Miedo y desencanto

Aserto 169, octubre 2017

Luis Javier Valero Flores

¿Sabría el gobernador electo, Javier Corral, la dimensión de los problemas a los que se enfrentaría?

Vamos ¿El candidato de las frases lapidarias en contra del ex gobernador César Duarte sabría de la poca tolerancia ciudadana -sí, no de toda, pero sí de la más crítica, la no identificada con partido alguno y la que decidió votar por el panista- para con su gobierno y que no estaría dispuesta a aceptar similitud alguna con el pasado?

Es probable -de acuerdo con las evidencias al alcance de la mano- que no es así. Lo ocurrido a lo largo de un año pletórico de acontecimientos así lo demuestra. A no querer, ha logrado que se evoque al pasado reciente, en varios de sus rasgos más deleznables.

Lejos quedaron las promesas de la plena división de poderes y del absoluto respeto al Estado de Derecho, así como el de permitir que funcionarios alejados de su entorno fuesen los encargados de vigilar el ejercicio del presupuesto, los lamentables episodios mediante los cuales removió a los personeros de César Duarte en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (Gabriel Sepúlveda) y de la Auditoría Superior del Estado (Jesús Esparza), podrían tener la explicación -y nunca la justificación- de que formaban parte del equipo del ballezano; pero la remoción del presidente del Ichitaip, Rodolfo Leyva y la imposición de Armando Valenzuela en la Auditoría, reflejan claramente la intención de dejar en manos de los cercanos la revisión de las cuentas públicas, así como el de las conductas de su gobierno en materia de transparencia.

El episodio tiene, además otro ingrediente deplorable: La acusación del Consejero Leyva de que su remoción obedeció a su negativa para nombrar como Secretario Técnico del Ichitaip al esposo de Stefany Olmos, Ricardo Gándara, lo que cerraría los mecanismos de control mencionados arriba pues Olmos es la Secretaria de la Función Pública, encargada, por tanto, de al vigilancia de los actos del aparato estatal.

Otra remoción ilustradora de las pretensiones del ocupante de la silla principal de Palacio es la del diputado Miguel Latorre de la coordinación del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, para dejar en su lugar a un legislador “cómodo” a las directrices del gobernante, 

A tales episodios se sumaron los del nombramiento del sacerdote Javier Avila en la Comisión de Atención a Víctimas y la de Lucha Castro en el Consejo de la Judicatura, ambos señalados de violatorios de los requisitos exigidos para ocupar dichos cargos.

Alejados los señalamientos de los primeros días, los relacionados con el arribo al gobierno de decenas de familiares de varios de los más encumbrados funcionarios de Javier Corral, parecieran estar olvidados, merced al alud de acontecimientos, pero ahí está presente uno de los rasgos más lamentables del  regreso de los panistas al poder.

Incapaz de alejarse de las dulzuras del ejercicio del poder, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, cedió a la tentación de los actos emblemáticos del presidencialismo de siempre.

Celebró el primer año de gobierno a la más vieja usanza, rodeado de los suyos, rigurosamente seleccionados, sin resquicio alguno para la objeción, el grito crítico, la interpelación de la oposición, o los discursos de algunas de las fuerzas políticas de oposición, no, nada de ello, el recuento de las muchas obras y acciones realizadas, a las que se empeña en adjudicarle a los medios de comunicación que no son reconocidas ni mencionadas.

Sin la obligación de presentar un informe al primer año de su gestión, cosa a la que sí está obligado el próximo 1 de marzo, Corral realizó un evento al que denominó “Balance” del primer año.

Impulsores, los panistas, en el Congreso de la Unión, allá en el centro del país, lejos de Chihuahua, de las reformas democráticas en la rendición de cuentas, de los nuevos formatos de los informes de gobierno; acá, en su tierra, ni siquiera se acuerdan que promovieron tales reformas, para que los informes de gobierno dejaran de ser los actos “faraónicos”, laudatorios, ensalzadores de los gobernadores y presidentes de la república.

Nada de eso ocurrió el 4 de octubre pasado, al contrario, hubo contratación de radio y televisión, casi en cadena estatal; único orador el gobernante, antecedido del ya clásico video con el recuento ilustrado, con muy hermosas imágenes, de los actos del titular del Poder Ejecutivo.

Lo que esperaban los chihuahuenses eran otras cosas; lo contrario al pasado, el ejercicio del poder de manera republicana, como se prometió en la campaña, con austeridad. Los más optimistas, los demócratas, aspiraban a un gobernador reformador, comprometido con todas las reformas impulsadas allá, en México, y postergadas, acá, por el ejercicio del poder que atrapa, omnímodo, a quien osa ejercerlo en Chihuahua, hasta ahora.

Por supuesto uno es el balance realizado por el gobernante y otro el de la sociedad, o mejor dicho, el que efectúan los diversos segmentos de la sociedad.

La visión del gobernante

Javier Corral, en un párrafo, sintetizó lo que ha pretendido, hipotéticamente, realizar con su administración: “Este es un balance de logros y retos, de lo que hemos hecho en torno de varios de los objetivos esenciales, como los esfuerzos de austeridad, ahorro y disciplina en el gasto, para sanear las finanzas públicas e ir sacando poco a poco a Chihuahua de la bancarrota, transparentar y reorganizar al gobierno, para devolverlo a su misión de servicio público, castigar la corrupción política, orientar la acción gubernamental en favor de los que menos tienen y más han esperado, reconocer y fomentar la participación ciudadana en los ámbitos de decisión, reforma del poder y democracia efectiva;  e instaurar un referente nacional de compromiso en la defensa y protección de los derechos humanos y la inclusión social”.

Y describió las catastróficas condiciones con las que recibió el gobierno del estado. No pareciera una exageración lo asentado por Corral: “En octubre del año pasado, para mantener en circulación las patrullas de la policía estatal, había que pagar por adelantado a las estaciones de gasolina y a los talleres de mantenimiento. Los hospitales privados estaban a punto de negar el servicio a maestros, trabajadores del Gobierno del Estado y sus familias, ante la falta de pago, mientras que en los hospitales estatales faltaban hasta los insumos más básicos. Los sistemas computacionales pendían de un hilo ante la falta de actualización y pago de licencias, la suspensión de servicios como telefonía, Internet y electricidad era inminente, y más de 800 pequeños y medianos empresarios temían por el futuro de sus negocios, ante la alta probabilidad de que el gobierno no liquidara sus deudas y sus empresas fueran a la quiebra”.

Los logros, de ser cierta la información, sí los hay, son de poca monta, pero se refieren a muchos de los adeudos y rezagos de las administraciones anteriores, especialmente la de César Duarte, como por ejemplo los pagos a proveedores, la liquidación de los adeudos con organismos públicos, fideicomisos y los otros Poderes del Estado, así como los ahorros en “la contratación de asesorías por $773 millones de pesos, en comunicación social por $573 millones de pesos, solo en la administración central”, la venta de vehículos y la donación a municipios ¿A todos, sin distinción partidaria?, lo que significó un ingreso de 12 millones de pesos.

Hagámonos cargo que Corral y su equipo están dirigiendo una administración quebrada financieramente y la búsqueda de los ahorros se convierte, casi, en una obsesión del gobernante, ante la cual hechos como el gasto en pintura de las casetas y otros inmuebles, así como el ejercido en materia de imagen parecen desproporcionados.

De ahí que aparezca como un exceso el haber empleado tanto tiempo, esfuerzos y desgaste político, en la reestructuración de la deuda, si el ahorro, en términos del gasto total, parece menor al que se pudiera obtener de auténticas medidas de ahorro presupuestal.

Pero las omisiones, o las exageraciones, dan margen a la crítica, especialmente en el rubro del transporte urbano cuando, en el afán de ensalzar la labor desarrollada por sus subalternos, elogió el trabajo de su Secretario de Gobierno, César Jáuregui Robles, en esta materia, lo que, sin duda, constituye una falsedad. De ninguna manera el transporte urbano, más allá de la ruta troncal, ha mejorado ostensiblemente, se mantiene, con leves cambios, en las mismas condiciones del selenio anterior.

Por ese factor, el de la desatención a cerca del 20% de la población, los usuarios del transporte, perdió el PRI a la mayor parte de su base social, hoy está al garete y todos los días, a mañana, tarde y noche, enfrentada a la infausta realidad del traslado a trabajo, escuela y casa, a la tortura cotidiana que no logra ser asimilada por los gobernantes, de ningún tipo, que los lleva a emplear entre dos y media horas a tres diariamente en un transporte urbano pésimo.

Sí es destacarse el hecho de haberles fincado cargos a varios de los funcionarios del duartismo, fincándoles responsabilidades de distinto rango, pero todos relacionados con el abuso del presupuesto público, pero que le pesa, en la percepción popular, el hecho de que el ex gobernador César Duarte aún no se encuentre tras las rejas, como lo exigen miles de ciudadanos.

El problema de Corral en este tema son las regulaciones jurídicas y la impedimenta para detenerlo, hecho que el activista Jaime García Chávez le reprocha pues, si se recuerda, le propuso públicamente que antes de tomar posesión se efectuase una vasta movilización a fin de impedir que Duarte terminara su mandato y se presionara al gobierno de la república para que lo defenestrase.

Repitió Corral Jurado que ha sido un año de “limpiar la casa” tratando de justificar esencialmente la falta de resultados sobresalientes durante estos primeros 12 meses de ejercicio gubernamental.

La seguridad pública, un desastre

Quizá el principal problema de la actual administración, además de los problemas financieros y la confrontación de Corral con “los medios de comunicación”, lo constituya la seguridad pública

Intentó Corral reivindicar el trabajo de la Fiscalía General del Estado en materia de seguridad “aunque los medios de comunicación no lo quieran reconocer, salvo honrosas excepciones”.

Pero en el curso del año se incrementó la incidencia de los homicidios en  más del 60%, al llegar  a más de mil 901 homicidios durante el primer año del gobierno de Javier Corral, con un promedio de más de cinco diarios. “Tampoco ha resuelto los crímenes de alto impacto, entre ellos los de los periodistas Miroslava Breach Velducea y Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, y masacres y enfrentamientos en varios puntos del estado”. (Nota de Rubén Villalpando, La Jornada, 5/X/17).

Según el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos tres meses de 2016 se cometieron 453 ejecuciones en la entidad., más otras mil 448 crímenes, para un total de mil 901.

Para ese salvaje incremento cuentan los múltiples enfrentamientos de las bandas criminales en la zona occidente del estado, las masacres en bares y centros de rehabilitación, así como de la continua cuota de ejecuciones, ante las cuales la impotencia y la inmovilidad son las respuestas permanentes, lo que dió pie, incluso, a la aseveración del Gobernador Corral de haber recibido propuestas para negociar con los grupos criminales, ante el alud de criticas, sustentadas en que no debería, tan solo, anunciar el hecho, sino de denunciar las vías y los mensajeros de tales propuestas, adujo que el gobierno anterior, por las informaciones recibidas de policías municipales, había pactado con tales bandas criminales.

En dislates semejantes ha incurrido en el caso de los periodistas asesinados, un día después del balance presentado en la capital del estado, dijo: “Ya están resueltos los homicidios de Adrián Rodríguez y de Miroslava Breach, pero aún se trabaja en determinar la estrategia para capturar a los responsables”.

Entonces, no están resueltos, aquí no puede actuar como en el caso del exgobernador, en el cual giró las órdenes de aprehensión, pero como está en el extranjero, no le corresponde, ni está dentro de sus facultades, detenerlo.

No, aquí, si ya están resueltos los casos, entonces deberá actuar y detenerlos, pero lleva meses “determinando” la estrategia para hacerlo y, como en el caso de Duarte, utiliza la misma estratagema, "como pertenecen al crimen organizado los asesinos de Miroslava, se necesita el apoyo de las fuerzas federales para la estrategia de captura”.

¿Qué dijo?

¿Entonces, si no hay decisión del gobierno federal no habrá detención de los asesinos de Miroslava?

Igual ocurrió con su seguridad personal. 

El mensaje es aterrador, el gobernante de la tercera entidad más peligrosa del país, nos dice que sólo él y su equipo de seguridad saben “de las que se han salvado”.

Entonces la inseguridad está peor de como la sospechamos -o, más bien, la vivimos- pues si el gobernador de Chihuahua ha sufrido atentados, que está estudiando la estrategia para detener a los asesinos de los dos periodistas caídos en su administración y le han hecho propuestas de negociación con el crimen organizado, quiere decir que estamos en la plena indefensión.

Y la terca realidad se le impone a cada momento. Justo al momento que emitía su balance, se desataba una terrible balacera en el corredor entre Cuauhtémoc y Rubio, así como en calles de la metrópoli de La Tarahumara.

Al día siguiente, el jueves, se suspendieron las clases. Pero todo ello no le mereció un solo comentario al gobernante, en el informe del presidente municipal de ¡Cuauhtémoc, realizado ese mismo día!

Probablemente el mejor balance en esta materia provenga de uno de los mejores especialistas en el tema, Edgardo Buscaglia, (experto de la Organización de las Naciones Unidas entre 2001-2003 en Viena, Austria y como jefe de asesores de la Organización de las Naciones Unidas entre Junio del 2010 y Junio del 2011 en Afganistán, además de asesor externo de la ONU para el Entrenamiento e Investigación -UNITAR- entre el 2004 y el 2008; también 

Entre 2004 y el 2006 también se desempeñó en Kabul (Afganistán) y Pakistan como Jefe de Misión a cargo del programa de entrenamiento de la totalidad de jueces y fiscales afganos especializados en delincuencia organizada y terrorismo para la organización International Law and Development Program. También fue asesor/consultor del Banco Mundial entre 1989 y el 2000 y "guest speaker" del Departamento de Estado estadunidense en numerosas oportunidades desde 1999.

integrante de la ______ de la ONU, quien realizó un lapidario balance del primer año de Javier Corral al frente del gobierno de Chihuahua, una de las entidades más importantes en el trasiego de droga: “Corral… no propuso ni adoptó ninguna limpieza patrimonial del sistema judicial al estilo Colombia o Italia, no adoptó ningún tipo de ley de redes de auditorías ciudadanas al estilo Brasil, USA, Canadá o Italia, no propuso y menos aún actuó para establecer auditorías independientes del dinero electoral mafioso que hoy es la principal raíz de la violencia organizada extrema en México”. (Nota de Itzel Ramírez, El Diario/Juárez, 6/X/17).

Buscaglia cuestionó el trabajo de 12 meses del gobernador particularmente en lo referente a la justicia y los derechos humanos. “Corral pertenece a esta fauna que mucho habla, mucho reparte y ningún resultado objetivo muestra”. (Ibídem).

Como lo ha sostenido reiteradamente, Buscaglia aseveró que Corral no realizó, o inició el combate al crimen organizado pues no hay, afirmó, una “reducción objetiva de la delincuencia organizada de Chihuahua en sus 23 vertientes, como la disminución de la explotación laboral y de la esclavitud sexual/laboral de mujeres y niñas  en Chihuahua, o la reducción significativa de la pobreza”. (Ídem).

Buscaglia, además, criticó la pretensión del gobernador Corral de crear una red de medios públicos (estaciones de radio y televisión, además del semanario Cambio 16), “al considerar que tal acción servirá para crear un aparato de propaganda que le sirva para promover su imagen de cara a la búsqueda de otros cargos políticos…. A este sistema obedece el aparato propagandístico de concesiones de medios, que sin saberlo o a sabiendas, terminará fomentando más crimen organizado en la política de Chihuahua y de México”. (Ibídem).

Ante la suma de promesas realizadas en la ríspida campaña electoral del 2016, con dificultades se aprecian los avances, algunas de ellas ya totalmente olvidadas, como la de la creación de una Ley de Coordinación Fiscal que beneficiaría a las ciudades que más aporten, sin que hasta la fecha se haya presentado iniciativa alguna. Del mismo modo ocurrió con la promesa de entregar las juntas municipales de agua y saneamiento a las autoridades municipales. Ha sucedido lo contrario.

El transporte urbano se ha convertido, al igual que en el gobierno de César Duarte, en el principal rezago social de su administración. En campaña prometió que lo mejoraría, que no habría servicio caro y autorizó un alza a la tarifa de seis a nueve pesos (un alza del 50%, pero si se toma en cuenta que antes existía el sistema de 6 pesos-2 pesos y 0 pesos, dependiendo si el usuario tenía necesidad de efectuar transbordos.

Si desearan efectuar los mismos movimientos, entonces el costo sube a 18 pesos ¡Tres veces la tarifa anterior! y sin que hubiese una sensible mejoría en la prestación del servicio.

El gobernador y los medios

Atrapado, en tan solo unos cuantos meses, por el ejercicio del poder, el gobernador Javier Corral se aleja a pasos agigantados del polémico parlamentario que fue a lo largo de su extendida carrera política.

Su relación con los medios es uno de los temas torales de la actual administración.

No podía tener viabilidad un régimen autoritario sin el control sobre los medios de comunicación. Eso hicieron los gobiernos priistas a lo largo de casi siete décadas, continuados casi a la perfección por los gobernantes panistas.

El régimen del partido casi único otorgó prebendas y concesiones de radio y televisión, y jugosos contratos a los medios subordinados y sólo a quienes les garantizaban lealtad al régimen. Con el dinero público controlaba todo, incluida la voluntad de los empresarios para ordenarles en cuales medios publicitarse y en cuales no.

Al paso del tiempo, y de manera natural, eso originó que la mayoría de los propietarios de los medios de comunicación, y de una aplastante mayoría de conductores de radio y televisión, de analistas y editorialistas, fueran simpatizantes del partido casi único.

Tal estado de cosas prevalece hasta nuestros días, obviamente con diferencias mayores, merced al empuje de la sociedad y de muchos periodistas ansiosos por practicar, de manera profesional, el periodismo, con las, también naturales, trabas para la existencia de auténticos intentos empresariales periodísticos con ese sello, debido a la persistente creencia que la publicidad gubernamental es una “concesión” del gobernante a los propietarios de los medios de comunicación de este tipo, de ahí la frase del presidente José López Portillo a Julio Scherer, director de la revista Proceso: “No pago para que me peguen”.

Como si el dinero de la presidencia fuera de su propiedad.

Bueno, pues ese es el tema central de la relación del poder con los medios de comunicación. ¿Quien duda que el dinero del gobierno de Chihuahua, en el sexenio anterior, se usó discrecionalmente para, no solamente controlar a la mayoría de los medios, sino para difundir las cosas que César Duarte deseaba que se conocieran?

Y no se trataba solamente del dinero, sino, también, de las coincidencias políticas de una parte importante de los empresarios de los medios con el gobernador ballezano.

Todas las semanas nos amanecíamos, en prácticamente todos los portales  digitales de noticias y estaciones de radio y tv, que Duarte se nos iba a “las ligas mayores”.

Alcanzar, o mantener, espacios en los medios impresos o electrónicos para el periodismo crítico, profesional, en esas condiciones, era extremadamente difícil, se necesitaba, literalmente, caminar en el filo de la navaja.

Hubo, en esos días, honrosas excepciones, entre ellas, El Diario de Juárez y  la estación de radio en la ciudad de Chihuahua, Antena-GRD Multimedia, además de algunos más.

En ese entorno actuamos, y eso por lo que se refiere a la relación con los hombres del poder público, falta referirse a los del poder de la oscuridad, de la delincuencia, organizada o no.

No era fácil, no lo sigue siendo, y como prueba palmaria ahí está el asesinato de Miroslava Breach, compañera de muchas aventuras periodísticas, entre ellas la revista Aserto, dirigida por el escribiente hace ya 14 años.

Cambiar tal estado de cosas y contar con los medios de comunicación acordes con ese reclamo democrático requiere un compromiso mayor, y una muy inteligente respuesta del gobernante. 

Javier Corral debía saber que al llegar al gobierno tendría en contra a la mayoría de los medios de comunicación, por muchas razones, no solamente la económica, su triunfo desmanteló una hegemonía política, extendida a vastas áreas del quehacer público de Chihuahua, en vísperas de la elección presidencial.

De ahí que enfrentar las críticas realizadas por la prensa no se puede hacer desde la postura fácil de que las motiva el fin de las prerrogativas del régimen, máxime cuando quien gobierna ha cometido muy variados errores, algunos de los cuales lo equiparan, en el ejercicio del poder, a su antecesor.

Detengámonos en un solo aspecto, el de la contratación de publicidad gubernamental. Duarte repartió “igualas”, es decir, cantidades de dinero bajo una enorme discreción, sin ningún criterio que pudiera permitir la cuantificación de los servicios prestados por los medios de comunicación, nunca se supo en cuanto tasaba la plana de los medios impresos, el spot de radio y televisión o los anuncios (banners) de los portales digitales; o el monitoreo de los medios de comunicación, la compra de mantas, espectaculares, etc.

Además, para aparentar que actuaba correctamente incluía a algunos otros medios (los llamados alternos) pero siempre con la política de la zanahoria y el garrote y el uso discrecional del dinero público.

Esa era la esencia de los llamados “convenios”, tan citados por Corral, de ahí que al llegar al gobierno lo “normal”, lo esperado, es que actuara de manera contraria a aquel y que, por tanto, se diera fin a la discrecionalidad.

Por desgracia no parece ser así, por lo menos en sus primeros doce meses, la compra de espacios publicitarios sigue siendo discrecional, como la propaganda encubierta, transmitida en radio y tv bajo el nombre de “Puntualizando” que no es más que gacetillas que sólo al final, y casi de modo clandestina se le hace conocer a los usuarios que se trata de “información” de Comunicación Social del Gobierno de Chihuahua, propaganda, pues.

La contradicción es el rasgo descollante, debido a que uno es el discurso y otra la realidad.

El nepotismo

Rebasado por el cúmulo de acontecimientos ocurridos a lo largo del primer año de gobierno, uno de los aspectos que más controversia despertó fue la desproporcionada forma en que los panistas asaltaron, literalmente, asaltaron la nómina de gobierno del estado.

Tal exceso fue justificado por quienes apenas año y medio criticaban acremente lo realizado por el gobernador Duarte en su momento y utilizaron los mismos argumentos que sus antecesores: “Los nombramientos no fueron realizados por los funcionarios, parientes de los señalados, los hice yo y no hay nepotismo… Quienes llegaron a puestos públicos en la actual administración 'lo hicieron por su talento’”.

A manera de broma, en el sexenio de César Duarte, se dolían los chihuahuenses, en tono festivo, del enorme número de los familiares del ex gobernador. Aparecían en prácticamente todas las dependencias, y si no eran, tan solo por los apellidos se infería que sí.

Claro, en los primeros años cayó como una mala novedad, luego, ese ánimo cambió hasta casi identificarse como sinónimo de corrupción.

El PAN, con distintos tonos y en muy variados niveles de crítica, en ese sexenio, deploró que se usara la nómina estatal para dar cabida a una buena cantidad de familiares, tanto del mandatario, como de sus funcionarios más cercanos.

Hoy, los gobiernos del PAN, y no sólo el de Javier Corral, han caído -y los reportajes de El Diario así lo ha evidenciado- en aquella situación. En vano nos intentan convencer que no violan la ley, sabedores de que aún siendo así, la falta es mayor, su actuación los hace ver como el nuevo grupo político que ha tomado por asalto el Palacio de Gobierno.

Sorprende que personas a las que la fama pública les reconocía ser hombres con conductas honorables cayeran, probablemente no en corruptelas, pero sí en acciones irregulares y definitivamente lejos de la ética necesaria para actuar de manera distinta a los de sus antecesores en la administración pública.

Por supuesto que nada tenemos en contra de Estefany Olmos, Miguel Riggs, Ignacio Rodríguez, Armando Valenzuela y Ernesto Avila, pero aceptar que el esposo de la primera buscara ser consejero del Instituto de Transparencia (primero, y luego secretario técnico) a pesar del evidente conflicto de interés con la Secretaría de la Función Pública; o que la hermana del Síndico Riggs creara una empresa y ésta se beneficiara de compras por adjudicación directa, a pesar de superar los límites legales; o que el contador Rodríguez no se diera cuenta que no cumplía con el requisito de no haber sido candidato en la elección inmediata anterior y, a pesar de ello, inscribirse y luego protagonizar uno de los peores escándalos del grupo gobernante; o el caso del contador Valenzuela, integrante del grupo más cercano al actual gobernador y aceptar convertirse en el fiscalizador de su amigo Javier Corral.

O el caso del Dr. Avila, a quien “convencieron” de aceptar un bono de 100 mil pesos al que, evidentemente, no tenía derecho, aceptado en el momento que declaraba, junto con su amigo, el gobernador, que no había dinero ni para comprar gasas en los hospitales.

¿Qué les pasó a todos ellos, a quienes sus allegados les reconocen probidad?

¿Qué les pasa a los integrantes del actual grupo gobernante, que han debido emplear una parte importante de su tiempo para justificar las capacidades de los parientes de sus compañeros de gabinete, igual que hacía César Duarte en el sexenio pasado?

La lista de quienes llegaron al gobierno abruma, desilusiona, enerva, indigna y más el modo en que se intenta justificar: Que la Secretaria Olmos investigue si violamos la ley o no.

¿Dónde quedaron las propuestas de ciudadanizar la función pública y someterse al arbitrio ciudadano? ¿Porqué no llamar a ciudadanos probos, ajenos a las filias partidistas y que sean ellos quienes determinen si los nombramientos realizados -hasta el tercer y cuarto nivel- están lejos de los afectos de los funcionarios del primer nivel?

Porque no se trata solamente, y es un asunto que no han asimilado los integrantes del gobierno del nuevo amanecer, que más allá de la ley están obligados a que su actuación se ciña a lo contrario que hizo el anterior grupo gobernante.

Porque, incluso con la ambigüedad de la legislación en el ámbito estatal, sí incurren en alguno de los supuestos señalados por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua.

¿De veras podemos creer que cualquiera de los funcionarios del primer nivel del gobierno de Corral, interrogados al respecto, no hubiesen opinado a favor del nombramiento de su esposa, hermana, cuñado, sobrino, primo, etc., como ahora vemos fueron designados?

La lista es grande. De ella se salvan algunos cuantos, sólo por una razón, la de que ya eran servidores públicos a la llegada del amanecer a Chihuahua, entre ellos, por ejemplo, los hermanos de Carlos Borruel, quienes ya eran agentes de tránsito en la ciudad de Chihuahua, o la hermana de Víctor Quintana, funcionaria de la Secretaría de Educación de hace tiempo.

Podrán argumentar mil y una cosas. No tienen justificación, la llegada de los parientes de los panistas, militantes ellos mismos -la mayoría- al gobierno de Chihuahua es uno más de los inconcebibles errores de quienes llegaron con tan altas expectativas a la administración pública estatal.

La lista es extensa: “Al menos 28 funcionarios de primer y segundo nivel y mandos medios del gobierno de Chihuahua, entre ellos el gobernador Javier Corral Jurado, tienen parientes directos y políticos que cobran en la nómina del gobierno estatal. (Nota de la Redacción, Diario de Chihuahua, 25/IV/17)

“Bajo las órdenes directas de Corral Jurado, por ejemplo, se encuentra su cuñada, Yadira Zelene Ortiz Gamboa, hermana de su esposa Cinthia Aideé Chavira Gamboa. Su plaza es de secretaria de Titular de Dependencia en el despacho del Ejecutivo”. (Ibídem).

“Otros funcionarios de primer nivel con familiares en el gobierno son: César Jáuregui Robles, secretario General de Gobierno; Gustavo Madero Muñoz, coordinador ejecutivo de Gabinete; el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez; la secretaria de Desarrollo Municipal, Rocío Reza Gallegos; el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra; y el coordinador de Comunicación Social, Jesús Antonio Pinedo Cornejo”. (Ibídem).

La revisión realizada por el periódico arrojó que 76 personas son familiares y ocupan diversos cargos públicos y la mayoría ocupa puestos de primer nivel y de confianza: “Los parientes del gobernador que cobran en la nómina estatal son: su concuño Carlos Alejandro Silva Carrasco, esposo de Yadira Zelene Ortiz Gamboa, así como los hermanos Jorge Antonio y Ramón Alberto Gamboa Armendáriz, primos hermanos de Cinthia, esposa de Corral.

Carlos Alejandro trabaja en el Departamento de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural, Jorge Antonio es asesor técnico en la oficina del director de Gobernación que depende de la Secretaría General de Gobierno; y Ramón Alberto, es coordinador de Recaudaciones de Rentas en el estado, puesto que depende de la Secretaría de Hacienda”.

No es el único hallazgo de ese tipo. Javier Corral nombró como su secretario particular a José Alberto Luévano Rodríguez, compadre de Ramón Alberto (el primo de la esposa de Corral) y la esposa, Claudia Rocío Javalera Tarín, es secretaria en la Coordinación General del DIF municipal de Chihuahua.

Hay más: La esposa de José Alberto Luévano –Diana Sofía Guerra Rivera– fue contratada también como jefa de Departamento de Servicios de Seguridad Privada en la Fiscalía General del Estado (FGE).

A su vez, Brenda Leticia Jáuregui Robles, jefa de departamento de la Coordinación de Atención Ciudadana en la Secretaría de Educación y Deporte, es hermana del Secretario General de Gobierno, César Alejandro Jáuregui Robles.

La esposa de Gustavo Madero Muñoz, Jefe del Gabinete, María Eugenia Falomir Morales, fue nombrada directora de Grupos Vulnerables en la Secretaría de Desarrollo Social; y uno de los primos de Madero, en segundo grado, José Antonio Villalobos Madero, es jefe de División de Suelo e Infraestructura de la Coesvi.

Teresa Fuentes Vélez, la hermana del secretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez, encontró trabajo como directora de Alimentación y Desarrollo Comunitario en el DIF estatal.

Otro caso del primer nivel: El esposo de la secretaria de Desarrollo Municipal, Rocío Reza, Marco Antonio Ordoñez Hernández, es ahora el director administrativo del DIF estatal; y la hermana de Rocío, Rubí Mariana Reza Gallegos, está contratada en calidad de “personal especializado” de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, donde se desempeña como vocera.

“Además, César Enrique Juárez, pareja de Rubí, es procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el DIF estatal; y Sandra Lorena Reza Corona, prima de la secretaria de Desarrollo Municipal, es capturista de datos en el Registro Público de la Propiedad”. (Ibídem).

“Otro funcionario de primer nivel que tiene familia en la administración estatal es el coordinador de Comunicación Social, Jesús Antonio Pinedo Cornejo, cuyo hijo Pablo Pinedo Díaz, trabaja en el Departamento de Contabilidad de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez”. (Ibídem).

Ante los señalamientos, el gobernador Corral aseguró, sin más pruebas que su palabra, que “En nuestra administración no hay nepotismo, hay que tener muy claro de qué se trata esa figura”, al explicar que él designó a la esposa de su jefe de gabinete, y no éste.

No son los únicos casos relevantes. En la nómina estatal se encuentran  la esposa de Carlos Borruel, Director de la COESVI, “Leticia Macías como funcionaria de Ichife, su yerno, David Ortega, labora en Deporte municipal, su hermana, Guadalupe Borruel trabaja en el DIF, como jefa de departamento, su hermano Enrique en el despacho de la alcaldesa, su otro hermano Rogelio en transporte y otra hermana en la Junta de Aguas”. (Nota de la redacción, La Opción, 19/II/17).

A su vez, en la secretaría de Salud el Director Médico, doctor Pedro Ramírez Godínez, está acompañado, con el puesto de Subdirector de Recursos Humanos por su hijo, el LAE Pedro Antonio Ramírez Torres.

También el Director de Desarrollo Humano y Educación del municipio de Chihuahua, Marco Bonilla, debió salir a justificar el nombramiento de su esposa,   Karina Olivas, quien fue contratada en un organismo descentralizado del municipio, como lo es el Instituto del Deporte. (Nota de la redacción, La Opción, 20/II/17).

Otras eran las expectativas de la mayoría de los chihuahuenses en la noche del 5 de junio pasado.

Hoy eso es, simplemente, historia.

En tanto, el ruido de las balaceras va formando parte del entorno de los chihuahuenses, otra vez.