¡Oxígeno puro!

Aserto 157, agosto de 2016

Las señales enviadas por el grupo gobernante fueron muchas y variadas, la parálisis financiera del Gobierno del Estado de Chihuahua es real. La disminución de camiones del Vive Bus, varados por falta de diesel, así como de patrullas y vehículos de la Fiscalía General; la disminución de los gastos en las oficinas gubernamentales de Juárez, eran evidencia de la falta de dinero en la tesorería.

La determinación del Juzgado Primero de Distrito, de no otorgar la suspensión definitiva a los quejosos y abrir, por tanto, la vía para que el gobierno de César Duarte accediera a la bursatilización de los remanentes carreteros y así obtener hasta 6 mil millones de pesos, vino a darle oxígeno a la administración estatal.

Con ello, la deuda, o compromisos financieros del gobierno ascenderán a los 50 mil millones de pesos

Luis Javier Valero Flores

Al negar la suspensión definitiva, en la demanda de amparo presentada por el Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, A.C. (DILE), brazo jurídico de la organización “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, el Juzgado Primero de Distrito dejó “la vía libre para la bursatilización de remanentes de ingresos carreteros por 6 mil millones de pesos”. (Nota de José Pérez Espino, El Diario de Juárez, 9/VIII/16).

La resolución judicial le otorgó, literalmente, oxígeno puro al gobierno de César Duarte que acusaba, a fines de julio y principios de agosto, una de las peores crisis de liquidez que gobierno alguno de Chihuahua tuviera en las últimas décadas, con problemas para pagar la nómina y los gastos operativos de varias dependencias, entre las que se cuenta la disminución en la compra de diesel del Vive Bus Chihuahua y la de gasolina para las patrullas de la Fiscalía General del Estado.

Pero no solo, al enviar al 5 de septiembre la fecha de la celebración de la audiencia para resolver el tema de fondo, en la práctica, por los tiempos, tanto del proceso de la bursatilización, como los restantes al gobierno de César Duarte, la medida buscada por los quejosos no se logrará: Impedir que aumenten los montos de la deuda, o como sostuvieron los integrantes del grupo gobernante hasta el final, los “compromisos financieros”, y que la actual legislación registra, todos, bajo la denominación de “obligaciones financieras” de los estados y municipios, pues el amparo interpuesto podrá resolverse, probablemente, seis meses después.

Aún más, la nueva Ley de Disciplina Financiera establece que se consideran como deuda todas las obligaciones adquiridas por los entes públicos, bajo cualquier modalidad, establece la nueva legislación, ya sea por la vía de los cerditos tradicionales o por cualquier otra forma de allegarse financiamientos.

El problema es que esa ley, como en norma federal, ordena a las legislaturas estatales adecuar sus normas en un plazo no mayor a los “180 días naturales a partir de la publicación de la presente”, cosa que ocurrió en abril de este año y, por tanto, el Congreso de Chihuahua tiene hasta el mes de octubre para hacerlo.

Con ello terminará la controversia desatada a lo largo de toda la actual administración que le permitió llevar la deuda directa (la avalada con las participaciones federales) a un monto de 24 mil millones de pesos (mmdp), que es el tope de la capacidad financiera de la entidad, y con la bursatilización impugnada, las obligaciones financieras subieron hasta los 26 mmdp, lo que hace un monto total de la deuda de Chihuahua -cifra dada a conocer por el Secretario de Hacienda, Jaime Herrera. Aserto Radio, 8/VIII/16- de 50 mmdp.

Como bien lo dice el Director de DILE, Jesús Manuel Soledad, el juez Trejo no resolvió el fondo del litigio pues “consideró que no está demostrado nuestro interés legítimo y que, en caso de otorgarse la suspensión, como hay recursos considerados para nómina, se pondría en jaque a los empleados”. (Nota de José Pérez Espino, El Diario de Juárez, 9/VIII/16).

Aún más, en la audiencia constitucional de septiembre, el juez federal deberá resolver si el demandante está amparado bajo la figura de “interés legítimo” para demandar la protección de la justicia federal contra actos del Congreso y del Gobierno del Estado, asunto que revise la mayor de las importancias pues se trata de una nueva figura que podría superar lo tradicional en esta materia, esto es que sólo los afectados (que así lo demostraran) podrían solicitar la protección de la justicia federal ante actos de la autoridad.

De esta manera, al no resolver sobre el asunto de fondo, es decir, si el Gobierno de Chihuahua habría violado la prohibición constitucional de adquirir nueva deuda de corto plazo, o, como lo sostiene el texto constitucional, artículo 117, Fracción VIII, respecto a las “obligaciones” financieras de corto plazo: 

“… Sin perjuicio de lo anterior, los Estados y Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses”.

Pero la audiencia constitucional sí podrá, si DILE decide continuar con el litigio, definir la constitucionalidad del acto realizado por el Congreso del Estado al aprobar la bursatilización dentro del plazo marcado por la Constitución General de la República Mexicana.

Problema que podrá evitarse en el futuro (o por lo menos atenuarse) con la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera, lo que deberá hacer la legislatura local a más tardar en octubre, además de que los gobiernos estatales deberán hacer proyecciones presupuestarias a cinco años “así como fondos de previsión de los desastres naturales, un estudio actuarial de pensiones que debe actualizarse cada tres años, entre otras ordenanzas de la Ley de Disciplina Fiscal”. (Nota de José Pérez Espino, El Diario de Juárez, 9/VIII/16).

Más allá de las resoluciones judiciales, que sólo tendrán efecto en la siguiente administración estatal, lo cierto es que el gobierno de César Duarte admite claramente la existencia de un déficit presupuestario del orden de los 5 mmdp (Entrevista de Jaime Herrera en Aserto Radio, 8/VIII/16) que, explicó, no se acumula al final del año, sino que mensualmente, con altibajos debido a las exigencias que varían con la época del año, promedia los 400-450 millones de pesos, lo que explicaría, de acuerdo con el funcionario, la existencia de falta de “liquidez” en los meses de junio a julio, debido a la falta de los recursos procedentes de la bursatilización.

Al criticar la decisión del juez, el equipo de Javier Corral dio por un hecho la existencia del déficit de 5 mmdp, “Sabemos que va haber problemas en la entrada (del nuevo gobierno), sabemos que van a entregar una administración con un déficit de casi cinco mil millones de pesos anuales”. (Nota de Araly Castañón, El Diario de Juárez, 9/VIII/16).

Además de sospechar un mal empleo de los recursos, pues, dijeron se usarán “para tapar hoyos negros, porque tenemos información de que hay algunos proveedores, por lo menos sospechosos, que se deben meter en una revisión más cuidadosa”, mencionó el vocero de Corral, Antonio Pinedo Cornejo. (Ibídem).

Lo que va perfilando el difícil panorama en el que se desempeñará el gobierno de Javier Corral, los tres últimos meses del año y, probablemente, todo el 2017 pues los ajustes al presupuesto deberán ser, necesariamente, a mediano plazo y con el ingrediente político de que en un año ya estaremos en los tiempos preelectorales que para Chihuahua significará la elección de todos los cargos de elección popular, con excepción del gobernador del estado.

Sin embargo, las expresiones públicas del nuevo grupo gobernante reflejan lo que es una extendida percepción popular y la certeza, para ellos, de que sí contarán con los recursos necesarios. El vocero de Javier Corral, Antonio Pinedo afirmó que “se va a salir adelante y va a haber dinero para cumplir con los compromisos de campaña y también va haber un Gobierno austero, porque cuando no se roba alcanza para más”. (Ibídem).

Dos cosas son los pendientes, o asuntos que deberán dirimirse en la siguiente administración: Primero, el hecho de que el actual grupo gobernante acepta que todos los años trabajó con un déficit presupuestario de alrededor de 5 mmdp, que, sabedores, de ello, recurrieron a los empréstitos para hacerlo, ello explica, dicen, los montos de la deuda de Chihuahua.

Sin embargo, sostienen, que la vía usada para hacerlo no comprometía los recursos de la entidad pues a partir de una veta que no tenía Chihuahua, la de las concesiones sobre las carreteras federales por un lapso de 30 años otorgado por el Presidente Peña Nieto y que seguramente fue fruto de la negociación, planteada desde el principio por el gobernador Duarte al Presidente Peña Nieto, al exigirle al gobierno federal que “indemnizara” a la entidad por haber invertido más recursos a la educación, dinero que debía a Chihuahua.

El problema es que esos recursos fueron empleados a lo largo de, únicamente, esta administración.

Y eso es lo criticable, o, por lo menos, lo discutible ¿Qué tan válido es que una administración aproveche los recursos obtenidos y mediante complejas operaciones financieras le impida a las siguientes administraciones acceder a esos recursos si la actual ya los comprometió para las siguientes cinco o seis?

No es tan poca cosa lo realizado. La capacidad crediticia del gobierno de Chihuahua se agotó, los siguientes gobiernos no podrán acceder a empréstitos y sólo lo podrán hacer en la medida que se vaya saldando la actual deuda directa (del orden de los 24 mmdp) contratada a largo plazo.

Y no podrán acceder a los ingresos procedentes de las casetas de peaje en los próximos 30 años, sólo a una parte de los remanentes carreteros, es decir, al incremento, por la elevación de las tarifas, del número de vehículos, o de ambos, pero también sólo a una parte en virtud de que los remanentes, hasta junio de este año, ya están comprometidos con la bursatilización más reciente, la del litigio presentado por DILE.

De esa manera, si el gobierno de Corral optara por adquirir nuevas obligaciones financieras, estaría constreñido a las opciones anteriores.

Otra de las alternativas será la de la disminución del gasto corriente, tanto en el rubro del personal, como en el del ahorro en los gastos de operación, compras y pagos a proveedores, que han merecido justas críticas por el derroche de recursos realizado, que sólo en la parte final del gobierno, justamente cuando ya se apreciaban nítidamente los problemas de la administración de los recursos financieros, se efectuaron algunos ajustes.

Aspectos como éste, así como el de los supuestos pagos excesivos a algunos proveedores, del derroche financiero de algunas dependencias, las compras de medicamentos; el gasto en seguridad pública y en medios de comunicación formarán parte de los rubros en que la nueva administración deberá indagar, informar y, en todo caso, aplicar los ordenamientos legales.

Habremos de verlo.