jueves, 30 de junio de 2016

Los pendientes

El Diario, 30 de junio de 2016
Luis Javier Valero Flores
No podía ser más traumática la transición gubernamental, que en el presente caso se trata de una alternancia partidaria; quizá por ello así sea.
El problema es que los actores políticos, especialmente los salientes, posibilite que se realice de la mejor manera.
Al decir lo anterior, no estamos pensando en las normas de la cortesía y las buenas maneras entre las personas, -eso es algo que deberíamos dar por descontado, dados los elevados niveles de responsabilidad de las tareas gubernamentales que les hemos confiado- sino en la necesidad de que la dinámica gubernamental no se altere, en perjuicio de los chihuahuenses, por la entrega-recepción de la administración estatal (y municipales).
Sin embargo, dos eventos ocurridos en los últimos días concitan una muy sustentada preocupación acerca de lo anterior. En ambos, la característica es la del apresuramiento.
Por una parte, a pesar de que probablemente ya se haya extinguido el riesgo, el del Fideicomiso Fronterizo; y, por otra, la de las reformas al sistema de transporte urbano de la capital del estado.
Lo llegamos a plantear, cuando se aprobó la creación del Fideicomiso Fronterizo a fines del año anterior y a principios del actual ¿Por qué no esperar a que fueran las nuevas administraciones, estatal y municipal de Juárez, las que resolvieran acerca de los recursos que se buscaba obtener a partir de la bursatilización de los bonos fronterizos? ¿Por qué no esperar a que los nuevos presidente municipal -y el cabildo- y gobernador del estado, independientemente del partido del que emergieran, decidieran acerca del uso de esos recursos, si se aprobaba la bursatilización?
Hoy sabemos que, probablemente, ya no se puedan obtener esos recursos económicos antes del término de las actuales gestiones y, por tanto, se quedarán pendientes las obras que la actual administración municipal -a escasos tres meses de terminar- pensaba iniciar, entre ellas las concernientes a la segunda ruta troncal del Vive Bus en Juárez, además de la pavimentación de numerosas calles y que  sea el presidente del Fideicomiso, Carlos Bernardo Silveyra, -cuyo nombramiento lo decide el gobernador del estado (a través de la integración del Comité, integrado mayoritariamente por funcionarios estatales)- el que resuelva cuáles obras son las que deban realizarse, entre ellas, sostuvo, la pavimentación de un paquete de 30 calles, adecuaciones viales para la segunda ruta troncal del ViveBús y el Centro de Investigación de Tecnologías Avanzadas.
Insistimos, durante años, la sociedad juarense disputó con la federación los recursos generados por los puentes fronterizos, justo es que ahora, al obtener la cesión de ellos, fueran los juarenses los que resolvieran acerca del destino de ellos.
De ahí el cuestionamiento ¿Por qué no esperar a que lleguen las nuevas autoridades y sean ellas las que resuelvan, por medio de los mejores  mecanismos societarios, acerca de estos ingresos económicos?
Cosa parecida ocurre en la capital con el sistema de transporte urbano, el Vive Bus. Apenas el sábado anterior, el director de Transporte Público, Gustavo Morales, anunciaba que se regresaba al esquema anterior, a las viejas rutas, que se mantendría la ruta troncal y que las rutas que llegarían al centro de la ciudad lo harían “por vías alternas”.
Además, que a partir del miércoles (el 29 de junio) ya no se aceptaría el uso de tarjetas del Vive Bus y que el martes (es decir, anteayer, el 28 de junio) se difundirían las nuevas rutas.
Nada de eso ocurrió y ayer anunció que las tarjetas se podrían usar hasta que se terminara el saldo, cosa por demás obvia y aún no son conocidas por la población las nuevas rutas.
Ante ello, el Instituto Municipal de Planeación (Implan) criticó severamente tales cambios pues, dijo en una publicación en la prensa impresa ”que violenta  leyes e instrumentos de planeación” y  daña a los ciudadanos en su economía al impedirles tener un sistema de transporte de calidad, pues la creación del Vive Bus se sustentaba en el Plan Sectorial de Movilidad Sustentable y que regresar al viejo sistema “desecha el esfuerzo hecho por todos los habitantes en años”.
Ante las críticas, el gobernador del Estado, César Duarte, sostuvo que tal regresión “no representa un retroceso o fracaso”.

¿Y porqué  no esperarse a que el nuevo gobierno lo hiciera y no dar pie a lo que se presentará irremisiblemente, si se empeñan en hacerlo, el caos?

lunes, 27 de junio de 2016

Transición

MegaRadio 860, Juárez
27 de junio de 2016
Luis Javier Valero Flores
Los violentísimos hechos ocurridos la semana anterior en los alrededores de Palacio de Gobierno vinieron a develar algo que bien sabíamos: La elevada irritabilidad ciudadana, que se agravó, en el caso de los habitantes de la capital, por varios hechos extrañamente coincidentes.
Entre ellas la exigencia al respeto al resultado electoral (debido a la impugnación a la elección a gobernador, presentada por el PRI); el rechazo al “artificial” desabasto de combustibles; la exigencia del “respeto a los usuarios del transporte urbano”; la no destrucción de “evidencias de la corrupción duartista”; la acción penal en contra “de Duarte ¡Ya!” y el cese de la represión en Oaxaca.
No se necesitaba ser un gran previsor para saber que, ante tal cúmulo de molestias, la probabilidad dehechos violentos fuera muy elevada.
Y que, además, las provocaciones podrían ser extremadamente posibles.
¿Sacar a Duarte de Palacio de Gobierno?
¿A estas alturas, cuando una mayoría abrumadora de chihuahuenses ya lo determinó? ¿Y por la mejor de las vías, la político-electoral, la que no ofrece atenuante alguno?
¿Porqué no esperar a que, como es su obligación, haga la entrega del gobierno y tengamos, de parte de su equipo y de él mismo, el reporte pormenorizado de cómo entrega la administración y, a su vez, el informe de Javier Corral de cómo la recibe?
De una cosa no se ha dado cuenta el gobernador César Duarte. Que a partir de la noche del 5 de junio dejó de dirigir a la primera fuerza política del estado de Chihuahua. 
Esa es la nueva realidad de Chihuahua.
Puede seguir intentando, el gobernador Duarte, convencer a los chihuahuenses que su gestión fue exitosa en infinidad de rubros, pero el veredicto  de la mayoría de la sociedad es inapelable.
Para la construcción de ese veredicto societario jugó un papel determinante, la promesa central de Javier Corral: “Llevar a la cárcel a César Duarte”.
Esa promesa galvanizó, ahora lo sabemos, no sólo a la mayoría del electorado opositor, sino también a un sector del electorado priista, incluidos funcionarios menores y empleados gubernamentales.
Puede objetarse la oportunidad de la convocatoria a la manifestación del miércoles.
Pero de ninguna manera se les pueden señalar responsabilidades penales a los convocantes. A menos de que hubiesen participado directamente en los daños a Palacio o de lesionar a alguno de los policías, no se les puede achacar otra culpa; se les puede hacer responsables políticos de la convocatoria, pero eso no configura la comisión de delito alguno.
¿Que fueron graves los hechos? Sí, pero de ahí a acusar a varios de los detenidos de los delitos de sedición y motín es un verdadero exceso.
No, no buscaban “desestabilizar” a las instituciones del estado; no, estaban quebrando ventanas, vidrios y puertas y algunos de ellos no eran, como lo afirmara el mismo Jaime García Chávez, infiltrados, sino participantes de las manifestaciones y movilizaciones anteriores que mostraron de esa manera su rechazo al gobernador Duarte.
¿Qué está mal? Por supuesto, pero de ahí a señalarlos y castigarlos como si fueran los guerrilleros o terroristas que están subvirtiendo el orden constitucional hay un mundo de diferencia.
Y deberemos estar atentos a la recopilación de los elementos informativos que confirmen la versión de varios de los convocantes acerca de la participación de “infiltrados” en los hechos.
La mesura debería aparecer, sobre todo en quienes tienen a su cargo responsabilidades mayores.
Lo menos que pueden hacer es que el funcionamiento del gobierno se mantenga de manera estable en la transición, y guardarse todas las manifestaciones públicas beligerantes, sobre todo el mandatario saliente, por una razón, elemental, es el obligado a mantener la calma pues tiene a su mando, aún, toda la estructura gubernamental y, sobre todo, el aparato policiaco y de justicia.
Una vez pasados los acontecimientos y serenados los ánimos, debieran dar paso a lo más importante: La transición que la mayoría de los chihuahuenses dictaminaron se hiciera.

Es todo.

domingo, 26 de junio de 2016

Vísceras

El Diario, 26 de junio de 2016
Luis Javier Valero Flores
De una cosa no se ha dado cuenta el gobernador César Duarte. Que a partir de la noche del 5 de junio dejó de dirigir a la primera fuerza política del estado de Chihuahua. 
Es el gobernante debe entregar el 3 de octubre, pero que a partir del 3 de septiembre, sus colaboradores deberán iniciar la entrega de sus dependencias a los representantes del gobernador electo, Javier Corral.
Esa es la nueva realidad de Chihuahua.
La determinación de la mayoría de los electores -que para estos asuntos son los que cuentan- fue extremadamente contundente: No deseaban la continuidad  del actual grupo gobernante.
Puede seguir intentando, el gobernador Duarte, convencer a los chihuahuenses que su gestión fue exitosa en infinidad de rubros, pero el veredicto  de la mayoría de la sociedad es inapelable.
Para la construcción de ese veredicto societario jugó un papel determinante la promesa central de Javier Corral: “Llevar a la cárcel a César Duarte”.
Esa promesa galvanizó, ahora lo sabemos, no sólo a la mayoría del electorado opositor, sino también a un sector del electorado priista, incluidos funcionarios menores y empleados gubernamentales. De esa dimensión es el resultado electoral obtenido por el candidato Enrique Serrano, quien obtuvo la más baja votación alcanzada por candidato perdedor alguno, desde 1992.
Ese rechazo de la población, hasta con tintes viscerales en no pocos ciudadanos, es más extendido en la capital del estado. Incapaces de asimilarlo, y de aceptarlo, los priistas del primer círculo siguen criticando a sus adversarios y los acusan de continuar con “el lenguaje del odio”.
Pero no sólo allá no se dan cuenta de esta nueva realidad, también algunos dirigentes de Unión Ciudadana, destacadamente Jaime García Chávez, principal animador de la agrupación y de las denuncias penales planteadas en contra del Gobernador Duarte y varios de sus colaboradores.
Puede objetarse la oportunidad de la convocatoria a la manifestación del miércoles, hasta los términos de ella, y los agregados que muchos chihuahuenses le hicieron, que terminó por crear la imagen de que ese día se tomaría el Palacio de Gobierno.
Pero de ninguna manera se les pueden señalar responsabilidades penales a los convocantes. A menos de que hubiesen participado directamente en los daños a Palacio o de lesionar a alguno de los policías, no se les puede achacar otra culpa; se les puede hacer responsables políticos de la convocatoria, pero eso no configura la comisión de delito alguno.
Ese acto, con “infiltrados” o no, era verdaderamente explosivo, tanto por los participantes, como por los motivos. Así, era fácil que prendiera la consigna de “puerta, puerta”; eso quería un buen número de los asistentes, los que, pasados los primeros momentos, actuaron casi libremente, frente al evidente retraso de la llegada de los contingentes policíacos.
¿Que fueron graves los hechos? Sí, pero de ahí a acusar a varios de los detenidos de los delitos de sedición y motín es un verdadero exceso. Quienes actuaron más protagónicamente en la destrucción de una de las puertas y de varias ventanas de Palacio no estaban actuando así en aras de “SEPARAR O IMPEDIR EL DESEMPEÑO DE SU CARGO AL GOBERNADOR DEL ESTADO, MIEMBRO DEL AYUNTAMIENTO, O DIPUTADO AL CONGRESO DEL ESTADO O A SERVIDOR PUBLICO QUE DESEMPEÑE FUNCIONES JURISDICCIONALES”, como señala el Código Penal (Art. 349).
No, no buscaban “desestabilizar” a las instituciones del estado; no, estaban quebrando ventanas, vidrios y puertas y algunos de ellos no eran, como lo afirmara el mismo Jaime García, infiltrados, sino participantes de las manifestaciones y movilizaciones anteriores que mostraron de esa manera su rechazo al gobernador Duarte.
¿Qué está mal? Por supuesto, pero de ahí a señalarlos y castigarlos como si fueran los guerrilleros o terroristas que están subvirtiendo el orden constitucional hay un mundo de diferencia.
No, señores de la Fiscalía, si en un evento tan filmado, ustedes cometen excesos en el fincamiento de cargos, además de los excesos cometidos por muchos policías en la detención de más de 100 personas, contribuirán, como nadie, al mayor encrespamiento social.
Más aún, la Fiscalía General del Estado no podrá demostrar la participación de “sureños” o “oaxaqueños” en los hechos, como irresponsable y discriminatoriamente propaló en los primeros minutos después la gresca. 
Y deberemos estar atentos a la recopilación de los elementos informativos que confirmen la versión de varios de los convocantes acerca de la participación de “infiltrados” en los hechos.
La mesura debería aparecer, sobre todo en quienes tienen a su cargo responsabilidades mayores.
Esa no está, ni en el gobernador Duarte, ni en el dirigente estatal del PRI. Debieran cambiar, la campaña ya terminó, la posibilidad de alertar a la sociedad chihuahuense por el “peligro” que representan los ganadores de la elección, desde su óptica, no tuvo credibilidad.
Para la mayoría de los chihuahuenses quedó claro que tienen ópticas distintas sobre el manejo de la administración estatal; lo menos que pueden hacer es que el funcionamiento del gobierno se mantenga de manera estable en la transición, y guardarse todas las manifestaciones públicas beligerantes, sobre todo el mandatario saliente, por una razón, elemental, es el obligado a mantener la calma pues tiene a su mando, aún, toda la estructura gubernamental y, sobre todo, el aparato policiaco y de justicia.
No puede seguir haciendo señalamientos y acusando de la comisión de hechos presumiblemente delictivos a chihuahuense alguno.
Al ambiente de distensión no abonó nunca después de las elecciones. De su parte no hubo ninguna expresión de felicitación, ya no a Javier Corral, sino a los chihuahuenses que acudieron a emitir su voto en calma, sin mayores incidentes y a los ciudadanos que hicieron posible la realización de la jornada electoral.
Nada de eso, sus primeras declaraciones fueron las lanzadas en contra del gobernador electo, al que señaló de contar con colaboradores que convocaron a la manifestación que dio lugar a los hechos reprobados por todos y acusó “a la oposición” de irritar, provocar y rechazar, sin el menor asomo de una autocrítica y alertando a los chihuahuenses del “grado de peligro que significan para la sociedad chihuahuense (los de la oposición)”.
La respuesta no podía ser de otra manera. En un mensaje en redes sociales, Javier Corral señaló que César Duarte continúa “Con su estrategia de siempre, mentir, engañar, que se aprovecha de cualquier cosa para distraer la atención del tema esencial y retrasar lo más posible el proceso de entrega-recepción al nuevo gobierno del Pueblo y el ineluctable proceso por el que deberá rendir cuentas” y lo calificó de mitómano debido a “sus insinuaciones calumniosas”, ratificó, de pasada, su postura con relación a la intención de bursatilizar el remanente carretero y una parte de las participaciones federales.
Además persistió en la participación de “provocadores que Duarte infiltró en la manifestación”, a los que señala como los iniciadores de la agresión a la puerta de Palacio, a la vez que pide una exhaustiva investigación de los hechos.
Una vez pasados los acontecimientos y serenados los ánimos, debieran dar paso a lo más importante. 
Por supuesto que se puede dar por descartada la foto de Duarte y Corral juntos, no hay condición alguna para que se dé, incluso hasta lo podríamos dar como natural; los agravios lanzados por uno y otro lo impiden, pero ambos entienden que sus equipos deben actuar en función de lo que implica la entrega de la administración estatal y debieran dar los primeros pasos para ello.
Más de uno planteará que existe una impugnación a la elección de gobernador, pero aún así podrían avanzar, si los salientes fueran capaces de actuar con realismo. El escribiente no ha encontrado priista alguno que defienda -fuera de libreta, o de los micrófonos y grabadoras- tal impugnación.
Se trata, de acuerdo con la información proporcionada por el PRI, de fallas en el llenado de las actas de cómputo en las casillas, pero que extrañamente no fueron subsanadas en la sesión de la Asamblea Municipal correspondiente del miércoles siguiente a la elección ¿Por qué los representantes del PRI, Panal, Verde y PT no pidieron que se abrieran los paquetes electorales en esa sesión?
Y es que el Artículo 184 de la Ley Electoral de Chihuahua establece que la asamblea municipal deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de una casilla, ”b)  Si los resultados de las actas muestran alteraciones, errores aritméticos evidentes o falta de datos relevantes, y que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla…”.
O, “c) Si existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas correspondientes, salvo que puedan corregirse o aclararse por otros medios;”.
¿Por qué no lo hicieron los 650 abogados que el PRI presumió haber traído para vigilar la elección?
No, señores, la elección ya pasó, lo que sigue es efectuar la transición que la mayoría de los chihuahuenses dictaminaron se hiciera.
Es todo.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

jueves, 23 de junio de 2016

Lumbre

El Diario, 23 de junio de 2016
Luis Javier Valero Flores
Los violentísimos hechos ocurridos el martes en los alrededores de Palacio de Gobierno vinieron a develar algo que bien sabíamos: La elevada irritabilidad ciudadana, que se agravó, en el caso de los habitantes de la capital por varios hechos extrañamente coincidentes.
La convocatoria de Unión Ciudadana a manifestarse en Palacio de Gobierno parecía no diferir de otras anteriores, salvo por las nuevas circunstancias, locales y nacionales, y que tenía como consignas la exigencia al respeto al resultado electoral (debido a la impugnación a la elección a gobernador, presentada por el PRI); el rechazo al “artificial” desabasto de combustibles; la exigencia del “respeto a los usuarios del transporte urbano”; la no destrucción de “evidencias de la corrupción duartista”; la acción penal en contra “de Duarte ¡Ya!” y el cese de la represión en Oaxaca.
Sin embargo, había un cariz distinto en la convocatoria, en la forma que cundió en las redes sociales, especialmente en Facebook, consistente en el agregado que muchos le añadieron a la convocatoria: “¡Todos a las calles, a sacar a Duarte!”.
De ese modo, la manifestación tuvo como centro de su atención, no la manifestación de tales consignas, sino el Palacio de Gobierno, porque en el imaginario de los manifestantes la idea era “sacar a Duarte” del Palacio de Gobierno, de ahí que se convirtiera, éste, en el centro de la atención.
Los ánimos exacerbados de la multitud no necesitaban mayor explicación, el desabasto de gasolina y diesel de los dos días anteriores había provocado que miles y miles de trabajadores no acudieran a sus trabajos y que decenas de miles de automovilistas padecieran los estragos de la carencia de gasolina.
No se necesitaba ser un gran previsor para saber que, ante tal cúmulo de molestias, la probabilidad hechos violentos fuera muy elevada.
Y que, además, las provocaciones podrían ser extremadamente posibles.
Evaluar tales condiciones era indispensable para las dirigencias, de cualquier partido político o agrupación social; además, era -es- necesario hacer una adecuada evaluación de las demandas.
Vayamos por la impugnación del PRI. Aún el presidente del Tribunal Estatal Electoral no ha determinado si la impugnación es procedente; nadie podría, por tanto, argüir que los órganos electorales le esquilmarán el triunfo a Javier Corral; vamos, ni entre los priistas existe la más remota esperanza de que prospere el alegato que, a la luz de las pruebas ofrecidas por el PRI, no tiene sustento legal.
¿Sacar a Duarte de Palacio de Gobierno?
¿A estas alturas, cuando una mayoría abrumadora de chihuahuenses ya lo determinó? ¿Y por la mejor de las vías, la político-electoral, la que no ofrece atenuante alguno?
¿Porqué no esperar a que, como es su obligación, haga la entrega del gobierno y no darle posibilidad alguna a que se pueda argüir su anticipada salida para no hacerlo y que tengamos, de parte de su equipo y de él mismo, el reporte pormenorizado de cómo entrega la administración y, a su vez, el informe de Javier Corral de cómo la recibe?
¿Cuál es, por ejemplo, la opinión del equipo de Corral acerca de la impugnación presentada por el PRI, no desde el punto de vista político, sino de la debilidad o fortaleza de los argumentos esgrimidos por el priismo en la demanda?
Asimismo, el de que la sociedad chihuahuense debiera tener la versión del equipo ganador de las elecciones sobre el abasto de la gasolina en la capital y el noroeste de la entidad y ahora, en virtud de los nuevos acontecimientos, urge que se inicie, a la brevedad, el proceso de entrega-recepción de la administración.
Porque en el momento actual no es por la vía de las manifestaciones (aunque, repetimos, es el pleno derecho de los mexicanos y mal haríamos en negar tan elemental derecho por el que tanto hemos abogado) sino por el de la vía político-electoral que deban hacerse vigentes los derechos de la sociedad y, también, la satisfacción de sus demandas.
Porque ahora entraremos a una espiral incontrolable, la de la exigencia de la liberación de los detenidos, por una parte, la del castigo “ejemplar” que exigirán otros y la del completo esclarecimiento de los hechos que exigiremos todos, para deslindar lo que sostienen algunos de los convocantes, en el sentido de que hubo “infiltrados del gobierno”, o de que fueron los “colaboradores de Corral”, en la versión de la otra parte, además de que deberemos exigir la más pulcra de las investigaciones acerca de los proverbiales excesos de las fuerzas policíacas.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

domingo, 19 de junio de 2016

Derrota no asimilada

El Diario, 19 de junio de 2016
Luis Javier Valero Flores
Lo que se había presentado bajo buenos augurios, la entrega-recepción entre el nuevo gobierno y el saliente, ha entrado en una pendiente de creciente rispidez.
Por un lado, la reunión sostenida entre la cúpula empresarial de la ciudad de Chihuahua, con el Secretario de Hacienda, Jaime Herrera, y los integrantes de la Junta de Coordinación Parlamentaria, con la ausencia de los integrantes del equipo designado por Javier Corral, para discutir la propuesta del Gobernador César Duarte, acerca de bursatilizar los remanentes del Fideicomiso carretero -hasta por 3 mil millones de pesos (mmdp) y hasta el 25% del Fondo de Aportaciones para Entidades Federativas, a fin de obtener otros 2 mil 900 millones de pesos- a la que luego precisara Corral que no había participado alguien en su nombre en esa reunión; y, por otra parte, la decisión del PRI de impugnar la elección a gobernador y las de alcaldía de Juárez, así como otras 8 elecciones distritales, son la razón central de aquello.
Deberá precisarse, sin embargo, que al término de la reunión, tanto Herrera, como Rodrigo de la Rosa, coordinador de los diputados del PRI, fueron insistentes en sostener que la opinión decisiva debería ser la del equipo del gobernador electo. Herrera dijo que “tendremos que tomar algunas definiciones claras acompañados por el grupo que designó el gobernador electo Javier Corral”. Y reiteró que "todo debe darse con un consenso entre los gobiernos salientes y entrantes". (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario de Chihuahua, 16/VI/16).
Por su parte, Rodrigo de la Rosa sostuvo que a pesar de la complejidad del tema, deberá haber acuerdo entre los gobiernos entrantes y salientes, así como con el Congreso del Estado, pero "la opinión fundamental es de la comisión que nombró el gobernador electo”, dijo. (Ibídem).
Sin embargo, todo cambió ante la sorpresiva impugnación presentada por el PRI. Tiene derecho, sin duda, a hacerlo; lo sorprendente es que la argumentación presentada (La existencia de más de 170 mil boletas sobrantes, respecto a las inicialmente presentadas antes de la votación en las casillas, fruto de un hallazgo, sostendría el presidente del PRI Estatal, Guillermo Dowell, en las actas) es más propia de los partidos de oposición, en las ya muy típicas elecciones mexicanas, en las que el uso de la estructura gubernamental forma parte de la parafernalia electoral a la que se deben enfrentar las fuerzas de oposición y la ciudadanía decidida a votar en sentido contrario al partido gobernante.
Pero el asiento del poder ha cambiado. Finalmente, el viernes, los consejeros electorales, del Instituto Estatal Electoral (IEE), precisaron que fue el Consejo General quien ordenó la impresión de más de 135 mil boletas, las necesarias, dijeron, para soportar la emisión del voto en las casillas especiales, las de los representantes de los partidos que se encontraran fuera de su sección electoral, etc.
Interrogado al respecto, Dowell aceptó que la presentación de la impugnación no tendría porqué suspender los diversos actos de entrega-recepción del nuevo gobierno pues, dijo, hay un hecho jurídico, el de que existe una constancia de mayoría que le otorga la calidad de gobernador electo a Javier Corral y que, además, el trabajo de los comisionados para ver el asunto de la nueva bursatilización debería continuar. (Aserto Radio, Antena 102.5 FM, 17/VI/16).
¿En qué se basa el PRI para impugnar una elección en la que quienes podrían haber cometido irregularidades, en todo caso, podrían haber sido las autoridades electorales, en complicidad con las autoridades estatales pues éstas son las que tienen el control sobre el aparato gubernamental, y no al revés?
Cuesta mucho trabajo, para los mexicanos que hemos visto muchos procesos electorales, creer que el escenario planteado por el PRI de Chihuahua se corresponda con la realidad.
Nos lleva a la conclusión que a casi dos semanas de las elecciones aún no asimilan la tremenda lección propinada por la mayoría de los votantes: Una sonora descalificación a la actuación del grupo gobernante en Chihuahua, a todos sus integrantes, no sólo a la del gobernador César Duarte (que lo es, y mucho) de la que deberán desprender muchas y diversas lecturas y aprendizajes.
Una de ellas, la de la deuda del gobierno de Chihuahua. César Duarte y su secretario de Hacienda, Jaime Herrera, sostuvieron que, por el hecho de no estar avalados por las participaciones federales los empréstitos adquiridos por la vía de la bursatilización de los bonos carreteros, no podían recibir la denominación de deuda.
Hoy van a tener que aceptar esa denominación pues la administración entrante así lo cree, además de que el mismísimo Subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, sostuvo que "las obligaciones que tienen aparejadas un activo en específico, que en el caso de Chihuahua son las carreteras de cuota, las cuales representan el 37 por ciento de todas sus obligaciones, mientras que el otro 63 por ciento son respaldadas con participaciones federales" representan, dijo, una fortaleza. (Nota de Orlando Chávez, El Diario de Chihuahua, 10/II/16).
Es decir, es deuda, de acuerdo con los funcionarios de Hacienda. Bien, entonces ¿Qué hacer en el presente caso, cuando Jaime Herrera afirma que estas dos bursatilizaciones fueron aprobadas en la ley de ingresos para 2016 por el Congreso del Estado -otra vez, el asunto de las actas del Poder Legislativo, pues según afirma Mario Vázquez, dirigente del PAN, no fue aprobado una bursatilización más- y que, por tanto, se requiere aprobar debido a que su ejercicio ya estaba contemplado en el presupuesto de egresos.
Pero tales discusiones enmascaran el verdadero problema: La existencia de un déficit del orden de los 5 mil 500 mdp anuales; que los gastos del gobierno de Chihuahua exceden en esa cantidad -probablemente menor, debido a la abultada nómina y a infinidad de gastos superfluos- a los ingresos.
Qué, además, como lo ha sostenido reiteradamente Jaime Herrera, los endeudamientos se han usado para pagar los crecientes gastos en materia de educación, salud y seguridad pública, lo que traducido al lenguaje llano podría significar que, por ejemplo, decidieron abrir los nuevos planteles de bachillerato sin tener el soporte presupuestal para hacerlo y le apostaron a que por la vía del endeudamiento se podrían solventar los gastos, y así, en todas las áreas, incluidas las de los gastos más superfluos, o las de la existencia de una nómina mayor a la requerida a la que puede soportar el gasto gubernamental.
O, también, por la de gestionar ante el gobierno federal -que prácticamente se encuentra en condiciones semejantes- la llegada de nuevos apoyos financieros, pero que, por su propia naturaleza, no son seguros, ni estables, y dependen, directamente, de la capacidad de gestión del gobernante y de la disposición del presidente de la república, el que puede resolver en función de la importancia política de la entidad o de los vaivenes político-electorales.
De esa manera, es imprescindible la información del verdadero estado de las finanzas estatales y de la administración estatal, porque, de aprobarse la nueva bursatilización, nos encontraremos con la realidad de que la nueva administración ya no tendrá posibilidad de acceder a nuevos créditos directos pues la capacidad crediticia del gobierno, por esta vía, está en el tope de lo legalmente permitido.
Y, por otra parte, del peaje carretero ya sólo quedaría la posibilidad de acceder al remanente -alrededor del 4%, por el incremento del flujo vehicular- y ni modo de que el gobierno de Javier Corral iniciara con la instalación de nuevas casetas de peaje.
En suma, no podría hablarse de que lo recibirán en quiebra, porque aún podría pagar, pobre, endeudado, pero con capacidad de pago y sin la capacidad para atender muchas necesidades, pero sí con un sinnúmero de ataduras financieras, en las que el pago de los intereses de la deuda directa y de los bonos carreteros sumarán, al año, alrededor de los 2 mil 500 millones de pesos y sólo por estos rubros, faltan los intereses de los bonos sobre el Impuesto Sobre Nómina, y otros "arrimadijos", que luego se verán.
Bueno, dicen que no es deuda, ¡Pero cómo se le parece!
NOTA FUNEBRE.- Agustín Basave renunció a la presidencia del PRD. Creyó que una personalidad solitaria podía controlar a los “chuchos”, el grupo que se adueñó del PRD. No pudieron ni Cuauhtémoc Cárdenas, ni López Obrador, dirigentes de una gran trayectoria y autoridad política, menos lo iba a lograr un académico sin mayor ascendiente en los grandes grupos políticos de la izquierda mexicana.

Hacía rato, muy grande, que la dirigencia perredista había abandonado las banderas de la izquierda, hoy le extiende el certificado de defunción su actual dirigente ¿Quien lo sucederá? ¿Nuevamente uno de los “chuchos”?

jueves, 16 de junio de 2016

Partidos desechables

El Diario, 16 de junio de 2016
Luis Javier Valero Flores
En tanto los priistas se empiezan a preguntar qué es lo que les pasó por encima, incapaces de encontrar en los muy emblemáticos casos, merecedores de justas sospechas de corruptelas, las mejores razones para explicarlo, a altas horas de la noche del martes, los senadores de ese partido y del Verde votaron en contra de hacer públicas las 3 declaraciones de los funcionarios públicos, las patrimoniales, las fiscales y las de conflicto de interés, en lo que fue el remate al sinfín de conductas erráticas, políticas partidarias, costumbres y corruptelas, que los llevaron a la derrota en 9 de las 14 entidades que fueron convocadas a elegir gobernantes en distintos niveles.
Uno de esos aspectos es el de la aprobación del articulado de la ley electoral  de Chihuahua, que le permitió a los partidos postular candidaturas comunes, en las que, tramposamente, podían pactar la transferencia de votos en los convenios firmados entre los partidos participantes.
Ese clausulado fue el mecanismo para eludir la reglamentación que prohibe, precisamente, tales convenios en la conformación de las coaliciones.
La mayoría priista y sus partidos satélites en el Congreso del Estado aprobó la iniciativa del Gobernador César Duarte. La concibieron como el mecanismo para impedirle -eso pensaban- acceder a más diputados al PAN, pues en sus pronósticos electorales, el PAN sería quien ocupara el segundo lugar de la votación y, entonces, aprobar ese mecanismo les permitiría que tales diputaciones fueran repartidas entre sus partidos, el Panal, el Verde y el PT.
Hoy la situación es al revés y el PRI puede quedarse, solamente, con un diputado plurinominal y, los otros partidos, con 2 cada uno, con excepción del PT, y esa es la sorpresa, porque, a pesar de la transferencia de votos que le hizo el PRI, queda por debajo de la votación alcanzada por Morena (7.5%), lo que le da derecho a éste a 2 diputados.
Como Movimiento Ciudadano alcanzó el 6% de la votación (recordemos que el 2o. diputado plurinominal se les otorga a los partidos que obtengan del 5%  de la votación en adelante), entonces, muy probablemente impugnará el convenio del PRI y sus partidos, cosa que, puede ser, también hagan el Partido Encuentro Social y Morena.
Y ahí aparece la paradoja. Es probable que el PRI, ante esas impugnaciones, se presente como “tercero interesado”, pero no para defender el convenio de las candidaturas comunes ¡Sino para “allanarse”, es decir, para aceptar la inconstitucionalidad de tales convenios!
La razón es sencilla, si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo declara de esa manera (Y “acomoda” los votos emitidos por la candidatura común, sin tener certeza alguna de qué manera), entonces el PRI podría aspirar a recibir ¡Hasta 4 diputados plurinominales! a cambio de que el Panal, el Verde, el PT no reciban diputado alguno.
La razón es muy simple, y esperanzadora, además de gratificante: Esos partidos no alcanzaron el 3% de la votación en los distritos en los que participaron solos, el voto de castigo los alcanzó, de tal manera que si hubiesen participado en una coalición, con las reglas establecidas, en estos momentos estaríamos festejando que no habrían alcanzado el mínimo necesario para mantener su registro electoral.
No es así y deberemos esperar los fallos del TEPJF sobre la legalidad de la ley electoral de Chihuahua.
La conclusión es obvia, el Congreso aprobó una regulación electoral afín a sus intereses sin que les importara la legalidad de las medidas aprobadas, hoy pagan las consecuencias, nunca pensaron, al parecer ni remotamente, en la posibilidad de perder la elección del 5 de junio.
En este asunto, y en el de la iniciativa para bursatilizar los remanentes del fideicomiso carretero y una parte de las participaciones federales, subyace la plena seguridad del grupo gobernante de su victoria, los saldos aparecen por todos lados.
Y los reclamos, también. El experto en “ingeniería” electoral, Leonel Reyes Castro (que, por otra parte, ha emprendido la tarea de proponerle a sus compañeros, los priistas, un debate sobre la debacle) le ha preguntado (en laopción.com, 15/VI/16) al dirigente estatal, Guillermo Dowell, cuál va a ser la postura del PRI respecto de este tema, luego de señalar que, quienes están al frente de ese partido “no son sus dirigentes” pues, dice, “todos sabemos quienes los pusieron ahí”.

¡Vóytelas!

lunes, 13 de junio de 2016

La derrota también es de Peña Nieto

Mega Radio Juárez 860, 13 de junio de 2016
Luis Javier Valero Flores
Finalmente Javier Corral obtuvo 517 mil votos (39.7%), Enrique Serrano 400 mil (30.7%); además de que el candidato independiente, José Luis Barraza, obtuvo 242 mil votos, equivalentes al 18.6% de la votación, en una elección a la que acudieron un millón 303 mil, que son el 49.28% del electorado de la entidad.
Javier Corral obtuvo 116 mil 503 votos más que Enrique Serrano Escobar y lo superó, además, en la votación obtenida en las dos principales urbes de Chihuahua.
El partido del presidente Peña Nieto sólo ganó en Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Sinaloa y Zacatecas. Además de las gubernaturas de Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Puebla, Aguascalientes, Veracruz y Quintana Roo, perdió en las elecciones constituyentes de la Ciudad de México, en la que obtuvo el 9% de la votación y las de mitad de sexenio en Baja California (diputaciones y alcaldías).
Además, Morena, el partido de López Obrador, se colocó como segunda fuerza en Veracruz, Oaxaca y Zacatecas y, además, repitió como primera fuerza en la Ciudad de México.
Llaman la atención los resultados de Veracruz. Gana la gubernatura el PAN, pero Morena, además de quedar en segundo lugar, obtiene 15 diputaciones de mayoría relativa, por 12 del PAN y 3 del PRI.
En cuanto a las gubernaturas obtenidas por el PAN, en Durango, Quintana Roo y Veracruz, fueron obtenidas con base en la coalición con el PRD. Por otro lado, en Puebla, logró ganar encabezando una alianza con Nueva Alianza, PT, Compromiso por Puebla-Pacto Social de Integración Social.
Es decir, que el PAN, sin alianzas, sólo ganó las de Chihuahua, Aguascalientes y Tamaulipas. A lo que deberá agregarse el hecho de que los candidatos triunfadores del blanquiazul en Durango, Quintana Roo, Veracruz, fueron miembros del PRI. En los casos de José Rosas Aispuro, de Durango, y Miguel Angel Yunes, de Veracruz, lo fueron hasta poco antes del 2009. Y Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, lo fue hasta hace muy poco, al inicio del presente proceso electoral, luego de abandonar al PRI, en protesta por no haber recibido  la designación.
Pero si la derrota del priismo es histórica en el país, la que recibió en Chihuahua supera todos los antecedentes. Pierde la mayoría en el Congreso del Estado y, con excepción de cuatro municipios de mediana a menor población -Guerrero, Guadalupe y Calvo, Jiménez y Guachochi-, perdió todos los municipios con la mayor población de la entidad.
Por primera vez desde 1995, el PRI perdió la mayoría en el Congreso del Estado y el PAN rompe una continuidad gubernamental de 18 años.
El candidato perdedor, Enrique Serrano, obtuvo la más baja votación que hubiesen obtenido sus antecesores, los candidatos perdedores. Su votación sólo supera a la de Jesús Macías, en 1992.
Además, el candidato independiente, José Luis Barraza, al obtener 242 mil votos  y deberá considerarse que, de no haber irrumpido en el proceso electoral, la mayor parte de esos votos serían, abrumadoramente, para el candidato panista.
De ahí, entonces, que puede evaluarse de mejor manera el elevado voto de castigo al gobierno de César Duarte; no son pocos, sumados los votos de Corral, Barraza y los obtenidos por Javier Félix, de Morena, suman el 60% de la votación, si se acepta el criterio que éstos candidatos eran los de la verdadera oposición al PRI.
Rechazo tan contundente abarcó por igual a las dos grandes urbes chihuahuenses. Armando Cabada, candidato independiente, obtuvo, casi, la mitad de la votación (48%), nivel semejante al obtenido en Chihuahua por la panista Maru Campos (44%). Javier Corral obtendría la friolera de 190 mil votos en la capital del estado y ganaría, también, en el antiguo Paso del Norte.
El PRI quedó en segundo lugar de la votación, pero la población que gobernará en el ámbito municipal será extremadamente baja. Los alcaldes panistas y los independientes gobernarán a alrededor del 85% de la población del estado y Armando Cabada, de Juárez, a la mayor, el 42%.
Además, con toda seguridad, el PRI puede quedarse, solamente, con 7 diputados, 6 de mayoría relativa y uno pluri; el PAN será la primera minoría, con 15 o 16 diputados. Se perfila, entonces, un Congreso sin mayoría. Bastará con que un legislador vote con la primera minoría, el PAN, para ganar las votaciones congresales.
Pero deberán obtener el concurso de diputados de varios partidos para aprobar reformas constitucionales o la aprobación de cosas por mayoría calificada.

Le pasó un tren por encima al PRI.

domingo, 12 de junio de 2016

Derrota paralizante

El Diario, 12 de junio de 2016
Luis Javier Valero Flores
Si hace seis años el discurso de toma de posesión de César Duarte tuvo como una de sus más emblemáticas frases la dirigida contra el gobernador saliente, José Reyes Baeza, -el poder es para poder y no, para no poder-, el del ahora gobernador electo, Javier Corral, también tuvo como frases centrales las dirigidas a César Duarte: “El poder es para servir” y la que, al momento de pedirle a sus simpatizantes, en el mitin de la “victoria” del viernes en la capital del estado; que no lo dejaran solo para “quitar al César lo que no es del César, y darle al pueblo lo que es del pueblo”.
Así selló su aplastante triunfo electoral del domingo anterior, en lo que es la peor derrota del PRI en la entidad y seguramente en la peor de las 9 derrotas sufridas por el priismo, que sólo ganó 5 de las 14 elecciones celebradas en esa fecha.
El partido del presidente Peña Nieto sólo ganó en Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Sinaloa y Zacatecas. Además de las gubernaturas, perdió en las elecciones constituyentes de la Ciudad de México, en la que obtuvo el 9% de la votación.
Pero si la derrota del priismo es histórica en el país, la que recibió en Chihuahua supera todos los parámetros. Pierde la mayoría en el Congreso del Estado y, con excepción de cuatro municipios de mediana a menor población -Guerrero, Guadalupe y Calvo, Jiménez y Guachochi-, perdió todos los municipios con la mayor población de la entidad.
El PRI quedó en segundo lugar de la votación, pero la población que gobernará en el ámbito municipal quedará muy por debajo, ya no de la del PAN, sino de la gobernada por los candidatos independientes -Armando Cabada en Juárez y Alfredo Lozoya en Parral- cercana a la mitad de la población del estado.
Además, con toda seguridad, el PRI puede quedarse, solamente, con 7 diputados, 6 de mayoría relativa y uno de representación proporcional, si ninguna de las 3 elecciones distritales más disputadas cambia de resultado, de acuerdo con los mostrados por el PREP. 
Pero si un distrito más le fuera adjudicado al PRI, entonces no tendría derecho a la plurinominal, lo que le abriría la puerta a la segunda diputada de Morena, que probablemente sería Leticia Ortega, de Juárez.
En caso de que así ocurriera, entonces el PAN se quedaría con 15 diputaciones, sin poder acceder, tampoco, a una plurinominal.
Y es que el PRI y el gobernador Duarte nunca pensaron en la posibilidad de perder las elecciones y aprobaron una ley electoral que les permitió concretar diversas candidaturas comunes en las elecciones distritales, pero en las que acordaron repartirse anticipadamente el 100% de los votos -para el reparto de diputados y prerrogativas- a los partidos aliados, en distintas proporciones en cada distrito.
De tal manera que si los resultados no cambiaran, el PRI obtendrá alrededor del 14 de la votación, razón por la que sólo puede acceder al 22% de los diputados del Congreso del Estado, lo que significan 7.2 diputados, es decir, no puede tener 8.
Cosa semejante le pasa al PAN. Obtuvo el 36% de los votos, y por la regla de la sobrerrepresentación, la de que no deben rebasar el 8% respecto de la obtenida, entonces el PAN sólo puede acceder al 44% de los diputados, es decir, no puede tener más de 14.52 diputados, pero como obtuvo 16 de mayoría, y ésos no se pueden quitar, entonces no accederá a las plurinominales.
Así, en la primera ronda accederían a diputaciones “pluris” todos los partidos, con excepción del PAN, y en la segunda ronda accederían al segundo diputado Panal, Verde y PT, y quedaría fuera Morena, a pesar de rebasar el 5% de la votación (obtuvo poco más del 7%).
Pero si el PRI ganara uno más, ya no tendría derecho al “pluri” y entraría la de Morena.
Así, se perfila, entonces, un Congreso sin mayoría. Bastará con que un legislador vote con la primera minoría, el PAN, para ganar las votaciones congresales.
Pero deberán obtener el concurso de diputados de varios partidos para aprobar reformas constitucionales o la aprobación de cosas por mayoría calificada.
Sin embargo, es probable que varios partidos y candidatos impugnen el acuerdo de candidaturas comunes del PRI y sus partidos, por lo que la composición definitiva del Poder Legislativo se resolverá hasta unos días antes de la toma de posesión ¡A fines de agosto!
Lo anterior es sólo una de las múltiples consecuencias del sonoro revés que la mayoría de los electores le dieron al partido y al grupo gobernantes en Chihuahua. A ello contribuyó, también, la baja calificación del gobierno de Enrique Peña Nieto. 
Corral ubicó desde el primer momento lo que fue el principal factor de su triunfo, el de la promesa de llevar a la cárcel al gobernador Duarte. 
Realizar una exhaustiva investigación y elaborar una correcta carpeta de investigación para que la denuncia no ofrezca cabos sueltos, será una de sus principales responsabilidades.
No será un proceso exento de presiones y de los juegos del poder, de tal manera que la resolución jurídica, en cualquiera de los dos sentidos, la culpabilidad o la inocencia de César Duarte y los funcionarios involucrados, emitida por los dos niveles del Poder Judicial, deberá ser suficientemente contundente para ofrecerle a los chihuahuenses mayor confianza en el Poder Judicial.
Y ahí no deberán equivocarse los panistas y el nuevo grupo gobernante. El triunfo se los entregó la gente debido al rechazo generalizado al gobierno de César Duarte que creció de manera insospechada. 
Los signos eran visibles en el curso de la campaña y en los años previos. Pero los priistas obtuvieron un “falso positivo” en las elecciones del año anterior; nunca aceptaron, ni de lejos, la posibilidad de la aparición del voto de castigo, ni que las elecciones de diputados federales no concitaban interés alguno.
Los chihuahuenses se las cobraron de la peor manera, incluyendo una buena parte de los activistas priistas, y de muchos empleados de gobierno y maestros, que lo hicieron en sentido contrario al esperado por sus jefes.
El hartazgo inundó hasta las dependencias gubernamentales, sólo que fue un rechazo encubierto, sólo los activistas sociales, los militantes panistas, los de Morena y algunos ciudadanos lo hicieron patente, el resto de la sociedad se lo guardó y engañó a las empresas encuestadoras, a los equipos de gobierno metidos en las campañas, a las encuestas del partido gobernante, a todos.
Son de escándalo las discrepancias entre las mediciones de las encuestadoras y la realidad electoral de Chihuahua. 
Podemos convenir en que sólo eran “retratos” del momento, pero vaya lejanía, el gran problema es que fueron concebidas y publicadas para actuar como instrumentos de propaganda. 
Bueno, pues ya ni para eso sirven.
Las encuestas, sobre todo la de Mitofsky en las preferencias de Juárez ¡Le dió 5% a Armando Cabada! Luego, Reforma, a unos cuantos días de las elecciones mostró empate a 39% entre Teto Murguía y Cabada ¡10 puntos menos al ganador y 15 puntos más al perdedor! 
Sin embargo, no deberán equivocarse los panistas, es una frase extendida, no ganó el PAN, perdió el PRI; la llegada de Javier Corral no significa, de ninguna manera, como lo dijo Francisco Barrio en Chihuahua, el viernes, el rescate de “la casa grande del terrible estado que han dejado tres gobiernos del PRI”.
No, no es el rescate para el PAN, o para los panistas. Una buena parte de los electores lo hizo de manera diferenciada y otros, muchos, marcaron el emblema del PAN en todas las boletas “para que no se vaya solo Corral”.
Muy probablemente si otro hubiese sido el candidato del PAN, con un discurso menos crítico, sin los antecedentes opositores, congruentes y su indudable acercamiento a las posturas de centro-izquierda de Corral, a lo mejor no hubiese resultado igual, lo cierto es que las encuestas del PAN ubicaron, siempre, a Javier Corral como el que le podía ganar al candidato del PRI, Enrique Serrano, por eso lo llamaron, después de anunciar que no buscaría la candidatura.
Y para ganar ha debido recurrir al apoyo de decenas de miles de votantes de la izquierda, de decenas de miles de electores priistas, de muchos ciudadanos desencantados de los partidos y de miles y miles de chihuahuenses que optan, en cada elección, por uno ú otro candidato, de ahí la necesidad de que su gobierno vaya más allá de los límites, errores y deficiencias de su partido, porque también contra el PAN existe un desencanto.
No deberá olvidarlo.
Finalmente, en la parte final del discurso de Corral en Chihuahua apareció un paralelismo, sorprendente, entre Duarte y Corral, cuando dijo que “Sin mojigaterías falsas, sin andar consagrando a ningún santo al estado de Chihuahua, me pongo en manos de Dios… respetando, incluso, a quienes no creen, haré un gobierno plural, laico incluyente, pero en lo personal me pongo en manos de Dios para servir, con honor, con pasión, con alegría y con honestidad al gran pueblo de Chihuahua”, cuando a quien tiene que responderle, no es a su Dios, -lo que le respetamos, dadas sus creencias- sino al pueblo de Chihuahua.
Duarte cometió el error de “consagrar”, al espíritu santo, a Chihuahua; Javier Corral tampoco tiene el derecho de colocar al Gobernador de Chihuahua en más manos -públicamente- que las del sufrido pueblo (católico, protestante, evangélico, mormón, cristiano, judío, musulmán, ateo, etc.) que le entregó su confianza.

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viernes, 10 de junio de 2016

Cordura

El Diario, 9 de junio de 2016
Luis Javier Valero Flores
La decisión ciudadana fue contundente en las elecciones del pasado domingo, atenderla es una responsabilidad ineludible para cualquier fuerza política, sobre todo para aquellas que deberán protagonizar la transición gubernamental.
Por una parte, para los actuales gobernantes, la derrota de sus candidatos y partido, en los principales puestos de elección popular, deberán entenderla como la descalificación a su desempeño, especialmente para la administración estatal. 
No hay atenuantes, nunca antes el voto ciudadano le había sido tan adverso al PRI en Chihuahua.
Y en eso radica la decisión ciudadana que habrá de asimilar el panismo chihuahuense; la mayoría de quienes lo hicieron, no votaron solamente, o estrictamente, por el PAN y sus candidatos, la mayoría expresó de esa manera su hartazgo hacia el actual grupo gobernante.
Razonar de esa manera tiene una especial importancia pues debiera determinar su comportamiento al asumir el gobierno. El domingo próximo habrá oportunidad de comentarlo más ampliamente.
Si ambas fuerzas lo asumen así -y pareciera que estamos frente a un muy saludable y primer episodio- la transición gubernamental debiera ser lo más tersa posible, lo que no implica arriamiento de bandera alguna, ni de las propuestas y promesas de los ganadores, pero sí de la necesaria sensibilidad política para hacer de la transición un proceso que no provoque el encono popular.
Esperamos, en todo caso, un proceso transicional, que ante la aparición de controversias, se resuelvan en los tribunales y éstos resuelvan muchísimas cosas que a lo largo de los últimos años agraviaron a una parte de los chihuahuenses.
La etapa de la “reconciliación”, como le han llamado algunos, de ninguna manera tiene que ver con la falta de esclarecimiento de los asuntos públicos más importantes, pero se requiere de la voluntad política de los principales actores políticos de la entidad, entre ellos, y de manera central, del gobernador César Duarte.
Algunos atisbos de ello se aprecian, a partir del envío de la iniciativa del Gobernador Duarte al Congreso del Estado para bursatilizar una parte de las participaciones federales y resolver problemas financieros del corto plazo, que lo permite la ley.
Conocida la iniciativa de ley por la sociedad y el nuevo grupo gobernante, han establecido sendas mesas de negociación -una de las cuales deberá realizarse en las primeras horas de este día- para resolver los diferendos, luego de que el grupo gobernante resolvió “bajar” el asunto, a fin de que no se discutiera el día de hoy en el Congreso del Estado.
Tal decisión es de elogiarse, luego de las muy preocupantes horas vividas por los delicienses el martes, cuando al ex candidato del PRD, Jaime Beltrán del Río, se le ocurrió despedir a un grupo de funcionarios, luego de su intempestivo regreso a la alcaldía de Delicias, en lo que evidenció una absoluta falta de sensibilidad política, pues al resolver el despido de los empleados y funcionarios despertó una muy airada respuesta del personal del municipio y de los militantes del PAN.
A Beltrán del Río le asiste la razón, los delicienses lo eligieron, pero se le olvidó que lo hicieron junto con la planilla de regidores, que todos son fruto de la misma elección y que, además, los electores lo hicieron de esa manera al presentarse como candidato de un partido, de manera que su retorno debió tomar en cuenta el distinto entorno en el que se desempeñaría.
Al mismo tiempo, un asunto que no fue resuelto por la Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal, el de la denuncia presentada por la Directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Ema Saldaña, en contra del Secretario de Desarrollo Social, José Luis García, ha tomado un sorprendente giro por el hecho de que Saldaña presentó, ahora, una denuncia penal en contra de García Rodríguez por el delito de abuso de autoridad y discriminación.
Puede no ser tersa la transición, pero sus actores están obligados a hacerlo.
Eso esperamos.

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domingo, 5 de junio de 2016

Agotamiento

El Diario, 5 de junio de 2016
Luis Javier Valero Flores
El día de hoy saldrá a votar poco más del 40% del total de mexicanos inscritos en el padrón electoral. 
Además de las elecciones a gobernador en 12 entidades y de las elecciones de mitad de sexenio en Baja California, la Ciudad de México elegirá a una parte de los integrantes del Congreso Constituyente que habrá de redactar y aprobar la Constitución de esa entidad.
Como nunca antes un grupo tan numeroso de entidades presentaba unas elecciones tan competidas; la incertidumbre sobre el resultado electoral está presente en al menos 6 de los estados que hoy votan, entre ellos, para sorpresa de muchos, se encuentra Chihuahua y un sinnúmero de municipios.
No es fortuito que exista tan elevada competitividad a nivel nacional; a los factores locales, que cuentan mucho, lo que hoy ocurra tendrá efectos concretísimos en el desarrollo de la contienda presidencial del 2018.
El gobierno federal y su partido atraviesan por una profunda crisis de credibilidad, las calificaciones que los ciudadanos le otorgan al presidente Enrique peña Nieto, en todas las encuestas realizadas, son las más bajas que mandatario alguno haya recibido, por lo menos desde la existencia de órganos electorales separados de la estructura gubernamental.
Sin embargo, la crisis va más allá pues abarca al total de los partidos y al sistema político vigente. 
Se agotó este modelo de representación política y la necesidad de la renovación, de la aireación de la administración pública es urgente, lo demuestran los elevados índices de crítica ciudadana a los partidos y candidatos.
El hartazgo, la impotencia, el desapego a la “cosa” política, la falta de confianza en las instituciones, el “chapulineo” de candidatos y dirigentes -no solamente de puesto en puesto, sino de partido en partido-, la permanente actitud partidaria de evadir, eludir o violar la normatividad electoral, son sólo algunos de los rasgos de nuestra “incipiente” democracia electoral.
Es de tal grado la crisis, que la conformación de una cultura ciudadana es, hoy, uno de los asuntos más lejanos a la vida cotidiana de la mayoría de los mexicanos, basta con relatar el primer encuentro de un brigadista -de cualquier partido, o de cualquier candidato independiente- con un ciudadano, generalmente mujer, cuando ésta abre la puerta. La ciudadana, al escuchar y ver la indumentaria del brigadista, frecuentemente pregunta ¿Y ustedes, qué me van a dar?
Otro aspecto que ilustra el bajísimo nivel esa cultura, son los mecanismos usados por todos los partidos para atraer a los ciudadanos a sus actos masivos; la atracción principal no son los discursos de candidatos y dirigentes, no, esa la constituyen los grupos musicales que mayores audiencias posean.
Si bien los aspectos anteriores son secundarios, lo cierto es que son reflejo del atraso de nuestra democracia electoral, y no sólo de ésta, pues en el resto de la vida social, la participación ciudadana es escandalosamente baja; en todos los ámbitos, en el barrio, colonia o fraccionamiento; en el sindicato (cuando existe), en el entorno laboral; en el ámbito escolar, en torno a los problemas colectivos como los ambientales, los del transporte, de los servicios públicos, etc., sucede lo mismo.
La larga existencia del régimen del partido “casi único” prohijó la idea absolutista, en la mayoría, de que, una vez derrotado, todo mejoraría.
Pero las fuerzas opositoras y sus partidos no construyeron el entramado social-político que habría de sustituir al viejo régimen y en lugar de “construir” su “hegemonía” democrática -es decir, en la transformación de los mexicanos en individuos partícipes, racionales, en el cultivo de las mejores tradiciones cívicas- se subsumieron y se asimilaron a aquellas viejas formas de relación de los partidos con la sociedad, y del gobierno con sus gobernados.
Por ello, no es casual que los salarios de los funcionarios públicos mexicanos sean de los más altos del mundo, semejantes a los de las mayores economías del planeta, a pesar de la disparidad de la población gobernada, de los niveles de ingresos de sus gobernados y a pesar de los presupuestos manejados por la clase política nacional y la de aquellos países y, además, que tales niveles salariales se eleven constantemente y sean defendidos por todos los partidos políticos, con algunas, pocas y honrosas excepciones transitorias que no han sido acompañadas de una propuesta incisiva, insistente por reducirlos.
Por otra parte, la alternancia partidaria, prácticamente en todos los puestos de elección popular -salvo varias entidades y muchos municipios- no modificó los niveles de vida de la mayoría de la población y ha mantenido -con pequeñísimas variantes- los niveles de pobreza extrema existentes en el país desde hace, por lo menos, 30-40 años.
Por si fuera poco, los crecientes grados de corrupción gubernamental, que, según la percepción mayoritaria, son responsabilidad de la totalidad de los partidos políticos, han abonado grandemente a la creciente tendencia abstencionista. 
A lo anterior debemos sumarle la pérdida absoluta de las fronteras ideológicas entre los partidos y los candidatos. A muchos protagonistas políticos poco les importan los colores partidarios, lo que vale son los proyectos personales y la sobreestimada figura personal, todos se creen “padres de la patria”, ¡Ah, y poco les falta para serlo!
Pero tal enfermedad abarcó, también, a no pocos aspirantes a las candidaturas independientes, con el agravante que la clase política, preocupada por la posibilidad de perder muy importantes espacios de poder, espantados por el candidato independiente de Nuevo León, hoy gobernador, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, (que apenas, el viernes, ¡Oh, Coincidencia! le dio un susto a los partidos al anunciar acciones penales contra el ex gobernador Rodrigo Medina) aprobaron las reformas para incluirlas en los presentes procesos electorales, pero con tantas impedimentas para el común de los ciudadanos que las volvieron, prácticamente, coto de los hombres más ricos de la sociedad.
Peor aún, la incorporación de las candidaturas independientes le ha aportado un ingrediente más negativo, la de que debieran ser las aportaciones privadas las únicas que financiaran las actividades de los partidos.
Y varios de los candidatos independientes así lo pregonaron, nos dijeron que los partidos políticos se “gastaban” los dineros de todos nosotros en las campañas electorales, que era mejor que “le metieran” dinero del propio.
No sucede así, las mil y una maniobras realizadas por la absoluta mayoría de los partidos y candidatos para obtener recursos económicos y no reportarlos a los órganos electorales es lo común y no, la salvedad, por desgracia.
Así, probablemente no pronto, pero al paso de los años se develarán los increíbles montos de dinero ilícito aportado a las campañas.
Su influencia, al momento de ejercer los gobiernos, será decisiva, también, por desgracia.
No es lo único que deberíamos cambiar (y muchas cosas más), también el sistema electoral. Lo que ahora tenemos son gobernantes elegidos por la minoría de los ciudadanos, es preocupante, pero lo es más el hecho de ser fruto de la minoría mayor de los votantes de cada elección. 
La mayoría de los gobernantes llegan con el 35-40% de los votos, en el mejor de los casos. Su falta de legitimidad crece en la medida que crece la competencia electoral.
Urge cambiar tal forma de elección. Una variante podría ser el establecimiento de la segunda vuelta electoral. 
Si ninguno de los candidatos obtiene el 50% más uno de los votos en la primera vuelta, entonces los ganadores del primero y segundo lugares debieran competir en la segunda, para lo cual estarían obligados a establecer negociaciones -de cara a la sociedad- que implicaran programas de gobierno y espacios en los gabinetes para las distintas fuerzas políticas, abiertamente, con compromisos públicos, que serían necesarios para que los votantes de cada fuerza política, en virtud de la identificación con ellos, pudiera votar por uno ú otro candidato.
De ese modo, el triunfador de la segunda vuelta obtendría más de la mitad de los votos y su legitimidad sería fruto de la concertación de fuerzas políticas y, entonces, el voto útil de ahora se pudiera ejercer, válidamente, en esa segunda vuelta.
Finalmente, el asunto de los diputados plurinominales.
Por supuesto, no deben desaparecer, al contrario, deberíamos encaminarnos a un régimen de plena representación proporcional, es decir, que todos los legisladores fueran “pluris”, pero producto de la votación ciudadana.
Un primer experimento se desarrollará hoy en la Ciudad de México. 
Los integrantes del Congreso Constituyente que hoy resulten electos lo serán por esa vía. El porcentaje de votación obtenido por cada partido significará el porcentaje de representantes alcanzados en el Congreso.
Previamente, cada partido designó el orden de sus candidatos, igual que hoy sucede con las listas de plurinominales, con la diferencia que allá es una sola lista.
Es un pequeño paso, pero, suponemos, que en el sentido correcto.
Bueno, es todo ¡A votar!

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jueves, 2 de junio de 2016

Diputados de tres meses

El Diario, 2 de junio de 2016
Luis Javier Valero Flores
Al cierre de la campaña electoral, en medio de un mar de rumores y de noticias ciertas sobre los acuerdos de partidos y candidatos, en lo que ha sido, sin duda, el proceso electoral más reñido de las últimas décadas en Chihuahua, será necesario reflexionar sobre el sistema de partidos y el régimen político en general.
Urge reformarlo profundamente. En esa necesidad pareciera que los requerimientos democráticos de la sociedad no cuentan con la mayoría de los integrantes de la clase política.
El proceso electoral que termina es un clarísimo y doloroso ejemplo de ello. Todos los partidos y los candidatos, unos más y otros menos, hicieron gala de lo anterior. 
Pero más allá de los aspectos propagandístico, mediático, manipulador de la voluntad popular, un aspecto central es el de los enormes gastos gubernamentales y el de la gran ineficiencia de las dependencias y de muchos de sus funcionarios.
Quizá sea el momento de discutir, y modificar, el papel de los diputados, además de las funciones del Poder Legislativo, lo que conlleva el asunto de los enormes gastos de los integrantes de este poder y, también, el de sus atribuciones.
¿Para qué necesitamos funcionarios que, prácticamente, no tienen materia de trabajo la mayor parte del año?
¿Por qué no hacer que la totalidad de los diputados trabajen, solamente, tres meses al año -y, por supuesto, sólo se les pague por el tiempo trabajado y, obviamente, con salarios infinitamente menores a los que ahora les pagamos- y sólo una parte de ellos sean los encargados de los órganos de gobierno del Congreso del Estado?
Esos tres meses, pareciera ser el tiempo suficiente para que los diputados efectúen las tareas necesarias para el funcionamiento del gobierno del estado, como la revisión y aprobación del presupuesto estatal y de los municipios, así como la revisión de las cuentas públicas y la de la legislación que, efectivamente, necesite reformarse.
Cualquier ciudadano podrá constatar que la actividad de los diputados -ahora- es menor a las percepciones milenarias de los legisladores; que en las campañas electorales trabajen, incluso en horas y días en los que deberían estar laborando en las tareas legislativas.
¿Cuántas son las iniciativas de ley realmente necesarias para adecuar nuestro marco legal a las nuevas realidades? 
Realmente, pocas ¿Cuántas se proponen?
Infinidad, más allá de la capacidad de los órganos legislativos para, siquiera, analizarlas.
¿Cuáles se aprueban? Preferentemente, las enviadas por el gobernador en turno.
¿Cuántos los diputados que trabajan, verdaderamente, en las comisiones legislativas? Casi ninguno, baste observar las agendas de las mismas y la premura con la que efectúan las sesiones de los jueves, todos tienen prisa por salir de las sesiones.
Es un verdadero desperdicio del dinero público, y del tiempo de quienes le apostaron a convertirse en legisladores, porque, además, éstos se convierten en activistas de sus partidos, o de sus propias causas y ambiciones personales, las que realizan subsidiados con los recursos públicos asignados al Poder Legislativo.
¿Por qué no, mejor, les pagamos, solamente, tres meses al año y utilizamos los recursos ahorrados en, por ejemplo, el incremento de las escuelas de tiempo completo en las zonas marginadas, de nuestras marginadas ciudades?
Y obtendríamos, además, otra ventaja, la de que disminuiría el número de aspirantes a las diputaciones; ya no sería tan atractivo, para muchos, un salario menor, con menos prerrogativas que las actuales y con menos recursos para emplearlos en sus carreras políticas.
¿Por qué razón la sociedad deberá subsidiar, por esta vía, la del Congreso del Estado, a los partidos políticos, si, ya, por la de las prerrogativas entregadas a los partidos políticos, se está financiando la actividad de las agrupaciones partidarias?
Y esto es, sólo, uno de los ejemplos de lo mucho que debemos transformar del régimen político actual.
Podríamos hacer que, por lo menos conceptualmente, iniciáramos el camino de ciudadanizar a los órganos de gobierno, no porque los actuales gobernantes no sean ciudadanos, sino porque, con las prerrogativas que disfrutan y de las facultades que tienen, se han convertido en una casta privilegiada de la sociedad mexicana.
Eso debería terminar.

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