Clandestinidad federal

El Diario, 27 de julio de 2010
Luis Javier Valero Flores
Los hechos reportados son numerosísimos, tantos, que ya son considerados como parte del “modus operandi” de los grupos criminales ¿O de algún grupo paramilitar, encargado de efectuar ejecuciones extrajudiciales?
Los relatos de los sobrevivientes y los testigos son extremadamente coincidentes: llegaron, dicen, los integrantes del comando armado, uniformados con vestimenta oficial y a bordo de vehículos de lujo, o camionetas de modelo reciente.
Expresiones semejantes lanzan quienes han sido detenidos por un retén nocturno en alguna de las carreteras, o vialidades de las principales ciudades de Chihuahua. Ahora mismo, a raíz de los últimos acontecimientos en Juárez, y Chihuahua (en ésta se padece un recrudecimiento de la ola ejecutora, lo que puede llevar a la capital del estado a convertirse en una de las lideresas a nivel nacional en este lamentable giro), han aumentado el número de patrullajes efectuados por elementos de la Policía Federal, la CIPOL y el Ejército.
No siempre van juntos los vehículos de estos agrupamientos, y en el caso de los dos primeros no pareciera haber mayor problema, viajan en vehículos oficiales y usan uniformes de sus respectivas agrupaciones; sin embargo, no es infrecuente ver que los soldados viajen a bordo de camionetas particulares, sin placas y sin insignia alguna que los identifique ¿Qué los diferencia de un grupo armado, vestido como ellos? Nada.
Más aún, las camionetas de la CIPOL viajan sin placas ¿No podrían los cárteles en pugna en Chihuahua pintar vehículos con las siglas y hacerlos pasar por vehículos oficiales?
¿Por qué cosas tan evidentes, tan simples, no se hacen en esta difícil coyuntura, como, por ejemplo, que no haya ningún elemento policiaco o militar, en labores de patrullaje, uniformado como ordenan sus reglamentos; usar vehículos oficiales, pintados con los colores oficiales, portar placas y el número del vehículo en caracteres mayores para que puedan ser fácilmente identificados por la ciudadanía?
Algunos responderán que no se debe hacer así porque entonces serían fácilmente identificables, los policías y militares, por los delincuentes. Pero ese es un argumento fácilmente desechable, la experiencia de los últimos dos años y medio nos demuestra que las labores de inteligencia de los cárteles superan con creces tales remilgos.
Pero lo que no puede aceptarse, en aras de la seguridad de la mayoría de la población, es que quienes nos deben defender, quienes tienen el monopolio del uso de la fuerza legal, transiten en condiciones semejantes a las de los delincuentes y que, al detenerse en un retén, o toparse con un grupo de estas características, no se sepa si es un agrupamiento de fuerzas del orden o un grupo delincuencial.
La impunidad y la corrupción son fuentes inagotables del crecimiento delictivo y sin un combate real contra ellas, nada se logrará frente a la ola delictiva actual.
Y vaya que se cuecen aparte nuestras fuerzas policiales y militares. Los ejemplos de tales conductas irregulares nos los ofrecen cotidianamente. La semana anterior asistimos apesadumbrados a una lamentable competencia de decomisos de carros “chuecos” entre la PFP, Tránsito y la policía municipal juarenses.
Primero, el lunes, elementos de tránsito municipal de Juárez decomisaron los “chuecos” de los federales; luego, el viernes, los federales hicieron lo mismo con los polimunicipales juarenses.
Todo, porque muchos de los elementos encargados de combatir lo que es uno de los principales factores del crecimiento delictivo, los carros chuecos, según Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública Federal, también son propietarios de vehículos de ese tipo.
No es el único ejemplo de tal conducta, en hechos no suficientemente aclarados, dos militares fueron agredidos el 9 de marzo pasado en la capital del estado, iban a bordo de un vehículo robado. Luego se correría la información –relevantemente, fue el diputado perredista, Víctor Quintana, quien lo aseguró– que los mílites formaban parte de la escolta de la esposa del jefe de la Zona Militar en ese momento, el general Jesús Espitia.
A los dos días la vocería de la Operación Coordinada Chihuahua debió aclarar que el vehículo había sido asignado por la PGJE a tareas de “inteligencia” ¿Con qué autorización judicial, preguntamos varios entonces?
Tales hechos debieran ser, inmediatamente, aclarados y hacer que, quienes están obligados a hacer que se acate la ley, la respeten, por ahí se empieza.