Nueva estrategia de seguridad ¿Ahora sí?

 «…y para eso tiene que haber una generación que pague el costo de esta reforma… así son las revoluciones, esta fue una revolución pacífica…»: Bernardo Bátiz, miembro del Consejo de la Judicatura Federal, designado por el presidente López Obrador (“Ciro por la mañana”, Radio Fórmula, 11/10/24).

Luis Javier Valero Flores

El Diario, 13 de octubre de 2024

En medio de uno de los inicios de sexenio más accidentados, a propósito de los actos secundarios a la reforma judicial, -y del clima de violencia en Tabasco, Sinaloa, Chiapas, Guerrero, Tamaulipas, Morelos y otros- uno de los hombres de mayor confianza de López Obrador, Procurador de Justicia de la CdMx cuando el tabasqueño fue Jefe de Gobierno, Bernardo Bátiz, develó lo que explica las acciones y declaraciones de los integrantes de la 4T: Creen que hicieron una revolución y, por tanto, según ellos, tienen derecho a actuar en nombre de toda la nación mexicana.

Por eso, ellos hablan a ‘nombre del pueblo’, y sobre todo el expresidente, que reaccionaba con la frase ‘están en contra de los intereses del pueblo’, cuando alguien o alguna fuerza se oponía a cualquiera de sus iniciativas; por eso López Obrador jamás habló con los partidos de oposición, por eso Claudia nunca los mencionó, por esa razón la misma presidenta, al mencionar a la ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, no lo hace por su nombre, sino como la «candidata del PRIAN».

Dejan de lado una cosa fundamental, sólo ganaron dos procesos electorales, en ninguna de ellos llamaron a los mexicanos a votar por ellos para efectuar un cambio de régimen.

Más aún, en ninguna de las elecciones los votantes les entregaron mayoría calificada de 2/3 de los votos; ni siquiera Claudia Sheinbaum obtuvo el 66% de la votación pues sacó el 59%, los legisladores una cantidad aún menor, el 54%.

No tienen la legitimidad democrática para efectuar lo que ahora hacen, creyendo que la oposición se circunscribe a los partidos opositores. Tarde se darán cuenta que la oposición a la 4T la están generando ellos mismos.

Tres de las reformas propuestas por López Obrador e impulsadas, hasta su concreción por Claudia Sheinbaum, trastocarán -han trastocado- gravemente la ‘normalidad’ democrática del país: La judicial, la adscripción de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional y la desaparición de los órganos autónomos.

A esas reformas deberá añadírsele la persistente conducta presidencial, la de López Obrador y la de Claudia, de desacatar las resoluciones judiciales, con ello se ha conformado el estado ideal de la 4T: La presidenta ya no tiene contrapeso alguno.

Todo lo anterior lo están concretando en uno de los peores momentos para el país, la crisis de inseguridad ha escalado a niveles no conocidos.

Llevar al país a un proceso electoral sumamente complejo, además de inédito, el de la elección de la mitad de los jueces y magistrados federales, así como a los ministros de la Corte, nos llevará a una crisis en la aplicación de la justicia, jamás conocida en el mundo moderno y, además, cuando el crimen organizado actúa con plena impunidad en prácticamente todo el país.

Sirva de ejemplo que en 2 años y medio, la Fiscalía de Sinaloa judicializó el 14% de asesinatos, y resolvió solo el 5%. En ese lapso, la fiscalía de Sinaloa inició «2 mil 129 investigaciones por homicidio doloso, de las cuales llevaron 319 ante un Juez y resolvieron 121, ya sea por sentencia condenatoria, absolutoria o por desechamiento…». (Nota de Humberto Quintero, Noroeste, 9/10/24).

De los homicidios reportados, en mil 800 los presuntos responsables no fueron llevados ante los jueces ¿Es una situación privativa de Sinaloa?

De ninguna manera, no. 

Por si fuera poco, ese lapso no contempla los homicidios cometidos durante la guerra de las bandas criminales, desatada con motivo de la captura del Mayo Zambada y del Chapito Guzmán López, por lo que la incidencia de homicidios en ese estado era notoriamente inferior a la de Chihuahua.

Esos son los niveles de impunidad prevalecientes en todo el país.

La absoluta mayoría de los homicidios no se investigan.

Claramente el problema está en los niveles estatales. 

Son las autoridades de este nivel las que enfrentan la mayoría de los homicidios y son a las que en los últimos siete años se les han disminuido los recursos económicos.

¿Cuántos agentes del ministerio público tenemos por cada 100 mil habitantes? ¿Cuáles son sus salarios promedios?

¿Cuántos jueces locales existen en la misma tasa? ¿Y cuánto ganan?

Los agentes ministeriales locales se encuentran en las mismas condiciones.

Sirva de comparativo que en Costa Rica existen 26 jueces por cada 100 mil habitantes, en México, alrededor de 4 y en Chihuahua, 7.

Nada de lo aquí asentado formó parte, hasta ahora, de la Estrategia Nacional de Seguridad, quizá solo en los aspectos del «fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y la consolidación del Gabinete de Seguridad, en coordinación con las entidades federativas».

Claudia insiste, al igual que López Obrador, en que la criminalidad debe combatirse atendiendo «a las causas» y a éstas las conciben, sintéticamente, en las condiciones de pobreza de la juventud, pero atender esas causas llevaría a que la disminución real de esa incidencia sería a mediano plazo, en el mejor de los casos, y a muy largo plazo realmente.

Y lanzan esos discursos cuando la cifra de homicidios, en el sexenio de López Obrador, rebasó los 200 mil y en el presente lleva un promedio -hasta el viernes- de 77 diarios.

O enfrentan, ahora, resueltamente la ola de violencia, desde varios frentes, o nos hundiremos en una tragedia semejante a la vivida en Honduras, Colombia y varios países africanos, en los que la tasa de homicidios rebasaba los 50 por cada 100 mil habitantes. 

En 2023, en México, tuvimos 23.8, cifra semejante a las presentadas en los otros años, igualmente violentos, de 2009, 2010, 2011 y 2012, en los que pasó de 18 a 23, 24 y 22, respectivamente. 

La tasa del 2023 fue la menor del sexenio lopezobradorista, que inició en 2018 con la más alta de la historia, 29, compartida con el último año de Peña Nieto.

En esas condiciones es que se da el anuncio de la nueva estrategia de seguridad, en la que aparecen, así sea declarativamente, hasta ahora, dos aspectos novedosos, primero, el de que pondrán el énfasis en anteponer la prevención de delitos a la reacción frente a los mismos, «utilizando inteligencia y recursos tecnológicos más avanzados para analizar datos, identificar patrones y comprender las dinámicas en las zonas con mayor incidencia», que lo hará la subsecretaría de nueva creación, la de Inteligencia e Investigación Policial; y, segundo,  en que por vez primera, han resuelto atender la violencia homicida en las entidades que acaparan más del 50% de los homicidios de todo el país.

Entre ellas está, desgraciadamente, Chihuahua (4o lugar, con 57.4 homicidios por cada 100 mil habitantes), acompañado de Colima, Baja California, Zacatecas -que se ubican en los tres primeros lugares- y luego, Morelos, Sonora, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Quintana Roo.

Salvo Chihuahua y Guanajuato, en las demás gobierna Morena, prácticamente en los tres niveles de gobierno.

Deberá destacarse este hecho: Por vez primera Chihuahua es considerado como prioritario por el gobierno federal. 

Lo más cercano que estuvimos de que así fuera considerado fue en la época de Calderón, y no porque lo hubiese diseñado así, sino porque reaccionó ante la grave falta cometida al catalogar a las víctimas de Villas de Salvárcar como integrantes de una banda criminal y desembocar en Juárez -y solo ahí- un millonario programa de desarrollo social.

Y hasta ahí.

Del mismo modo, al informar que usarán a la inteligencia de seguridad -que incluye la usada en materia financiera- para combatir la elevada tasa delictiva, debieran tomar en cuenta que en los años pasados poco se echó mano de ella; baste recordar que en el penal federal de Juárez -inexplicablemente cerrado en el sexenio anterior- coincidieron temporalmente los líderes de dos de los grupos criminales más importantes del país, Vicente Carrillo, del Cártel de Juárez, y El Chapo Guzmán, del Cártel de Sinaloa.

Presos los líderes, el funcionamiento de ambas bandas continuó sin parar y jamás reportaron las autoridades el decomiso de empresa alguna, el congelamiento de cuentas bancarias, nada, habían encerrado en la cárcel a los jefes y afuera todo seguía -y siguió- igual.

Por otra parte, sin emprender acciones que incidan en la impunidad, asistiremos a una nueva etapa en la que observaremos cómo los agrupamientos policiacos, y ahora militares, se dedicarán a patrullar más frecuentemente en las ciudades y poblaciones de Chihuahua.

Cuando se vayan, regresará la ‘normalidad’ criminal que nos ha acompañado los últimos 20 años, solo que ahora militarizada.

Así ha sido, siempre. 

¿Cambiarán eso, ahora que han militarizado a la seguridad pública, sin ‘militarizarla’?

Columna de Plata de la Asociación de Periodistas de Cd. Juárez (APCJ): 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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