Terror

El Diario, 18 de julio de 2010
Luis Javier Valero Flores
¿Cuáles son las razones del acto terrorista del jueves anterior en Juárez? ¿Habrá algunas que sus autores puedan esgrimir, válidamente, en la violenta confrontación que sostienen con sus adversarios? ¿Qué cambió en Juárez para que los ataques, antes reservados a integrantes de los cárteles rivales ahora se enfoquen, con una preocupante frecuencia, a elementos de la Policía Federal? ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué a los elementos militares no los atacaron con la frecuencia, tino y saña empleadas con los agentes federales?
La escalada de violencia en la entidad –particularmente en Juárez– ha sufrido un dramático giro con la explosión de un auto bomba (según todas las informaciones hasta ahora disponibles) y rebasa cualquiera otro de los temas de la abultada agenda política y social de la entidad y del país, pues los nuevos nombramientos en el gabinete federal ponen de punta los pelos. Pero no más que los sangrientos hechos en el que perdieron la vida tres personas.
Importa detenerse en la mecánica del atentado pues revela claramente la nueva etapa a la que ahora afrontamos. El acto estaba elaborado para ejecutar a las personas que acudieran al asesinato previo de otra vestida de policía municipal. Los ejecutores sabían que acudirían en primera instancia los rescatistas y los agentes federales. Esperaron pacientemente a que se concentrara la mayor parte de esos elementos para activar la bomba, aparentemente con un celular.
Se trataba, y ahí radica lo terrible de esta nueva situación, de victimar a quien fuera.
Casi al mismo tiempo, en una parte muy alejada del bombazo, otro grupo dejaba un mensaje escrito en una barda, en la que “La Línea” se adjudicaba el atentado, amenazaba a quienes formaran parte del grupo de “El Chapo” y anunciaba que tenía más autos con explosivos.
Hasta ahora, si bien con una mayor frecuencia, los ataques de los sicarios eran más o menos dirigidos a objetivos específicos. En varios casos de las masacres existe la presunción que dispararon indiscriminadamente como en los ataques a los distintos centros de rehabilitación y los perpetrados en Creel.
El ataque del jueves nos ubica en el mismo nivel que lo sucedido en Michoacán, entidad en la cual se suscitan frecuentemente ataques a los agentes federales. El del jueves es apenas el octavo o noveno episodio de los acaecidos en lo que va del año, sólo contra los polifederales, hechos que suscitan, o debieran, una honda preocupación, no tan sólo a los gobernantes, sino al resto de la sociedad, y en especial a los integrantes de los cuerpos de rescate y de policía pues de ahora en adelante acudirán con el temor de un nuevo atentado.
A partir de que la Policía Federal sustituyó al Ejército en Juárez, se presentaron los ataques, no quiere decir que en la etapa anterior no se celebrasen enfrentamientos entre militares y sicarios, pero eran eso, enfrentamientos inesperados, fruto de las circunstancias, y prácticamente en ninguno de los casos, acciones premeditadas.
A partir de la sustitución, todo eso cambió, a la par que crecieron las denuncias ciudadanas acerca de los abusos de los federales en contra la población civil, empezaron a darse los ataques a los federales.
Así, la noche del 26 de marzo, un comando armado irrumpió en uno de los hoteles en que se hospedaban algunos elementos federales los acribillaron y murió uno de ellos. Al día siguiente otros dos sufrieron ataques en los que perdieron la vida, uno de ellos fue atacado mientras dormía en su hotel. No habían transcurrido ni 48 horas del primer ataque cuando fueron atacados otros dos polifederales. Sólo sufrieron lesiones.
El 23 de abril, otros siete agentes federales fueron masacrados. Con su muerte, la cifra de agentes policiacos asesinados, hasta esa fecha, ascendía a 29, entre federales, estatales y municipales.
Tan escalofriantes hechos eran acompañados de otros no menores: las acusaciones y las amenazas entre los cárteles. Unos y otros se acusan a través de mensajes por la frecuencia radial de la policía; en mantas, cartulinas y bardas pintadas en las que se acusan, unos a otros, de pertenecer a alguno de los cárteles. Así lo consignó El Diario: “Con mantas, pintas o cartulinas, las corporaciones policiacas responsables de investigar la delincuencia organizada han sido evidenciadas públicamente por los propios grupos criminales en torno a su posible afinidad con una u otra organización. Los textos han revelado datos que autoridades investigadoras han desestimado al calificarlos de ‘distractores’ o ‘reacciones’ a resultados de la Operación Coordinada Chihuahua. Los grupos criminales han expuesto en esos narcomensajes gozar de protección policiaca. Así, han identificado a Cipoles con ‘La Línea’ y a los federales con ‘El Chapo’ Guzmán”. (Nota del Staff, El Diario, 25-IV/10).
Tal preferencia por uno de los cárteles fue documentado en un trabajo publicado por El Diario: “Si bien el comisionado nacional de la Policía Federal (PF) aseguró que los elementos combaten por igual a todas las organizaciones delictivas que operan en Juárez, una revisión del trabajo reportado en 2010 muestra que dicha corporación sí ha realizado más detenciones de uno de los bandos. De acuerdo con los comunicados de prensa difundidos por la Secretaría de Seguridad Pública federal este año, la PF ha reportado al menos 11 acciones que han resultado en la detención de 31 presuntos integrantes de ‘La Línea’, vinculados con el Cártel de Juárez.
De la organización contraria –identificada por la misma PF como la pandilla Artistas Asesinos, vinculados con el Cártel de Sinaloa y ‘El Chapo’ Guzmán– sólo ha reportado una acción en la que detuvo a cuatro personas. La estadística fue obtenida de 23 comunicados de prensa girados por la Policía Federal en Juárez en 2010, todos disponibles en el sitio electrónico de la Secretaría de Seguridad Pública federal (www.ssp.gob.mx)”. (El Diario, 8/V/10).
Tres días después, el comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, negó que la agrupación bajo su mando estuviera infiltrada por el Cártel de Sinaloa, “no hay información contundente”, dijo, y pidió que la ciudadanía denunciara hechos concretos acerca de tales acusaciones. (El Diario, 11/V/10).
La oleada siguió, el 14 de mayo fueron atacados dos federales y al día siguiente otro murió acribillado.
Desquiciado, luego de innumerables quejas de la población por los constantes abusos de los polifederales en los allanamientos de moradas en busca de sus agresores, el vocero de la agrupación, José Ramón Salinas Frías, declaró olímpicamente que seguirían “ingresando a viviendas sin orden de cateo cada vez que lo considere necesario”, luego del asesinato del coordinador de las fuerzas federales, Guillermo Enrique Álvarez Carazo. (Nota de El Diario, 17/V/10)
La racha continuó. El 23 de mayo, nuevamente, un grupo de policías federales fue atacado en el exterior del Hospital de Servicios Médicos Municipales.
El 29 de mayo, otros cuatro agentes fueron agredidos, más de 100 balazos les tiraron, sobrevivieron. El dos de junio fueron masacrados cuatro hombres en la cancha de basquetbol de un fraccionamiento en el cual, se sabía, acudían frecuentemente agentes federales a jugar por las noches.
El 14 de junio, tres oficiales federales fueron ejecutados en calles de la capital del estado. Una semana después, en Juárez, sobrevino otro ataque a dos agentes, sobrevivieron.
El 29 del mismo mes, el acabose: Cuatro ataques contra federales, con el saldo de uno de ellos abatido y otro herido. Pero apenas dos días después otra patrulla federal fue víctima de las balas.
Los dos días siguientes fueron asesinados otros dos agentes.
Hasta la tragedia del jueves.
A pesar de todo, tanto el procurador de la República, Arturo Chávez, y el secretario de Gobierno, Sergio Granados, sostienen que no fue un acto terrorista.
¿No lo es?
Granados fue más lejos, dijo que “No deberíamos de asombrarnos por algo que ha venido pasando desde hace dos años y medio” y que de ninguna manera es un parteaguas el bombazo. Bueno….