Fraudulentos

El Diario, 29 de octubre de 2023 

Luis Javier Valero Flores 

Fraude a la ley: «… el fraude a la ley consiste en la conducta totalmente voluntaria realizada con el exclusivo fin de obtener un fin ilícito a través de un medio lícito»: María Elena Mansilla y Mejía. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4069/9.pdf

Flaco favor le hacen a la cultura democrática del país los aspirantes a los cargos de elección popular y los partidos políticos por los cuales pretenden contender en las próximas elecciones.

Está tan arraigada la nueva conducta de prácticamente todos los partidos que ha alcanzado niveles máximos de «normalidad».

Todos, pero absolutamente todos los actores políticos que buscan un cargo de elección popular, y que se promocionan mediante anuncios espectaculares, pintas de bardas, carteles en las calles, en postes, etc., están violando la ley electoral.

Además, simulan que no son los autores-beneficiarios de lo anterior.

Peor, aducen desconocer la autoría de la imposición de tal propaganda.

Mienten.

 Para enmascarar tal violación encubren sus pretensiones diciendo que sus fotos, cuidadosamente retocadas, que ilustran las portadas del medio de comunicación aparentemente responsable de tal difusión, corresponden a una «entrevista» realizada por ese medio, generalmente páginas digitales con una muy escasa difusión, si no es que prácticamente inexistentes, cuya característica común es que siendo medios tan marginales no hay explicación plausible del modo en que pueden promocionar la «portada», mediante anuncios tan costosos, por supuesto, superiores a sus verdaderas finanzas.

La única explicación es que el actor político (o actriz) promovida por este medio es quien financia tal promoción, mintiéndole con ello a los ciudadanos, aparentando que no es el  autor de tal promoción.

El problema es que no sólo mienten, sino que violan la ley.

¿Aún así esperan que voten los ciudadanos por ellos?

Bueno, siendo grave lo anterior, no es lo más grave en ese tenor hasta ahorita.

En las últimas semanas hemos sido testigos de un fraude a la ley aún peor, ejecutado por todos los partidos políticos (con la excepción de Movimiento Ciudadano -MC-) y sus principales liderazgos político-electorales en las que designaron a sus respectivas candidatas (que lo serán en cuanto lo permita la ley) a través de procesos que tuvieron todos los tintes de electivos y mediante los cuales, eufemísticamente, denominaron a Claudia Sheinbaum ‘Coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T’, figuras que no existen pues, (ni los comités y, por tanto, su coordinadora) ni en la estructura de los partidos oficialistas, ni en ninguna otra existente que hayan creado en conjunto.

Por su parte, los partidos de la oposición crearon al vapor un ‘frente’ y convocaron a elegir a la coordinación de él a los aspirantes a la candidatura presidencial de esos partidos y algunas organizaciones de la sociedad civil. 

De ahí emergió Xóchitl Gálvez.

Ante las actividades de ambas, posteriores a sus nombramientos, aunque es bueno resaltar que la candidata oficialista es quien ha efectuado actos más claramente proselitistas, el Instituto Nacional Electoral (INE) y en menor medida el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les han llamado la atención y las han conminado a cambiar dichas conductas.

Le mienten a la sociedad ambas aspirantes, y junto con ellas, sus partidos.

Están haciendo un fraude a la ley.

Los órganos electorales se han engarzado -hasta ahora- en tal conducta fraudulenta, mentirosa, y sólo han emitido una especie de «ya te vimos, si le sigues te vamos a castigar». 

Las conductas persisten.

El Consejero del INE, Arturo Castillo, al calificar la conducta de Sheinbaum, asentó que «… sabe cuál es la norma, sabe cuál es el riesgo que está corriendo y aun así lo está haciendo. No me parece una conducta menor, me parece una conducta reiterada y esto me parece que se debe atender con bastante más solidez para evitar que se repita»:.

El mismo consejero, al evaluar las posturas políticas de Xóchitl, dijo que «… ya hemos resuelto varias quejas sobre la conducta de la senadora y no me canso de repetir el artículo tercero de la LEGIPE: Son actos anticipados de campaña los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados al voto en contra o favor de una candidatura o expresiones pidiendo cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral».

Y le ordenó frenar sus declaraciones en las que habla de sus aspiraciones a la Presidencia de la República.

Fue la sexta ocasión en la que le exigen un discurso prudente y al igual que al presidente, ambas, se les ordenó borrar publicaciones por considerar que son fuera de la norma,« y aprovechan para publicar los videos y anunciar que dichos mensajes serán borrados».

El colmo, hasta cuando se les ordena obedecer la ley, la defraudan.

No se puede dejar de lado que el principal trasgresor de la ley electoral es el presidente López Obrador quien, además, encabeza en el número de actos fraudulentos a la ley, en una conducta irracionalmente reiterada que, por lo demás, podría llevar a los órganos electorales a resolver que sus participaciones le otorgaron inequidad al proceso electoral y, eventualmente, a la anulación de las elecciones presidenciales.

Llegado el momento ¿Lo harán las autoridades electorales?

No hay argumento que valga, mucho menos la eterna disculpa presidencial acerca de que se trata de que no regresen al poder «los conservadores».

Y en esta feria de simulaciones, de fraudes a la ley, de constantes violaciones al marco electoral, se ha iniciado el desfile de denuncias de ese corte, ahora calificándolas de «actos anticipados de campaña» que, con toda seguridad, sí lo son la mayoría.

A raíz de la visita de Claudia Sheinbaum a Chihuahua y Parral, el PAN la calificó de ese modo y anunció la interposición de las denuncias respectivas.

Hay declaraciones que por sí solas implican, ya, actos anticipados de campaña. En su visita, Claudia dijo que «no podía sola y pidió obtener mayoría en Congreso». Además dijo que construiría el «plan C de Claudia».

Así, el dirigente estatal del PAN, Gabriel Díaz, acusó a Morena de hacer «trampa con la evidente intención de tener una ventaja sobre el electorado, violando los principios de equidad, legalidad e imparcialidad» por la realización de dos actos en las ciudades mencionadas. (Nota de César Lozano/El Diario, 27 octubre 2023).

En las denuncias, el PAN puso el dedo en la llaga al cuestionar el origen de los recursos usados para la celebración de los eventos, que incluyó el transporte de cientos de personas a ellos y los anuncios de varios de los aspirantes de Morena.

Pero al denunciar lo anterior ¿Cómo explica la conducta de sus compañeros, diputados locales, diputados federales, regidores, alcaldes y funcionarios del gabinete estatal que hacen lo mismo que los aspirantes de Morena a la presidencia, a las diputaciones federales y a las senadurías?

El colmo lo constituye el regidor capitalino panista, Francisco Turati, quien anuncia, en unos gigantescos carteles, en los camiones de transporte urbano, la realización de una supuesta entrevista que le realizarán, algún día, en alguna estación de radio.

¡Ah, cómo andaremos apremiados por oir tan exclusiva entrevista!

O el agudo sentido de la oportunidad de la diputada Adriana Terrazas, de Morena, que anunció en sendos espectaculares su aparición en la portada de una revista, justamente al calor de la visita de Claudia a Chihuahua.

De ahí la importancia del esclarecimiento de los financiamientos de los espectaculares… y de lo demás.

Aunque aparentemente no haya relación entre lo comentado líneas arriba, con la publicación de un informe del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), dirigido por Francisco Rivas, tienen una muy amplia conexión.

La organización afirmó, en el estudio «Evaluación de las acciones contra el lavado de dinero en los estados», que el estado de Chihuahua carece de una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), «a pesar de que la información oficial de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) federal y los informes de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ESNP), reportaba que estaba adscrita a la Fiscalía estatal». (Nota de Luz del Carmen Sosa / El Diario de Juárez, 18 octubre 2023).

Poca cosa.

-o-

ACAPULCO.- Poco será lo que hagamos en ayuda de los guerrerenses y especialmente de los acapulqueños, sus necesidades son inmensas; estamos a la puerta de una gigantesca crisis humanitaria. 

Todos estamos obligados a ayudar, son alrededor de 2 millones de mexicanos que lo perdieron absolutamente todo.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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El martes. Mal día para Claudia y AMLO

El Diario, 26 de octubre de 2023 

Luis Javier Valero Flores 

Justamente un día antes de su llegada a Chihuahua, la oficialmente Coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, (y que realmente es la «presunta»  candidata de Morena y sus partidos satélites, PT y PVEM, que en el pasado ya recibieron ese epíteto, cada uno en distinta época y distintos ámbitos) a la presidencia de la república, en ese retruécano inventado por los partidos para adelantarse a los tiempos oficiales de campaña; les fue mal, a ella y al presidente de la república, con las posturas de dos de sus más connotados miembros primer gabinete presidencial.

Eje de sus pronunciamientos desde el período pre-encuestas, la ex Jefa de Gobierno de la CdMx insiste, una y otra vez, en que deban caminar juntos los morenistas de frente al que será, sin duda, el más importante de los retos de este incipiente partido, la unidad.

Pero el martes sufrieron dos importantes descalabros, uno  de los cuales lo pueden resolver, atenuar o enmendar a lo largo de la campaña electoral: el de no haber convocado con mayor esmero a la gente que acudiría el evento a celebrar el martes en el «Estadio Azul» y que cancelaron debido a la poca asistencia; el segundo es muy imposible de resolver: En un solo día, dos de los principales integrantes del primer gabinete de López Obrador, la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el ex secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, asumieron dos posturas abiertamente opuestas a las del presidente.

La ex ministra Sánchez, en tribuna, afirmó que proponer la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial «no es republicano», con lo que en ese momento, en la práctica, se opuso a toda la ruta político-electoral trazada por el presidente  en la campaña electoral, en la que ocupa lugar central el combate a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la pretendida estrategia electoral -el llamado Plan C- consistente en ganar la mayoría calificada en las elecciones y así poder cambiar el modo de elección de los ministros de la SCJN.

Del mismo modo, si la postura de Sánchez Cordero puede no significarle un quebranto mayor a la 4T, la decisión de Carlos Ursúa, además ex Secretario de Hacienda cuando AMLO fue Jefe de Gobierno de la CdMx, de anunciar su respaldo a la presunta candidatura de Xóchitl Gálvez, sí puede significar que un número importante de protagonistas del sector académico y del financiero resuelvan tomar en cuenta tal postura.

Puede no acarrearle muchos votos a la causa de Gálvez, pero sin duda más de un inversionista extranjero la tomará como un hecho a considerar en el futuro inmediato, precisamente el del establecimiento -si actuamos cuerdamente como país- del nearshoring, el de la llamada relocalización de empresas, que puede beneficiar enormemente al país; en ese tema la hidalguense sale ganando.

Las posturas de Sánchez Cordero y Ursúa pudieran ser solamente parte de las que otros actores pudieran asumir, tal y como lo hizo Marco Rascón y un grupo -Iniciativa Colibrí-, que se asumen como de izquierda y resolvieron sumarse al proyecto de Xóchitl, pero no acompañar a los partidos, sino por su cuenta e iniciativas propias.

Marco, junto con Francisco Javier Pizarro, formaron parte del grupo encabezado por Diego Lucero, participantes del triple asalto bancario de 1973 en la ciudad de Chihuahua; luego, a consecuencia del terremoto de 1985 y la generación del poderoso movimiento urbano-popular de la CdMx, Rascón dio vida al famoso personaje de «Súper Barrio» y fue el diputado que escenificó una parodia en contra del presidente Carlos Salinas.

Quizá los dos episodios relatados al principio, con los que inició su gira Sheinbaum en Chihuahua, pudieran no pesar en el ánimo de los morenistas locales que la recibieron jubilosos y que vinieron de todos los acuerpamientos internos que se dieron en la etapa de las «corcholatas», todos (o casi) estuvieron ahí.

No sé porque nos hicieron rememorar los viejos tiempos de la vieja «bufalada» de los «gloriosos» tiempos del priismo del partido casi único.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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Fideicomisos, el pretexto

El Diario, 22 de octubre de 2023

Luis Javier Valero Flores 

La agudización de la confrontación del presidente López Obrador con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), inicialmente, y ahora ¡con todo el Poder Judicial de la Federación (PJF)! ha adquirido el relieve de una verdadera crisis política-social

Al concretar -hasta ahora- la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del PJF, lo que implicaría afectar en mayor o menor medida -cada uno de ellos- a la totalidad de los funcionarios y empleados del Poder Judicial, trajo como consecuencia, no sólo la mesurada respuesta de algunos ministros de la Corte, pero sí la muy airada de los empleados y funcionarios de la misma, exceptuando de ella a los ministros.

Ante la aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados -presentada por el «aspiracionista» a la candidatura morenista en Puebla, Ignacio Mier-, que es, en realidad, del presidente, los dos sindicatos de trabajadores del PJF decretaron un paro nacional que terminará el martes, fecha en la que supuestamente el Senado revisará y aprobará lo aprobado en la de Diputados, es altamente previsible que así suceda pues el presidente, fiel a «estilo personal de gobernar» ha lanzado al aire que «no le cambien ni una coma».

Las afectaciones a la vida social de tal confrontación, obviamente, son múltiples, baste ubicar el dato de que, al año, en Chihuahua, el PJF emite más de 45 mil 600 amparos, es decir, un promedio de 11 al día en cada uno de los doce distritos asentados en la entidad, la mayoría de ellos originados por la actividad económica, muy elevada, de acuerdo con la información proporcionada por el Lic. Gabriel Galván Morales, Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa (Entrevista radiofónica, Aserto-Antena 102.5 FM, 20/10/23). 

Por supuesto que el segundo rubro, en el estado, lo ocupa el penal, y como se ha asentado regularmente en esta columna, desde hace, ya, más de tres lustros.

No son poquitos, ni tan menor su actividad: «En Chihuahua, hay 12 juzgados de distrito, 7 Tribunales colegiados, 2 Centros de Justicia Penal Federal y 3 Juzgados Laborales Federales y 2 administraciones (Chihuahua y Cd. Juárez) que emplean a más de 2 mil personas directamente y generan ingresos indirectos». (Comunicado de los trabajadores del PJF ubicados en Chihuahua, 19/10/23).

Además, argumentan que «Los funcionarios públicos del PJF ingresan a la carrera judicial por exámenes de oposición y son personas de toda la república, es el servicio público de carrera más profesionalizado». (Ibídem).

Podrán decir una y mil cosas el presidente y sus seguidores acríticos, acerca de los excesos de la élite política del país (a la que él mismo pertenece), en este caso la judicial, en la que le asiste la razón parcialmente, pero una cosa es que critique esos excesos, y otra que, tal como lo ha hecho en prácticamente todos los temas que ha criticado acremente a lo largo de su gobierno, en lugar de efectuar una «limpieza» para erradicar la corrupción, dejando a salvo los aspectos y funciones, no sólo rescatables, sino verdaderamente útiles a la sociedad.

Y eso ocurre, también, con los fideicomisos que pretende desaparecer, ni todos contienen recursos dirigidos a los excesos de los funcionarios judiciales, ni todos son originados de los recursos de la federación.

Son los trabajadores, movilizados reactivamente ante la pretensión presidencial, los que han respondido exhaustivamente a los ataques de Palacio Nacional, «… por el grado de responsabilidad que significa resolver sobre la libertad de las personas, sus propiedades, sus bienes y sus familias (es) que requerimos un salario digno, el cual, contrario a lo que afirma el presidente no es un ingreso millonario ni un privilegio, sino que corresponde al grado de responsabilidad que se nos exige. Nuestros sueldos son públicos y nuestras prestaciones también. No ocultamos nada, ni son fruto de la corrupción, sino derechos adquiridos gracias al buen manejo del presupuesto del PJF… Los trabajadores también contribuimos para la integración de algunas de estas prestaciones con aportaciones propias, que se nos descuentan vía nómina, como es el seguro de retiro y el de gastos médicos mayores, una prestación que, por otra parte, también tienen los diputados federales… (esas prestaciones) son exclusivas de los trabajadores… La prestación para la compra de anteojos es para el personal operativo, no para jueces, magistrados y ministros, y solo cubre una parte del costo de los anteojos, … El apoyo para vestuario es también exclusivo para el personal de menos ingresos… ». (Ibídem).

Y abundan en el recuento pormenorizado de las prestaciones, que abarcan al personal de intendencia.

Además, como sería lógico en cualquier sociedad medianamente democrática, las reformas argüidas por el presidente, deberían ser producto del acuerdo, no exclusivamente de la confrontación, para evitar que, de aprobarse solo por la voluntad presidencial, deban enfrentar los litigios jurídicos, como seguramente ocurrirá en el presente caso y, como es de preverse, serán tachadas de violatorias de las normas constitucionales por la Suprema Corte de Justicia.

No, el verdadero fondo del asunto es el de que el discurso presidencial contra la Corte se explica por dos razones, a cual más de poderosas en el ánimo presidencial: Primero, el rechazo de la SCJN a las principales iniciativas presidenciales, tanto en la presidencia de la Corte con Arturo Zaldívar (aunque en ese período, sí pasaron las más importantes en las pretensiones presidenciales), como ahora con Norma Piña; y, segundo, que este tema será uno de los más importantes en la presente campaña electoral.

Será la «pareja perfecta» del señalamiento de López Obrador sobre la inmensa corrupción con la que gobernaron priistas y panistas. Al presidente le ha funcionado bien tal discurso, tanto en lo electoral, como en el de la calificación a su gestión; por ello insistirá, él y la «presunta» candidata del bloque gubernamental, Claudia Sheinbaum.

Y claro que tienen sustentos tales afirmaciones, el problema es que no fueron acompañadas del frontal, continuo y general combate a la corrupción en el presente gobierno, antes bien, al contrario. Los ejemplos sobran.

Otras razones argumentan los trabajadores del PJF: «La extinción de fideicomisos y recorte presupuestal, venganza política que afecta a más de 55 mil trabajadores y pone en riesgo el acceso a la justicia de los ciudadanos. El verdadero objetivo de los recortes es debilitar la autonomía e independencia judicial: trabajadores del Poder Judicial de la Federación», su aprobación, afirman, «implicaría la desaparición de 63% de los Juzgados de Distrito; 60% de los tribunales colegiados y 35% de la capacidad laboral del PJF». (Ibídem).

No soportó el presidente (y, además, en nuestra opinión, no le asistía la razón, que la Corte rechazara el «Plan B» de la reforma electoral; la invalidación del decreto presidencial de noviembre de 2021 en el que ordenaba a todas las dependencias del Ejecutivo «acelerar la emisión de permisos y autorizaciones para que la construcción de proyectos de infraestructura pudiera dar inicio de manera inmediata y sin dilaciones«, todo ello contenido en el decreto que calificaba como «de interés público y seguridad nacional las obras a cargo del Gobierno», es decir, los megaproyectos de la 4T que, por añadidura, pretendía blindarlas del escrutinio público y abrir la vía a la adjudicación directa de contratos.

Tampoco soportó que la SCJN invalidara el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; ni que se opusiera a la reelección de Zaldívar como presidente.

Ahora, pondrá en el centro de la discusión electoral que para enfrentar la corrupción del Poder Judicial, deberán elegirse por voto universal a los ministros de la Corte, «tal y como fue electo -dice- Benito Juárez».

¡Sorpresa!

Sin menoscabo del trascendental papel jugado por el Benemérito en la historia nacional, resulta que no fue elegido «magistrado» (así se llamaban los ministros entonces) por el voto «popular», sino que fue resultado de una elección indirecta, es decir, que ciudadanos, ellos sí elegidos popularmente, designaban a su vez a los ministros de la Corte. «Art. 92. Cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia durará en su cargo seis años, y su elección será indirecta en primer grado, en los términos que disponga la ley electoral». (En Antecedentes históricos y constituciones políticas de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., nota 8, pp. 437 y 438).

Ya desde aquellos años se discutía la conveniencia de que  los ministros fueran elegidos, pues los impulsores argumentaban que deberían ser elegidos «los representantes de las opiniones mayoritarias de la comunidad», ante lo cual, los opositores a tal reforma  argüían que «un magistrado no puede expresar ni seguir la voluntad mayoritaria sin prostituir la justicia». (Ibídem).

Más aún, Benito Juárez solo se desempeñó ¡dos días! Como Presidente de la Corte, pues se regresó al cargo de Secretario de Gobernación. 

«… Esta circunstancia resultó cuestionable en virtud de que Juárez había aceptado un segundo nombramiento, pues no existía motivo para desdeñar el cargo que le había dado una elección indirecta… la única posibilidad de separarse del encargo de Ministro en aquella época, era a través de la renuncia por causa grave y calificada por el Congreso. En consecuencia, Juárez ocupó de facto dos cargos públicos dentro de la administración federal: Ministro Presidente de la Suprema Corte (con licencia) y Secretario de Gobernación… (esto) puso en tela de juicio el ascenso de Juárez a la Presidencia, ya que contravenía el Decreto de 11 de septiembre de 1857, cuyo contenido se refería a que ninguna persona podría reunir el ejercicio de dos cargos o empleos en el servicio público». («Juárez: de Ministro de la Suprema Corte de Justicia a Presidente de la República», Reynaldo Amadeo Vázquez Ramírez, Revista Alegatos, núm. 91, México, septiembre/diciembre de 2015). file:///Users/luisvaleroflores/Downloads/50-Texto%20del%20art%C3%ADculo-102-1-10-20170724-3.pdf

Vaya que se debe leer la historia bien y no usarla sólo para medrar electoralmente.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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Prioritario. Tratamiento integral de CA de seno

El Diario, 19 de octubre de 2023 

Luis Javier Valero Flores 

Al igual que nos ocurre con la otra pandemia (que prácticamente es una endemia), la de los homicidios, la de la incidencia del cáncer, especialmente en las mujeres, debiera ser una política central, de los gobiernos estatal y federal, enfocada en nuestra entidad.

No ocurre así y Chihuahua se ubica, como en los índices homicidas desde hace años, en los primeros lugares de incidencia cancerosa, ahora en el tercer lugar, sólo por debajo de la Ciudad de México y Nuevo León, por puritita coincidencia dos de las entidades más industrializadas del país.

Si bien se ha avanzado en la difusión de la necesidad de la detección temprana y el tratamiento oportuno, hay un aspecto prácticamente descuidado, que incide directamente en la otra cara de la salud de quienes han padecido-padecen el cáncer, el sicológico: La reconstrucción de senos.

En plena era de la explosión en el número de personas -más mujeres que hombres, obviamente- que acuden a las cirugías estéticas, que causa no pocas difíciles, ríspidas, discusiones entre las mujeres que desean practicarse alguna de las cirugías y sus parejas y que, evidentemente, se ha convertido en un eslabón de la larga marcha femenina por hacerse de cada vez más porciones de libertad, a quienes han sufrido una de las peores mutilaciones que las mujeres pueden sufrir, prácticamente no hay políticas públicas de salud que las atiendan.

No es un asunto menor, porque, además de tener una de las tasas más altas de mortalidad, la incidencia es, igualmente, muy alta.

«Chihuahua es la tercera entidad con las tasas más altas de defunciones por cáncer de mama, muestran las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)… La entidad registró en el 2022 un total de 24 mujeres que perdieron la vida ante este cáncer por cada 100 mil habitantes. (Nota de Javier Olmos/El Diario de Juárez, 18/10/23)

Sirva ese dato -para comparar y darnos cuenta de la gravedad- con el de la incidencia nacional de tumores malignos en las mexicanas, que asciende a 51.92 casos por cada 100 mil mujeres de 20 años y más, de acuerdo con «la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) Continua 2022 del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), sobre la población que en los últimos 12 meses se ha realizado una exploración clínica de las mamas o una mastografía (El mastógrafo realiza biopsias sin necesidad de que la paciente ingrese a un quirófano y ofrece un diagnóstico más certero del cáncer de mama) y su resultado». (Ibídem). 

Si bien, durante la actual administración se han aplicado  en el Centro Estatal de Cancerología (Cecan) 10 mil 125 tratamientos contra el cáncer de mama en beneficio de 570 mujeres diagnosticadas con este padecimiento (Con información del Staff, El Diario de Chihuahua, 17/10/23), tales tratamientos debieran incluir lo estético.

Y Chihuahua se ubica en el rango de 59 a 80 casos por cada 100 mil mujeres, pero, como lo asentamos arriba, en los rangos superiores de mortalidad.

Al considerar al resto de las entidades, en virtud del elevado número de habitantes nacidos en Durango (alrededor del 16% de la población) servirá, de mucho, saber que Durango se colocó en el segundo lugar nacional en esa incidencia con 110.39 casos por cada 100 mil féminas.

A su vez, «Thelma Manzano, directora de Fundación CIMA, señaló que en 2022 cerca de 11 mexicanos murieron cada hora por causa de cáncer». (Nota de Claudia Valenzuela/El Diario de Chihuahua, 17/10/23).

Si bien, de acuerdo con las estadísticas abordadas, debe ocupar un lugar central de las preocupaciones la detección y el tratamiento, éste debería incluir, además de los aspectos sicológicos, el de la cirugía estética, lo que acarreará la necesidad de que una mayor número de aspirantes a la carrera de Medicina contemplen esta disciplina.

Y debe ser un aspecto que debieran proponer los legisladores, independientemente de su género sexual, ahora que vivimos la época de la cuasi paridad de género en las legislaturas, las diputadas, locales y federales debiesen incluir en sus agendas la legislación pertinente, a fin de que los gobiernos estén obligados a contemplar en los respectivos presupuestos este aspecto.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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