Gobernantes inmortales

El Diario, 30 de abril de 2023

Luis Javier Valero Flores 

Además de todas las lecturas políticas originadas por el brevísimo episodio de COVID 19 del presidente, -apenas de 6 días, insólito por ello mismo- lo ocurrido en el entorno de Andrés Manuel López Obrador en las inmediatas y seguramente angustiantes horas para su equipo más cercano, han dejado atisbar un más que preocupante vacío legal en el caso de que el ocupante de la silla presidencial se vea impedido de ejercer sus funciones, caso contrario a lo que dice la Constitución cuando falte absolutamente.

Esta contempla, así sea de manera muy general, el mecanismo a seguir en caso de una falta temporal del presidente, que se transforme en absoluta.

Sin embargo, el colapso sufrido por el presidente el fin de semana anterior, mostró la ausencia de los necesarios protocolos de la conducta a seguir en caso como el ahora abordado.

Más aún, evidenció la falta de la obligada cadena de mando en los momentos de riesgo mayor para el presidente y, todavía peor, que incluso en esos momentos no hubo alguien cercano a López Obrador con la suficiente autoridad, no sólo jerárquica, sino médica, que tomara las decisiones que se deben adoptar.

Lo mismo ocurre en el ámbito estatal.

Dejemos de lado el inaudito marco de mentiras tejidas por el equipo presidencial acerca de su salud, precisamente alrededor del presidente que probablemente más simpatías y seguidores ha tenido en la época moderna del país y, sobre todo, el que con toda seguridad ha concentrado más poder en sus manos, sin tener, por lo menos a la vista, ni equipo, ni asesor que atempere el ánimo presidencial, o que lo contradiga y aún así permanezca en las cercanías presidenciales y con el poder otorgado por el tabasqueño a sus colaboradores.

En el episodio que comentamos hoy se presentaron por lo menos tres momentos en los que la falta de un jefe del equipo médico presidencial pudo haber desencadenado crisis mayores a la que sufrió el tabasqueño.

El primero cuando sufrió el colapso; el segundo, al momento de determinar si podía -y debía- salir caminando y, el tercero, decidir si lo conveniente era que viajara en esos momentos a la CdMx, o esperar hasta que se estabilizara.

Para cualquiera con un conocimiento estándar de la salud del presidente, siempre será necesario contar con la posibilidad de que, con el ritmo de las actividades presidenciales y el grado de estrés acompañante, que tendrá un mayor número de probabilidades de presentar una crisis hipertensiva y que ésta pueda ocasionar un accidente cerebro-vascular (ACV), los comúnmente conocidos como embolias.

De ahí que las especulaciones desatadas con motivo de ese episodio y ante la falta de información confiable le dieran suficiente sustento a los rumores del infarto al miocardio y/o una embolia.

Luego sería el presidente, en el video que difundió, quien mostró claramente, además de las mentiras, las deficiencias del equipo que lo rodea, en materia del cuidado de su salud.

Al aceptar que sufrió un desmayo (“pero sin perder el conocimiento”) -¿O sea, cómo, un desmayo en el que permanece consciente?- que respaldó las primeras informaciones del reportero de El Diario de Yucatán, quien reportó que se desmayó, aunque no descartaba un “posible infarto”, el cual no podía confirmarlo.

Eso solo lo podía diagnosticar un médico capaz de hacerlo pues lo mismo podría haber sido una crisis hipertensiva, una arritmia cardíaca, un infarto o, como dijo el presidente, un desvanecimiento provocado por el supuesto COVID.

Luego ¿Quién determinó que podía salir caminando del restaurante, luego del desmayo? Sí, el presidente, incluso pasando por encima de las órdenes del Gral. Secretario Cresencio Sandoval.

De ninguna manera; ni el presidente, ni el jefe militar, debían determinarlo, eso sólo lo debería decidir el jefe del equipo médico presidencial, que debe instituirse en las regulaciones jurídicas, tanto en su integración, las cadenas de mando y la supervisión de un grupo, de preferencia con origen en el Poder Legislativo y/o Judicial, que deberían tomar las decisiones que, por la condición de su salud, el presidente no estuviera en condiciones de tomarlas.

Pero tal episodio ya pasó. ¿Y si se presentara en el futuro, y no solo con el actual presidente? 

¿Quién, por ejemplo, podría determinar la incapacidad temporal y parcial del presidente para mantenerse en el cargo a consecuencia, por ejemplo, de una embolia?

¿Quién podría decirle al país que su presidente no está en condiciones, temporales, de ejercer su cargo, y determinarlo en una situación lo más ajena a las peripecias de la disputa por el poder?

No se desea que Andrés Manuel cayera en el siguiente supuesto, pero la probabilidad existe, la de que pudiera sufrir un ACV y éste generara una pérdida parcial de la consciencia, o presentara un cuadro de confusión mental.

Sólo para ejemplificar:

En noviembre del 2021, la vicepresidenta norteamericana, Kamala Harris, asumió la presidencia de EU durante 1 hora 25 minutos mientras el presidente Joe Biden era sometido a una cirugía “rutinaria”.

Acá pensamos que nuestros presidentes y gobernadores son inmortales, que no se pueden enfermar seriamente, o que  no pueden morir en el ejercicio de su encargo.

La carencia de la norma que regule tal contingencia ocurre también en el ámbito estatal.

En el pasado más o menos mediato, los chihuahuenses estuvimos ante la posibilidad de sufrir una situación semejante.

La primera ocurrió en el atentado sufrido por el entonces gobernador Patricio Martínez. Por fortuna el calibre del arma empleada para dispararle fue pequeño y no causó más complicaciones, a pesar de que sí penetró en la masa encefálica del gobernante.

No hubo mayor complicación, era más que evidente la falta temporal del gobernante, cuyo estado de salud no requería alguna discusión pues de inmediato fue sometido a cirugía y el entonces Secretario de Gobierno, Víctor Anchondo, asumió temporalmente la gubernatura.

Patricio regresaría al paso de unos meses y asumiría plenamente el cargo.

Años después, el gobernador José Reyes Baeza manejaba el vehículo en que se trasladaba a su casa -acompañado de sus escoltas a bordo de otros dos vehículos- cuando un comando se enfrentó a ellos. Su jefe de seguridad cayó abatido por las balas de los atacantes.

Reyes escapó al ataque gracias a la acción de los escoltas que le permitió llegar a un lugar seguro.

El gobernador, por su investidura, no debe tripular el vehículo en que se traslada, de ello debe encargarse un equipo especializado, y más en una entidad como la nuestra, sometida permanentemente desde hace más de 3 décadas al fuego criminal.

Al mismo tiempo, la reglamentación debe establecer la creación de un equipo médico bajo cuya responsabilidad debería estar la determinación si el gobernante está en condiciones de ejercer su cargo, cuando por sus condición médica así se requiriera, y que alejara cualquier posibilidad de caer en las disputas palaciegas.

Y es que la sola posibilidad de que el presidente no pudiera estar en condiciones de ejercer su cargo desataría una crisis política de dimensiones no conocidas por las últimas generaciones, tanto por la fuerza personal del presidente López Obrador, como por otro factor extremadamente grave: La inexistencia del partido gobernante.

Morena como partido no existe. Es, por desgracia para el país y sus militantes, solamente una franquicia electoral que le permite a López Obrador decidir dirigentes y candidatos.

Si llegase a faltar el presidente, al contrario de cuando el PRI era el partido hegemónico, no posee ni la estructura, ni la cultura y formación partidista que aquel llegó a alcanzar.

Ayer, como hoy, el presidente de la república es el cemento que une a los militantes de su partido, pero ahora sin la estructura político-electoral que impulse a sus candidatos, ahora van sobre las espaldas del presidente. De faltar éste, la disputa por el poder sería terrible, verdaderamente salvaje.

Por todo lo anterior, lo más conveniente para el país es que López Obrador cumpla con el período de su encargo.

Finalmente. Es no solo deplorable, sino extraordinariamente preocupante el lenguaje de odio existente, tanto para desearle la muerte al presidente, como para festinar tales expresiones, así como las manifestaciones de respaldo absolutamente acríticos de la mayoría de los seguidores del presidente e igualmente cargados de odio.

Cuidado, el abismo está muy cercano.

Más sorprendente que la mayoría de quienes emiten tales mensajes de odio se califican de creyentes y buenas personas.

El país no había presenciado tal lenguaje, tan salvaje, tan primitivo.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

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