I Informe, la controversia

Luis Javier Valero Flores

Aserto 172, febrero 2018

Inmerso en la confrontación con el gobierno federal, Javier Corral entregó su I Informe de Gobierno al Congreso del Estado en una breve interrupción de su presencia en la Caravana por la Dignidad, para luego efectuar lo que sus más inmediatos antecesores hicieran a lo largo de los últimos 25 años: Convocar a una fiesta en la que sería el único orador, rodeado de los suyos (y algunos no tanto, aunque obligados al silencio), en lo que ha sido una parodia de la antigua parafernalia con motivo de los informes presidenciales.

Así, Corral dejó ir la primera oportunidad -de las cinco a las que tiene derecho- para, después de proponer el cambio de formato del informe, inaugurar una auténtica etapa de fortalecimiento democrático, mediante la modificación de la presentación del informe, dar pie a un auténtico debate parlamentario y, con ello, propinarle serios golpes al presidencialismo y al culto de la personalidad en Chihuahua.

Nunca un gobernante chihuahuense había recibido la administración estatal en medio de tan profundas contradicciones: Por una parte, el de haber sido depositario de tan extendido respaldo ciudadano para derrotar al partido gobernante, el PRI, y, por otra, la de recibir un gobierno en tan malas condiciones económicas y financieras y con tan elevada degradación administrativa, imbuido hasta las cachas de las corruptelas cometidas por el equipo de su antecesor.

El llamado bono democrático -el tiempo que la sociedad le otorga a los nuevos gobernantes para la transición y no evaluarlos tan drásticamente en virtud de las condiciones con las que acceden al gobierno- se sabía, no sería, ni tan prolongado, ni tan condescendiente, la chihuahuense era una sociedad agraviada seriamente por la administración de César Duarte, a la que se le reconocía -y no era cosa menor- la disminución de los niveles de violencia criminal, pero que a mediados del 2015 daba visos de haber reiniciado.

Sabíamos, los chihuahuenses, que no sería fácil el reinicio exitoso de una administración estatal pletórica de nuevas obras, las arcas estatales estaban, no solo vacías, sino agotadas, la deuda -por más de 50 mil millones de pesos (mmdp), entre la deuda directa y la de los fideicomisos- estaba al tope de las capacidades del gobierno de Chihuahua y el servicio de la misma -abono a capital e intereses y comisiones- consumía parte importante de los recursos del presupuesto.

Por si fuera poco, y esa fue la otra fuente del elevado endeudamiento del gobierno de Duarte, -no sólo fue la corrupción y la abultada nómina de los primeros niveles de la burocracia estatal- fue el elevado gasto corriente, por encima de los ingresos propios, lo que llevó a un presupuesto deficitario del orden de los 5-6 mmdp anuales.

Frente a tal realidad, se esperaba, entonces, que el gobernador Corral aportara a su administración el extendido bagaje democrático del que hizo gala en los últimos años de su carrera parlamentaria, especialmente en lo referente a los derechos humanos, la reforma energética, el fortalecimiento del estado de derecho, del impulso al establecimiento de reglas sobre el ejercicio del presupuesto gubernamental en medios de comunicación y, precisamente, en esta área, la de las comunicaciones, en las que descolló por el contenido democrático de sus posturas.

Falló.

Fiel a la inercia de su gobierno, fortaleció la impresión de que la suya es una administración repetidora de las peores prácticas autoritarias de los gobernantes emanados del PRI, a pesar de los rasgos en sentido contrario, ocasionales, circunstanciales, presentados en los 16 meses de su gobierno.

Sabedor de las intrincadas redes construidas por el gobierno duartista, para mantenerse en el poder, y de la necesidad de desactivarlas mediante el uso de herramientas democráticas, en la práctica cometió todos los excesos, en ese sentido, del gobierno de César Duarte: 

Hizo pedazos la división de poderes, como Duarte, pues impuso sus criterios de quienes debían quedar al frente del Poder Judicial y logró deponer arbitrariamente a los magistrados que Duarte había, a su vez, impuesto de mala manera; en la integración del Consejo de la Judicatura impuso a Luz Estela Castro, quien no cumplía con uno de los requisitos para formar parte del organismo; bajo su conducción fue removido de la coordinación del grupo parlamentario del PAN al diputado Miguel La Torre; impuso sus criterios en la elección de rector de la Uach; lo mismo en la Auditoría Superior del Estado; desbancó arteramente al Consejero Presidente del Instituto Chihuahuense de la Transparencia, Rodolfo Leyva; asumió la conducción de las policías municipales de ocho municipios, sin tomar en cuenta a los alcaldes, en una clara intromisión a la autonomía de los municipios, y la inseguridad se disparó, especialmente en el área de Cuauhtémoc.

Además, al nombrar al sacerdote Javier Avila como integrante de la Comisión de Atención a Víctimas, incurrió en una franca violación al principio de la separación Iglesias-Estado. 

Casi inmovilizado por el enorme peso de la deuda heredada de la administración de César Duarte, el gobierno de Javier Corral abatió los niveles de la inversión en obra pública, reestructuró la deuda directa (por un monto superior a los 20 mmdp); ahorró mil 700 millones de pesos en el gasto corriente; elevó el endeudamiento en alrededor de 7 mmdp más -dos mil de los cuales son de un préstamo a corto plazo que no compromete aún más las participaciones federales- y debió enfrentar la pesada transición de la administración de Duarte con la propia, luego de hallar inmensos problemas burocráticos, además de los endeudamientos señalados y los procesos de adquisiciones y adjudicaciones de obras totalmente rebasados por la corrupción.

El principio

Entre muy escasos aciertos, su administración se debatió, desde los primeros días, en los escándalos generados por la irrupción masiva de militantes del PAN y parientes de los funcionarios del nuevo gobierno y, destacadamente, por la declaración de Pablo Cuarón, recién designado Secretario de Educación, quien descalificó, no solamente a su jefe, el gobernador Corral, sino al total de los políticos, al aseverar que “las promesas (de campaña) son del corazón, no de la razón”.

Esa declaración y la realizada por el nuevo mandatario -sobre la reanudación de las fotomultas en la ciudad de Chihuahua, asunto que había concitado la más grande oposición al gobernador Duarte-, amén de las informaciones que hablaban de un preocupante desaseo en la adjudicación de diversas obras y servicios, especialmente en la compra de un soft ware para la Secretaría de Hacienda y de algunos materiales y servicios contratados por Comunicación Social.

Todo eso ocurría justamente cuando las repercusiones, generadas por la publicación de los contratos y convenios de publicidad del sexenio anterior, aún no terminaban de producir el impacto buscado por el nuevo gobierno y que lo hicieron ver, ante muchos chihuahuenses, como un gobernante muy parecido al que tanto se había repudiado.

Pocas semanas después, el aumento de las tarifas de los derechos vehiculares, y de algunos rubros menores, como el cobro de las tarjetas de circulación, le generó al gobierno del amanecer su primera protesta social -aunque los choferes del transporte urbano ya habían protagonizado una inicial- de carácter más prolongado -y que persiste hasta los primeros meses del 2018, la del “Retén Ciudadano”, empeñado en abatir los costos de tal tarifa.

El otro rasgo lamentable de tan desastroso inicio de la administración fue la llegada de una pléyade de nuevos funcionarios y empleados a los segundos y terceros niveles que tenían como factor común el de ser familiares de alguno de los funcionarios del primer nivel.

El coordinador del gabinete, Gustavo Madero, el Secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, el sub Secretario de Gobierno, Ramón Galindo, el Secretario de Gobierno, César Jáuregui Robles, entre otros, y el mismo Javier Corral debieron emplear parte de su tiempo en justificar el nombramiento de sus parientes en los puestos públicos.

El colmo fue cuando el gobernador debió justificar el nombramiento de la esposa de Madero y “explicar” que el ex dirigente nacional del PAN no la había nombrado “lo hice yo y, entonces, eso no es nepotismo”.

La llegada de tantos militantes del PAN y de allegados a la función pública fue de escándalo ¿Cómo explicar que de improviso tantas personas quisieran acceder a la función pública, sin más antecedentes y en la mayoría de los casos sin llenar los perfiles para ello? Parecía el asalto del panismo a la función pública.

En esos primeros meses el desencanto fue la impresión generalizada.

El colmo, al final del 2016, fue la increíble postura del Secretario de Salud, Ernesto Avila, al recibir de manera indebida un bono “por desempeño” de 100 mil pesos, que de acuerdo a la normatividad le correspondía a quien ocupara ese cargo -por supuesto, luego de estar ahí por algún tiempo, no los escasos dos meses de Avila- y que, para justificar su aceptación (y la de un conjunto de más de 10 nuevos funcionarios, ninguno merecedor del bono) adujo cínica o ingenuamente: “Me dejé llevar, así me lo aconsejaron”.

Así, aunque no formara parte de los asuntos más importantes de la administración, pero sí del modo en que los nuevos gobernantes debían conducirse, con honestidad y congruencia, dos frases de los integrantes del gabinete lo retrataron: La de las promesas del corazón, de Pablo Cuarón -el Secretario de Educación- y de me dejé llevar.

Tal impresión no ha amainado, aunque ahora pareciera encaminarse a una percepción más favorable, luego de la realización y conclusiones de la “Caravana por la Dignidad”, la que le sirvió a Corral para desnudar las corruptelas del régimen y los mecanismos para el financiamiento de la operación electoral del PRI, a partir de la investigación y la detención de Alejandro Gutiérrez, ex Secretario General Adjunto del Comité Nacional de su partido, en la gestión de Manlio Fabio Beltrones, que pudo llevarlos a encontrar los posibles vínculos de tales personajes con el presidente Peña Nieto.

La consecución de un acuerdo entre el gobernante chihuahuense y el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, -destacado integrante del grupo Atlacomulco- impidió que la develación llegara a mayores.

El acuerdo contiene la aceptación del gobierno federal mediante la cual el de Chihuahua participará como coadyuvante del federal en el proceso de extradición de César Duarte; además de que el federal le entregaría 900 millones de pesos de los convenios no liquidados en el fin del año 2017. El gobierno de Peña obtendría a cambio el traslado de Gutiérrez al penal federal de Juárez, así como la promesa de Javier Corral de no controvertir la constitucionalidad de los convenios materia del diferendo.

Pero la percepción de esos afanes federalistas pronto quedarán superados con la decisión del grupo gobernante de impulsar a las candidaturas a varios de los integrantes del gabinete -y/o conexos, pero estrechamente ligados al mandatario estatal-, entre los cuales se encuentran Gustavo Madero, Coordinador del Gabinete; Rocío Reza, Secretaria de Desarrollo Municipal; Mario Mata, presidente de la Junta Municipal de Agua de Chihuahua; Ramón Galindo, Sub Secretario de Gobierno, Zona Norte; Miguel Riggs, Síndico de la capital; Georgina Bujanda, Secretaria de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y, hasta el cierre de la presente edición, se rumoraba la posibilidad de que César Jáuregui Robles, Secretario de Gobierno, accediera a una candidatura -él sostuvo en una entrevista que le gustaría “el senado”- que en el ámbito local se aseguraba a una diputación en el Congreso de Chihuahua, aunque no debiera descartarse un buen lugar en la lista de candidatos del PAN al senado.

Y es este aspecto, el de su activa participación en el proceso electoral del 2018, el que mayores críticas le ha deparado, las que  incluyeron la realización de la “Caravana por la dignidad”.

Al convocar a la celebración del “Encuentro Chihuahua: Problemas contemporáneos de México”, realizado en agosto del 2017, Corral, en la práctica, fue el impulsor de la creación de la alianza del PAN con el PRD y Movimiento Ciudadano (MC), para lo cual no tuvo empacho en usar los recursos públicos para hacerlo.

Al igual que su antecesor, los escándalos alrededor de las licitaciones y las adjudicaciones de compras en el sector salud, forman parte de los actos más criticados de la administración del amanecer, que opacaron a lo largo de la actual administración las detenciones y el sometimiento a juicio de más de una decena de colaboradores del ex gobernador César Duarte, aspecto que lo ha llevado a ocupar uno de los principales sitios en la opinión pública nacional pues son, sin duda, hechos notables en el combate a la corrupción gubernamental.

Como sus antecesores, en los actos públicos realizados con motivo de la presentación de los informes de gobierno, todo es positivo, los logros de la administración “superan lo realizado hasta ahora en Chihuahua”, pero solamente la confrontación de las cifras y logros, con lo realmente existente, nos podría dar una idea de los verdaderos éxitos de la administración encabezada por Javier Corral.

La impresión mayoritaria es que ha quedado a deber. Así lo dice la más reciente encuesta de la empresa Massive Caller a la “aprobación” del gobernador Corral: La encuesta, realizada a principios de año, el 7 de enero, arrojó que la evaluación sobre el trabajo del gobernador Javier Corral está polarizada. 

En tanto que casi la mitad -46.94%- lo califican de excelente o bueno, el 23.98% le dan una calificación de Regular y 29.08% lo califican de muy malo y malo.