Ni a la “venezolización”, ni al regreso autoritario

El Diario, 6 de junio de 2021 

Luis Javier Valero Flores 

Dos pueden ser las principales consecuencias del proceso electoral que hoy tiene el principal de sus eventos, el de la emisión del voto: Que por medio de ese sufragio, el electorado mexicano le señale a las fuerzas políticas en disputa que deberán, necesariamente, convivir y relacionarse de manera distinta a como lo han hecho hasta ahora pues, muy seguramente, la combinación de los resultados electorales hará que los dos bloques político partidarios salgan avances en algunas de las metas trazadas previamente.

Tendremos un país, mañana lunes, en el que las fuerzas políticas habrán llegado a un estadio de mayor compartimentación del poder y deberemos  recordárselo a las dos fuerzas antagonistas: El día de hoy no vamos a dirimir si el país cae al abismo de la dictadura o si se regresa al viejo régimen autoritario del pasado.

Nada de eso, hoy estaremos celebrando una jornada, en el marco de la democracia electoral que los mexicanos nos hemos otorgado, en la que hemos sido citados a expresar mediante nuestro voto el rumbo del país, del estado y del municipio, que decidamos, cada quien en lo individual, o de quien deba representarnos en los espacios del poder público.

El problema es que ambos bloques, con sus posturas extremistas,  pretendieron llevarnos a una falsa disyuntiva: Ni todos los que apoyan a la 4T forman parte de las fuerzas de avanzada democrática; ni todos los opositores sea ubican en el campo de los viejos partidos del viejo régimen.

Dicho en palabras del analista René Delgado, “… a ambos (bloques) los tentó la idea de convertir la contienda electoral en una lucha eliminatoria sin reconocer dos cuestiones muy simples: ese no es el propósito de la democracia y, aun con ajustes, la correlación de fuerzas no se moverá tanto como el uno o la otra quisieran. Si, aun así, consideran que el único desenlace deseable y aceptable de la elección es acabar con el contrario, entonces más vale dejar de envolverse en la bandera de la democracia y cambiarle de nombre al juego porque el sentido de las elecciones es otro”.

“Desde esa óptica, es temerario hablar como si nada del supuesto dictador en ciernes, o del presunto golpismo en puerta porque, de tanto anunciarlo –ahí está el guion de Gabriel García Márquez y Luis Alcoriza–, se puede dar vida al presagio o alentar a quienes salivan con la acción violenta directa”. (El Financiero, 4/VI/21).

Una cosa es más que segura, el desarrollo de la contienda nos ha llevado a la necesidad de que el país discuta diversas reformas al marco electoral vigente, entre ellas la posibilidad de establecer la segunda vuelta electoral, que ahora ha adoptado la modalidad de declinaciones de candidatos -sobre todo en las contiendas a gobierno de los estados- para la elección los titulares de los poderes ejecutivos de los estados y de la federación.

El mecanismo es simple: Si nadie obtiene el 50% más uno de los votos en la primera vuelta, entonces el primer y el segundo lugar van a una segunda vuelta, con lo que todas las fuerzas se nuclearán alrededor del candidato con el que se mantenga más coincidencias y podrían establecerse compromisos de gobierno, de frente al electorado, de tal manera que le posibilite a los ciudadanos tomar su decisión con más elementos a la hora de votar.

Otro asunto será superado el día de hoy, que se develó a partir de las descalificaciones presidenciales: La vigencia de los actuales organismos electorales, los que, en prácticamente todas las encuestas en las que se consultó acerca de la confianza ciudadana en ellos, se ubica en los primeros lugares.

Sin duda, deberán hacerse diversas mejoras, tanto del Instituto Nacional Electoral (INE), como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero, y son muchas las opiniones coincidentes, la experiencia acumulada por el INE en la organización y conducción de las elecciones estamos obligados a mantener.

No se trata solamente de este instituto, sino de la tradición construida a lo largo de un cuarto de siglo de elecciones competidas en las que el electorado, no solo acudió a votar, sino que cuidó, organizó y condujo las elecciones en este lapso, fundamental para la consolidación del modelo democrático electoral mexicano.

Evidencias de esa tradición la tendremos el día de hoy, a lo largo de toda la jornada, en la que, con excepciones, los ciudadanos que fueron sorteados para actuar como funcionarios de las casillas, acudieron a prácticamente la totalidad de las mesas receptoras del voto y cuya tarea culminará hasta muy avanzada la noche de hoy, a pesar del clima de inseguridad imperante en muchas zonas del país.

¿Que deberemos construir organismos electorales en los que los funcionarios dejen de pertenecer -por sus privilegios- a la casta dorada que condujo el país en el pasado? Por supuesto, sí, pero a diferencia de lo realizado con otras dependencias, figuras jurídicas, organismos y programas, la reforma de los organismos electorales, necesariamente, deberá hacerse a partir de lo mucho de positivo que poseen y de ninguna manera echar abajo lo que nos costó más de 5 décadas construirlo.

Solo basta, para ubicar lo anterior, la negra historia de fraudes electorales del pasado y algunos no tan lejanos, pero que fueron realizados mediante mecanismos completamente distintos a los de aquel pasado.

Tema central es el de la revisión del financiamiento a los partidos políticos y candidatos.

De ninguna manera deberá desaparecer el financiamiento público a ellos, lo necesario a corto plazo es la modificación de las reglas de la asignación del financiamiento. Sin duda que las carretadas de dinero público otorgadas a los partidos son excesivas y, además, mal empleadas en términos de presentar la mejor publicidad, o mejor dicho, en la obtención de un mejor modelo de comunicación partidaria y/o de los candidatos.

Con todo y lo repudiable que sea para algunos ciudadanos el hecho de que las actividades de partidos y candidatos se realicen con recursos públicos, eso constituye el mejor mecanismo para evitar que los poderes fácticos, los legales y los ilegales, se apoderen de la voluntad de quienes aspiran a ocupar los cargos públicos, mediante el financiamiento de sus actividades y que después se lo cobren con creces.

Si de por sí, el financiamiento ilegal a las campañas electorales hoy se efectúa a raja tabla, a tal grado que, incluso, es varias superior al aportado por el INE a los contendientes electorales, lo que debiera obligar a los gobernantes (y no solo quienes están en el gobierno federal) a legislar para volver aún más difícil la participación del financiamiento ilegal a las campañas.

Idealmente las medidas anteriores tendrían como consecuencia la construcción de partidos más sólidos, a partir de la participación de militantes más activos en la vida partidaria y a que los candidatos y partidos dependieran menos del actual modelo de comunicación electoral, basado, casi exclusivamente, en la repetición cansina de anuncios radiofónicos y televisivos que hartan.

Más debates y menos spots; más paneles o seminarios con los candidatos y menos espectaculares y anuncios en los medios digitales que todo lo inundan; y designación de funcionarios electorales ajenos a las filias y fobias partidistas.

En el pasado -que continúa al presente con los actuales integrantes del Consejo General del INE- se eligieron con base en las cuotas partidistas. Eso debe acabarse y ahí deberá verse el compromiso del presidente con ello. Solo así podrá avanzarse en la difícil tarea de construir un régimen cada vez más democrático.

Probablemente a eso acudan a las urnas millones de mexicanos.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF