En el juicio del “Larry” los datos de la “narcopolítica”

El Diario, 23 de febrero de 2020

Luis Javier Valero Flores

LA GRABACION: 

Miroslava: "No, no, que tampoco chinguen, para qué se hacen tontos, Miroslava Breach es nacida en Chínipas y no va a revelar fuentes de información, así que por favor digan quién es y que me la echen a mí, yo por eso firmé la nota porque yo sí tengo ovarios y porque sabía cómo están las cosas. A mí me han hablado mis tíos y me han dicho que están rezando un novenario por mí, entonces o sea que no jueguen”.

Casio: "Pero déjame aclararte Miros, no me piden que reveles tus fuentes, yo no te lo pediría…"

Miroslava: "No, no, no, es que no hay fuentes o sea cuando yo di el nombre de quien era en Chínipas (Juan Miguel Salazar), simplemente saqué las cosas. Esto fue lo que sucedió así de sencillo, pues qué creen, que estoy tonta, Miroslava Breach conoce Chínipas y cada piedra de ahí y sabe quién es el personaje”.

Casio: "Entiendo, entonces no hay una fuente que alguien te dijo”.

Miroslava: "Claro que no, cuando yo vi la lista del PRI saqué las cosas, me puse a reportear, por eso reporteé en Chínipas, Buenaventura, y saqué una serie de cosas y diles que fue Miroslava y que se avienten su boleto si quieren”.

Casio: "Entonces tú nunca te juntaste con la gente o con el presidente municipal (Hugo Amed Shultz)”.

Miroslava: "Con nadie absolutamente”.

Casio: "Ah ya entiendo, les voy a comentar a ellos”.

Miroslava: "Así diles, a mis tíos les han advertido que se los van a chingar, pues sí, pero si van a chingar a alguien que sea a la reportera, tengo primos, que sepan que fui yo, que nadie más se lo dijo, así de sencillo”.

Casio: "Con esto es más que suficiente, yo me entero de esto. Sí andan muy preocupados de que fue alguien de ahí, el presidente municipal…"

Miroslava: "No, no pues así cántaselas directo”.

Casio: "Está bien, Miros, yo así les comento”.

Miroslava: Así coméntales, diles que lo que ellos no tienen a mí me sobran, porque el silencio es complicidad y eso es lo que ha generado todo este desmadre”.

Casio: "Así se los voy a decir".

El juicio oral seguido a Juan Carlos Moreno Ochoa “Larry” por el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, dio un inesperado giro con las declaraciones del gobernador Javier Corral, al negar haber tenido conocimiento de las amenazas en contra de la periodista, cosa sostenida  por las hermanas de la periodista, en el curso de las primeras comparecencias de los testigos del proceso.

Ciertamente las declaraciones del mandatario no pueden formar parte del importantísimo proceso judicial, (por el momento), pero el conjunto de las declaraciones de los familiares de Miroslava, los desmentidos del gobernante y el énfasis mostrado por éste, al grado de hacerles señalamientos absolutamente impropios, -“¡Pues mienten! (las hermanas de Miroslava)  con todas sus letras. Porque… han ido en una evolución hacia lo peor”- así como la ratificación del involucramiento de los funcionarios del gobierno y el partido gobernante, en la indebida y violatoria grabación de las conversaciones entre Miroslava y el vocero del PAN en ese momento, le han dado, no sólo al juicio, sino al conjunto del caso, un impresionante giro, que debiera llevar a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) a replantear las investigaciones, así como el de los presuntos responsables y los cómplices de los asesinos.

Además, por si fuera poco, las audiencias han develado nítidamente que el origen, la causa del asesinato de Miroslava sí es, como lo dijera Corral en sus primeras declaraciones posteriores a la tragedia, la narcopolítica.

La ratificación de que el entonces alcalde de Chínipas, Hugo Schultz, le entregó a integrantes de la familia Salazar copia de la conversación telefónica de Piñera y Miroslava, es la prueba más fehaciente de que tenía el conocimiento, si bien no de que fueran integrantes del crimen organizado, sí de que se podía inferir de ello.

Más. Las afirmaciones de la periodista, a amigos y familiares, así como del mismo gobernador (y en ese sentido hay declaraciones y testimonios de que, por lo menos en la fase de gobernador electo, Miroslava le comunicó a Corral de las amenazas en su contra) le imprimen al caso una nueva veta, por demás inquietante.

Pero, además, resulta que familiares de la periodista, residentes del municipio -según declaraciones de ella a muchas personas, y en la grabación- habían sido hostigados por Los Salazares, molestos por las publicaciones de la también originaria de Chínipas.

Quitemos los nombres de los protagonistas, así como el de los lugares: 

En una entidad, el alcalde de un alejado municipio recibe las quejas de integrantes de una familia, señalada públicamente como parte del crimen organizado, de ser quien le proveía información a una afamada periodista originaria del pueblo e integrante de una extensa familia del lugar. 

Las quejas subieron de tono. El alcalde, asustado, busca a los dirigentes de su partido. El encargado de la presidencia estatal le aconseja que vaya a las autoridades; el alcalde lo descarta pues teme que empeore el asunto, pide que le ayuden a tener una prueba de que él no es la fuente de información. 

El dirigente se acuerda que su vocero es amigo de la periodista y le pide -según sus declaraciones- que ¡haga un boletín de prensa!, pero el vocero les dice que puede hablar con la periodista y obtener de ella la declaración de que el alcalde no es la fuente de información.

¿Se pusieron de acuerdo en ese momento, o al vocero se le ocurrió posteriormente, grabar una conversación en la que éste orientara la conversación a fin de que quedara expresamente grabado que la periodista “exculpaba” al alcalde de ser la fuente información?

Logran su propósito. Le entregan la grabación a los presuntos criminales. A los meses matan a la periodista. En la escena del crimen “siembran” una cartulina en la que se adjudica el crimen a uno de los jefes criminales del momento y la región, al que el gobernante del mismo partido del alcalde le amenazó con apresarlo en 72 horas.

Se inician las investigaciones, los familiares exigen acceder al expediente. Se lo niegan, insisten, le piden al gobernador interceda. Nada pasa. Los familiares logran el amparo de la justicia federal, sólo así les permiten acceder a una versión parcial del expediente; piden que la PGR atraiga el caso, el gobernador se niega; insisten, aumenta la presión nacional e internacional. 

Finalmente, la instancia federal se hace cargo; la local hace de todo para no entregar toda la investigación.

En tanto, asesinan a un ex maestro de karate, criador de gallos. La Fiscalía lo acusa de ser el asesino de Miroslava pues junto a su cadáver encontró el arma usada. Los hermanos del gallero salen en su defensa, son destacados profesionistas egresados de las más calificadas universidades de EU y acusan a las autoridades de querer hacer de su hermano un chivo expiatorio.

Peor, los que hicieron posible la grabación y la entrega a los presuntos criminales se desempeñan en muy altos cargos del gobierno estatal y del partido gobernante. Uno de ellos atiende la oficina más cercana del gobernador, es su secretario. En el juicio afirma que no conoció las grabaciones y el juez acepta esta declaración como hecho firme, lo descarta como testigo.

Ninguna autoridad investigadora, local o federal, le da seguimiento a estos que podrían ser los hechos que llevaran al esclarecimiento del asesinato y de los posibles cómplices. Varios señalan a la familia presuntamente criminal; ésta mantiene relación con funcionarios gubernamentales; los reportajes de la periodista señalan expresamente a integrantes de esa familia, pero nadie busca explorar la relación del alcalde con esa familia, ni la explicación a la decisión del gobernante de mantenerlos en tan encumbradas posiciones de gobierno.

La descripción de los hechos se ajusta a la realidad que hoy tenemos, que forman parte de los hechos históricos que nadie ha refutado, al contrario de los cargos realizados al “Larry”, cuya responsabilidad deberá demostrar la Feadle, y, además, debería incidir en esta línea de investigación para descartar el posible involucramiento de los funcionarios que hasta ahora han aceptado su participación en los términos hasta aquí descritos y, eventualmente, encontrar una de las razones de la afirmación del gobernador Corral, de que el asesinato de Miroslava debía ubicarse en los crímenes de la “narcopolítica”.

Descartemos de ese aspecto la persistente negativa de la administración estatal del nuevo amanecer a compartir con la familia el expediente del caso, por las evidentes pifias cometidas en la investigación, pero el hecho de que una autoridad municipal tuviese el tipo de relación como la que han descrito, por sus propias declaraciones, con familiares de personas procesadas y sentenciadas por delitos del orden del crimen organizado, de los hechos relacionados con las conversaciones telefónicas, y su estrecha relación con los reportajes de la periodista, debieron llamar la atención de las autoridades investigadoras -en primer lugar de las locales- y de las federales subsecuentemente.

¿Por qué no se hizo? ¿O por lo menos por qué no se ha mencionado públicamente, si es que se hicieron?

Hay otra veta. La de la insistencia en señalar a Arturo Quintana, “El 80”,  como el autor del asesinato de Miroslava a través de sendos mensajes dejados en cartulinas, la primera en el lugar del crimen, que una foto del portal “Tiempo” la desacredita pues un dron de la empresa la tomó instantes después del asesinato, en la que no estaba el mensaje, que después la fiscalía y sus peritos afirmaran que lo encontraron ahí. Y el segundo, dejado a un lado de Gabriel Ochoa.

¿Quienes los pusieron?

Por otro lado, si se aceptara la declaración del gobernador Corral, de no haber recibido información alguna de las amenazas en contra de Miroslava, quienes lo conocen saben de la fijación del mandatario por los detalles, hasta los más nimios.

¿Será posible aceptar que su Secretario Particular, José Luévano, presidente partidario en funciones, cuando llegó el alcalde de Chínipas con sus temores y peticiones, no le haya comentado acerca de ese episodio, más cuando los reportajes de Miroslava echaron por tierra la candidatura de la suegra del “80” y de la hostil actitud de los Salazar hacia el alcalde y la reportera?

Difícil, muy difícil de creer que no se lo comentara en los largos meses de la transición, justamente cuando el nuevo gobernante de Chihuahua hacía el estridente anuncio de concederle al “80” sólo “72 horas” para salir de Chihuahua, en los momentos de la euforia del triunfo.

¿No encontró un momento el secretario Luévano, para informarle al gobernador electo -y luego, constitucional- que una de las periodistas más destacadas de la entidad, cercana del gobernador, había recibido las quejas relatadas anteriormente, de lo que se podía inferir (y no se necesitan muchas luces para llegar a esa conclusión) que corría riesgos?

Más aún, al conocerse de estos hechos, el gobernador decidió no sólo no separar de sus cargos a los señalados en esta parte de la historia, sino, a uno, dejarlo en una de las principales responsabilidades de la administración estatal, ni más ni menos que la secretaría particular del gobernador, a otro en el manejo de la prensa en el Congreso del Estado -y luego en la asesoría del líder parlamentario- y al tercero como responsable de varias tareas de educación en la zona serrana y sin que se les señalara, por lo menos, de presuntos encubridores -porque tuvieron en sus manos la información de hechos relacionados directamente con el asesinato, si se acepta que El Larry es el autor intelectual- pues ellos les facilitaron la información -que confirmaba la fuente de la información publicada- que ubicaba a la periodista como única autora de los reportajes.

¿Qué mensaje recibirían los Salazares con las designaciones gubernamentales de sus informantes?

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