Aserto No. 168, Septiembre de 2017
Luis Javier Valero Flores
Aunque el anuncio no correspondió a la expectación fabricada por el mismo gobernador Javier Corral, por haber hecho señalamientos parecidos en distintas ocasiones, de todos modos la presentación de la orden de detención, con fines de extradición en contra del ex gobernador César Duarte es un indudable golpe al ballezano, al priismo nacional y al presidente Enrique Peña Nieto.
Puede tardar años la traída de Duarte -lo que podrá desilusionar a no pocos chihuahuenses- debido a la extraordinaria lentitud del proceso y a los numerosos incidentes que, con toda seguridad, interpondrá la defensa del ex gobernador, pero no le cambiará su estatus, es, como muchos atrás los jefes de los cárteles de Colombia, extraditable, en adelante ya no será el ciudadano Duarte Jáquez en espera de cambiar su estatus migratorio en Estados Unidos.
A diferencia del pasado reciente, ya no estará sujeta al libre albedrío del gobierno norteamericano la presencia en territorio nacional del imputado, ahora, aceptada la solicitud por la admnistración de Donald Trump, serán los tribunales norteamericanos los que dictaminen si hay suficientes evidencias que hagan presumible la comisión de delitos.
Y las pruebas las deberá presentar la administración de Javier Corral. Es decir, tendrán en sus manos la posibilidad de demostrar que efectuaron bien su trabajo al integrar debidamente el expediente con las denuncias soportadas por un cúmulo de evidencias de todo tipo que acrediten suficientemente la presunta culpabilidad de Duarte.
Para quienes llegaron a creer que bastaba con la pura voluntad del gobernador Corral, de encarcelar a su antecesor, y que de manera mágica, una vez llegado al poder, al día siguiente ya estaría en la cárcel respondiendo de sus presuntos delitos, lo que ahora ocurre y ocurrirá a lo largo de varios años será el incierto y fastidioso de un proceso judicial luego del cual, de acreditarse los delitos cometidos, apenas emitirán la orden de extradición para ser juzgado en Chihuahua.
Recordemos lo sucedido en el caso de Sergio Andrade y Gloria Trevi, presos durante más de 3 años en las cárceles brasileñas, sometidos a un proceso de extradición, que culminara por la decisión de los detenidos de enfrentar a la justicia mexicana, antes que continuar presos en los penales sureños.
El resultado ya lo sabemos, muy poco tiempo después ambos saldrían del penal.
El contraste entre las promesas de campaña -ahora ya sabemos, hechas con el corazón, no con la razón- y la fría realidad llevará a que muchos chihuahuenses, incluso aquellos más que medianamente informados, a criticar acremente al gobernador Corral por no tomar un grupo de policías y detener, donde quiera que se encuentre, al ex gobernador.
El mismo Corral lo sabía. Lanzar una agresiva -y descriptiva- frase de campaña le podía deparar grandes dividendos electorales, como así fue, sin importar si lo prometido se ajustaba a los marcos legales existentes, porque en el país son las autoridades y los particulares los que podemos denunciar, pero es el Poder Judicial el único que puede enjuiciar y sancionar.
Se acabaron los tiempos de la “justicia en caliente” que con tanta saña se practicara cientos de años en el país, en los que bastaba la orden del poderoso para, no solamente encarcelar, sino eliminar a los supuestos transgresores de la ley.
Ahora bien, de acuerdo con el marco legal existente -si bien pudo y debió hacer otras cosas, mejores que las realizadas jurídicamente hasta ahora- tampoco es cierto que Corral armó un expediente cualquiera, se lo entregó al gobierno de Peña Nieto para que fuese la PGR la que hiciese el trabajo.
No es así. Todos sabíamos que César Duarte se iría al extranjero. Las frases de Corral en la campaña y en el período previo a la toma de posesión no le deparaban buenos tiempos, sabía de la posibilidad cierta de la presentación de cargos en su contra. Huyó.
¿Con la petición de la detención, con fines de extradición, del ex gobernador César Duarte Jáquez, Corral ha cumplido con su principal promesa de campaña?
¿O es todo lo contrario, hacer como que armaba una denuncia, soltarla a la PGR y dejar en manos del Presidente Peña Nieto la principal de sus responsabilidades electorales?
Mencionado, ya, como el emergente que podría sustituir al dirigente nacional, Ricardo Anaya, en la candidatura presidencial de la alianza PAN-PRD-MC, ante cualquier eventualidad que le impidiera a éste alzarse como el abanderado de tal coalición, cualquier acto que efectúe el gobernador Corral se tomará como parte de los esfuerzos en ese camino.
Corral no ha cumplido con los chihuahuenses.
Ha hecho la mitad de la tarea -que no puede equipararse a la calificación de 5, en una escala del 1 al 10- pero, paradójicamente, la calificación la ha dejado en manos de (porque no tenía de otra) los tribunales norteamericanos, pero no en las de Trump. En EU el Poder Judicial tiene una casi total autonomía.
Más aún, de iniciarse el proceso antes de las elecciones del 2018, lo más seguro es que culminará ya entrada la gestión del nuevo presidente y si Peña Nieto no le pone trabas a la petición de Corral e instaura ante el gobierno norteamericano la petición de extradición, en ese momento habrá perdido toda influencia en el desenlace y estaremos a lo que resuelvan los tribunales norteamericanos, no para que resuelvan sobre el fondo del asunto, sino para que se acredite ante ellos que existen las suficientes evidencias como para presumir la comisión de los delitos por los que se pide la extradición.
La acusación es por delitos que “directamente lo responsabilizan en la planeación, organización, e instrucción del desvío y disposición indebida de más de mil millones de pesos, que alcanzarían una penalidad de 4 a 12 años de prisión cada uno, las cuales son acumulables”. Las acusaciones abarcan a funcionarios federales.
“Con la solicitud hemos entregado 70 tomos, y 50 discos compactos que contienen todas y cada una las carpetas de investigación con las pruebas que sustentan nuestra solicitud de extradición, y que son la base sobre las cuales distintos jueces penales de control en el estado de Chihuahua han dictado, ni más ni menos que 10 órdenes de aprehensión en contra de César Duarte por diversos delitos de peculado”, precisó el mandatario chihuahuense.
La cantidad reclamada palidece ante las dimensiones del presupuesto ejercido por Duarte a lo largo de su administración, poco menos de 300 mil millones de pesos. Además, por si fuera poco, ejerció una indubitable influencia sobre una buena parte de los recursos federales ejercidos en Chihuahua, pues la mayoría de los delegados estaban, prácticamente, bajo sus órdenes.
El equipo de Corral sin estrategia
Lo ocurrido en los últimos días es la viva imagen del enorme descontrol y falta de estrategia jurídica del grupo gobernante. Tan errónea, que, por momentos, así, por momentos, estuvieron a punto del abismo.
Casi dejan en manos del equipo peñanietista todo el control del proceso en contra de César Duarte, hasta el grado de que éste pudiera aceptar la extradición, enfrentar el juicio y que, incluso, perdiéndolo, lo hiciera en libertad.
Con el tiempo encima, y ante el anuncio de que la PGR-Fepade presentaría la solicitud de detención, con fines de extradición, por el delito de peculado electoral (un delito sancionado con penas menores), lo que llevaría a que Duarte enfrentara el juicio en libertad, el gobierno de Corral presentó al 15 para las 12 su propia solicitud de extradición ante la PGR, para que ésta la turnara a la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego ésta lo hiciera ante el Departamento de Estado de los EU y que éste la derivara a los tribunales norteamericanos.
¿Cuál es el problema?
Uno muy simple. Si Corral no hubiese presentado la solicitud, o lo hubiese hecho tardíamente, una vez presentada la de la PGR por peculado electoral ante el Departamento de Estado, ya no se podrían presentar nuevas solicitudes de extradición, ni al imputado se le podrían fincar más cargos que los presentados en la solicitud de extradición inicial.
De ahí la premura en presentar la solicitud de extradición, “basada en 10 órdenes de aprehensión”.
El problema está en que el denunciante de la primera petición de extradición ¡es el gobierno de Javier Corral, a través de la Secretaria de la Función Pública, Estefany Olmos!
Ella fue quien la presentó ante la Fepade y ha sido la que más insistentemente ha informado que la solicitud de desafuero en contra de la Dip. Karina Velázquez (PRI) ya se encuentra en la Cámara de Diputados.
Bueno, pues apresuraron tanto a la PGR que ésta estuvo a punto de exigirle jurídicamente al gobierno de EU la entrega de César Duarte, acusado de solamente un delito, peculado electoral, y a que éste no fuera enjuiciado por ningún otro delito en territorio mexicano.
¿No hubo alguien, entre tanto conocedor del Derecho del gabinete, que atisbara la posibilidad de que, al presentar la denuncia por peculado electoral, se pondrían, por entero, en manos del gobierno federal ya que éste podría acelerar el trámite e impedirles que pudieran presentar la petición de extradición?
Si hubieran armado bien la estrategia, habrían presentado primero la denuncia por los más de mil millones de pesos e, inmediatamente después, la del peculado electoral para acorralar al ex gobernante con denuncias del fuero común y del federal.
Además, han pasado casi 3 años de la presentación de la denuncia de Jaime García Chávez en contra de César Duarte, Jaime Herrera y Carlos Hermosillo -la robusta denuncia, le llamó en su tiempo el senador Corral, a la que tanto apoyó- ¿La recuerda, la de los 65 millones de pesos, “que a lo macho, no me fijé que firmé”?
No son las únicas razones que motivan la crítica al caso Duarte.
¿Por qué motivos le apostó el gobierno de Corral a la deportación?
Por supuesto descartamos los motivos públicos expuestos por el gobernador chihuahuense, eso de exhortar al presidente Trump a que lo expulsara, “debido a que está en contra de los mexicanos malos ¿Y a éste, que nosotros le decimos que es uno de ellos, porqué no lo deporta?”.
Claro que nadie cree un argumento así. Ya nos imaginamos al presidente Trump preocupado por los dichos del gobernador del estado por el que más droga transita a EU.
Fueron largos meses apostándole a que Trump deportaría a Duarte, sólo porque a éste se le extendió una “alerta roja”, que no implicaba ser detenido por las agrupaciones policiacas norteamericanas y escondiendo el hecho de que no se había solicitado la extradición.
Alguien debería informarle de la realidad presente afuera de Palacio de Gobierno; nadie creyó que por la vía de la deportación regresaría Duarte a responder a las acusaciones en su contra, por ello, Corral pensó que sería de un gran impacto anunciar que ¡Por fin, presentó la solicitud de extradición! y que el anuncio sería recibida con grandes muestras de júbilo popular.
El escepticismo es moneda corriente en Chihuahua, especialmente en materia de gobernantes.
¿Promesa cumplida?
Ahora bien ¿Corral ya cumplió?
Evidentemente, no.
No basta con presentar la denuncia y los trámites de la extradición, ahora deberá enfrentar con éxito la determinación de los tribunales, no sólo mexicanos, sino los norteamericanos, pues serán éstos los que valoren la calidad de las acusaciones del gobierno de Chihuahua. Si éstas tienen sustento, los jueces estadounidenses aprobarán la extradición del ex gobernante chihuahuense, luego de un prolongado juicio, en los que opondrán mil y un obstáculos los defensores del ballezano César Duarte.
Lo anterior, si el gobierno de Peña Nieto consiente en presentar la petición ante el gobierno de Donald Trump, de ahí la muletilla usada (“Hemos puesto la confianza en el presidente de la república en que pondrán todo para colaborar para la detención de Duarte”) por Corral, en la presentación de la petición al presidente Peña, de que esperaba cumpliera con su promesa de coadyuvar en el proceso en contra de Duarte.
Pasarán años, de seguir este proceso, antes de que el ex mandatario enfrente a los tribunales chihuahuenses. Nada de esto se pensaba en los álgidos meses de la campaña electoral; el ánimo social en la entidad era de revancha plena ¡Cárcel a Duarte! era el clamor popular mayoritario.
El “vulgar ladrón”, casi gritaba en plazas, calles y estadios el candidato panista. Era tan fuerte el clamor popular, que obligó al candidato independiente, Chacho Barraza, a sumarse tardíamente a esa pretensión. La mayoría del electorado expresó con su voto el respaldo a quien se comprometiera a hacerlo.
Aparentemente, hasta ahora, Corral ha realizado las cosas que debería hacer para cumplir tal promesa. Nadie, seriamente, pensaba que una vez en el cargo lanzaría a los policías en busca de Duarte, casi todos sabíamos que debería iniciar un proceso judicial y, mediante acusaciones sustentadas, lograría una sentencia culpatoria.
¿Le quedaba otra opción en el momento actual?
Evidentemente, no. Todos sabíamos que los ex gobernantes que sospecharan la posibilidad de ser enjuiciados por actos realizados en sus gobiernos, casi de inmediato saldrían del país y se esconderían. Nadie podía pensar, razonablemente -o a menos que se trate de un recurso retórico- que el ex gobernador Duarte esperaría tranquilamente en su rancho a que le llegara la notificación de las denuncias en su contra.
La interrogante estribaba en saber a qué país se iba y cuáles serían las armas jurídicas que interpondría para ser extraditado, si se hubiese ido a un país con el cual México tuviese firmado un tratado de extradición.
Ahora bien, como lo sostuvieron recientemente los abogados Jaime García Chávez y Oscar Castrejón (Aserto Radio, 13/IX/17. También en la página de Facebook de Aserto) el gobernador Corral ha cometido algunos errores, que le permitirían a Duarte esgrimir que está sometido a proceso, debido a la existencia de “situaciones de carácter político”, como lo establece el Tratado de Extradición México-EU, y lograr que no le fuera aceptada la solicitud al gobierno de Chihuahua.
Más aún, el desmedido protagonismo del gobernante chihuahuense en la definición electoral de su partido, en su decidida apuesta a la creación del Frente PRD-PAN-MC (al grado que aparece, para Los Chuchos del PRD, como un posible emergente en la candidatura presidencial), a sus críticas a AMLO, pero, sobre todo, a su quehacer gubernamental, no le crearon al marco más propicio para que el anuncio de la petición de la extradición tuviese el impacto deseado por el grupo gobernante en Chihuahua.
Difícilmente lo tendría, los rescoldos del PRI -insertos en prácticamente todo el entramado social de la entidad, así como en la mayoría de los medios de comunicación-; la creciente insatisfacción de cada vez más chihuahuenses, la deficiente comunicación social, la carencia de una estrategia jurídico-político-social y, sobre todo, la falta de resultados tangibles de su quehacer gubernamental, lo llevaron a que la desilusión fuera la calificación mayoritaria en la recepción de su principal apuesta político-electoral.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF
Señaló que esas carpetas son asuntos que directamente lo responsabilizan en la planeación, organización, e instrucción del desvío y disposición indebida de más de mil millones de pesos.
“No hay antecedente en la historia de Chihuahua, que un presunto delincuente haya sumado en su contra 10 órdenes de aprehensión. Tampoco hay precedente a nivel nacional de una investigación por hechos de corrupción política en la cual se haya logrado obtener diez órdenes de captura en contra de un solo exfuncionario público”, dijo.
Señaló que se documentaron diversas conductas delictivas cometidas por un amplio entramado de funcionarios públicos del sexenio anterior, encabezados por César Duarte, que bajo previo concierto y a manera de delincuencia organizada se apoderaron, distrajeron y dispusieron para su beneficio personal de cuantiosos recursos económicos del erario público de Chihuahua.
“Todo un modelo de asociación delictuosa, en muchos casos con particulares que crearon empresas emergentes o definitivamente fantasmas, y con funcionarios federales”, destacó.
Corral Jurado indicó que las carpetas de investigación se armaron en un tiempo récord –de menos de un año de investigación– sin contar al principio con una adecuada estructura para el combate a la corrupción.
Indicó que llevar ante la justicia a Duarte y sus colaboradores fue un compromiso de campaña.
“A la fecha, puedo informar de la detención de doce de los principales colaboradores del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, que hoy se encuentran con proceso penal y bajo la medida de prisión preventiva. Están en curso varias investigaciones sobre otros cómplices”, apuntó.
El gobernador detalló el contenido de los expedientes de investigación a través de los cuales reclama la detención del exmandatario.
“Sobre las diez órdenes de aprehensión que hemos entregado a la PGR, se trata de diez delitos de peculado agravado y delito electoral, tienen una penalidad que oscila entre los cuatro y 12 años de prisión cada uno, las cuales son acumulables. Se trata de una primera entrega para detonar el proceso de extradición, pues las investigaciones continúan. Hemos convenido con el MP federal que durante el proceso de extradición, y toda vez que ocurra dentro del plazo permitido, sumaremos nuevas causas penales por otros delitos”, abundó.
jueves, 28 de septiembre de 2017
Tumbos al amanecer
Aserto No. 167, Agosto 2017
Luis Javier Valero Flores
A menos de un año de la toma de posesión, el gobierno de Javier Corral se encuentra en uno de los momentos más difíciles, no solamente en el aspecto económico, derivado de la forma en que le fue entregada la administración estatal por el ballezano César Duarte, sino de una serie de conflictos derivados de varios de los actos de su gobierno, no directamente vinculados con el pasado duartista.
Urgido de ingentes recursos económicos ha planteado la necesidad de efectuar una reestructuración de la deuda directa, la que no ha sido aceptada por el número de diputados necesarios para aprobarla en virtud de que se necesita dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión.
No es el único problema, en la entidad se ha estacionado una oleada delictiva -especialmente con el súbito incremento de homicidios, en la modalidad de ejecución- y que ha llevado a que la tasa se mantenga, durante prácticamente toda la administración de Javier Corral, en los niveles de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Vamos, hasta los problemas y conflictos en áreas, como el quehacer legislativo, que debieran ser fácilmente solucionadas por los integrantes del grupo gobernante, merced a la luenga experiencia parlamentaria del gobernador Corral, han crecido y la actual legislatura da trompicones en cada proceso legislativo, como el de la reforma electoral recientemente aprobada, a escasos días de vencerse el plazo constitucional para hacer las adecuaciones necesarias.
De lo contrario, hubiese sido el Instituto Nacional Electoral (INE) el que hubiese debido aprobar los lineamientos de las elecciones en Chihuahua.
El mismo vencimiento de plazos ocurrió en la adecuación legislativa para la tipificación de los feminicidios y la creación del sistema estatal anticorrupción.
Sorprende que en los tres temas el titular del Poder Ejecutivo actuase del mismo modo: Casi vencidos los plazos legales, presentó las iniciativas de ley, con la consiguiente molestia de los diputados, incluidos los de su propio partido, el PAN.
Pero si esas situaciones conflictivas derivaban de lo efectuado por otros protagonistas, el incremento de las tarifas del transporte, presentado intempestivamente por el Secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles, en un acto con la presencia del gobernador Corral, vino a darle al creciente rechazo -o mejor dicho, a las crecientes manifestaciones de rechazo o desilusión- que su gobierno recibe de la sociedad chihuahuense.
Peor aún, esa medida se hizo sin tomar en cuenta al Consejo Consultivo del Transporte, la que debería elaborar un dictamen, después de escuchar los planteamientos
Más. Al llegar a la tercera semana de agosto, al inicio del ciclo escolar, la elevación de la tarifa del transporte urbano y la de las colegiaturas en el Colegio de Bachilleres y en la Uach le ha acarreado serias críticas a la actual administración, derivadas de las promesas efectuadas en el curso de la campaña electoral del 2016. En ambos temas ha fallado el gobernador Corral.
Pero el tema que más desilusión ha traído a los chihuahuenses que simpatizaron con su candidatura es el de la detención del ex gobernador César Duarte, asunto tratado de una muy confusa manera pues el gobierno de Chihuahua, así lo ha expresado Javier Corral reiteradamente, ha insistido ante el gobierno de EU en la deportación, sin que hasta la fecha se tenga información puntual de los trámites realizados por el gobierno de Chihuahua y sólo muy recientemente ha expresado que, ante la falta de respuesta ante la petición de deportación, pedirá la orden de detención con fines de extradición.
¿Por qué apostarle a la deportación, sabiendo que tal procedimiento recae exclusivamente en las autoridades norteamericanas, al contrario de la petición de extradición, que necesita contar con un sólido expediente de acusaciones muy bien fundamentadas?
¿Será precisamente por esta razón? ¿Que las acusaciones en contra del ex gobernador no resistirían la supervisión de los tribunales norteamericanos, ante los cuales debería contarse con una más que sustentada acusación como para que ordenaran la extradición? Es decir, que allá deberían probar que tienen una causa penal firme en contra de Duarte.
¿La tienen? Y no porque se piense que no hubo una abundante comisión de corruptelas en la administración, sino que hayan quedado suficientes evidencias, de tal solidez que hagan imposible la liberación del ex gobernante.
No había orden de detención
Emitida el 31 de marzo anterior, a causa de que el gobierno chihuahuense emitió una orden de aprehensión por el delito de peculado, la Interpol ingresó a César Duarte a su lista de prófugos, “las autoridades de Estados Unidos no mantienen una búsqueda activa del exgobernador priista... El sargento Enrique Carrillo, portavoz del Departamento de Policía de El Paso, dice que esa corporación no busca al mexicano: “No estamos buscando a Duarte activamente. Si de casualidad llegamos a toparnos con él, tendríamos que ponerlo bajo custodia, pero no tenemos órdenes de estar buscando al exgobernador de Chihuahua en El Paso”. (Nota de Luis Chaparro, Proceso, No. 2110, 9/IV/17).
Lo mismo confirmó la oficina del FBI en El Paso: “No tenemos una orden para perseguirlo”, le aseguró al reportero el oficial que se negó a ser identificado por no tener autorización para hablar con los medios. (Ibídem).
Igual ocurrió con la Oficina del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos, la que informó “no contar con una orden ni con un expediente para la captura del exmandatario estatal” de Chihuahua. (Ibídem).
“A su vez Roger Maier, vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, descartó que se esté buscando a César Duarte, pero aseguró que ‘si durante un ingreso al país los oficiales saben que un individuo está siendo buscado por alguna agencia, lo pondrán bajo custodia”. (Ibídem).
Bueno, hasta la misma Interpol, “mediante un portavoz que igualmente pidió el anonimato” explicó que “la ficha roja no equivale a una orden de arresto internacional. La persona debe ser considerada inocente hasta probar lo contrario”. (Nota de Luis Chaparro, Proceso, No. 2110, 9/IV/17).
Derivado de lo anterior, a mediados de julio, luego de largos meses en los que el gobernador Corral insistiera recurrentemente en que “pronto, muy pronto caerá el vulgar ladrón” y de tener el conocimiento en donde se encontraba, informó que había resuelto desistirse de la solicitud de deportación, interpuesta ante el gobierno de Estados Unidos en contra de Duarte -porque, así lo dijo, ese es un trámite “muy largo”- y pedir la expedición de una orden de detención, con fines de extradición en contra del ex gobernador.
Así lo dijo el gobernador Corral: “Hemos tomado la decisión de ir por el proceso de extradición, hemos abandonado de alguna manera (sic) la estrategia de la deportación, porque estamos viendo signos muy contradictorios en las autoridades norteamericanas, con relación al tema de César Duarte”. (Comunicado de prensa, Coordinación de Comunicación Social, 18/VII/17).
Sabedores, los integrantes del grupo gobernante, que la acusación de peculado no tiene mayor peso -se le considera delito no grave!- dejaron pasar el tiempo para acumular más cargos y fortalecer los existentes, -eso presumimos- pues no se le podrían fincar más cargos extras al ex gobernador, sólo los de la extradición.
Ahora tienen otro acicate, el de que la PGR, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), obtenga la orden de extradición y entonces los cargos que formulara la Fiscalía de Chihuahua, por corrupción, ya no se le podrían sumar a Duarte, sólo sería juzgado por los delitos imputados -paradójicamente- por la propia Fiscalía.
Pero en el ínterin le hicieron creer a los chihuahuenses que ya, ahora sí, ya pronto, tendremos a Duarte en la cárcel.
Visto el ejemplo de lo que sucede con el Duarte veracruzano, deberán poner las barbas a remojar, o tienen las pruebas suficientes, en cantidad y calidad como para demostrar la culpabilidad del ex gobernador chihuahuense, o recibirán el rechazo y desprecio de la sociedad chihuahuense que sufrirá un agravio más, ahora de parte de quienes prometieron hasta la saciedad que llevarían “al vulgar ladrón” a la cárcel.
Saldos del “Encuentro Chihuahua, Problemas contemporáneos de México”
Pero si en los asuntos anteriores la actuación del grupo gobernante ha despertado serias críticas, rechazadas de mala manera, la celebración del evento denominado “Encuentro Chihuahua, Problemas contemporáneos de México”, cuyas conclusiones -en el curso de la reunión- mostraron la abierta pretensión de impulsar una alianza electoral, hegemonizada por el PAN y el PRD, el rechazo creció, sobre todo porque, ante la creciente problemática local el actual gobierno no se ha caracterizado, precisamente, por la apertura y la disposición al diálogo y el debate con los sectores que no necesariamente simpatizan con el gobernante.
Diáfano en esos objetivos de la reunión fue el ex dirigente nacional del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, que insistió en sus dos intervenciones en que los resultados eran muy claros “cuando hemos ido juntos (PAN-PRD), como en Nayarit, nos ha ido muy bien; en cambio, vean, en Coahuila no fuimos juntos, fuimos separados, igual que en el Estado de México, por eso nos derrotó el PRI”.
Pero Muñoz Ledo se opuso a la idea de concretar una alianza, que debería privilegiarse la construcción de una coalición, la que, sostuvo, sí tiene obligaciones legales, pero que deberá construirse en el camino tal posibilidad y les puso ejemplos de lo ya realizado en la Ciudad de México -de reformas de carácter democrático- y sin decirlo expresamente, puso en tela de juicio que tales pretensiones fueran más allá de lo estrictamente electoral, “si estamos de acuerdo en una reforma del Estado mexicano, ahí tengo una, mañana mismo se puede presentar en las Cámaras”.
Fue la manera elegante de poner distancia de la creación de una alianza PAN-PRD como la que se ha venido tejiendo, al día siguiente haría un tajante deslinde, dijo que esa pretendida alianza era “un mazacote”.
Visto el desarrollo del evento, claramente político le acarreará problemas al grupo gobernante -y no solamente legales- pues se advierte la intención del mandatario chihuahuense de involucrarse en la política electoral.
Lo puede hacer, es su derecho, nada más que deberá hacerlo sin olvidar que dirige al estado de Chihuahua pues y que eso deberán hacerlo en los tiempos no laborales y sin usar los recursos públicos pues casi la totalidad del gabinete estaba presente en el evento, en el que el gobernador Corral sostuvo que con su realización se acababa “el aldeanismo político” de Chihuahua.
Bachilleres, transporte y luchas “jacobinas”, otros de los conflictos
No bien terminaban los trabajos de aquella reunión cuando tres conflictos -de muy diferente índole- vinieron a sumarse a la muy difícil situación del estado.
El ex presidente Consejero del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Rodolfo Leyva, solicitó un amparo en contra de la designación del sacerdote Javier Avila, como integrante de la Comisión de Atención a Víctimas, cuya audiencia constitucional se realizará el 5 de septiembre.
Tal querella concitó la aparición de dos controversias, por una parte la de la laicidad del Estado mexicano y, por otra, la de la exigencia al pleno cumplimiento de las normas existentes.
La regla constitucional prohíbe expresamente a los ministros religiosos desempeñar cargos públicos, igual lo ordena la Iglesia Católica y, por la otra, las autoridades están obligadas al cumplimiento irrestricto de la ley, la que se supone violentada con el nombramiento del sacerdote Avila que, por otra parte, su desempeño en las actividades sociales es muy alta estima en diversos círculos de la sociedad chihuahuense.
Pero si el conflicto jurídico adquirió, por momentos, una aguda rispidez, el existente entre la dirigencia del sindicato de bachilleres y la Directora General, Teresa Ortuño, ha ocupado, durante largos meses, lugares centrales de la atención de los chihuahuenses.
El dirigente sindical, José Acuña, acusó a Ortuño de la desviación de los recursos procedentes de las retenciones fiscales, de las cuotas de las pensiones, de las pensiones alimenticias de padres separados y hasta de los pagos al Fovissste de los créditos de los trabajadores, para efectuar el pago de las quincenas de la planta laboral de Bachilleres y el despido de varios trabajadores, lo que concitó la exigencia sindical de la renuncia de la directora.
Luego de muchas semanas de enfrentamientos, finalmente acordaron la reinstalación de los despedidos, el amortiguamiento del enfrentamiento y la anulación del paro anunciado por el sindicato a celebrarse el primer día de clases de los planteles.
El conflicto se solucionó a unas horas del regreso a clases, luego de semanas en las que las críticas a varios de los funcionarios del gabinete corralista tuvieron como motivo el del alegre esparcimiento del que disfrutaron.
¿Cómo irse alegremente de vacaciones si la entidad que gobiernan “disfruta” ahora, bajo su administración, de una tasa de homicidios de alrededor de 50 por cada 100 mil habitantes -y en la zona serrana de una cifra increíblemente más alta-, y que enfrenta condiciones adversas, que posibilitan -y potencian- la actividad criminal?
¿Cómo irse de vacaciones -y presumir su estancia en los más bellos lugares playeros del país- en momentos en que los productores del campo enfrentan graves problemas, o que necesitan del apoyo especial de gobierno para aprovechar las actuales condiciones climáticas, o cuando los gobiernos municipales, particularmente los de las áreas rurales, requieren el apoyo, ya sea para el desarrollo agropecuario o el del impulso a las actividades económicas?
Podrán haber mil respuestas y más justificaciones; una cosa es cierta, deberán actuar de una muy distinta manera, que no refleje frivolidad, ni burocratismo.
No pueden comportarse como los gobernantes de un país desarrollado, democrático, en el cual sus funcionarios pueden vacacionar -por supuesto sin la pompa de los nuestros- sin que ese hecho le choque a la mayoría de los ciudadanos.
No, llegaron a gobernar la entidad que durante varios años fue la más violenta del mundo y que aún ahora se conserva en el “top ten” de las más violentas en el país, característica generada no solamente por su localización geográfica, sino por el escaso desarrollo económico (y eso que somos de los líderes en el país) y por el conjunto de factores predisponentes locales a la creación de conflictos sociales.
Las razones del corazón
Será de las razones que en el futuro próximo se argumenten como explicación a la aguda disminución de las simpatías por el gobernador Corral, la elevación de las tarifas del transporte urbano, decretadas a unos días del inicio del nuevo ciclo escolar ofende a los sectores más marginados de la población de las grandes urbes chihuahuenses.
Pocas cosas se pueden argumentar cuando la ofensa tiene como objetivo directo el bolsillo de quienes menos ingreso tienen.
La elevación de las tarifas del transporte, hasta en un 50% es un serio golpe a la economía de los más pobres de las ciudades y a la credibilidad del gobierno de Javier Corral. No pudo con el pulpo camionero, el que sólo debió repintar y enderezar algunas decenas de camiones viejos para simular la compra de muchos nuevos y así lograr, algo que no Duarte había aprobado, la elevación de las tarifas.
Serrano es un mentiroso, decía el candidato Corral en campaña, la educación pública es gratuita, bajo mi gobierno no habrá cuotas de inscripción en las escuelas, ni en las universidades. También criticó al sistema de transporte urbano de Chihuahua capital y anunció que no “nos costaría más”.
Apenas a fines de enero de este año, el Director de Transporte del Estado, Guillermo Hernández, decía que “Los últimos incrementos y cambios en las tarifas del transporte urbano se efectuaron de manera arbitraria”.
De ahí la explicación a que los anuncios en que Corral prometía la desaparición de las cuotas de inscripción y que no se elevarían las tarifas del transporte, sean, ahora, de los más frecuentados en las redes sociales.
¿También de esto le echará la culpa a los medios de comunicación?
Todo lo anterior -y muchas más- son las razones que llevaron ¡Quién lo diría meses atrás! al abogado Jaime García Chávez a lanzarle muy severas críticas al nuevo gobernante.
Esa es, quizá, la mayor paradoja del gobierno del amanecer, el de que el probablemente mayor propiciador de la llegada de Corral a la gubernatura sea, hoy, uno de sus principales y más sólidos críticos.
Le ha lanzado frases como las siguientes: “Para que haya democracia se requieren demócratas. En igual sentido, para que haya reformas progresivas se necesitan reformadores con callo u oficio. El drama que vive Chihuahua es por la ausencia de unos y otros, y el mejor ejemplo, en la coyuntura, es el procesamiento que se ha dado a la llamada reforma electoral (elecciones primarias y segunda vuelta). No se pueden intentar los proyectos de alto calado, que deben tomar un tiempo acompasado, al cinco para las doce. Eso habla de negligencia y también exhibe un panorama en el que el Poder Legislativo está como intendencia del Ejecutivo y dispuesto a la hora de sus caprichos”.
Otras: “Ayer fue recibido en audiencia privada Omar Bazán por el señor Corral. Sí, el compañero de partido de Cesar Duarte que ocupa un edificio enorme hecho con recursos del erario y que no dudará en defenestrarlo en cuanto pueda. AMLO dirá: pienso: luego, la mafia del poder existe. La solicitud de audiencia de Unión Ciudadana con casi ocho meses y medio de espera. La obsequiosidad y el "yo no lo conozco", presentes en el caso, hablan de que lo expreso y el silencio sirven para decir de manera más que clara lo que quiere el gobierno del panista”.
Con motivo del transporte: “La promesa de mejorar el corrupto sistema de transporte en Chihuahua y dejarlo de lado, luego dejarse ver muy sonriente con el líder de la CTM y después anunciar el aumento al costo de pasaje urbano, muestra la dimensión peñanietista en que ha caído la administración actual a la hora de cumplirle a los gobernados en esa materia”.
“En el giro de 180 grados que tomó el gobierno respecto de sus promesas de campaña, se podría percibir que el incremento a las tarifas del transporte urbano es una medida impopular, aunque hoy se acuse de populistas a los críticos. El populismo de campaña (educación gratuita, un Vivebús saneado, respeto al Estado laico…) huele a fuchi cuando ya se está en el poder. Es decir, el que esté libre de populismo que arroje la primera diatriba”.
Luis Javier Valero Flores
A menos de un año de la toma de posesión, el gobierno de Javier Corral se encuentra en uno de los momentos más difíciles, no solamente en el aspecto económico, derivado de la forma en que le fue entregada la administración estatal por el ballezano César Duarte, sino de una serie de conflictos derivados de varios de los actos de su gobierno, no directamente vinculados con el pasado duartista.
Urgido de ingentes recursos económicos ha planteado la necesidad de efectuar una reestructuración de la deuda directa, la que no ha sido aceptada por el número de diputados necesarios para aprobarla en virtud de que se necesita dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión.
No es el único problema, en la entidad se ha estacionado una oleada delictiva -especialmente con el súbito incremento de homicidios, en la modalidad de ejecución- y que ha llevado a que la tasa se mantenga, durante prácticamente toda la administración de Javier Corral, en los niveles de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Vamos, hasta los problemas y conflictos en áreas, como el quehacer legislativo, que debieran ser fácilmente solucionadas por los integrantes del grupo gobernante, merced a la luenga experiencia parlamentaria del gobernador Corral, han crecido y la actual legislatura da trompicones en cada proceso legislativo, como el de la reforma electoral recientemente aprobada, a escasos días de vencerse el plazo constitucional para hacer las adecuaciones necesarias.
De lo contrario, hubiese sido el Instituto Nacional Electoral (INE) el que hubiese debido aprobar los lineamientos de las elecciones en Chihuahua.
El mismo vencimiento de plazos ocurrió en la adecuación legislativa para la tipificación de los feminicidios y la creación del sistema estatal anticorrupción.
Sorprende que en los tres temas el titular del Poder Ejecutivo actuase del mismo modo: Casi vencidos los plazos legales, presentó las iniciativas de ley, con la consiguiente molestia de los diputados, incluidos los de su propio partido, el PAN.
Pero si esas situaciones conflictivas derivaban de lo efectuado por otros protagonistas, el incremento de las tarifas del transporte, presentado intempestivamente por el Secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles, en un acto con la presencia del gobernador Corral, vino a darle al creciente rechazo -o mejor dicho, a las crecientes manifestaciones de rechazo o desilusión- que su gobierno recibe de la sociedad chihuahuense.
Peor aún, esa medida se hizo sin tomar en cuenta al Consejo Consultivo del Transporte, la que debería elaborar un dictamen, después de escuchar los planteamientos
Más. Al llegar a la tercera semana de agosto, al inicio del ciclo escolar, la elevación de la tarifa del transporte urbano y la de las colegiaturas en el Colegio de Bachilleres y en la Uach le ha acarreado serias críticas a la actual administración, derivadas de las promesas efectuadas en el curso de la campaña electoral del 2016. En ambos temas ha fallado el gobernador Corral.
Pero el tema que más desilusión ha traído a los chihuahuenses que simpatizaron con su candidatura es el de la detención del ex gobernador César Duarte, asunto tratado de una muy confusa manera pues el gobierno de Chihuahua, así lo ha expresado Javier Corral reiteradamente, ha insistido ante el gobierno de EU en la deportación, sin que hasta la fecha se tenga información puntual de los trámites realizados por el gobierno de Chihuahua y sólo muy recientemente ha expresado que, ante la falta de respuesta ante la petición de deportación, pedirá la orden de detención con fines de extradición.
¿Por qué apostarle a la deportación, sabiendo que tal procedimiento recae exclusivamente en las autoridades norteamericanas, al contrario de la petición de extradición, que necesita contar con un sólido expediente de acusaciones muy bien fundamentadas?
¿Será precisamente por esta razón? ¿Que las acusaciones en contra del ex gobernador no resistirían la supervisión de los tribunales norteamericanos, ante los cuales debería contarse con una más que sustentada acusación como para que ordenaran la extradición? Es decir, que allá deberían probar que tienen una causa penal firme en contra de Duarte.
¿La tienen? Y no porque se piense que no hubo una abundante comisión de corruptelas en la administración, sino que hayan quedado suficientes evidencias, de tal solidez que hagan imposible la liberación del ex gobernante.
No había orden de detención
Emitida el 31 de marzo anterior, a causa de que el gobierno chihuahuense emitió una orden de aprehensión por el delito de peculado, la Interpol ingresó a César Duarte a su lista de prófugos, “las autoridades de Estados Unidos no mantienen una búsqueda activa del exgobernador priista... El sargento Enrique Carrillo, portavoz del Departamento de Policía de El Paso, dice que esa corporación no busca al mexicano: “No estamos buscando a Duarte activamente. Si de casualidad llegamos a toparnos con él, tendríamos que ponerlo bajo custodia, pero no tenemos órdenes de estar buscando al exgobernador de Chihuahua en El Paso”. (Nota de Luis Chaparro, Proceso, No. 2110, 9/IV/17).
Lo mismo confirmó la oficina del FBI en El Paso: “No tenemos una orden para perseguirlo”, le aseguró al reportero el oficial que se negó a ser identificado por no tener autorización para hablar con los medios. (Ibídem).
Igual ocurrió con la Oficina del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos, la que informó “no contar con una orden ni con un expediente para la captura del exmandatario estatal” de Chihuahua. (Ibídem).
“A su vez Roger Maier, vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, descartó que se esté buscando a César Duarte, pero aseguró que ‘si durante un ingreso al país los oficiales saben que un individuo está siendo buscado por alguna agencia, lo pondrán bajo custodia”. (Ibídem).
Bueno, hasta la misma Interpol, “mediante un portavoz que igualmente pidió el anonimato” explicó que “la ficha roja no equivale a una orden de arresto internacional. La persona debe ser considerada inocente hasta probar lo contrario”. (Nota de Luis Chaparro, Proceso, No. 2110, 9/IV/17).
Derivado de lo anterior, a mediados de julio, luego de largos meses en los que el gobernador Corral insistiera recurrentemente en que “pronto, muy pronto caerá el vulgar ladrón” y de tener el conocimiento en donde se encontraba, informó que había resuelto desistirse de la solicitud de deportación, interpuesta ante el gobierno de Estados Unidos en contra de Duarte -porque, así lo dijo, ese es un trámite “muy largo”- y pedir la expedición de una orden de detención, con fines de extradición en contra del ex gobernador.
Así lo dijo el gobernador Corral: “Hemos tomado la decisión de ir por el proceso de extradición, hemos abandonado de alguna manera (sic) la estrategia de la deportación, porque estamos viendo signos muy contradictorios en las autoridades norteamericanas, con relación al tema de César Duarte”. (Comunicado de prensa, Coordinación de Comunicación Social, 18/VII/17).
Sabedores, los integrantes del grupo gobernante, que la acusación de peculado no tiene mayor peso -se le considera delito no grave!- dejaron pasar el tiempo para acumular más cargos y fortalecer los existentes, -eso presumimos- pues no se le podrían fincar más cargos extras al ex gobernador, sólo los de la extradición.
Ahora tienen otro acicate, el de que la PGR, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), obtenga la orden de extradición y entonces los cargos que formulara la Fiscalía de Chihuahua, por corrupción, ya no se le podrían sumar a Duarte, sólo sería juzgado por los delitos imputados -paradójicamente- por la propia Fiscalía.
Pero en el ínterin le hicieron creer a los chihuahuenses que ya, ahora sí, ya pronto, tendremos a Duarte en la cárcel.
Visto el ejemplo de lo que sucede con el Duarte veracruzano, deberán poner las barbas a remojar, o tienen las pruebas suficientes, en cantidad y calidad como para demostrar la culpabilidad del ex gobernador chihuahuense, o recibirán el rechazo y desprecio de la sociedad chihuahuense que sufrirá un agravio más, ahora de parte de quienes prometieron hasta la saciedad que llevarían “al vulgar ladrón” a la cárcel.
Saldos del “Encuentro Chihuahua, Problemas contemporáneos de México”
Pero si en los asuntos anteriores la actuación del grupo gobernante ha despertado serias críticas, rechazadas de mala manera, la celebración del evento denominado “Encuentro Chihuahua, Problemas contemporáneos de México”, cuyas conclusiones -en el curso de la reunión- mostraron la abierta pretensión de impulsar una alianza electoral, hegemonizada por el PAN y el PRD, el rechazo creció, sobre todo porque, ante la creciente problemática local el actual gobierno no se ha caracterizado, precisamente, por la apertura y la disposición al diálogo y el debate con los sectores que no necesariamente simpatizan con el gobernante.
Diáfano en esos objetivos de la reunión fue el ex dirigente nacional del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, que insistió en sus dos intervenciones en que los resultados eran muy claros “cuando hemos ido juntos (PAN-PRD), como en Nayarit, nos ha ido muy bien; en cambio, vean, en Coahuila no fuimos juntos, fuimos separados, igual que en el Estado de México, por eso nos derrotó el PRI”.
Pero Muñoz Ledo se opuso a la idea de concretar una alianza, que debería privilegiarse la construcción de una coalición, la que, sostuvo, sí tiene obligaciones legales, pero que deberá construirse en el camino tal posibilidad y les puso ejemplos de lo ya realizado en la Ciudad de México -de reformas de carácter democrático- y sin decirlo expresamente, puso en tela de juicio que tales pretensiones fueran más allá de lo estrictamente electoral, “si estamos de acuerdo en una reforma del Estado mexicano, ahí tengo una, mañana mismo se puede presentar en las Cámaras”.
Fue la manera elegante de poner distancia de la creación de una alianza PAN-PRD como la que se ha venido tejiendo, al día siguiente haría un tajante deslinde, dijo que esa pretendida alianza era “un mazacote”.
Visto el desarrollo del evento, claramente político le acarreará problemas al grupo gobernante -y no solamente legales- pues se advierte la intención del mandatario chihuahuense de involucrarse en la política electoral.
Lo puede hacer, es su derecho, nada más que deberá hacerlo sin olvidar que dirige al estado de Chihuahua pues y que eso deberán hacerlo en los tiempos no laborales y sin usar los recursos públicos pues casi la totalidad del gabinete estaba presente en el evento, en el que el gobernador Corral sostuvo que con su realización se acababa “el aldeanismo político” de Chihuahua.
Bachilleres, transporte y luchas “jacobinas”, otros de los conflictos
No bien terminaban los trabajos de aquella reunión cuando tres conflictos -de muy diferente índole- vinieron a sumarse a la muy difícil situación del estado.
El ex presidente Consejero del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Rodolfo Leyva, solicitó un amparo en contra de la designación del sacerdote Javier Avila, como integrante de la Comisión de Atención a Víctimas, cuya audiencia constitucional se realizará el 5 de septiembre.
Tal querella concitó la aparición de dos controversias, por una parte la de la laicidad del Estado mexicano y, por otra, la de la exigencia al pleno cumplimiento de las normas existentes.
La regla constitucional prohíbe expresamente a los ministros religiosos desempeñar cargos públicos, igual lo ordena la Iglesia Católica y, por la otra, las autoridades están obligadas al cumplimiento irrestricto de la ley, la que se supone violentada con el nombramiento del sacerdote Avila que, por otra parte, su desempeño en las actividades sociales es muy alta estima en diversos círculos de la sociedad chihuahuense.
Pero si el conflicto jurídico adquirió, por momentos, una aguda rispidez, el existente entre la dirigencia del sindicato de bachilleres y la Directora General, Teresa Ortuño, ha ocupado, durante largos meses, lugares centrales de la atención de los chihuahuenses.
El dirigente sindical, José Acuña, acusó a Ortuño de la desviación de los recursos procedentes de las retenciones fiscales, de las cuotas de las pensiones, de las pensiones alimenticias de padres separados y hasta de los pagos al Fovissste de los créditos de los trabajadores, para efectuar el pago de las quincenas de la planta laboral de Bachilleres y el despido de varios trabajadores, lo que concitó la exigencia sindical de la renuncia de la directora.
Luego de muchas semanas de enfrentamientos, finalmente acordaron la reinstalación de los despedidos, el amortiguamiento del enfrentamiento y la anulación del paro anunciado por el sindicato a celebrarse el primer día de clases de los planteles.
El conflicto se solucionó a unas horas del regreso a clases, luego de semanas en las que las críticas a varios de los funcionarios del gabinete corralista tuvieron como motivo el del alegre esparcimiento del que disfrutaron.
¿Cómo irse alegremente de vacaciones si la entidad que gobiernan “disfruta” ahora, bajo su administración, de una tasa de homicidios de alrededor de 50 por cada 100 mil habitantes -y en la zona serrana de una cifra increíblemente más alta-, y que enfrenta condiciones adversas, que posibilitan -y potencian- la actividad criminal?
¿Cómo irse de vacaciones -y presumir su estancia en los más bellos lugares playeros del país- en momentos en que los productores del campo enfrentan graves problemas, o que necesitan del apoyo especial de gobierno para aprovechar las actuales condiciones climáticas, o cuando los gobiernos municipales, particularmente los de las áreas rurales, requieren el apoyo, ya sea para el desarrollo agropecuario o el del impulso a las actividades económicas?
Podrán haber mil respuestas y más justificaciones; una cosa es cierta, deberán actuar de una muy distinta manera, que no refleje frivolidad, ni burocratismo.
No pueden comportarse como los gobernantes de un país desarrollado, democrático, en el cual sus funcionarios pueden vacacionar -por supuesto sin la pompa de los nuestros- sin que ese hecho le choque a la mayoría de los ciudadanos.
No, llegaron a gobernar la entidad que durante varios años fue la más violenta del mundo y que aún ahora se conserva en el “top ten” de las más violentas en el país, característica generada no solamente por su localización geográfica, sino por el escaso desarrollo económico (y eso que somos de los líderes en el país) y por el conjunto de factores predisponentes locales a la creación de conflictos sociales.
Las razones del corazón
Será de las razones que en el futuro próximo se argumenten como explicación a la aguda disminución de las simpatías por el gobernador Corral, la elevación de las tarifas del transporte urbano, decretadas a unos días del inicio del nuevo ciclo escolar ofende a los sectores más marginados de la población de las grandes urbes chihuahuenses.
Pocas cosas se pueden argumentar cuando la ofensa tiene como objetivo directo el bolsillo de quienes menos ingreso tienen.
La elevación de las tarifas del transporte, hasta en un 50% es un serio golpe a la economía de los más pobres de las ciudades y a la credibilidad del gobierno de Javier Corral. No pudo con el pulpo camionero, el que sólo debió repintar y enderezar algunas decenas de camiones viejos para simular la compra de muchos nuevos y así lograr, algo que no Duarte había aprobado, la elevación de las tarifas.
Serrano es un mentiroso, decía el candidato Corral en campaña, la educación pública es gratuita, bajo mi gobierno no habrá cuotas de inscripción en las escuelas, ni en las universidades. También criticó al sistema de transporte urbano de Chihuahua capital y anunció que no “nos costaría más”.
Apenas a fines de enero de este año, el Director de Transporte del Estado, Guillermo Hernández, decía que “Los últimos incrementos y cambios en las tarifas del transporte urbano se efectuaron de manera arbitraria”.
De ahí la explicación a que los anuncios en que Corral prometía la desaparición de las cuotas de inscripción y que no se elevarían las tarifas del transporte, sean, ahora, de los más frecuentados en las redes sociales.
¿También de esto le echará la culpa a los medios de comunicación?
Todo lo anterior -y muchas más- son las razones que llevaron ¡Quién lo diría meses atrás! al abogado Jaime García Chávez a lanzarle muy severas críticas al nuevo gobernante.
Esa es, quizá, la mayor paradoja del gobierno del amanecer, el de que el probablemente mayor propiciador de la llegada de Corral a la gubernatura sea, hoy, uno de sus principales y más sólidos críticos.
Le ha lanzado frases como las siguientes: “Para que haya democracia se requieren demócratas. En igual sentido, para que haya reformas progresivas se necesitan reformadores con callo u oficio. El drama que vive Chihuahua es por la ausencia de unos y otros, y el mejor ejemplo, en la coyuntura, es el procesamiento que se ha dado a la llamada reforma electoral (elecciones primarias y segunda vuelta). No se pueden intentar los proyectos de alto calado, que deben tomar un tiempo acompasado, al cinco para las doce. Eso habla de negligencia y también exhibe un panorama en el que el Poder Legislativo está como intendencia del Ejecutivo y dispuesto a la hora de sus caprichos”.
Otras: “Ayer fue recibido en audiencia privada Omar Bazán por el señor Corral. Sí, el compañero de partido de Cesar Duarte que ocupa un edificio enorme hecho con recursos del erario y que no dudará en defenestrarlo en cuanto pueda. AMLO dirá: pienso: luego, la mafia del poder existe. La solicitud de audiencia de Unión Ciudadana con casi ocho meses y medio de espera. La obsequiosidad y el "yo no lo conozco", presentes en el caso, hablan de que lo expreso y el silencio sirven para decir de manera más que clara lo que quiere el gobierno del panista”.
Con motivo del transporte: “La promesa de mejorar el corrupto sistema de transporte en Chihuahua y dejarlo de lado, luego dejarse ver muy sonriente con el líder de la CTM y después anunciar el aumento al costo de pasaje urbano, muestra la dimensión peñanietista en que ha caído la administración actual a la hora de cumplirle a los gobernados en esa materia”.
“En el giro de 180 grados que tomó el gobierno respecto de sus promesas de campaña, se podría percibir que el incremento a las tarifas del transporte urbano es una medida impopular, aunque hoy se acuse de populistas a los críticos. El populismo de campaña (educación gratuita, un Vivebús saneado, respeto al Estado laico…) huele a fuchi cuando ya se está en el poder. Es decir, el que esté libre de populismo que arroje la primera diatriba”.
Demagogia pura, fines aviesos
El Diario, 28 de septiembre de 2017
Luis Javier Valero Flores
La “espontánea”, sorpresiva y “comprometida” respuesta de los partidos políticos -PRI, PAN, PRD y MC- de renunciar al total de las partidas correspondientes al financiamiento de las campañas electorales, es de una tremenda irresponsabilidad, además del ingrediente demagógico y de la inocultable pretensión de obtener ganancias electorales.
El PRI, en voz de su dirigente nacional, Enrique Ochoa, fue más lejos; en aras de intentar rescatar a su partido de la sima en que se encuentra, y queriendo sacar tajada de una muy extendida percepción, anunció la propuesta de desaparecer a los legisladores plurinominales.
Todo lo anterior fue desatado por el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien propuso inicialmente la entrega del 20% de su financiamiento a un fideicomiso, “dirigido por gente honesta”, propuesta que luego cambiaría el Consejo Nacional al 50% del financiamiento público a este partido, también, con el ánimo de mostrarle a los mexicanos su compromiso con la pretensión de disminuir el derroche gubernamental.
Desatada la crítica popular hacia los partidos políticos, las propuestas “populistas” son lanzadas por las fuerzas políticas en peligro de perder su hegemonía, para intentar mantenerlas.
Y estas sí son populistas, pues pretenden, prenderse, literalmente, del ánimo popular y proponer cosas que le agraden a la población, así se trate de verdaderos atentados a los procesos democráticos, tan dificultosamente construidos a lo largo de décadas, como es el caso ahora abordado.
¿Qué harán las costosas dirigencias partidistas, y su extensa burocracia, para financiar sus actividades? ¿Cómo costearán las campañas electorales el año próximo? ¿Cómo creer que se lanzarán a las calles los integrantes de la clase política a obtener las simpatías electorales? ¿Cómo harán las campañas los partidos que no cuenten con una estructura territorial? ¿Y cómo la harán los que sí la tengan?
Para todo lo anterior se requiere de inmensas cantidades de dinero y los partidos saldrán a las calles, sí, pero para obtener el financiamiento necesario, de donde sea, a como dé lugar y no tardarán en llegar las propuestas de elevar el porcentaje del financiamiento privado a los partidos.
Tan “renovadoras” propuestas provendrán, tanto de las dirigencias partidistas, como de los más exaltados promotores de la desaparición de privilegios y financiamientos a los partidos.
No se trata, obviamente, de defender a los partidos per se, bastante han hecho para recibir el rechazo casi generalizado de la población, se trata de salir al frente a quienes impulsan el regreso del pasado en materia electoral.
Sintéticamente: La idea que normó la intención de crear el financiamiento público a los partidos públicos y de disminuir abruptamente el financiamiento privado, así fuera el de muy “comprometidos” militantes, era el de impedir que el dinero de origen ilícito ingresara a las campañas y, por tanto, determinara, o influyera grandemente en los resultados electorales y en la actuación de los gobernantes.
La segunda razón era la de darle mayor equidad a las campañas electorales, para que el factor económico no fuera el determinante, al momento en que el elector definiera su voto.
Claramente, en prácticamente todas las campañas electorales de los partidos, pero preferentemente en las del PRI y en segundo lugar del PAN, el ingreso de dinero privado a las campañas es a carretadas, pero de manera clandestina y, de ningún modo, ni reportado por los partidos, ni encontrado por los órganos electorales.
Pero, por lo menos, está abierta la posibilidad de que, de ser encontrada la irregularidad, tengan sanciones quienes incurran en esas violaciones legales.
Si ahora abrimos la puerta al financiamiento privado a las campañas electorales, le abriremos las puertas al infierno producido y alentado por el dinero sucio, de todo tipo, no sólo del crimen organizado, sino de los “moches”, los “entres”, “mordidas”, etc., denominaciones populares que han recibido las operaciones de la corrupción en nuestro país.
Ahora bien, en el terreno concreto, de la próxima contienda presidencial, la pretensión de priistas, panistas y perredistas es anunciar su rechazo al financiamiento público y lanzarse en brazos de los más poderosos financieros-empresarios, del mundo lícito y del ilícito para acceder a sumas multimillonarias y dejar al resto de los partidos, particularmente a López Obrador, que no tienen esa posibilidad -porque la rechazan- de aceptar el dinero de los círculos del poder existentes en el país, lo que le daría a la contienda características de una gran inequidad.
De ese tamaño es la propuesta demagógica hoy en boga.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF
miércoles, 27 de septiembre de 2017
Los desaparecidos de Ayotzinapa
Panel en Morena-Chihuahua*
26 de septiembre de 2017
Aserto.mx
Luis Javier Valero Flores
La tragedia de los asesinados por las fuerzas policiacas y militares y los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde la fatídica noche del 26 de septiembre, tres años atrás, es el vivo retrato del régimen que los mexicanos hemos padecido a lo largo de un poco más de 70 años.
La precisión de la fecha de tal aserto la podemos ubicar en el momento en que el Gral. Lázaro Cárdenas dejó el Palacio Nacional. Muchos podrán argüir que este régimen nació con el surgimiento del Partido Nacional Revolucionario. Sostengo lo contrario, los gobiernos emanados del conflicto armado, incluso el de Venustiano Carranza, hasta el de Cárdenas, debieron sortear a decenas de miles de mexicanos armados, entrenados y fogueados en la guerra y animados por las consignas revolucionarias de aquellos años, fuente de los cuales lo fue en grado extremo el Partido Liberal Mexicano.
Y no sólo los sortearon, gobernaron con ellos, en medio de las contradicciones propias de un movimiento revolucionario. Con los años, y el poder, una nueva clase política encumbrada, el nuevo régimen se delineaba poco a poco, -y a veces a pasos acelerados, destacadamente en el gobierno de Miguel Alemán, el primer antecedente de Carlos Salinas- en rumbo contrario al de la Revolución Mexicana.
Así, en la CTM fueron expulsados, por oleadas, los militantes y dirigentes del Partido Comunista y los congregados alrededor de la figura de Vicente Lombardo Toledano.
A golpes y balazos fueron impuestos los dirigentes sindicales del nuevo régimen, los llamados charros sindicales; de ese modo fueron expulsados y/o encarcelados los dirigentes de los sindicatos de ferrocarrileros, de petroleros, del magisterio y miles de dirigentes agraristas de todo el país.
Años después, sobre todo en Guerrero, una región tradicionalmente generadora de guerrilleros, de todas las épocas, desde los tiempos de la colonia española, el rechazo de la población al régimen se manifestó de una y mil maneras, hasta el punto de la guerra.
Y esta no es una frase. En las décadas de los 60’s y 70’s la mayor parte del territorio y de la población guerrerense fue sometida a un conflicto bélico. Acá el pueblo, allá el gobierno.
Ahí estrenaron, antes que en Sudamérica, la eliminación de guerrilleros o de activistas mediante el método de tirarlos al mar desde el aire.
En la segunda mitad del siglo anterior, la normal rural Raúl Isidro Burgos, la de Ayotzinapa, formó una pléyade de maestros comprometidos con las causas sociales más sentidas de la población. Tal espíritu iba acompañado de una sólida formación magisterial; no en balde de ahí emergieron los dirigentes guerrilleros más connotados de México, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez que, atención, su primera intención no fue lanzarse a la guerrilla, sino que fueron arrojados a esa forma de lucha por un régimen incapaz de enfrentar de otro modo a los integrantes de la oposición.
Las tropelías, los abusos, los asesinatos y el encarcelamiento practicados por los gobernantes guerrerenses; en plena sincronía con los presidentes de la república, empujaron, al igual que en esos mismos años a los asaltantes del Cuartel Madera, en Chihuahua, (aprovecho para saludar a Paco Ornelas, aquí presente, único sobreviviente de esa gesta) a la vía armada como única solución para enfrentar a un régimen autoritario que ya había golpeado salvajemente a maestros, ferrocarrileros, médicos, estudiantes y campesinos en todo el país.
De ahí proceden los muertos y desaparecidos de hace tres dolorosos años. Continuadores de sus ancestros, los jóvenes estudiantes normalistas se habían convertido en uno de los sectores sociales más incómodos para la clase política gobernante; la que había cambiado, ahora con la incorporación de los emanados del PRD, la mayor parte de cuyos dirigentes y candidatos ganadores de las elecciones locales procedían del PRI, los que habían avasallado al interior del perredismo a la antigua izquierda comunista y socialista. Lo hicieron con el apoyo decidido del grupo de Jesús Ortega, Los Chuchos, quienes se habían entronizado en la dirigencia nacional y en la mayor parte de las estatales desde una década atrás.
Sostener que esta tragedia es el súmmum del país no es una frase; la ruta de los estudiantes esa noche es la ruta del tráfico de heroína, actividad de la que no es ajeno el ejército mexicano; el trasiego se hace en camiones de transporte foráneo; los jefes de las policías municipales de todos los municipios de la región son militares en activo o retirados. Estos últimos, a pesar de su retiro, para incorporarse a tareas policiacas requieren la aprobación del Secretario de la Defensa Nacional.
En la zona existían alcaldes priistas y perredistas. Entre ellos no había diferencias mayores en la forma de gobernar. Al igual que en el resto del país, los Chuchos llevaron a López Obrador, en la campaña presidencial, para aprovecharse de su arrastre electoral, subirse a las candidaturas plurinominales y luego correr a firmar el Pacto por México.
¿Qué diferencia hay en las supuestas investigaciones realizadas por el gobierno de México en esta terrible desaparición, y las realizadas después de las matanzas en Guerrero en la década de los 70’s?
Ninguna.
¿Qué diferencia hay entre Jesús Murillo Káram, el Procurador de la “verdad histórica” de Ayotzinapa y la supuesta incineración de los estudiantes, y el procurador aquel que inventó a la bruja Paca y los restos mortales que hasta la calaca nos presentaron, del todavía desaparecido diputado priista Manuel Muñoz?
¿Cómo desligar al presidente Peña Nieto, en su decisión de expulsar a los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y la del presidente Miguel de la Madrid, cuando rechazó la ayuda internacional en el sismo de 1985?
¿Y la de la conducta de los principales medios de comunicación de aquel entonces con la de ahora?
Exacto, ninguna.
Lo mismo ocurre con la conducta del gobierno de Peña Nieto, sólo que no solamente la sociedad mexicana ha cambiado, sino también la del resto del mundo, para eso ha servido la formidable herramienta que es la internet, mediante la cual se ha desarrollado una gigantesca gama de plataformas de comunicación, comúnmente llamadas “redes sociales”.
Pero, además, el viejo régimen está golpeado, no sé si moribundo, sería un atrevimiento asegurarlo, pero de que ha perdido innumerables fuentes del poder es una realidad y, aspecto fundamental, ha perdido la posibilidad de controlar la información, de ahí el destacado papel, sí, de las redes sociales, pero fundamentalmente del equipo de Carmen Aristegui y de Proceso, la revista fundada por Julio Sherer.
Presentaron sólidas investigaciones periodísticas que fueron develando la magnitud de la podredumbre, en el fondo de la cual se encuentran las disputas de los grupos de crimen organizado y la colusión con funcionarios públicos de los distintos niveles de gobierno y cuyas coincidencias se encuentran en el rechazo a los estudiantes de Ayotzinapa.
Probablemente muy pocos de estos sabían del enorme monstruo al que enfrentaban. El país, y sus padres primero, ya lo saben.
Pero en las contradicciones de la sociedad se incuban las posibilidades de que haya una vuelta más hacia la democracia, aquella, en la que la enorme desigualdad social existente desaparezca, la gesta de los jóvenes normalistas se ha convertido en uno de los argumentos centrales para que millones de mexicanos se sumen al rechazo de tan oprobioso régimen. El mismo que es el responsable de haber asesinado y desaparecido a jóvenes idealistas, revolucionarios, como los que ahora recordamos.
Muchas gracias.
*Panel realizado en la sede de Morena-Chihuahua, con la participación de Leticia Ortega, Mariela Castro, Gerardo Arturo Limón y el autor.
26 de septiembre de 2017
Aserto.mx
Luis Javier Valero Flores
La tragedia de los asesinados por las fuerzas policiacas y militares y los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde la fatídica noche del 26 de septiembre, tres años atrás, es el vivo retrato del régimen que los mexicanos hemos padecido a lo largo de un poco más de 70 años.
La precisión de la fecha de tal aserto la podemos ubicar en el momento en que el Gral. Lázaro Cárdenas dejó el Palacio Nacional. Muchos podrán argüir que este régimen nació con el surgimiento del Partido Nacional Revolucionario. Sostengo lo contrario, los gobiernos emanados del conflicto armado, incluso el de Venustiano Carranza, hasta el de Cárdenas, debieron sortear a decenas de miles de mexicanos armados, entrenados y fogueados en la guerra y animados por las consignas revolucionarias de aquellos años, fuente de los cuales lo fue en grado extremo el Partido Liberal Mexicano.
Y no sólo los sortearon, gobernaron con ellos, en medio de las contradicciones propias de un movimiento revolucionario. Con los años, y el poder, una nueva clase política encumbrada, el nuevo régimen se delineaba poco a poco, -y a veces a pasos acelerados, destacadamente en el gobierno de Miguel Alemán, el primer antecedente de Carlos Salinas- en rumbo contrario al de la Revolución Mexicana.
Así, en la CTM fueron expulsados, por oleadas, los militantes y dirigentes del Partido Comunista y los congregados alrededor de la figura de Vicente Lombardo Toledano.
A golpes y balazos fueron impuestos los dirigentes sindicales del nuevo régimen, los llamados charros sindicales; de ese modo fueron expulsados y/o encarcelados los dirigentes de los sindicatos de ferrocarrileros, de petroleros, del magisterio y miles de dirigentes agraristas de todo el país.
Años después, sobre todo en Guerrero, una región tradicionalmente generadora de guerrilleros, de todas las épocas, desde los tiempos de la colonia española, el rechazo de la población al régimen se manifestó de una y mil maneras, hasta el punto de la guerra.
Y esta no es una frase. En las décadas de los 60’s y 70’s la mayor parte del territorio y de la población guerrerense fue sometida a un conflicto bélico. Acá el pueblo, allá el gobierno.
Ahí estrenaron, antes que en Sudamérica, la eliminación de guerrilleros o de activistas mediante el método de tirarlos al mar desde el aire.
En la segunda mitad del siglo anterior, la normal rural Raúl Isidro Burgos, la de Ayotzinapa, formó una pléyade de maestros comprometidos con las causas sociales más sentidas de la población. Tal espíritu iba acompañado de una sólida formación magisterial; no en balde de ahí emergieron los dirigentes guerrilleros más connotados de México, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez que, atención, su primera intención no fue lanzarse a la guerrilla, sino que fueron arrojados a esa forma de lucha por un régimen incapaz de enfrentar de otro modo a los integrantes de la oposición.
Las tropelías, los abusos, los asesinatos y el encarcelamiento practicados por los gobernantes guerrerenses; en plena sincronía con los presidentes de la república, empujaron, al igual que en esos mismos años a los asaltantes del Cuartel Madera, en Chihuahua, (aprovecho para saludar a Paco Ornelas, aquí presente, único sobreviviente de esa gesta) a la vía armada como única solución para enfrentar a un régimen autoritario que ya había golpeado salvajemente a maestros, ferrocarrileros, médicos, estudiantes y campesinos en todo el país.
De ahí proceden los muertos y desaparecidos de hace tres dolorosos años. Continuadores de sus ancestros, los jóvenes estudiantes normalistas se habían convertido en uno de los sectores sociales más incómodos para la clase política gobernante; la que había cambiado, ahora con la incorporación de los emanados del PRD, la mayor parte de cuyos dirigentes y candidatos ganadores de las elecciones locales procedían del PRI, los que habían avasallado al interior del perredismo a la antigua izquierda comunista y socialista. Lo hicieron con el apoyo decidido del grupo de Jesús Ortega, Los Chuchos, quienes se habían entronizado en la dirigencia nacional y en la mayor parte de las estatales desde una década atrás.
Sostener que esta tragedia es el súmmum del país no es una frase; la ruta de los estudiantes esa noche es la ruta del tráfico de heroína, actividad de la que no es ajeno el ejército mexicano; el trasiego se hace en camiones de transporte foráneo; los jefes de las policías municipales de todos los municipios de la región son militares en activo o retirados. Estos últimos, a pesar de su retiro, para incorporarse a tareas policiacas requieren la aprobación del Secretario de la Defensa Nacional.
En la zona existían alcaldes priistas y perredistas. Entre ellos no había diferencias mayores en la forma de gobernar. Al igual que en el resto del país, los Chuchos llevaron a López Obrador, en la campaña presidencial, para aprovecharse de su arrastre electoral, subirse a las candidaturas plurinominales y luego correr a firmar el Pacto por México.
¿Qué diferencia hay en las supuestas investigaciones realizadas por el gobierno de México en esta terrible desaparición, y las realizadas después de las matanzas en Guerrero en la década de los 70’s?
Ninguna.
¿Qué diferencia hay entre Jesús Murillo Káram, el Procurador de la “verdad histórica” de Ayotzinapa y la supuesta incineración de los estudiantes, y el procurador aquel que inventó a la bruja Paca y los restos mortales que hasta la calaca nos presentaron, del todavía desaparecido diputado priista Manuel Muñoz?
¿Cómo desligar al presidente Peña Nieto, en su decisión de expulsar a los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y la del presidente Miguel de la Madrid, cuando rechazó la ayuda internacional en el sismo de 1985?
¿Y la de la conducta de los principales medios de comunicación de aquel entonces con la de ahora?
Exacto, ninguna.
Lo mismo ocurre con la conducta del gobierno de Peña Nieto, sólo que no solamente la sociedad mexicana ha cambiado, sino también la del resto del mundo, para eso ha servido la formidable herramienta que es la internet, mediante la cual se ha desarrollado una gigantesca gama de plataformas de comunicación, comúnmente llamadas “redes sociales”.
Pero, además, el viejo régimen está golpeado, no sé si moribundo, sería un atrevimiento asegurarlo, pero de que ha perdido innumerables fuentes del poder es una realidad y, aspecto fundamental, ha perdido la posibilidad de controlar la información, de ahí el destacado papel, sí, de las redes sociales, pero fundamentalmente del equipo de Carmen Aristegui y de Proceso, la revista fundada por Julio Sherer.
Presentaron sólidas investigaciones periodísticas que fueron develando la magnitud de la podredumbre, en el fondo de la cual se encuentran las disputas de los grupos de crimen organizado y la colusión con funcionarios públicos de los distintos niveles de gobierno y cuyas coincidencias se encuentran en el rechazo a los estudiantes de Ayotzinapa.
Probablemente muy pocos de estos sabían del enorme monstruo al que enfrentaban. El país, y sus padres primero, ya lo saben.
Pero en las contradicciones de la sociedad se incuban las posibilidades de que haya una vuelta más hacia la democracia, aquella, en la que la enorme desigualdad social existente desaparezca, la gesta de los jóvenes normalistas se ha convertido en uno de los argumentos centrales para que millones de mexicanos se sumen al rechazo de tan oprobioso régimen. El mismo que es el responsable de haber asesinado y desaparecido a jóvenes idealistas, revolucionarios, como los que ahora recordamos.
Muchas gracias.
*Panel realizado en la sede de Morena-Chihuahua, con la participación de Leticia Ortega, Mariela Castro, Gerardo Arturo Limón y el autor.
lunes, 25 de septiembre de 2017
No es una percepción la inseguridad
Mega Radio 860, Juárez. Aserto.mx
25 de septiembre de 2017
Luis Javier Valero Flores
Desmentida constantemente por la autoridad -las actuales, las pasadas, las más anteriores, cualquiera- la creciente inseguridad en la entidad ha empezado a cobrar facturas, una de las primeras que se advierten es la disminución en la derrama económica por el turismo en el primer semestre de este año, pues el “gasto de visitantes en hospedaje, alimentación y transporte se redujo un 2.8% a tasa anual”, respecto al mismo periodo del año anterior, según el Centro de Información Económica y Social (CIES). (Nota de Abraham Rubio/El Diario, 25/IX/17).
Tal crecimiento se dió a pesar que el número de turistas mostró un crecimiento en la entidad, pero una disminución en el antiguo Paso del Norte.
No puede haber duda, la derrama económica en el estado había tenido un crecimiento sostenido desde el año 2013, hasta que se empezó a revertir en el presente año, frente al anterior.
La manera en que la inseguridad en Chihuahua golpea a la economía, se refleja no solamente en el turismo, sino por las características de los turistas que nos visitan ya que entre los que lo hacen por negocios y cultura y los que vienen debido a la celebración de “reuniones” son el 70% de los visitantes, el 18 lo hacen por visitas de ‘naturaleza y aventura’ y el 11% por ‘turismo cultural’.
Así, la disminución en el número de huéspedes registrados entre enero y julio en los hoteles de la frontera fue del 6.3% por ciento, respecto del mismo período del 2016, que contrasta con la caída registrada en la ciudad de Chihuahua que solo fue de 2.2 puntos.
Pero tales cifras sólo se podrán explicar frente a otras, la del incremento de la violencia en el estado, particularmente la de las ejecuciones.
Según La opción.com.mx -que lleva un conteo de homicidios del 1 de octubre de 2016 a la fecha- se han presentado 1628 en la entidad, hasta anoche, 644 en Juárez y 433 en la ciudad de Chihuahua, cifras que llevadas al año, arrojarían un índice de alrededor de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Además, en tan solo 24 días de septiembre, el número de ejecuciones en Juárez creció 50% del número de las presentadas en agosto y este mes se ha colocado solamente por abajo de octubre del año anterior como el más violento.
Las cifras anteriores coinciden con las cifras oficiales pues “En lo que va del mes de septiembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) lleva registrados 142 homicidios en la entidad”. (Nota de la Redacción, El Diario, 25/IX/17).
Del total, 127 son hombres y 15 son mujeres.
Sin embargo, en lo que va del año el crecimiento en el número de víctimas es del orden del 73% pues mientras en 2016, en el mismo periodo cayeron 733 personas, en este van mil 265 en los primeros ocho meses del año (enero-agosto).
De acuerdo con estas pavorosas cifras, pasamos de 3.05 personas asesinadas diariamente en 2016, lo que anualizado arroja un índice de 30 por cada 100 mil habitantes; a las 5.27 víctimas diarias actuales, que representan un índice estatal de 50.6 homicidios por cada 100 mil habitantes, cifras que, quizá, sólo sean superadas por Venezuela en este momento, y no por la crisis política, sino de la criminalidad existente y que colocan a Chihuahua entre las 3 entidades más violentas del país, nuevamente.
Frente a ello, las explicaciones oficiales palidecen y se quedan solamente en las más generales, de que se están trasladando integrantes de los grupos criminales a una ú otra ciudad, o de que han llegado a la entidad los de bandas rivales a las existentes en Chihuahua y a que los cada vez más numerosos asesinatos obedecen a la venta de las drogas conocidas como “cristal” y “cocaína”, pero las supuestas investigaciones sobre tal mercado no han arrojado resultado alguno.
Vamos, hasta ahora, a pesar de que a las prisiones de Chihuahua llegaron dos de las supuestos cabecillas más importantes de las bandas criminales en el país -El Chapo Guzmán y Vicente Carrillo- no se ha develado la lista de las empresas ligadas al lavado de dinero que necesariamente tenían que hacer, ni las instituciones bancarias y financieras que lo deberían realizar.
Nada de eso existe, sólo los sicarios y sus víctimas y una sociedad que acude, nuevamente a convertirse, también, en víctima de la ineficiencia de sus gobernantes.
Esta misma autoridad que no es capaz de esclarecer, tampoco, el asesinato de nuestra compañera Miroslava Breach, a pesar de sus reiterados anuncios de que harían una investigación ejemplar.
La seguimos esperando, medio año después de su muerte.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF
domingo, 24 de septiembre de 2017
Oportunidad de oro, bajarles salarios y privilegios
El Diario, 24 de septiembre de 2017
Luis Javier Valero Flores
En muy pocas ocasiones habíamos contado con la oportunidad de exigirles a los partidos, al mismo tiempo, la abrupta disminución de sus gastos de campaña y la de sus enormes privilegios.
Nació como la opinión de algún ciudadano pero en horas se ha convertido en la principal exigencia de amplias capas de la población, sobre todos las que no están tan afectadas directamente por la tragedia del 19 de septiembre y la derivada del sismo del 7 del mismo mes.
¡Que le quiten los gastos de campaña a los partidos en la próxima elección! corrió como pólvora en las redes sociales.
La propuesta ciudadana nació del corazón, pero también de la razón, la de la ciudadanía. Estamos cansados de tanto anuncio en radio y televisión escribieron muchos, ajenos a que las modificaciones al marco legal de las elecciones en 2007-2008 que prohíben a los partidos -y a cualquier persona o ente- contratar propaganda política en radio y televisión.
La publicidad que nos atosiga en tiempos electorales es la que se obtiene del tiempo del gobierno federal, destinado a los partidos y candidatos.
Pero esa se deriva de la exención de impuestos a la radio y Tv. Los empresarios de estos medios obtuvieron que, para no pagar impuestos, les concedieran la posibilidad de “donar” el 12.5% de su tiempo al Estado.
Así que eso no nos cuesta directamente. El problema está en que a pesar de que se les quitó esa posibilidad, la de contratar tiempos en radio y Tv, a candidatos y partidos, el monto de los recursos destinados a los partidos se incrementó exponencialmente a partir de esos años.
La intención de esa reforma política era la de obligar a los partidos a que dependieran menos de los recursos gastados en los medios electrónicos de comunicación, que se convirtieran, más, en organizaciones con una fuerte estructura territorial.
No sucedió así, al contrario, transformaron sus mecanismos de cooptación de votos mediante la compra de insumos de distinta índole para, literalmente, “comprar” los votos, de ahí las enormes sumas gastadas en materiales diversos y en la manutención del personal contratado como “activistas”, para que éstos realicen las tareas que les corresponden a los militantes de los partidos.
De ahí la gran aceptación ciudadana a la propuesta de “quitarles” las prerrogativas destinadas a las campañas electorales del próximo año y que esos recursos se destinen a los gastos de la reconstrucción.
Deberemos insistir en lo pernicioso que resultaría quitarles el total de esos recursos, se les daría manga ancha para que recurrieran al financiamiento privado, no solamente del modo en que se hace en EU, sino peor, porque los controles y la institucionalidad existente en nuestro país no tiene punto de comparación con la existente en el país vecino.
Si con la extrema regulación existente, para evitar que el dinero ilícito fluya a las campañas, candidatos y partidos políticos, lo “normal” es que esto suceda, solamente de imaginar lo que ocurriría si abrimos esa compuerta.
Para tener una idea de los cuantiosos recursos de los barones de la droga en México baste decir que se calculan en 12 mil millones de dólares anuales los que se “lavan” en México, procedentes de EU.
Y esos son los del tráfico de drogas, sumemos los que provendrían del contrabando del resto de las mercancías, de los “trafiques” y “moches” de la industria petrolera y de las inversiones públicas en la construcción, de ahí que contar con una cada vez mayor regulación en esta materia es condición indispensable para mantener nuestra incipiente democracia electoral.
Pero disminuirles a la mitad las prerrogativas sería una muy saludable medida, no sólo porque estos recursos irían a la reconstrucción, y que ahí serían los montos menores, dadas las dimensiones del desastre, sino porque iniciaríamos la ruta de la drástica disminución de recursos a los partidos políticos y a los funcionarios públicos.
Sí, porque debemos aprovechar la oportunidad; este es el momento de exigir una severa disminución de los salarios de los funcionarios públicos de los primeros niveles, así como la reducción del número de plazas que cuentan con salarios estratosféricos.
¿De qué manera pueden, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justificar que en un país como México, ellos ganen al mes 520 mil pesos, más alrededor de 200 mil más en diversas prestaciones?
Igualmente, los consejeros del INE ganan, neto, 183 mil 400 pesos y reciben una gratificación anual de 556 mil pesos; remuneraciones semejantes reciben los senadores y diputados federales, así como más de 2 mil 500 funcionarios federales, amén de los delegados federales adscritos a las entidades, con salarios que van de los 90 mil a los 170 mil mensuales, así como los gobernadores.
Del mismo modo, los secretarios de los gabinetes estatales y los diputados locales, cuyos salarios varían enormemente pero que tienen un rasgo común: Son extremadamente altos.
Y a los argumentos de quienes defienden lo elevado de los salarios de los funcionarios, basta con oponerles los ingresos percibidos por los académicos universitarios, que hayan alcanzado la categoría de ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores, cuyos salarios, en muy pocas ocasiones rebasan los 80 mil pesos y la generalidad ronda en el orden de los 45-60 mil mensuales.
¿Cómo fue posible que les paguemos más a diputados, regidores, secretarios, delegados, consejeros “ciudadanos”, etc., que a la comunidad científica del país?
Bienvenida la respuesta de los partidos, motivada, sin duda, por la inicial propuesta de López Obrador -destinar el 20% de los gastos de campaña a la reconstrucción- pero deberán ir más allá, están obligados a legislar, no bastan las exhortaciones, ni las chicanadas propuestas por el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, de que los partidos rechacen el monto que decidan y éste se devuelva a la Secretaría de Hacienda, que ésta lo destine a un fideicomiso especialmente creado, bajo vigilancia ciudadana, para la reconstrucción de las zonas devastadas por el sismo.
Está bien eso, por ahora, por la emergencia, pero es el momento para elaborar una nueva legislación que disminuya drásticamente los recursos a los partidos y que reduzca los salarios de los funcionarios públicos.
Y no es solamente en el ámbito federal, está muy bien que los demás partidos locales se sumaran a la exhortación de los legisladores de Morena al INE (PRI, Panal, PAN y PVEM), para que permita destinar parte de los recursos de campaña de los partidos políticos a los afectados por el sismo, debieran hacerlo en su ámbito, en el de sus responsabilidades.
Si todos están de acuerdo ¿Porqué no cambiar la legislación local a fin de disminuir parte de lo destinado a campañas electorales locales para el próximo año?
Mecanismos y rutas legales podrían ser muchas, y estudiar hasta las propuestas por el Comisión Nacional de Derechos Humanos: “una reforma urgente al artículo 4º transitorio del Decreto en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el 27 de enero de 2016, a efecto de que cerca de 30 por ciento del monto total de los recursos destinados a los partidos políticos, conforme al presupuesto de egresos 2018, sea destinado al Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) para la reconstrucción y reparación de los daños a las víctimas de los sismos”.
Porque hacer el tipo de pronunciamientos realizados hasta la fecha por los partidos, significa que no están en la disposición de cambiar el estado de cosas existente y que sólo han reaccionado ante la circunstancia, para hacer una modificación extraordinaria, y no cambiar nada del insultante esquema de privilegios del que gozan hasta la saciedad.
No han asimilado que los elevados índices de rechazo a partidos y funcionarios gubernamentales obedece, sí, principalmente a sus enormes deficiencias como gobernantes, porque evaluada su actuación a lo largo de los últimos 32 años -lapso transcurrido entre el primer terremoto de esa fecha y el actual- la sociedad mexicana avanzó, sí, pero no la actuación de los partidos.
Con el terremoto del ’85 se cayó el PRI en la capital del país; de entonces a la fecha no ha podido ganar una elección local. Es que el sismo se llevó a la vieja y achacosa estructura corporativa del partido de Estado en que estaba convertido el PRI.
Pero también fue el arranque para un despertar electoral, con alcances nacionales, que motivó luego la derrota del PRI en varias elecciones estatales, el fraude electoral del ’86 en Chihuahua y el del ’88 en el país.
Cambios tan profundos originaron, luego, la aparición de un órgano electoral ciudadanizado y ajeno al control gubernamental directo.
Y los cambios en la sociedad fueron más profundos, ahí se encuentran las raíces del crecimiento del enorme despertar nacional, que se refleja en la amplitud y profundidad de las críticas en las redes sociales y que vimos corporeizada en los cientos de miles de “chilangos” lanzados a las calles a ayudar, a participar en los rescates, en la recolección de víveres; en los miles que ofrecieron sus viviendas para el resguardo de los damnificados; en la inmensa ola de solidaridad nacional con quienes se encuentran en medio de una enrome tragedia.
Y en el centro de la miseria humana, la Secretaría de la Marina y Televisa armando un “show” con la supuesta niña “Frida Sofía”.
¿Cuándo cambiarán?
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF
jueves, 21 de septiembre de 2017
Congreso, oprobioso espectáculo
Congreso, oprobioso espectáculo
El Diario, 21 de septiembre de 2017
Luis Javier Valero Flores
Escribimos en medio de la inmensa tragedia producida por los sismos, y no sólo el ocurrido el martes ¡19 de septiembre!, cuyas afectaciones abarcan a otras entidades que habían tenido daños menores en el del 7 de septiembre, incluida la Ciudad de México, sin duda la entidad que más ha acaparado la atención -por lo extenso de la destrucción- pero que en otras entidades, particularmente Morelos y Puebla, los damnificados pueden ser más y que sufrieron, además, la carencia de los protocolos de seguridad, algo que seguramente contó fundamentalmente en la capital del país para que el número de víctimas disminuyera y que, paradójicamente, se pusieran en vigor en el otro 19 de septiembre negro, el de 32 años atrás.
Ni falta hace exhortar a la solidaridad, esa camina casi de manera automática en amplias capas de la población, ni hace falta reiterar que el México más pobre es el que más ha sufrido con las calamidades de la naturaleza en los hechos recientes, ante ello, solidarizarse es obligado.
Paradójicamente, en la misma fecha pudimos apreciar en toda su magnitud el porqué de la enorme brecha, cada vez mayor, abierta entre la sociedad y los partidos políticos. Mientras una inmensa ola de ciudadanos dignos -con su contraparte en todo el país- acometía por su cuenta, sin convocatoria, las tareas de salvamento en las zonas devastadas, en el resto del país millones se aprestaban a aportar lo que pudieran a fin de apoyar a las víctimas de los sismos.
Al mismo tiempo, las chicanadas, los arreglos, las “negociaciones” entre los gobernantes de Chihuahua y los partidos minoritarios dieron como resultado la aprobación en el Congreso del Estado de la reestructuración de la deuda directa del estado, la mayor parte de ella contratada por el gobierno de César Duarte.
Sólo los diputados del PRI y de Morena fueron congruentes en su rechazo previo. A su vez, el PAN, PES y MC aprobaron la reestructuración.
El resto de los partidos, PRD, PT, Panal y Pvem, contra sus dichos previos, aprobaron una medida, que de ajustarse a lo establecido por la nueva Ley de Disciplina Financiera, no podrá ser superior a la contratada por Duarte, ni podrá aumentar el plazo para pagarla.
Si alguno de estos preceptos fuera violado, cualquiera de los diputados -y probablemente cualquier ciudadano- podría ampararse y echar abajo la reestructuración, de ahí que el principal argumento para oponerse a una reestructuración necesaria, así sea la obtención de unos cuantos cientos de millones de pesos.
Es de tal magnitud el déficit presupuestario del gobierno de Chihuahua que el ahorro de hasta 300 millones de pesos -si son ciertas las cifras de la Secretaría de Hacienda estatal- hasta parece una cifra menor.
Aquí lo destacable, para los fines del comentario de hoy, son las actitudes de los partidos mencionados líneas arriba; no tienen ética, no fueron capaces de argumentar, razonadamente, el sentido de su voto; antes no pudieron esgrimir las razones de su oposición, y ahora, tampoco las de su aprobación.
Igual que en el sexenio anterior, justificaron todas las trapacerías financieras del gobierno de Duarte, porque formaban parte de la coalición gobernante, y ahora, en el nuevo amanecer, son capaces, hasta de argumentar las “buenas obras” que realizará el gobierno de Corral con los “magnificentes” ahorros logrados por la reestructuración.
No son confiables; ni en un sentido, ni en otro; ni antes, cuando le aprobaban todo a Duarte, ni ahora cuando le condicionan a la obtención de prebendas menores el apoyo a la reestructuración.
En cuanto a la bancada “rosa” del PRI.
¿Dónde estaban, las que hoy integran esa bancada, en el sexenio de Duarte, justo cuando se aprobaban los créditos que hoy tienen sumidas a las finanzas estatales? ¿Cuándo sus voces críticas?
Nunca, era faltarle al respeto al “primer priista del estado”.
El argumento del priismo para oponerse a la reestructuración es ¡Porque ésta, dicen, es una nueva deuda, sabedores de que la entidad no puede adquirir ninguna nueva deuda, por la sencilla razón de que su compañero de partido, Don César Duarte, agotó las capacidades crediticias del estado!
Todo eso sucedía mientras todo un pueblo mostraba la dignidad de la que es portador.
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