Entre la espada y la pared

Editorial, Aserto 157, agosto de 2016

Al resolver, el Juez Primero de Distrito, Juan Antonio Trejo Espinoza, no otorgar el amparo de manera definitiva al Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, Asociación Civil, (DILE), sobre la bursatilización (o “monetización”) de 6 mil millones de pesos, del remanente del Fideicomiso carretero, aprobada por el Congreso del Estado en la primera quincena de julio, le añadió grados superlativos de incertidumbre a los primeros meses del nuevo gobierno de Javier Corral y al pueblo de Chihuahua.

Quedó a decisión del DILE si interpondrá un nuevo recurso o no. Se resolvería en una nueva audiencia a principios de septiembre, a un mes del inicio del gobierno de Corral.

Pero el juez Trejo Espinoza no resolvió, por ahora, la controversia desatada en Chihuahua sobre la deuda de la entidad, ni si la bursatilización deberá considerarse como deuda, más allá de lo sostenido por los gobernantes y los críticos de estas operaciones financieras, ni si el gobierno de Chihuahua violó o no la prohibición constitucional a contratar “nuevas obligaciones los tres meses previos al término de la gestión”, con esa operación financiera.

Por otra parte, una resolución judicial de este tipo debería precisar si fueron válidos los destinos de los recursos obtenidos por la bursatilización y el de si la actual administración actuó correctamente al emplearlos en los rubros de seguridad pública, salud y educación, en los cuales, muy seguramente, sirvieron, también, para cubrir los emolumentos de los servidores públicos dedicados a esas tareas pues la ley prohibe usarlos para “gasto corriente”.

Sin embargo, al argumentar que su determinación tuvo como fondo el hecho de que el gobierno de Chihuahua había argüido que estaban contemplados para emplearlos en el pago de nóminas de diversas dependencias, de alguna manera, sin entrar al fondo del asunto, dió luces de por donde podría ir su opinión sobre este asunto

Por otra parte, el juez dejó abierta la posibilidad del establecimiento de una discusión -y la consecuente definición jurídica- acerca de lo denominado “interés legítimo” en esta clase de asuntos, debido a que anteriormente solamente los afectados por determinada acción gubernamental, o de cualquier ente responsable, podían interponer un amparo y quienes interpusieron el amparo forman parte de una organización, no asentada en Chihuahua, pero cuyos fines, el combate a la corrupción, los podrían hacer merecedores de recibir el amparo de la justicia federal.

Por añadidura, la resolución sobre el amparo pondrá al equipo del gobernador electo, Javier Corral en la disyuntiva, primero, o aceptar como verdadera la situación financiera del gobierno estatal, informada a ellos por los actuales responsables financieros, lo que los llevaría a aceptar una terrible realidad, la de que esos recursos sí estaban presupuestados desde diciembre, que se había contemplado obtenerlos por la vía de la bursatilización de los remanentes carreteros y que de no aceptar la operación financiera se verán en serios problemas pues equivalen al gasto total mensual del gobierno del estado.

O, si por el contrario, las finanzas estatales estarían sobradas y los recursos de la bursatilización serían empleados para favorecer, como sostienen, a los proveedores y receptores favoritos del gobierno de César Duarte.

En cualquier caso, los chihuahuenses se encuentran entre la espada y la pared, pues las “obligaciones” del gobierno de Chihuahua, entre las cuales el texto constitucional establece instrumentos financieros como los de la bursatilización, así como los créditos contratados directamente por el gobierno estatal y los municipales, así como los organismos descentralizados, habrán crecido, y si no se aceptan los nuevos compromisos financieros, entonces se paralizarían un buen número de actividades gubernamentales.

Los problemas financieros del gobierno estatal son más que evidentes, se aprecian por todos lados los efectos del déficit presupuestal, es decir, el desfase entre los ingresos reales del gobierno y el gasto programado en el año, que ronda los 6 mil ya afecta a toda la operación gubernamental pues hasta fines de julio podría considerarse asciende a alrededor de los 3 mil millones de pesos.