Un apretón más a la militarización

El Diario, 30 de junio de 2024 

Luis Javier Valero Flores 

No obstante el fracaso de la Guardia Nacional en el combate a la delincuencia, Claudia Sheinbaum pretende darle una vuelta más a la tuerca de la militarización a la seguridad pública.

Claudia no sólo no puso distancia -hasta ahora- entre ella y el presidente López Obrador, sino que, incluso, respaldó la permanente iniciativa del tabasqueño por entregarle a las fuerzas armadas el total de la seguridad pública del país.

Dijo que seguirá «fortaleciendo y consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión». (Nota de Zedric Raziel, El País, 24/6/24).

Pretende entregarle al ejército la total responsabilidad de la seguridad pública. Será el eslabón final de lo que los presidentes mexicanos han intentado desde los lejanos tiempos del priista Luis Echeverría (1970-1976).

Todos -los priistas Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto y los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón y el morenista López Obrador- le han añadido vueltas a la tuerca de la militarización de la seguridad pública.

Claudia Sheinbaum pretende dar el paso final, a pesar del más que evidente fracaso de tal estrategia, especialmente en el combate al crimen organizado. El que, conforme a los tiempos, se ha complejizado al incorporar nuevos ataques a las más diversas áreas productivas y sociales, y hasta en las migratorias.

En tal estrategia se abandonó cualquier enfoque de la visión de izquierda que pudiera aplicarse en tan complicado problema. 

AMLO aplicó la más regresiva de tales estrategias: Militarizar no sólo la seguridad pública, sino un más que abundante cúmulo de actividades de la administración pública.

Pero no es militarización, responden los morenistas.

Es de tal profundidad la regresión que sólo falta nombren a un militar como nuevo presidente de la Federación Mexicana de Futbol, para que ‘resuelva’ la profunda crisis de ese deporte.

Para que le aprobaran a AMLO, al inicio de su mandato, su propuesta, matizó de «civilidad» la creación de la Guardia Nacional. Al establecer que la GN debería quedar bajo un mando civil, el presidente obtuvo la aprobación por unanimidad.

Y, como en el caso de Fernández Noroña, no honró su palabra: 

En distintos momentos y con variantes intentó se aprobara a trasmano traspasarla a los mandos militares. 

Para evitarlo fue fundamental la postura de la mayoría de los actuales ministros de la Corte a los que acusó de «conservadores».

Tremenda paradoja: El presidente supuestamente izquierdista propone una reforma regresiva, conservadora; la Corte la rechaza y el mandatario los tacha de «conservadores».

La resolución de la SCJN respondió a una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores que impugnaron las reformas legales aprobadas en 2022, las que, en opinión de la Corte violaban el Artículo 21 de la Constitución, que establece que las funciones de seguridad pública deben estar separadas de las labores de defensa nacional.

La GN fracasó en la principal de sus responsabilidades, marcada constitucionalmente: En la prevención del delito y la disuasión del crimen, así como en la investigación de delitos.

Tiene la facultad primordial de actuar en la prevención del delito y llevar a cabo acciones para disuadir la criminalidad y colaborar en la investigación de delitos, principalmente aquellos relacionados con el crimen organizado y la delincuencia de alto impacto.

Los números son tajantes. La GN, en el combate a la incidencia delictiva, es un fracaso.

Cantaleta repetida por todos los que llegaron a la presidencia en este más de medio siglo, fue la de que los homicidios son responsabilidad del fuero común (de los gobiernos estatales).

En este sentido, Chihuahua es un buen ejemplo de tal fracaso, no solo porque, desafortunadamente, por lo menos desde principios de siglo ocupa, persistentemente, ocupa uno de los primeros lugares en homicidios, y porque su colindancia con los EU la hace una de las principales rutas en el tráfico de drogas, mercancías, vehículos, personas y migrantes.

Bueno, los homicidios sí son del fuero común, pero resulta que un elevado porcentaje de ellos le son atribuidos al crimen organizado (por varias razones, la de que los efectúan integrantes de bandas criminales, por el uso de armas exclusivas del uso del ejército, etc.) y, por lo tanto, de acuerdo con nuestras leyes -que todavía no cambian- deben pasar al fuero federal.

No son pocas, de acuerdo con diversas fuentes, un porcentaje considerable de los homicidios está vinculado con actividades delictivas de grupos criminales. Por ejemplo, en el histórico de 2008 a 2011, se reportó que aproximadamente el 58% de los homicidios dolosos en Chihuahua estaban relacionados con la delincuencia organizada. 

(1,16 mil 456 homicidios en Chihuahua desde 2008: Fiscalía estatal](https://www.animalpolitico.com/2011/11/16-mil-456-homicidios-en-chihuahua-desde-2008-fiscalia-estatal).

Luego, «El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, dio a conocer que el 30% de los homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado, está relacionado al tráfico de personas… (y) que entre el 85 y el 90% de los homicidios dolosos ocurridos en Chihuahua están vinculados a las actividades de la delincuencia organizada». (Nota de FERNANDO REYES, El Heraldo de Chihuahua: 2023-09-12).

De la importancia del tráfico de armas da cuenta el hecho de que del total de los homicidios dolosos del 2023, mil 119 (67.6%) se efectuaron con armas de fuego.

Y a pesar de todas las acciones, federales y estatales, Chihuahua ocupa el cuarto lugar nacional con 819 homicidios de enero a mayo. 

«Van 100 muertes violentas más que en mismo periodo del 2023… (además) Diez estados del país -entre ellos Chihuahua, que contabilizó 819 homicidios dolosos entre enero y mayo de este año, más de 100 que el mismo periodo del año anterior, concentran el 65% de las ejecuciones en el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador…». (La redacción, El Diario, 2024-06-03).

Además, la consultora TeResearch dio a conocer que entre 2018 y lo que va de 2024, el estado de Chihuahua registró 14 mil 452 asesinatos, de los más de 185 mil que se han acumulado durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador… (Ibídem).

Desde 2010, el estado de Chihuahua ha experimentado fluctuaciones significativas en los homicidios dolosos:

En 2010 se registraron más de 4,100 homicidios dolosos; en 2011 alrededor de 3,200; entre 2012 y 2014 hubo una tendencia a la baja, con un promedio de 2 mil a 2 mil 500 anuales; pero en 2015 y 2016 se registraron incrementos nuevamente, alcanzando cifras cercanas a los 2,500 a 2,700 homicidios.

En 2017-2019 la violencia repuntó, con alrededor de 3 mil homicidios anuales; 2020 cerró con aproximadamente 3,500 homicidios, según datos de INEGI. Entre 2021 y 2023 la tendencia continuó fluctuando. En 2022 se registraron cerca de 2,300 homicidios, y en 2023, el primer cuatrimestre ya había superado las cifras del año anterior.

Cosa semejante ocurre en el país.

Si tomamos como base el indicador más ilustrativo de la violencia en un país, el del número de homicidios por cada 100 mil habitantes, en el actual sexenio fue, en 2018 de 29; en 2019, 27; 2020, 27; 2021, 26; 2022, 25.2 y en 2023, 23.3.

No hay una baja sensible respecto de los elevados índices que el gobierno de Peña Nieto tuvo en los años 2017 y 2018, que fueron menores a los que INEGI reportó en 2023 (23.3) pues en 2013, el año completo del priista, fue de 19, en tanto que sólo en 2011 el índice de homicidios fue superior al de 2023, pues llegó a 24.

También se puede asentar que sólo tres años -2010, 2011 y 2012- se presentaron índices de homicidios semejantes a los del 2023, sin duda el año que muestra cifras parecidas a las peores del calderonato.

Así, la multimentada disminución «en la tendencia», argumentada por el presidente, no hay tal pues el índice en el sexenio se mantuvo por encima de la más alta de casi todos los años del sexenio de Peña Nieto y el de Calderón.

Con un agravante. En 2018 la Policía Federal contaba con 37 mil 293 elementos y ahora la GN cuenta con 130 mil, tres veces más y el sexenio terminará -antes de las cifras finales que INEGI informará a mediados del 2024- con 200 mil homicidios.

¿Cómo puede alguien ufanarse de esto?

-o-

ACLARACION.- Asistentes de la síndica municipal de Chihuahua, Olivia Franco, nos informan que los gastos de su viaje no fueron a costa del erario municipal. En septiembre del año pasado, los regidores y ella viajaron a España a recibir unos cursos de capacitación.

Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com 

Twitter: /LJValeroF; Facebook: https://www.facebook.com/ljvalero

Citas hemerográficas: https://www.inpro.com.mx

¡A ganar El Oro!. Pasan los años y lo mismo

El Diario, 27 de junio de 2024 

Luis Javier Valero Flores 

«Enclavado en las estribaciones de la sierra Madre Occidental, a pocos pasos de Parral, San Francisco del Oro, pequeño pueblo minero, sufre una devastación más. La de sus autoridades municipales». (“A ganar el oro”, LJVF, Norte de Cd. Juárez, 22/7/97).

Hay ocasiones en que no sólo son integrantes distintos de la clase política los que se ven inmersos en el mismo tipo de escándalos, sino que, ocasionalmente, nos brindan trozos de verdadera fantasía.

El alcalde de San Francisco del Oro, el profesor Arturo Herrera Luévano, ha protagonizado uno nuevo.

En el ejercicio de su quien sabe qué número de veces que ha ocupado la alcaldía, gestionó y obtuvo, a nombre del ayuntamiento, un crédito con la empresa Alderiva por 6 millones de pesos, con un  interés del 60% anual! (Nota de César Lozano, El Diario de Chihuahua, 25/6/24).

Ello, a pesar de que el cabildo ya se había opuesto en mayo de 2022. Comprometió las finanzas del municipio a los máximos niveles y ha generado la lógica y airada respuesta de los «auríferos», igual que como hace casi tres décadas. Ahora no hay dinero ni para pagar el salario de los empleados del municipio.

Pudiéramos decir, con un inocultable tufo citadino, que eso ocurre en las pequeñas y más apartadas poblaciones del país.

No es así.

En septiembre del año pasado, la mayoría de los regidores de Chihuahua, del PAN, PRI, MC, Nueva Alianza y PT  se “aprobaron” -así lo dijo el alcalde Marco Bonilla- efectuar un viaje a España y Portugal de «capacitación», que también fue efectuado por la Síndica Olivia Franco.

«Regidores aprobaron recurso para viaje"; pide Bonilla rindan cuentas». (Nota de redacción, Tiempo, 3/10/23).

No fue una aprobación en «lo oscurito», fue aprobada en sesión de cabildo y fue la regidora de la 4T, del PT, Hanoi Aguilar, quien lo anunciara, sin oposición de ningún regidor, de ninguna fuerza política acreditada en el cabildo capitalino.

El viajecito costó 1.6 millones de pesos viaje, duraría dos semanas.

Casi un año después, los regidores de Juárez, salvo la regidora Cecilia Reyes Castro (Morena), tienen planeado un viaje, también «de estudio», a España, con duración de al menos 12 días. Se rumoró que pensaban ampliar el viaje a Barcelona y «alguna otra ciudad», a partir del 20 de julio.

El objetivo del viaje de los regidores de Juárez es asistir al  «Seminario de Colaboración y Gestión Urbanística», en el que, imagínense, les expondrán las ventajas de usar los «circuitos cerrados de televisión, con cámaras de videovigilancia» en seguridad pública!

Además, para sustentar la importancia del viaje a la ciudad de Madrid, según la versión de la licenciada Yolanda Morquecho, de la coordinación administrativa del cuerpo de Regidores, posee «características similares» a Juárez!

Bueno, pues aparentemente, tanto los ediles de Chihuahua, como de Juárez, tienen las mismas concepciones acerca del uso que se les debe dar a los recursos públicos, cada que se pueda.

¿Acaso los viajes a la «Madre España» son una especie de indemnización por el término de la gestión, prohibida en Chihuahua desde 1999, cuando la propuso e impulsó el gobernador de entonces, Patricio Martínez, como una manera de descalificar la indemnización que el saliente Pancho Barrio ordenara para su gabinete, con un costo de 16 millones de pesos?

Pero aquí no termina la historia del Profe Huerta, el sempiterno alcalde de San Francisco del Oro.

El PRI fue derrotado en 1992 a manos de Acción Nacional. Luego, en 1995, quien había sido el último alcalde priista, Huerta, regresaría.

Casualidades de la vida, casi tres décadas después, aquel alcalde, todavía priista, sería el mismo que buscó otra reelección en 2024, pero ya no por su partido de toda la vida, sino por Morena. Perdió con el Verde.

Así se describió en aquel entonces: «Don Arturo Huerta Luévano es nuevamente alcalde de San Francisco del Oro, lo fue en el período 1992-1995. Cuando dejó el puesto ganaba poco más de diez mil pesos mensuales. El PRI perdió las elecciones, un militante del blanquiazul llegó a la Presidencia Municipal y se triplicó el salario. Don Arturo regresó a la alcaldía, se aumentó el salario un 11% y ahora gana 36 mil pesos mensuales, dirigiendo un municipio que no llega a los 6 mil habitantes».

En su defensa, el Profe Huerta, arguyó que al regresar a la presidencia «ya estaba el salario del presidente, así» y que él sólo lo había aumentado un 11%.

Las dos administraciones, panistas y priistas, se despidieron  de sus puestos igual. Se repartieron sendas y suculentas indemnizaciones.

Tal pareciera que para los gobernantes aún existiera el anhelado El Dorado, el mítico lugar lleno de oro al que todos los conquistadores quisieron llegar. 

Los gobernantes de la actualidad no batallan tanto, basta con obtener el triunfo electoral para adueñarse de las arcas públicas.

Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com 

Twitter: /LJValeroF; Facebook: https://www.facebook.com/ljvalero

Citas hemerográficas: https://www.inpro.com.mx

No congenian nuevo gabinete y Reforma judicial

El Diario, 23 de junio de 2024 

Luis Javier Valero Flores 

Tienen razón, tanto los simpatizantes de la reforma judicial, como los opositores, en que contiene aspectos considerados como positivos, pero hay uno, además de inaceptable, muy negativo: La elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte.

Y es uno de los más destacados miembros del morenismo, hombre de las más estrechas cercanías del presidente López Obrador, Bernardo Batiz, miembro del Consejo de la Judicatura, quien expone los más sustentados argumentos que servirán para oponerse a ella.

Bátiz consideró que no es fácil la elección de jueces y magistrados «debido al número de cargos a elegir, que en este caso es de mil 674 impartidores de justicia federales». (Nota de Abel Barajas, Reforma, 20/6/24).

Además, frente a la argumentación de los morenistas, quienes alegan que los magistrados no tienen legitimidad porque no derivan de una decisión popular, Bátiz asentó: «Un juez, cuando dictó una sentencia, está ejerciendo la representación del pueblo mexicano y por tanto la soberanía nacional. Nuestra constitución establece que la soberanía radica en el pueblo... Pero el pueblo es muy grande y muy variado y muy disperso y no puede juntarse como lo hacían en Atenas, en la plaza pública, a deliberar y tomar decisiones». (Ibídem).

Por añadidura, a los funcionarios judiciales se les exige un perfil profesional, a diferencia de los integrantes de los otros Poderes de la Unión, «… es un Poder que exige una capacitación especial, un título profesional y, junto al título o además del título, más bien, una carrera para ir ascendiendo, subiendo y acercándose a los niveles más altos del Poder Judicial». (Ibídem).

A diferencia de los otros poderes, dijo, «… basta que los ciudadanos votemos por ellos y ya, no les exigimos nada (a los legisladores y el presidente), claro, les exigimos mucho, capacidad honradez, patriotismo, pero no una calidad profesional». (Ibídem).

Sin embargo, la discusión se ha centrado en los juzgadores del orden federal, porque ese es el énfasis de la reforma, pero ahí no se encuentra el grueso de los problemas que tenemos en la procuración y aplicación de la justicia. Estos los constituyen los del orden estatal, que atiende más de 80 por ciento de los expedientes.

Para abatir los niveles de impunidad existentes, no basta la elección popular de los jueces federales; es más, probablemente ni siquiera incida y lo más probable es que la acentuará. 

No, el mayor problema que tenemos se ubica en los ámbitos municipal y estatal.

Un aspecto esencial, no sólo de la reforma, sino incluso sin ella, es el del número de jueces necesarios que hagan posible hacer expedita la justicia. México tiene 3.2 jueces federales por cada 100 mil habitantes y los estándares internacionales marcan que deberíamos tener alrededor de 26, número con el que cuenta Costa Rica, por ejemplo, para no acudir a la comparación con los países de las democracias desarrolladas.

Según el Consejo de Europa, el promedio de jueces en sus Estados miembros es de aproximadamente 21 jueces por cada 100 mil habitantes (100 mh.)… (Datos tomados de ChatGPT).

Igual ocurre con los fiscales. En México rondamos los 2.6 por cada 100 mh. En muchos países europeos, el número suele oscilar entre 5 a 20 fiscales por cada 100 mil habitantes y la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) indica que la media de fiscales en Europa es de alrededor de 11 fiscales por cada 100 mil habitantes.

Solo como referencia, tómese los de algunos países de América Latina. En Brasil hay aproximadamente 8 jueces y 5 fiscales por cada 100,000 habitantes; Argentina 7 jueces y 4 fiscales.

Por otra parte, el número de jueces locales ronda los 3 por cada 100 mil h. En Chihuahua existen 281 y 24 Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, lo que nos ubica en el índice de 7.39 jueces por cada 100 mh., pero todavía por debajo de los índices internacionales.

O el Estado Mexicano incrementa notoriamente los presupuestos del Poder Judicial y las fiscalías, para elevar el número de sus integrantes, mejorar su capacidad y elevar sensiblemente los salarios, a tal nivel que compitan, por ejemplo, con los devengados por los catedráticos más calificados de las universidades públicas, o seguiremos quejándonos de los niveles de impunidad existentes, entre otros factores.

Porque estamos frente a un círculo vicioso: Necesitamos más jueces y fiscales porque tenemos muchos litigios per cápita y si no se aumentan,   no se mejorará la eficiencia del Sistema Judicial, el que podría requerir menos de ellos si fuese eficiente, lo que podría ocurrir si hubiese los recursos financieros y humanos necesarios, que podría mejorar si acrecentamos la eficiencia del modelo acusatorio que ya poseemos.

No solo choca el ánimo que presidió la designación a los integrantes del gabinete de Claudia con el meollo de la reforma judicial, sino también la beligerante actitud del presidente que despotrica contra cualquiera que expone su opinión crítica a la reforma. Lo mismo hace con los investigadores de la UNAM, que contra la dirección de la DEA.

«Ayer, antier, estaba yo leyendo que salen los de la UNAM, claro, con línea seguramente de los directivos, a dar su opinión como expertos sobre las 20 reformas que estamos proponiendo”, señaló el presidente. “Pues ya ni vi nada, son predecibles, pero les diría, ¿qué se tienen que meter?”, cuestionó». (Nota de la redacción, El Universal, 20/6/24).

Es muy caro sostener el actual Poder Judicial, cuando en los hechos la justicia que se imparte aún es injusta, escribe Hugo González, presidente del Consejo Estatal de Morena-Chihuahua, y para ilustrarlo pone de ejemplo la disminución de ministros, de 11 a 9 integrantes. 

¿A quién se le ocurrió que esa disminución influirá en el presupuesto del Poder Judicial de la Federación? ¿Quién puede creerlo, de veras?

La reforma propone la reducción del período del encargo de los ministros, de 15 a 12 años ¿Y porqué no a 9, o a 3?. Quieren eliminar las salas de la SCJN y que todos los asuntos los resuelva el Pleno.

El año pasado la Suprema Corte resolvió más de 3 mil asuntos, mientras que los diferentes tribunales, colegiados de apelación y juzgados de distrito resolvieron cerca de un millón y medio.

Está en el aire la aprobación de tan regresiva reforma.

En tanto, la candidata presentó su primer paquete de integrantes del gabinete, cinco secretarios y la Consejera Jurídica, cargo, éste último, que recaerá en Ernestina Godoy, la ex fiscal de la CdMx.

Y sí hay diferencias, a pesar de que 3 (Ebrard, De la Fuente y Alicia Bárcena) provienen del gabinete ampliado de López Obrador, llama la atención que la mayoría provenga, como Claudia, ya sea de las aulas o de haber ocupado cargos directivos en la UNAM, lo que choca con el constante ataque presidencial a esta institución.

Ese es el caso de Juan Ramón de la Fuente, rector; Rosaura Ruiz, Directora de la Facultad de Ciencias y Alicia Bárcena, egresada de la facultad y titulada en la maestría de Ecología de la UNAM.

Además, es de resaltar que 4 de ellos hayan ocupado algunos de los cargos más destacados en la estructura y organismos de la ONU.

Alicia Bárcena como Secretaria de Medio Ambiente, fue Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), de la ONU, durante 14 años (2008-2022), además de subsecretaria de ecología en el gobierno de Miguel de la Madrid y Directora de Pesca con Salinas de Gortari. 

Se desempeñó como jefa de gabinete adjunta y luego Jefa de Gabinete del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan en 2006. En 2007 fue Subsecretaria de Administración de la ONU.

Credenciales semejantes poseen, tanto Rosaura Ruiz, titular de la nueva Secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, quien fue, además de Directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, la primera presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias; como Julio Berdegué nuevo titular de la Secretaría de Agricultura, quien se ha desempeñado en los más altos cargos de los organismos internacionales especializados en el desarrollo rural pues fue Representante Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Del mismo modo, Juan Ramón de la Fuente, posee un notable currículum en el que destaca su paso por la rectoría de la UNAM, además de haberse desempeñado como integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad de Naciones Unidas y del Consejo de la Organización de las  Naciones Unidas.

El tono y credenciales de los nombrados no congenian con el espíritu que animó la elaboración de la reforma judicial, por lo menos en lo relacionado con los mecanismos de designación de los jueces.

Veremos.

Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com 

Twitter: /LJValeroF; Facebook: https://www.facebook.com/ljvalero

Citas hemerográficas: https://www.inpro.com.mx

El salario del presidente

Aserto.mx, 22 de junio de 2024 

Luis Javier Valero Flores 

Lo que no falta en la argumentación del morenismo. Que nadie gane más que el presidente.

Pero una y otra vez se le ha pedido al presidente que presente -vía la Secretaría de Hacienda- el monto de sus ingresos como servidor públicos, ingresos que comprenden, tanto el salario en dinero, como en especie, es decir, los servicios a los que accede por residir en Palacio Nacional, tal y como lo señala la Constitución General de la República:

«Artículo 127.-

Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:

…

I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales».

¿Cuánto paga de renta? ¿Cuánto de gas? ¿Cuánto cuesta la servidumbre que le presta servicios?

¿Cuánto paga de despensa?

Bueno, pues todo eso debe cotizarlo y la suma resultante deberá sumarla a lo que le deben depositar en su cuenta bancaria, porque debe tenerla, de acuerdo con la ley.

¿Y cuánto le descuentan de impuestos? Porque, al igual que el resto de los servidores públicos de la federación, se lo deberían descontar.

¿Cuánto gana en realidad el presidente?

Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com 

Twitter: /LJValeroF; Facebook: https://www.facebook.com/ljvalero

Citas hemerográficas: https://www.inpro.com.mx