Revocación partidizada

El Diario, 10 de abril de 2022

Luis Javier Valero Flores 

Hoy se pone en marcha el segundo ejercicio de una de las figuras señeras de la democracia participativa, la consulta sobre la revocación de mandato de un gobernante, -ya antes, en 2021, se había realizado la consulta acerca del enjuiciamiento, o no, de los expresidentes- y, como aquella, se realiza (después de elaborarse y aprobarse bajo las premuras de la urgencia política del momento) en medio de una gran controversia, centrada, no sobre la pertinencia, o no, de la permanencia en el cargo del presidente López Obrador, sino en todos los temas adyacentes, que son, ni modo, simplemente colaterales.

Problemas del origen: La ley de revocación de mandato fue aprobada gracias a la convergencia del bloque gobernante y el de oposición. No podía ser de otra manera pues Morena y aliados no contaban -ni cuentan- con la mayoría calificada para imponer tal figura, que tropezó, desde el inicio, con la pretensión del presidente de celebrarla el mismo día de las elecciones federales de mitad de sexenio. 

La oposición rechazó tal pretensión, sabedora de que iría con una enorme desventaja en caso de que, por pura asociación de ideas, el electorado apreciara que se trataba de una elección en la que estuviera en juego la permanencia del presidente López Obrador y ligara tal elección con la de refrendar los triunfos de Morena en 2018.

Los partidos del viejo régimen no se arriesgarían a tal pretensión y AMLO tuvo que ceder pues de otra manera no se aprobaría la legislación respectiva.

Y les salió un engendro.

La legislación de la revocación de mandato es un monumento a la antidemocracia: ¿Cómo es que aprobaron que los impulsores de la revocación, o que los de la ratificación del mandato no pudieran debatir públicamente sobre el tema?

¿Cómo fue que aprobaron que solo el organismo electoral tuviera facultades para organizar debates sobre el tema?

Y en esos afanes antidemocráticos coincidieron unos y otros; por distintas razones: El presidente que quería un mecanismo para aprovechar su indudable popularidad y lograr que se reflejara en la composición de la nueva legislatura federal y de las gubernaturas para consolidar su hegemonía política; y la oposición, sabedora de la profundidad de su crisis y de lo inerme frente a la fuerza del presidente, que no deseaba enfrentar directamente, nuevamente, a López Obrador en las urnas.

Pero lo protagonizado en los últimos días, por las fuerzas gubernamentales, no tiene parangón en el México de los últimos 30 años. 

Ni siquiera el PRI de Zedillo se atrevió a desafiar tan abiertamente, ni a las autoridades electorales, ni al marco legal vigente como la élite dirigente de Morena en los días previos a la consulta de revocación de mandato.

Las imágenes, discursos y posturas de los secretarios de Estado de López Obrador, de la Jefa de Gobierno de la CdMx, de los jefes militares; del uso abierto de recursos públicos en apoyo a la ratificación del mandato del presidente son evidencia palpable de la grosera, reiterada, soberbia e insolente violación, no sólo al marco legal vigente, sino al mínimo compromiso democrático, protagonizada de quienes gobiernan, hoy, nuestro país.

Son atrabiliarios y mentirosos. Desbocados, se lanzan contra el órgano electoral, acusándolo de sabotear la consulta cuando fueron los artífices del entramado legal que la hizo posible y al que los consejeros electorales no les queda más que obligar, a todos, respetarlo.

¿En qué cabeza cabe que la principal depositaria de los favores presidenciales para la contienda del 2024, sea quien encabece los afanes violentadores de la ley electoral y que, encima, se queje de que se le coarta su libertad de expresión, luego de escucharla en la arenga del pasado fin de semana, en la que, a pesar de las prohibiciones legales, insistió en declarar que al acto se presentaba “como ciudadana”, y como “jefa de gobierno de la CDMx”?

Inquieta, por decir lo menos, la cachaza del ahora Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, negando lo que es una certeza, su abierta, grosera, insultante, desproporcionada y desmesurada actitud de efectuar actividades proselitistas -viajando en avión de la Guardia Nacional y acompañado del Comandante de la misma- en favor de la ratificación del mandato de AMLO, en una abierta violación, no solo al marco legal vigente, sino también a las formas políticas a las que está obligado el responsable de la política interna del país.

Del mismo modo, que una senadora de Morena -a la que nadie de su partido contradijo- afirmara que denunciar el uso de los bienes públicos, como el avión de la Guardia Nacional, para acudir a actos proselitistas, “no era competencia del Senado”, ni de que, igualmente, la crítica al jefe de la Guardia Nacional, por su participación en los mismos actos proselitistas, fuera atribución de los senadores, porque, dijo, en una más que abierta proyección sicológica, el Gral Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional, estaba “bajo las órdenes del Comandante de las Fuerzas Armadas”, o sea el presidente.

Se equivoca, aunque sea un general, Rodríguez Bucio pidió licencia y formalmente su jefe es el secretario de seguridad pública. Se proyectan, no dejan de pensar en su pretensión de que toda la seguridad pública sea dejada en manos del ejército.

El comandante de la Guardia Nacional debe renunciar, o debe ser renunciado y el Instituto Nacional Electoral deberá establecerle un procedimiento sancionador pues el comandante cometió varios delitos electorales y de afectación al patrimonio público, además de violar la norma militar.

Para bien del país, hace muchos años dejamos atrás la participación abierta, directa, de las fuerzas armadas en la conducción política ¿Porqué tendríamos que abandonar tal decisión? 

De ahí la pertinencia de la aplicación de las sanciones establecidas en la ley para quienes la trasgreden.

El presidente juró respetar y hacer respetar la ley y de ninguna manera puede ahora esgrimir que usen la ley para obligarlo -a él y a sus subordinados directos, como en este caso- a acatarla. 

Está obligado a hacerlo, por simple congruencia democrática.

Y a eso están obligados quienes acudan a votar en la consulta de hoy. 

Por supuesto que quienes desean que se vaya el presidente tienen el derecho a manifestarlo, igual que quienes se han pronunciado por su permanencia en el cargo.

Del mismo modo, quienes decidan no acudir a votar, por las razones que sean, les asiste el mismo derecho, incluido el de llamar a no votar, así como los que, estentóreamente, desde las tribunas del poder político, han llamado a votar por la permanencia de AMLO en la presidencia.

Es más, a quienes han llamado a no votar, para que no se alcance el porcentaje del 40% del padrón electoral, les asiste la razón, la suya, para hacerlo -y es el colmo del mundo bizarro en que nos tocó vivir- pues alcanzar esa cifra sería lo único que acarrearía consecuencias legales -en caso de que la mayoría votara por la revocación del mandato- pues entonces el presidente tendría que dejar el cargo.

Y como es una certidumbre la de que no se alcanzará la cifra de alrededor de 37 millones de votantes el día de hoy, entonces, para los afanes ciudadanos, de quienes rechazan al presidente, la consulta no tiene mayor interés.

Así, la figura de la revocación de mandato deberá sufrir serias rectificaciones legales, en muchos aspectos, y adecuarse, para aplicarse en el ámbito local, para que presidentes municipales y gobernadores puedan ser sometidos a tales revisiones ciudadanas, cuyo afán determinante sea el de la ciudadanía, y no el de los partidos políticos, que se han apresurado, como en toda la vida política del país, a apoderarse de las que debieran ser, estricta y exclusivamente, herramientas de la sociedad.

LEY ELÉCTRICA: NI CONSTITUCIONAL, NI LO CONTRARIO.- La sesión de la SCJN arrojó, en los temas centrales de la ley impugnada, una votación mayoritaria de 7 ministros que la declararon INCONSTITUCIONAL, y una minoría de 4, que la declararon CONSTITUCIONAL. La ley sigue vigente, pero el hecho de que, mayoritariamente, se hayan pronunciado por la inconstitucionalidad da pie a que quienes se inconformen con la aplicación de la ley puedan tramitar, y obtener, amparos, pues muchos jueces de distrito y los tribunales se guiarán por el sentido de la votación de la sesión del jueves anterior. Los litigios, seguramente, se resolverán, muchos de ellos, en la Corte Suprema en la que, si prevalecen las opiniones expresadas en esa sesión, con mayoría simple, se resolverían en sentido contrario al pretendido por el presidente López Obrador.

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)