están muy por encima de las de Morena en la capital, pero nadie podría asegurar que acontecimientos como el comentado ahora no afecten el voto por el PAN, amén de que nadie puede, en esta hora, asegurar que no se diese una fractura en el partido gobernante en Chihuahua.

Hasta el viernes lo que ocurría en el panismo capitalino era la existencia de una muy dura competencia interna por la candidatura a la alcaldía, pero lo que ahora ocurre es el enojo de un importante número de panistas —los que se manifiestan abiertamente— hacia la gobernadora, lo que le abonará al morenismo y hará que un buen número de electores de la capital simplemente refuercen su impresión contraria a la figura de la gobernadora y con ello, luego lo sabremos, emitan su voto por la 4T.

De este modo, las repercusiones no solo serán en el número de votos por Marco Bonilla en la gubernatura, sino que se podrían extender en las preferencias a las diputaciones locales de tal modo que podría darse la posibilidad de que la 4T obtenga la mayoría en el Congreso.

No constituiría una sorpresa mayor, sin antecedentes porque en las últimas dos elecciones el PAN la ha obtenido por un muy pequeño margen.

De ahí que en Morena deben estar de plácemes. 

Sin riesgo ni esfuerzo alguno están recibiendo en bandeja de plata uno de los mejores regalos que los candidatos de un partido pueden recibir, que los de enfrente se desgarren entre ellos y, mejor aún —para ellos—, que uno de los más fuertes previsibles candidatos sea enviado a la cárcel.

Ahora bien, Jáuregui, si logra eludirla, podría ser candidato a pesar de que la causa, o las causas en su contra persistieran y se desarrollara el juicio.

Sí, pero el golpe recibido por el PAN, a manos de una administración panista, solo se equipara con el que seis años atrás intentara del mismo modo el entonces gobernador panista, Javier Corral, contra la aspirante, también panista, Maru Campos.

Previamente, dos y un día antes antes, la gobernadora había confirmado la investigación en contra de Jáuregui.

No está claro —desde el punto de vista penal— las razones específicas de las acusaciones, a lo mejor, especulando, los acusaron de haber sustraído, destruido, ocultado, alterar, utilizado o inutilizado indebidamente información o documentación bajo su custodia, cosa que señala el articulo 253 (IV) del Código Penal y de haberse coaligado para hacerlo (Art. 260).

¿Porqué no esperaron a que la FG de la República les fincara los cargos que el morenismo tanto arguyó, los de ‘traición a la patria’, o los de actuar con agencias extranjeras sin conocimiento del gabinete de seguridad?

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