Inaudito, votaron por las mismas

El Diario, 13 de abril de 2014
Luis Javier Valero Flores
Nada como la crónica periodística.
En la extenuante jornada de la legislatura local, del pasado jueves, convocada para ejecutar la sentencia del juez Ignacio Cuenca Zamora acerca de la elección de los consejeros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) los diputados declararon un receso, en él sucedió un muy ilustrativo  episodio:
“En el receso, "teambox" del PRI, con el PVEM y el PANAL, los diputados preguntan: ‘¿y cómo vamos a votar?’, otros responden, ‘pa'qué les damos chanza de hacer tanto show, si en la votación nos los vamos a fregar’. La diputada Águeda Torres Barrera les dice: ‘vamos a hacer las cosas como nos las ordenó el señor Gobernador y que nos explicó Mario Trevizo (Consejero Jurídico de Gobierno del Estado)…’. No ha terminado de explicar la línea cuando Enrique Licón del PVEM le dice: ‘¡Diputada cuidado, tienes a la prensa atrás de ti!…' con sonrisa nerviosa dice, riéndose... ‘háblenle a seguridad para que saquen a todos los que no son diputados”. (Crónica de César Ibarra, 11/IV/14).
Si faltara algún elemento para confirmar el abandono total de las responsabilidades de los legisladores de la mayoría parlamentaria en el Congreso de Chihuahua, ahí están sus frases que develan, además, la extremada indolencia de quienes tienen la obligación de representar los intereses del pueblo de Chihuahua.
No se trata solamente de la inveterada subordinación ante el titular del Poder Ejecutivo (sea en el ámbito local, en el federal, con el actual partido gobernante, o con cualquiera que haya tenido responsabilidad en el nivel estatal o federal), sino también de las extremas carencias de la mayoría de quienes ocupan sitios en el Poder Legislativo.
Pero por encima de todo, el abandono de las más elementales reglas de la ética política, todo, en aras de la continuar haciendo “carrera”.
Al reelegir a las consejeras del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información (Ichitaip), Alma Rosa Armendáriz Sigala y a María Nancy Martínez Cuevas y a sus siete suplentes, el Congreso del Estado se puso en ruta a la crisis institucional más grave que haya sufrido la entidad en las últimas décadas.
Solo algún suceso inesperado podrá evitarlo; el abogado Rodolfo Leyva, quien obtuvo la protección de la justicia federal al alegar que lo habían discriminado para ocupar una de las titularidades de ese órgano, al momento de elaborar la presente colaboración editorial, se preparaba para impugnar la decisión del Poder Legislativo de Chihuahua. No descartaba ninguna de las vías jurídicas para echar abajo tan deplorable determinación.
Si la postura de Leyva obtiene el respaldo del Poder Judicial de la Federación, la crisis institucional se convertirá, además, en una profunda crisis para el partido gobernante en Chihuahua, justamente cuando los niveles de rechazo hacia el actual gobierno crecen en cada vez más segmentos de la población y se desatará en las proximidades de la elección federal del año próximo.
La sentencia de Cuenca Zamora, en teoría, obligaba a los diputados a realizar un nuevo ejercicio de sus funciones y facultades, especialmente cuando los orilló a que fundaran y motivaran su decisión, lo que abrirá el camino para que, en adelante, se ciñan a lo establecido en la ley para emitir su voto en las designaciones.
Lo ocurrido el jueves es verdaderamente deplorable, en lugar de realizar un concienzudo trabajo, cuyo sustento fuera un ejemplar ejercicio jurídico, del nivel del efectuado por el juez Cuenca Zamora, y distinto a lo que hicieron a lo largo del proceso jurídico que culminara con la sentencia favorable a Leyva, elaboraron y aprobaron un verdadero mamotreto.
Lo increíble, en el largo recuento del “perfil del puesto” y de los merecimientos de los aspirantes a ocupar esas posiciones, contenido en el dictamen elaborado por la Junta de Coordinación Parlamentaria, se privilegió que los aspirantes hubiesen ocupado un lugar en la administración pública. Mientras más puestos y más años en ellos, mejor.
En el colmo, ese fue el argumento para contrastar los curriculum de las reelectas con el del quejoso Rodolfo Leyva.
En el largo recuento de los agravios a la vigencia del derecho al acceso a la información pública y la transparencia en el ejercicio de la administración pública, ésta será una de las principales.
En un país -y una entidad- en la que la cultura predominante en los funcionarios es la de la secrecía, la discrecionalidad, el patrimonialismo, la subordinación y la opacidad; rasgos, todos, que la nueva legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública pretendía -pretende- erradicar, es un contrasentido que se privilegie para ocupar esas posiciones a quienes más tiempo se hayan desempeñado en la función pública.
Se yergue como una siniestra realidad, como la verdadera explicación de la reelección de las consejeras el verdadero tobogán en que se encuentra la transparencia en Chihuahua. De 139 recursos de revisión presentados por los ciudadanos ante el Ichitaip, en 135 el órgano “garante” de la transparencia falló a favor de las dependencias gubernamentales.
Son innumerables las vertientes negativas de la decisión tomada, no solo para las fuerzas de oposición, o para el conjunto de la sociedad chihuahuense, sino también al interior del grupo y partidos gobernantes.
¿Cómo justificar ante los propios que se haya privilegiado a la peor calificada en el examen de conocimientos? Aún más, que se haya repetido el hecho, sin importarles mayor cosa poner en riesgo la institucionalidad del Poder Legislativo.
También, da pie a preguntarse si en el fuero interno algunos de los diputados del partido mayoritario no hayan sentido algún resquemor y se preguntaran válidamente si el perfil de las electas valía la pena someterse a tal desgaste.
¿Acaso no habrá, en el conjunto de militantes y funcionarios del PRI, personas más capaces para ocupar esos puestos? ¿Por qué aferrarse a las mismas? ¿Por el principio de autoridad?
Porque si las electas fueran ejemplares funcionarias, heraldos de la transparencia, autoridades en la materia, o ejemplo de eficiencia comprobada, pudiera dar lugar a la duda, pero si en la única prueba objetiva para medir sus capacidades y conocimientos no obtuvieron calificaciones, por lo menos suficientes, entonces las únicas explicaciones posibles entran en el terreno de la especulación y los razonamientos totalmente ajenos a los fines del Ichitiap.
¿Cómo explicarse que los diputados voten por alguien que obtuvo la más baja calificación de 71 aspirantes y que, peor aún, ni siquiera aprobara el examen?
¿Cualquiera de ellos, en sus empresas, hubiesen admitido a alguien en situación similar, al peor?
La respuesta es obvia.
Soprenden aún más las bajas calificaciones obtenidas por la abogada Nancy Martínez Cuevas. Durante casi un año se desempeñó como la ¡Secretaria Ejecutiva del Ichitaip! es decir, el cargo que requiere el más elevado grado de conocimientos técnicos en la materia dentro de ese órgano.
Es como si el consejero jurídico de un determinado organismo o dependencia obtuviera bajas calificaciones ¡En derecho!
No puede ser. ¡Ah, pero en su hoja curricular asentó como elemento importante haber trabajado en el despacho de los abogados Santiago de la Peña y Fidel Pérez Romero!
El dictamen elaborado, y aprobado por una mayoría conformada solo por el PRI y el PVEM, es un compendio de fallas y maniobras para eludir lo sentenciado, es un verdadero monumento a la impreparación y a la falta de argumentos jurídicos para evitar el cumplimiento de la sentencia. Se llevarán una verdadera sorpresa pues el desapego al texto elaborado por el juez Ignacio Cuenca Zamora, es verdaderamente descomunal, muy probablemente recibirán la notificación de que serán acusados de desacato a una orden judicial, a una sentencia de amparo.
Las consecuencias pueden ser verdaderamente trascendentales, el Poder Judicial de la Federación, previsiblemente, determinará en tal sentido y, por tanto, los diputados que votaron por la reelección de las consejeras, todos los presentes, con la excepción de los del PAN, es decir, los del PRI y sus partidos satélites, entre los cuales se deberá ubicar al PVEM, PANAL y los del denominado bloque “de izquierda”, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, pueden recibir sanciones de carácter penal y administrativo, además de ser removidos de los puestos.
Si el proceso jurídico consecuente a la elección de las consejeras mantiene una ruta, diríamos normal, es muy probable que el partido gobernante en Chihuahua enfrente el proceso electoral del 2015, el de las diputaciones federales, con sus diputados locales titulares removidos, en medio de una crisis institucional… y una crisis política sin precedente; le habrán abierto el camino para que el PAN se alce como la única oposición político-electoral en la entidad. Hasta ahora.
Si nos hicieran falta elementos de juicio, ahí están los discursos de los diputados. Humberto Pérez Mendoza (PAN): ”… ya nada más falta que al quejoso lo detenga la policía porque litigaba en el 2004 cuando todavía era un estudiante”.
Gustavo Martínez Aguirre, (PANAL): "se hizo un trabajo fino y puntilloso... no privilegiamos los intereses particulares sobre el estado de derecho... y en el caso de la elección que hoy nos ocupa todos hemos aportado lo mejor”.
Hortensia Aragón (PRD): “… la tragedia sería que este legislativo hiciera exactamente lo mismo que la pasada… ”.
Mayra Chávez, (PRI), a pesar de los “whatsapazos” entre los legisladores y el Gobernador Duarte, sostuvo “que todos los integrantes de la bancada priista se dieron a la tarea de estudiar a cabalidad el dictamen presentado y los archivos de todo el caso”, y les pidió: “… seamos por favor un congreso que estudia, no que suponga”. Ajá.
Eloy García Tarín, (PRI) poco antes de refrendar la votación por las mismas, pidió que “… ojalá hubiera la intención de que todos empujaran la carreta en el mismo sentido”.
Y votaron por las mismas.
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