A río revuelto, conducta criminal

El Diario, 31 de mayo de 2012 Luis Javier Valero Flores En tanto el país entero se hunde cada vez más en la vorágine de la elección presidencial, los efectos de la política económica aplicada a lo largo de ya tres décadas se resienten casi en cada aspecto de la vida nacional. Y todavía los candidatos del PRI y del PAN insisten en la continuidad de la misma. Se requiere de un cambio absoluto en ella, y de ninguna manera en la restauración, como lo propone nuestro amigo Francisco Rodríguez Pérez (El Diario, 30/V/12). Deberá ser a fondo el cambio. Una de esas ramas de la economía que necesita urgentemente de la revisión es la de la minería. Durante más de una década, los gobiernos locales (para no hablar de los federales, autoridades responsables del desastre económico y ambiental generado por la salvaje explotación minera) han afirmado, a nombre de las empresas mineras, especialmente las canadienses, que la presentación de una catástrofe ambiental, o de un accidente de este tipo, es lo más lejano a la actividad de las empresas que saquean las riquezas de La Tarahumara. Han afirmado que todos los pasos del proceso de la extracción, especialmente del oro, están dentro de las normas y exigencias ambientales y de seguridad existentes en el país. Pero hete aquí que el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Eduardo Esperón, declaró que su dependencia detectó a varias “unidades fleteras que transportan cianuro en condiciones inseguras, lo que en caso de un accidente podría desencadenar una catástrofe”. (Nota de Orlando Chávez, El Diario, 28/V/12). La razón, según la versión del funcionario, para transportar dicha sustancia, esencial para la explotación aúrea por medio de la lixiviación de cianuro de sodio, es que “las empresas transportistas son contratadas por las compañías mineras para llevar el químico hasta sus instalaciones a bajo costo”. Sin dar más detalles, cosa que debiera superarse, el funcionario federal informó que eran cuatro las empresas mineras, instaladas en Chihuahua, las responsables de tan peligrosa violación a las normas ambientales y de seguridad civil, tanto en el orden federal, como en el estatal. (Ibídem). Todo, con el objetivo de ahorrarse unos pesos quienes se llevarán a la bolsa en cuestión de unos cuantos años, cientos de millones de dólares de ganancias netas. En el curso de la entrevista, el funcionario federal anunció que se pondría en contacto con “funcionarios de la Unidad Estatal de Protección Civil, para establecer una estrategia para evitar que este tipo de prácticas se sigan presentando, pues ponen en riesgo a la ciudadanía”. Además, dio a conocer parte de las estrategias de estas empresas para burlar la vigilancia, esto es, para evitar las revisiones, la utilización de unidades de las denominadas de “caja corta”, así como que son cargadas en la ciudad de Cuauhtémoc. Así descritos los hechos, debieran ser motivo de una profunda investigación, además de informar a la sociedad chihuahuenses cuáles son las empresas que incurren en tales violaciones, altamente repudiables y que echan por tierra todas las argumentaciones, tanto de ellas, como de infinidad de funcionarios gubernamentales que han defendido hasta la exageración a quienes hoy se muestran como auténticos mercachifles, a quienes no les interesa -como algunos hemos planteado- de manera alguna la seguridad, la economía y el bienestar de los chihuahuenses. Más aún, en un aspecto de tal modo de extraer el oro, que no se había considerado como motivo de crítica y que diera pie a hacer algunos llamados de alerta, como lo es el transporte del cianuro de sodio, nos topamos que hasta en esta actividad las empresas involucradas en esto no merecen la confianza en el manejo de sustancias tan peligrosas, y en un método -la lixiviación por cianuro de sodio- que en Canadá se ha prohibido por los desastres ambientales y el extremo riesgo a que se somete a la población. Bueno, si hasta en el transporte de esa sustancia son desconfiables ¿Quién puede asegurarnos que allá, en la sierra, sin autoridades confiables que los vigilen, cumplan con las mínimas normas de seguridad exigidas por las autoridades de los tres niveles? Revisar los métodos de explotación de las empresas mineras asentadas en Chihuahua (recordemos que lo mismo sucede en otras regiones del país) es imprescindible, pero nada de eso les ha merecido comentario alguno a Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota o Gabriel Quadri. Ni modo, aunque se quejen los antilopezobradoristas, el único que ha repudiado y ha propuesto una exhaustiva revisión de las concesiones mineras es el candidato de las izquierdas. Independientemente del resultado de las elecciones, es un asunto que deberá revisarse.

Apaciguar los ánimos

El Diario, 29 de mayo de 2012. Luis Javier Valero. Primero fue la detención de un hombre armado en un mitin de López Obrador, luego siguieron las manifestaciones en contra de Peña Nieto, ajenas a sus actos, por separado, y ahora en sus actos y en los de Josefina, como las presentadas en sus actos de Juárez y Chihuahua. En conjunto son los indicios de que si no se toman las medidas adecuadas, por torpeza, los ánimos se caldearán a más no poder, conforme se acerque el día de la elección. La información publicada por El Diario-Juárez en su columna editorial (De los reporteros, 28/V/12) es más que preocupante porque ubica a conocidos activistas del PRI desarrollando acciones que en el peor de los casos se les debiera atribuir a personas sin partido, ajenos a los candidatos y quizá siguiendo sus convicciones políticas. Por ello debiera ubicarse perfectamente el –carácter de unas y otras porque al mismo tiempo que la candidata del PAN sufría –levemente, pero no sin importancia– las consecuencias de evitar contratiempos en los actos programados el fin de semana en las dos urbes mayores de Chihuahua (debió viajar la tarde-noche del sábado a Juárez, en lugar de hacerlo el domingo por la mañana), el candidato del PRI debió interrumpir en varias ocasiones su discurso debido a que sus compañeros intentaron bajar en otras tantas, tres distintas mantas extendidas por jóvenes en las paredes de los edificios colindantes con el Palacio de Gobierno de Zacatecas. Debió llamarlos a la tranquilidad pues la situación pudo desencadenar una batahola. Episodios de ese talante ocurrieron previamente en otros lugares. En Córdoba, grupos de manifestantes fueron golpeados por militantes del PRI; en Querétaro, otros jóvenes se lanzaron contra un vehículo en el que suponían viajaba el candidato de ese partido; igual aconteció en Nuevo León días atrás. Pero el aspecto preocupante lo aportó la columna mencionada: “… Claro que la lupa se puso sobre los manifestantes y Los Reporteros lo primero que supieron es que una de las activistas más llamativas de la primera protesta en Juárez (quien portaba una pancarta con la leyenda, ‘¿Quieres mi voto? ¡Ni que estuviera loco!’) se le vincula a la candidata priista al Senado, Lilia Merodio. En Chihuahua el operativo se les atribuyó a José Alfredo Navarrete y Jorge Luis Anchondo Rivera, dos personajes ligados al magisterio, específicamente a la Sección Octava del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pero del ala puramente tricolor, es decir no trabajaron como obreros de la reina del Panal, la maestra Elba Esther Gordillo... En Juárez, como cabeza de la movilización mañanera se identificó a otro profesor, éste de apellido Reyes, quien operó con un grupo de estudiantes de una institución llamada Bachillerato Zaragoza, ubicada en el área de Salvárcar”. Más aún, en la columna se señala que, según la información proporcionada, los vehículos usados para la movilización de los “manifestantes” en Juárez “se les habían arrancado los engomados con propaganda tricolor”. Lo mismo pasó en el acto vespertino, celebrado en el gimnasio del Colegio de Bachilleres, “… Ahí uno de los manifestantes comentó a Los Reporteros que la movilización se había realizado en torno al comité de vecinos de su colonia, de los mismos que controla Desarrollo Social del Gobierno municipal”. (Ibídem). Sin embargo, de acuerdo con las distintas crónicas, tales protestas no estuvieron exentas de violencia pues hubo distintos episodios de, además de la confrontación verbal, roces entre los manifestantes anti-Josefina y los simpatizantes de ella. Lo mismo ocurrió en Zacatecas, en donde un grupo de cerca de medio centenar de jóvenes protestó contra el candidato priista, además de los que desplegaron gigantescas mantas en las que se mostraba a Peña Nieto al lado de Salinas de Gortari y otra en la que señalaban la responsabilidad del priista en los feminicidios ocurridos en el estado de México durante su mandato. Ante esta realidad y el crecimiento del encono, lo prudente es que los partidos no lo impulsen, porque es muy distinto que grupos de militantes partidistas emprendan el trabajo de boicotear a sus adversarios, a que grupos de jóvenes, ajenos a los partidos se estén pronunciando de la manera en que lo están haciendo y lo hagan de lugares y momentos ajenos a los actos partidarios. Distensión es la palabra clave del momento. Bueno, ¿cómo estarán las cosas como para que el dueño principal de Televisa haya aceptado que el segundo debate presidencial sea transmitido en el “canal de las estrellas”? ¡Vaya que calaron hondo las protestas juveniles a través de las redes sociales!

Será final de película

El Diario, 27 de mayo de 2012 Luis Javier Valero FloresNo, no será como los finales de las telenovelas del duopolio televisivo, sino que será un resultado sólo apreciado, como en las carreras apretadas, en cámara lenta en la película del final de la disputa presidencial. Los daños generados a la campaña del priísta Enrique Peña Nieto por el episodio de la “Ibero” y sus secuelas son inmensos, de ahí que desarrollaran, casi de inmediato, una serie de acciones y tácticas a fin de impedir que se conviertan en el catalizador de una posible derrota del mexiquense. Hasta hace unos días, que alguien plantease la posibilidad de la desaparición de la ventaja del puntero, era visto como carente absoluto de racionalidad, hoy no, más allá de las encuestas de las distintas empresas, avanza la percepción de que López Obrador puede alcanzar e, incluso, superar al priísta en la elección presidencial. Tales percepciones se concretaron, en la semana que termina, en los resultados de la empresa Demotecnia –de María de las Heras, sin duda alguna la más creíble de todas las empresas que efectúan este tipo de trabajos en México y publicados en el sitio de Unotv.com– que mostró por vez primera la separación entre el segundo y el tercer lugar y confirmar que la ventaja de Peña Nieto se redujo a cifras de un solo dígito. Más aún, De las Heras calculó, en lo que es a juicio del escribiente la única empresa que lo hace, la participación electoral, ubicándola en el 63% del padrón electoral. Peor para los priistas, esta encuesta se efectuó antes de los episodios de los estudiantes y los jóvenes que tanto han ocupado la atención del país entero. Así, Peña Nieto obtiene el 39% de las preferencias electorales, López Obrador el 31 y Josefina Vázquez Mota cae a 26% Quadri es el preferido del 4 por ciento de los electores, de un universo de votantes calculado en poco más de 49 millones. Ante una situación -perdón, por la argumentación que se dará a continuación, ni caso tiene analizar las encuestas de Televisa, las de Mitofsky y las de GEA ISA, éstas informadas a través de Milenio, del cual el monopolio televisivo es propietario de la mitad de las acciones- tan preocupante, el equipo de campaña se lanzó a tratar de desmentir un concepto que las manifestaciones juveniles habían logrado imbuir en el ánimo nacional, el de que votar por Peña Nieto era votar por el regreso del PRI, el viejo y anquilosado, el de Atenco, el de Tlatelolco, de Aguas Blancas, el de Salinas de Gortari y demás. De ahí el discurso de Peña Nieto en la reunión del Consejo Nacional del PRI, efectuado el viernes, en el cual le planteó a sus compañeros que “es la hora de romper con el pasado”. Más, que su partido “está preparado para gobernar en democracia, con apego a la ley, con absoluta transparencia y rendición de cuentas, hoy el PRI es la opción para México que tiene una propuesta democrática para transformar al país, un proyecto con rumbo, certeza y liderazgo”. Pero tal estrategia fue el eje de su presentación en el programa televisivo estrella del canal de las ídem, “Tercer Grado”, deslindarse del viejo PRI, decirle a los mexicanos que nada lo une a ese pasado de la lista que, pacientemente los integrantes del panel de periodistas, esperaron leyera Joaquín López Dóriga, en una jugada maestra de la manipulación ejercida por tal empresa y tales periodistas. Así, para unos el bombardeo de las preguntas de éstos fue “bueno”, y para otros, un montaje. De más está decir que a todas luces fue bien diseñada la entrevista, conocido por todos el eje central pues una semana atrás, cuando analizaron estos periodistas, las manifestaciones de la Ibero, le dieron vuelo a las respuestas de los “dos PRI’s”, el moderno, representado por Peña Nieto y su coordinador de campaña y el viejo, representado por el dirigente nacional, Pedro Joaquín Coldwell, quien se atrevió a pedir la investigación de la conducta de los jóvenes pues “no parecían de la Ibero, fueron acarreados, los compraron para insultar” a Peña Nieto. Ante esa barbaridad de Joaquín, sin saberlo, se convirtió en el arquitecto del nombre del movimiento que cimbró al país mediáticamente, pues al día siguiente 131 jóvenes de la Ibero publicaron en YouTube un alegato, acompañado de sus credenciales, lo que motivó que las manifestaciones tengan ahora el nombre de “soy132”, y no “133”, como quiso denominarse en Twitter la hermana de Felipe Calderón, María Luisa, sólo para que le respondieran que ella no era ese número, sino “60 mil”. Preocupados en no solamente hacer el recuento de los daños, sino repararlos, los priistas del equipo de Peña Nieto, y los funcionarios de Televisa y Milenio (Porque eso son, además de periodistas, López Dóriga, Carlos Marín y Ciro Gómez Leyva) elaboraron un diseño de entrevista en la que se diera la impresión de ser críticos, pero no tanto. Y tal empeño se aprecia porque efectivamente efectuaron las preguntas sobre casi todos los aspectos ríspidos para Peña Nieto, pero se cuidaron de no repreguntar ante sus respuestas, y así parecía que el candidato priista salía airoso de tan “difícil” entrevista, en el programa político y de opinión por excelencia de Televisa. Y es que las manifestaciones juveniles han centrado sus críticas en el régimen dirigido por el PRI y en la manipulación ejercida por la empresa televisiva, por ello la decisión de, insólitamente, transmitir las imágenes y sonidos de lo sucedido en la Ibero en el noticiero de Carlos Loret de Mola, por pura casualidad el más joven de los conductores de noticieros. Su preocupación tiene sustento, las primeras manifestaciones, la del sábado anterior, convocada para protestar contra Peña Nieto y Televisa, luego la del domingo para apoyar a López Obrador, convocada previamente a los hechos de la Ibero, y en consonancia con las convocadas simultáneamente en decenas de ciudades del extranjero; la del lunes en Tlatelolco, sin duda la más emotiva de las manifestaciones que el escribiente haya presenciado jamás y las celebradas por decenas en todo el país, más allá de lo masivo de las tres primeras, tienen un ingrediente principalísimo: A través de las redes sociales han logrado concitar el interés de cientos de miles de jóvenes, quizá millones, que no tenían el asunto electoral en sus agendas. Hoy lo tienen, con el añadido que no son solamente los clásicos estudiantes de la UNAM y las universidades públicas, tradicionalmente los más proclives a la izquierda, sino que a partir de la participación de los estudiantes de la Ibero, muchos jóvenes de las universidades privadas se han interesado y participan activamente, fenómeno que guarda consonancia con las manifestaciones de apoyo a López Obrador de numerosos empresarios regiomontanos y del noreste mexicano. Y no solo. Cunde en las redes sociales y en los comentarios de infinidad de chihuahuenses de las capas medias y media altas de la capital del estado, una creciente corriente de simpatía por el candidato de las izquierdas, lo que viene a dar mayor solidez a los varios sondeos efectuados por El Diario (Juárez) en su página digital en los que, invariablemente, el tabasqueño aparece en el primer lugar de las preferencias electorales. Y es que la absoluta mayoría de esos jóvenes no iban a votar; hoy les han dado motivos, por eso es lógico suponer que de ellos, quizá la mayoría, lo hagan por López Obrador, lo que puede llevar a elevar la participación electoral a niveles de 65-67%, lo que haría que el tabasqueño, otra vez, esté en condiciones de disputar el triunfo presidencial. Vaya que hay motivos de preocupación para quienes contaban con una ventaja que se antojaba inalcanzable. Hoy no parece ser así, estamos ante la posibilidad de un vuelco electoral que puede cambiar la historia del país. Ojalá.

Compromisos alcanzables

El Diario, 24 de mayo de 2012 Luis Javier Valero Flores A pesar de la opinión de muchos colegas y de algunos amigos, que hablan de campañas desarregladas, que no alcanzan a interesar a la mayoría de los ciudadanos, que no hay propuestas ni programas creíbles, el escribiente cree que las campañas electorales han tomado vigor y han empezado a interesar a una buena parte de la población. Como hasta los partidos lo admiten tácitamente, las que interesan mayormente son las de los candidatos presidenciales y hoy, en casi cada reunión, el tema central es la intensa disputa entre ellos. Seguramente que para esto han influido decisivamente dos hechos. El debate presidencial, a pesar de la escasa audiencia (sólo podía llegar al 45% de los televidentes) y el episodio conformado por el incidente de Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana y las manifestaciones que desató, la del sábado en contra de Peña Nieto y Televisa, la del domingo en favor de López Obrador y la estudiantil del lunes, también a favor del tabasqueño. Pero hay cosas en las que debamos detenernos y que poco importan –aparentemente– a los candidatos del PRI y del PAN. Uno de ellos es el salario de los funcionarios de los primeros niveles del gobierno federal. Tanto Peña Nieto como Josefina han insistido, más en los últimos días, en que propondrán la disminución de los diputados plurinominales. El priista propone la disminución a 100 y la panista pretende la desaparición absoluta de estos puestos. En el fondo de sus propuestas yace el elevado rechazo a tales legisladores –debemos decirlo sin ambages, por ignorancia– producido por lo costoso que nos resultan, además de los elevados índices de ineficacia mostrados por la gran mayoría de ellos. Convenimos en una parte de la argumentación, en lo elevado de los salarios de los legisladores; en la otra parte, México debe encaminar sus pasos para transformar el régimen presidencialista actual por un régimen parlamentario, en el que, necesariamente, deberán existir los legisladores de representación proporcional, y por definición los partidos tendrán el porcentaje de diputados igual al porcentaje de votación obtenido. Pero el problema es otro. Nadie habla, bueno, ni Peña ni Josefina, del crecimiento del número de plazas en el gobierno federal con el nivel salarial de subsecretario que, de acuerdo con un estudio efectuado ¡Por el grupo parlamentario del PRI! pasó de menos de 100 con Ernesto Zedillo, a más de mil 100 en el actual gobierno, con salarios alrededor de los 200 mil pesos mensuales. Si a tales cifras le sumamos el de directores y subdirectores generales, así como el de delegados y subdelegados federales, nos vamos a encontrar que la falta de explicaciones acerca de hacia dónde se fue el dinero producto de los excedentes petroleros de toda una década –la de los gobiernos del PAN–, tiene, paradójicamente, una excelente explicación: A los bolsillos de quienes lograron subirse al barco de la burocracia federal, pero no cualquiera, sino la de los primeros niveles. ¿Cuántos funcionarios gozan de tales privilegios? Porque, además, debemos agregarles los salarios de los secretarios particulares, los secretarios privados, los asesores, las secretarias, los asistentes, el pago de los celulares, de la renta del vehículo, el chofer, de las oficinas, del gasto de ellas, los vehículos de todos los colaboradores de los funcionarios de los primeros niveles, es decir, todos los mencionados... ¿Le seguimos? ¿Cuánto significa tal parafernalia burocrática de pedigree? Bueno, pues los gastos de los diputados se convierten, frente a aquello, en una verdadera bicoca, y por si fuera poco, el ahorro de 100 o 200 diputados palidece ante el verdadero enjambre representado por el número de funcionarios mencionados líneas arriba. Por ejemplo, no es una novedad asentar que la mayoría de los delegados de las dependencias federales tienen un salario (integrado por el salario y la compensación, que para los términos periodísticos, basta con señalarlo como el salario) superior o cercano al del gobernador del estado. Por supuesto que no se dejan de lado los salarios de los magistrados, ministros y jueces del poder judicial, especialmente del ámbito federal, y los de los órganos autónomos –IFE, CNDH, TEPJF y el IFAI– que son verdaderos insultos a los mexicanos y a la incipiente democracia con que contamos. ¿Será por todo eso que no hablan de ese tema, y el único que machaconamente insiste en ello es el candidato de izquierda, López Obrador? ¿Será por eso que no lo quieren? ¿Por qué no obligar a todos los candidatos, de todos los partidos, a comprometerse a una disminución de sus salarios, por allá del orden del 40%, por lo menos?

Elección twittera

El Diario, 22 de mayo de 2012 Luis Javier Valero Flores Escondida permanentemente, existe una cifra que todas las empresas encuestadoras se cuidan de no tomar en cuenta al momento de dar a conocer las encuestas sobre preferencias electorales. Esa es la cifra de votantes que no irán a votar el próximo 1 de julio. Es una enorme cantidad de personas. Si hacemos caso a los porcentajes presentados en las elecciones previas, es probable que el índice de participación sea de alrededor del 60 por ciento del padrón de electores. En números cerrados estamos hablando de 80 millones por lo cual se pueden presentar a las urnas 48 millones de mexicanos. Por lo tanto, cada punto en las encuestas representa alrededor de 480 mil votos. Pues bien, ninguna empresa, hasta ahora, al dar a conocer sus encuestas, informa acerca del peso que tendría el número de personas abstencionistas, ni, por supuesto, saben o informan acerca del número de electores que decidieron ir a votar. No, simplemente, al momento de preguntar si van a votar, les creen a todos. El problema es que sí hay mecanismos que les permitirían afirmar con cierto grado de certeza acerca del índice de abstencionismo. Tantas vueltas explicativas tienen una razón. El fin de semana, al realizarse dos manifestaciones, la del sábado para rechazar al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, y la del domingo para expresar su apoyo al candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, sirvieron para tener a la mano una evidencia palpable del crecimiento de un fenómeno no visto previamente: el impacto de las redes sociales en las campañas electorales. El fenómeno cobra mayor importancia, porque, primero, en su inmensa mayoría quienes lo protagonizan han manifestado su simpatía por López Obrador; segundo, porque son jóvenes y, tercero, porque pertenecen –la inmensa mayoría– a las capas medias altas y medias-medias de la población. Para ubicarlo aún más, recuérdese que el segmento poblacional con el más alto índice de abstencionismo es el de los jóvenes, especialmente el de las capas medias y altas. Sopesarlo debidamente es de una importancia capital para el resultado de las elecciones –a 39 días de ellas– pues seguramente estamos ante el despertar masivo de toda una generación que, sin haber conocido personalmente la forma de gobernar del PRI, se manifiesta en contra de ella y que al tener al alcance de sus manos una mejor herramienta de comunicación –la internet–, mejor, porque puede interactuar, casi sin límites, está rechazando abruptamente al monopolio televisivo y su burdo manejo de la información. Precisamente porque el equipo del candidato priísta desconocía el impacto de las redes sociales –porque nunca las tuvieron en cuenta– cometieron el segundo de los errores más importantes en la campaña –el primero, ya lo saben, fue el de los libros en Guadalajara– al llevar a Peña Nieto a un acto en la Ibero sin la preparación adecuada, es decir, que podría ser cuestionado seria e informadamente ¿Acaso no sabían de las estrechas ligas de esa universidad –o de muchos de sus integrantes de entonces, alumnos y maestros– con los habitantes de Atenco? Y el tercero, el de manipular la información del acto en la Ibero. Con su respuesta –en un spot verdaderamente lamentable– se convirtieron en los principales organizadores de los actos del fin de semana y con ello lograron que el efecto del post-debate se diluyera para dar pie a tres hechos que hoy por hoy son el centro de las pláticas y comentarios en todos lados: el crecimiento de los comentarios antipeñistas en las redes sociales; la caída de Josefina y el vertiginoso ascenso de López Obrador. Para quienes creen que el resultado de la elección presidencial ya está decidido, deben ojear el resultado del periódico Reforma acerca de las preferencias electorales para jefe de gobierno. Beatriz Paredes perdió en un mes 9 puntos, y Peña Nieto, 8. Es de tal magnitud lo acontecido que hasta el dirigente estatal del PRI, Leonel de la Rosa, ya habla de la “tácita” alianza de la “izquierda y la derecha” y admite que el impacto de las redes sociales puede ser importante en los resultados electorales. Otros pueden desestimar la importancia de ello y podrán decir que se trata de segmentos muy pequeños de la población pues sólo acceden a esas redes quienes pertenecen a los sectores más favorecidos económicamente, pero a tales opiniones hay que confrontarlas con la “primavera árabe” ¿A poco creerán que los índices económicos allá son muy distintos a los de acá? De ninguna manera. Aún nos falta ver cuán extendidas son las redes sociales y sus impactos, su crecimiento es geométrico. Al tiempo.

Linchamientos

El Diario, 17 de mayo de 2012 Luis Javier Valero Flores “Un linchamiento es la ejecución sin proceso por parte de una multitud, a un sospechoso o a un reo. El origen de la palabra viene del apellido de Charles Lynch, juez del estado estadounidense de Virginia en el siglo XVIII, quien en 1780 ordenó la ejecución de una banda de conservadores (tories) sin dar lugar a juicio. Puede producirse sin llegar a causar la muerte a la víctima, aunque esa suele ser la intención inicial de la agresión”: Wikipedia. Durante dos días, la atención de la ciudadanía de la capital del estado estuvo centrada en el supuesto linchamiento de Jesús Alberto Alberto Núñez Jaramillo, presunto asaltante de un domicilio en una de las colonias más populosas de Chihuahua. El relato inicial, recogido por la policía municipal, consistía en que al ser sorprendido por la dueña de la casa, y ante sus gritos, acudió en primera instancia su esposo, el que atacó al asaltante con un bat, luego los vecinos acudieron en su auxilio hasta que llegaron los cuerpos policiacos y fue llevado al hospital. Ahí murió. Sin embargo, el día de ayer la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de las “inconsistencias” en la presentación de las declaraciones de los testigos y detuvo a Sergio Alberto López Villalpando, acusado de ser el autor del homicidio del supuesto ladrón, o, como lo informó el vocero de la zona centro de la FGE, Eduardo Esparza, haber sido quien inició la agresión. De acuerdo con la información proporcionada por la FGE, los hechos no se dieron como inicialmente habían informado los vecinos, que no se trató de un robo a domicilio, que no fue linchado, sino que Núñez se había presentado en el domicilio de López Villalpando a solicitar (¿En venta?) cerveza y cigarros. Seguramente se hicieron de palabras y finalmente López agredió a Alberto Núñez quien resultó ser vecino de la colonia y estar desempleado. Además, la misma FGE informó que no contaba con antecedentes penales, lo que no obsta para que pudiera ser una persona con antecedentes en la policía municipal. Sin poner en duda la información gubernamental, cuesta trabajo creer que la causa de muerte haya sido, según el peritaje oficial, insuficiencia respiratoria aguda y contusión profunda de cuello, pues en las imágenes difundidas en distintos portales de internet se aprecia a los paramédicos auxiliar al herido y en ninguna de ellas están realizando maniobras para despejar las vías aéreas del policontundido. Si la causa de muerte fue la informada, el ruido de la respiración obstruida debió ser de tal magnitud que hasta una persona sin conocimientos médicos podía percatarse de la presunta lesión cervical y, por tanto, auxiliarlo. Pero más allá de los hechos hasta aquí relatados, la autoridad está obligada a informar puntualmente, de tal modo que sea creíble la información proporcionada, es decir, con veracidad, sobre un asunto que se ha puesto en el centro de la discusión en la entidad, el de armarse y enfrentar por su propia cuenta a los delincuentes, con sugerencias hasta del alcalde de la capital del estado, Marco Adán Quezada, que ha propuesto se inicie la venta de armas de manera legal -para aumentar el control sobre ellas- pero fundamentalmente para defenderse de los criminales. Y este es un tema que no puede eludirse dadas las condiciones en las que se desarrolla la vida de los chihuahuenses, sujetos a la posibilidad cercana de ser víctimas de un ataque de los que decidieron apostarle al camino de la ilegalidad y del abuso. Ante ello, con notable frecuencia se están dando eventos en los que los ciudadanos, ya sea de manera individual o en grupo, los están enfrentando, con resultados, hay que decirlo, no muy recomendados para el resto de la ciudadanía, pues es frecuente que los cómplices, o amigos de los agredidos por los ciudadanos, cuando éstos se defienden, se cobren la afrenta en muy pocos días. Por desgracia son numerosos los casos en que así ocurre. De ahí el reclamo a la autoridad, pues en la medida en que ésta demuestre a la ciudadanía que puede existir procuración y aplicación de la justicia, en esas mismas proporciones los chihuahuenses dejarán de lado la aplicación de justicia por propia mano. asertodechihuahua@yahoo.com.mx http://luisjaviervalero.blogspot.com

Crisis militar en todo lo alto

El Diario, 20 de mayo de 2012 Luis Javier Valero Flores La detención de cuatro militares de alto rango, a quienes se les acusa de haberse involucrado con el crimen organizado en su modalidad de tráfico de drogas, ha puesto en crisis al cuerpo militar. De ser ciertas las acusaciones, y por la naturaleza de ellas, entonces deberíamos estar en la víspera de la detención de infinidad de personas involucradas en tales delitos y no solamente militares. Sin embargo, y precisamente por lo anterior, y dado el nivel de desconfianza del que goza el actual gobierno, nadie podría descartar en el fondo de tales detenciones la seria disputa al interior del Ejército por el cargo que más importa, el de secretario de la Defensa Nacional, hipotéticamente a cargo del nuevo presidente de la República pero que en la práctica, quienes dirigen al instituto armado son los que le presentan las opciones de las cuales el mandatario que asuma el poder el próximo 1 de diciembre, deberá seleccionar al responsable de las Fuerzas Armadas. El principal de los detenidos, el general Tomás Ángeles estuvo entre las opciones que le presentaron a Felipe Calderón en 2006. No fue el designado y durante dos años se desempeñó como subsecretario. Su detención representa la de más elevado rango militar que se haya dado. Sus implicaciones seguramente serán de largo plazo pues a pesar de que hayan transcurrido casi cuatro años de su salida de las responsabilidades, primerísimas, que tuvo, precisamente por ello concita, a la vez, preocupación y suspicacia, porque no se tiene la seguridad de que su detención se deba a las acusaciones que ahora le hacen sino, por lo escrito líneas arriba, o por ejemplo, a su oposición al uso del ejército en las tareas para las que fue usado a lo largo del sexenio. Más aún, en caso de que las acusaciones cuenten con un real sustento, llama la atención que, otra vez, se señale solamente a mandos militares que apoyan, o apoyaron a un grupo criminal enfrentado al Cártel de Sinaloa. Debemos recordar que el grupo de los hermanos Beltrán Leyva se había separado del jefaturado por Joaquín Guzmán y Mayo Zambada. Para la hipótesis de las diferencias en cuanto a la estrategia sirven de argumento los cables revelados por WikiLeaks, en los que los funcionarios norteamericanos se quejaron de que el ejército mexicano se resistía a “apoyar” las acciones de los norteamericanos y que los funcionarios mexicanos deberían ejecutar. El periodista Raymundo Riva Palacio sostiene que el general Tomás Ángeles “fue un militar que en los 80, como agregado en la Embajada de México en Washington, encabezó la defensa latinoamericana a los designios del Pentágono que querían –con el respaldo del presidente Carlos Menem en Argentina–, crear una fuerza panamericana que respondiera a los intereses estratégicos de Estados Unidos en el mundo”. (“El general en desgracia”, El Diario, 17/V/12). La detención de los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vargas, y del teniente coronel retirado, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, tienen como sustento las declaraciones de testigos protegidos y de otros detenidos. Se les acusa de proteger las operaciones que el cártel de los hermanos Beltrán Leyva realiza en Quintana Roo, el Distrito Federal y Morelos, y de tener bajo su responsabilidad permitir el traslado de aeronaves cargadas de drogas, de acuerdo con los testimonios aportados por un testigo protegido de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (la DEA), identificado como Jennifer, cuyo nombre real es Roberto López Nájera, además de los de Sergio Barragán Villarreal, El Grande, testigo protegido de la PGR, de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y del mayor Arturo González Rodríguez, detenido años atrás, en el sexenio de Vicente Fox. Pero las luces de alarma acerca de este caso ya se prendieron. Según la información proporcionada por distintos medios de comunicación, la investigación sobre los generales inició en 2009, a raíz del asesinato, en Cancún, del general Mauro Enrique Tello Quiñones, a la sazón jefe de seguridad pública de aquel puerto. La Secretaría de Defensa Nacional informó que personal de la Procuraduría General de Justicia Militar, “cumplimentó” (sic) la orden de localización y presentación “solicitada por la PGR el día 7 de mayo de 2012”. Y empiezan a aparecer las contradicciones, pues se informó que la decisión de que los casos fueran vistos por la PGR obedeció a que “los supuestos ilícitos fueron cometidos cuando los militares estaban en situación de retiro” y a que la investigación fue iniciada por la SIEDO en 2010, cuando la dirigía Marisela Morales Ibáñez, la actual procuradora general de la República. O sea, que Ángeles se retiró –lo retiraron– y se fue de bruces al crimen organizado, ya sin fuerza, sin mando y sin recursos para participar en tales actividades. Luego, si las investigaciones se están haciendo desde aquellas fechas ¿Por qué solicitar órdenes de arraigo y no de aprehensión? ¿Quiere decir que aún necesitan 40 días para efectuar las investigaciones que no pudieron realizar en más de dos años? Saltan las dudas por todos lados. Los generales fueron “llamados” ante la autoridad mediante una “orden de presentación” y fueron elementos militares los que los llevaron a la PGR, sin orden de aprehensión. Todavía hasta las primeras horas de la tarde de ayer sábado las autoridades civiles, las de la PGR, no le habían permitido a los abogados defensores acceder a entrevistar a sus clientes y la Comisión Nacional de Derechos Humanos declaró que se ¡Tardará dos meses en acreditar que se han violado los derechos humanos de los detenidos! ¡Cuántas coincidencias! ¡No puede ser! Siguen las coincidencias. Acosta, al igual que el general René Juárez Loera (que fuera el primer responsable de la Operación Conjunta en Chihuahua) fue asesinado a mansalva y sin contar con escoltas ¿Cómo explicarse tal hecho si quien ejerció algún mando en los organismos policíacos se les dota de seguridad durante un tiempo más o menos prolongado? ¿Por qué a ellos no? Cualesquiera que sean las respuestas a todos los cuestionamientos planteados, por primera vez se nos aparecen, de manera tan contundente, los resultados de haber involucrado al ejército en la llamada guerra al narcotráfico. El balance no puede ser peor. Ni los niveles delictivos bajaron, ni se debilitaron los grupos organizados, ni disminuyeron en número, al contrario ahora son más, y más fuertes; ni disminuyó la cantidad de droga trasladada a Estados Unidos, ni la presente en las calles de nuestras ciudades; y se perdieron, para el control gubernamental, extensas áreas de territorio nacional y hoy numerosos efectivos, mandos bajos y altos de las fuerzas armadas participan de la corrupción generada por las bandas del crimen organizado. Más aún, ya se encuentran sometidos a procesos penales algunos oficiales, acusados de ordenar múltiples ejecuciones. Y no hablamos de los derivados de las denuncias de civiles, ni de los procesos civiles seguidos a algunos de ellos, no, sino, por ejemplo, de los procesos militares instalados en contra del Coronel Elfego José Luján Ruiz, cuando era el jefe militar de Nuevo Casas Grandes, acusado de dar muerte y calcinar a dos soldados desertores que se habían pasado a las filas de “La Línea” (Reforma, 14/II/12); y del general de Brigada Diplomado del Estado Mayor Manuel de Jesús Moreno Aviña, acusado, cuando dirigía la partida militar en Ojinaga, de ordenar la ejecución de al menos seis personas, también pertenecientes al mismo grupo delictivo (Reforma, 30/I/12). Se los dijimos ¿Y si fracasa el Ejército –en combatir a los narcos–, qué nos quedará?

Deleznable

El Diario, 15 de mayo de 2012 Luis Javier Valero Flores Ya no se sabe si las propuestas efectuadas por la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, son producto de la reflexión previa, o de la desesperación por no alcanzar, en la percepción ciudadana (o quizá en las encuestas propias, las reales, las que no informan) al puntero, Enrique Peña Nieto, o porque el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, la está igualando y quizá rebasando –todo de acuerdo con la mayoría de las encuestas hasta ahora informadas–. Y es que en los últimos días, a partir de la celebración del debate, la panista ha insistido en una propuesta que más parece el intento de recuperar a una parte del electorado que despotrica en contra de los diputados plurinominales, que fruto del análisis serio de una candidata del partido en el gobierno. Vázquez Mota está proponiendo la desaparición de los diputados de representación proporcional, los popularmente conocidos como plurinominales, y seguramente también los senadores elegidos por la misma vía. La propuesta suena atractiva, sobre todo si no se razona suficientemente y sólo se atiende a la primera reacción al abordar el tema de los legisladores. Y vaya que la mayoría de éstos no dan muchos argumentos para salir en su defensa, o más bien, en la defensa de la construcción de un régimen democrático, por lo menos desde el punto de vista formal, como el ahora implantado en el país. Pero esa postura no resiste ni siquiera el análisis interesado de su partido, ya no digamos la argumentación central de la defensa de dicha figura parlamentaria, consistente en que los órganos legislativos debiesen contener la representación proporcional de los electores que sí votaron. Ese es el origen de tal figura, es decir, que las fuerzas políticas cuenten con una representación proporcional, en las cámaras, a la votación obtenida, y de esa manera evitar que un partido, con una mayoría relativa, pueda alzarse con la absoluta mayoría de los puestos legislativos. Sin embargo, a las fuerzas políticas mayoritarias, particularmente al PRI, les atrae mucho usar como argumento central de la existencia de los “pluris” el de que por ese mecanismo se les da representación a las fuerzas minoritarias, a las que por otra vía no podían acceder a las cámaras. Y resulta que los principales beneficiados de tal figura son precisamente los partidos “grandes”. Más aún, la representación proporcional es el camino para el establecimiento de un régimen parlamentario, requisito indispensable para hacer que esta democracia formal pueda ofrecer, por lo menos, un mínimo de posibilidades de mejoramiento de la vida democrática del país. Y si sólo se atendiese el punto de vista de un partido como el PAN, pues resulta que su abanderada está proponiendo que se haga el hara-kiri político. Pongamos un escenario hipotético, pero sobre una situación real. En Chihuahua, a partir de las elecciones del 2010, en caso de no existir los “pluris”, el Congreso del Estado estaría integrado por 20 diputados del PRI y sólo 2 del PAN, a pesar de que este partido obtuvo más del 40 por ciento de los votos. Si así se quejan de la subrepresentación que tienen actualmente, imaginémonos el escenario virtual que ahora les planteamos. Cosa semejante le hubiese ocurrido al PRI en el ámbito federal en las elecciones del 2006, y eso a pesar de contar, en las elecciones a diputados, con un porcentaje superior al 35 por ciento de la votación. Se hubiesen quedado con menos de 80 diputados federales, en lugar de los 105 a los que tendrían derecho, en caso de existir la plena representación proporcional, es decir, que cada partido obtuviese el porcentaje de diputados equivalente a la votación obtenida. De ahí el título de la presente colaboración, no tanto porque el tema sea esencial para la vida democrática del país, sino por las intenciones y conducta de la clase política, y en este caso de la abanderada del PAN que, seguramente ante el clima adverso para su campaña, ha empezado a dar muestras de desesperación y de mostrarnos que su equipo de campaña sigue dando tumbos y ante ello decidió ofrecer las cosas que percibe son las que le pueden ganar votos, las que sean pero que generen votos. Por el mismo rumbo está la propuesta de desaparecer las cuotas obrero-patronales (suponemos que del IMSS) ¿Acaso no sabe la preocupante realidad financiera de esta institución? ¿Cómo pretende financiarla si las desaparece? ¿O acaso está pensando en desaparecerla y establecer como medida gubernamental que todos compremos nuestro seguro de gastos médicos mayores? Híjole.

¿Quién ganó el debate?

El Diario, 13 de mayo de 2012. Luis Javier Valero Flores Esa es la pregunta y la conclusión a la que se ha lanzado la sociedad entera. Decretar un ganador de la confrontación de los candidatos presidenciales. Tales afanes por encontrar un ganador tienen un solo propósito, como se ha hecho con las encuestas dadas a conocer de manera interesada por todos los protagonistas político-electorales, convertir tal hecho en instrumento electoral. Y ahora resulta que el triunfador, a ojos de muchos, fue el candidato del Partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri. Pero al contrario de la percepción de una buena parte de los televidentes, Quadri fue el candidato que reforzó la tarea del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto y presentó las propuestas más regresivas de la noche del domingo anterior. ¿Se imaginan que desaparezca el subsidio gubernamental al precio de la gasolina? ¿Soportaremos que se dispare a niveles de 20 pesos por litro? ¿Se imaginará el impacto inflacionario de tal medida? ¿O que desaparezcan los apoyos a los productores del campo, a través de Procampo y otros semejantes? ¿Sabrá Quadri que Japón y Estados Unidos, solo por mencionar a dos países desarrollados, subsidian a sus productores rurales, y no con migajas como aquí? Además se dijo partidario de cobrar peaje en los segundos pisos (por supuesto que cuando expresó lo anterior, AMLO se había ufanado de hacerlo gratuito en el DF, al contrario de lo construido por Peña Nieto en el Edomex) y de desaparecer el Procampo. Pero más allá de la participación del candidato del Panal, la inmensa mayoría de los medios de comunicación y algunos de los principales conductores de ellos, se han lanzado a la tarea de hacerle ver a los mexicanos que el debate fue ganado por Quadri y Peña Nieto, que López Obrador no dijo nada nuevo, que Josefina Vázquez no levanta y que el debate se convirtió en un ejercicio desechable. Además, que el abanderado del PRI salió ganando pues, dicen, no perdió los puntos que se esperaba. Y tales comentarios dejan de lado el contenido de las propuestas y posturas de cada uno de los candidatos. Por si fuera poco, decretar un ganador del debate, de manera imparcial es prácticamente imposible, hasta los más ajenos a las contiendas electorales y los partidos, cuentan con un esquema de concepciones ideológicas y políticas que les llevarán a declarar ganador a alguno de los candidatos o sentirse cercano a algunas de las posturas de cualquiera de los abanderados presidenciales, pues para declarar triunfador a alguno de ellos necesariamente deberemos desligarse de las filias y fobias personales, incluidos aquellos reporteros -si acaso existiesen- que no las tuvieren. Y ahí radica el problema. No se puede decretar un ganador del debate porque la inmensa mayoría de quienes lo vieron lo van a calificar de acuerdo con su estructura mental, sus concepciones y sus filias. No se trata de un partido de fútbol -o de cualquier otro deporte- en el que la manera de calificar es objetiva -cuántas veces entró el balón a la meta de cada equipo-. Seguramente que la mejor manera de medir quienes resultaron triunfadores será a través de las encuestas (las efectuadas por empresa serias, y cuyo diseño no tenga como objetivo el de usarlas como instrumento de campaña) en las que se podrán apreciar las variaciones en las preferencias electorales, motivadas, sobre todo, por el debate y ahí es en donde podremos encontrar quienes fueron los ganadores del debate, es decir, el impacto logrado en las preferencias electorales. Con esa concepción, es probable que la perdedora sea la abanderada del PAN, si se confirma, en las encuestas, lo que mostraron los primeros sondeos en los que perdía el segundo lugar y era rebasada por el candidato de las izquierdas, -del Movimiento Progresista- Andrés Manuel López Obrador, y éste obtenía -y seguramente más que en los sondeos, en la percepción ciudadana- un ligero incremento en las preferencias electorales. A su vez, el candidato priista logró mostrarse ante el país que no era el político sin capacidades que había permeado en la sociedad, merced a sus desaciertos anteriores y su persistente rechazo a participar en eventos no organizados por su partido. Sin embargo, las posturas expresadas por los principales candidatos, especialmente Peña Nieto y Vázquez Mota sí que son para preocuparse en extremo. En uno de los más ríspidos intercambios entre el priista y el perredista, el del financiamiento a los medios de comunicación, Peña Nieto lanzó un obús que al paso de los días se le revertirá. Afirmó que el gobierno de López Obrador había gastado el doble que el suyo en comunicación social, mil millones de pesos, dijo. Por lo que, en su versión, la suma empleada por el mexiquense fue de 500 millones de pesos. López Obrador contestó y aseveró que Peña Nieto tan solo en dos años habían empleado 591 en un solo medio, Televisa. Y el viernes, el periódico Reforma publicó una información más preocupante y que echa por tierra las afirmaciones de Peña Nieto. El periódico, con documentos oficiales proporcionados a través de Transparencia del Estado de México, afirma que el ex gobernador pagó 52 millones de pesos en el sexenio tan solo para se efectuaran comentarios favorables a su gobierno y persona en distintos noticieros televisivos y radiales. (Nota de Enrique I. Gómez y Arturo Espinosa, Reforma, 11/V/12). El pago de tal cantidad era por el concepto de “apoyos informativos” que no eran, ni se contrataron así, spots formalmente contratados, sino “comentarios o entrevistas con conductores radiofónicos”, en un monto, en el que, por lo menos lo informado por el periódico, el 62% de ese dinero fue para pagar “menciones” en noticieros, entre los que se encuentra el de la estrella de Televisa, Joaquín López Dóriga, a través de “la razón social Astron Publicidad (que) cobró 9.2 millones de pesos al Gobierno del Edomex por el concepto comentarios... transmitidos dentro de su noticiero ‘Joaquín López-Dóriga’ y en el noticiero de Oscar Mario Beteta”. De acuerdo con esta información “En total, el Gobierno del Edomex gastó 990.6 millones de pesos entre 2005 y 2011 en el rubro del programa de Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo”. Antes se les llamaba “chayotes” a dichas maniobras corruptas. Más. Una investigación del reportero Jenaro Villamil, contenida en el libro “Si yo fuera presidente”, publicado en 2009, demostró que en 2005, Peña Nieto pactó el pago de 691 millones de pesos a publicidad televisiva (solo en Televisa), 327 de los cuales se destinarían a spots y 364 millones de pesos distribuidos en 180 notas informativas en los noticieros (305 mdp), pago de reportajes en la serie “Los Reporteros” de canal 2 de Televisa, seis entrevistas en varios noticieros y 10 millones de pesos para tres programas de “Zona abierta” conducido por Héctor Aguilar Camín. Además, el paquete de ese año incluía el pago de 37 publirreportajes en los impresos de Televisa. Con un costo de 10 millones 781 mil pesos el flamante gobernador que pretendía deslindarse de su tío, Arturo Montiel (así se lo aconsejaron mediante el pago de 47 millones de pesos pagados a otra empresa de Televisa) y encaminarse a la presidencia de la república, apareció en las páginas de Eres, Furia Musical, Cosmopolitan, Vanidades, Muy Interesante, Teleguía, y Tv Novelas. ¡Nomás! El reportero Villamil asegura que este plan se cumplió en todos los años del gobierno del mexiquense, de ahí que los señalamientos del tabasqueño se quedaran cortos y los efectos de ellos se verán en el curso de los próximos días. Al tiempo.

Legalización de chuecos, tufo electorero

El Diario, 10 de mayo de 2012. Luis Javier Valero Flores. ¿Cuáles son las razones por las que Felipe Calderón, por fin, resolvió dar paso a la regularización de vehículos extranjeros internados ilegalmente? ¿Por qué hasta ahora, dirá más de un panista, y no en abril, cuando el efecto sobre el electorado podría ser mayor al de ahora? ¿O será precisamente por eso, que calcularon el efecto sobre los ciudadanos, precisamente en la época en la que se podría detener la caída en las preferencias electorales de su candidata a la presidencia? Si existiese alguien que no reconozca el elevado interés de Calderón sobre el desarrollo de las campañas electorales y los pasos dados para reforzar a su partido, seguramente será alguien muy ajeno a los acontecimientos políticos ocurridos en los últimos 4 años, por lo menos. El anuncio lanzado por el gobernador chihuahuenses, César Duarte, en ese sentido, “el presidente de la República, Felipe Calderón, dio luz verde a la regularización”, luego de la reunión sostenida, en la que “se logró una conciliación entre los dos niveles de gobierno”, aún deberá esperar para su concreción, pues no sería una sorpresa que en el camino algún funcionario federal actuara para retrasar tal hecho, y que ya sabemos no sería por su propia iniciativa, sino porque quien ocupa hoy la residencia presidencial demostró, a lo largo de ya casi seis años, que sólo lo guió el interés electoral, igual que su antecesor, Vicente Fox, pero éste era el triunfador sobre el viejo régimen y Calderón, en teoría, debió ser el mandatario que consolidara la renovación democrática del país. No fue así y a cambio su desempeño llevó a su partido (y estamos a solo unas cuantas semanas de vivirlo) a una de las peores derrotas que los partidos gobernantes hayan sufrido en el ámbito internacional. Y el problema de los carros “chuecos” fue uno más de los asuntos que evidenciaron la incapacidad gubernamental del panismo. La apertura de la frontera norteña a la importación de camionetas, “vehículos de trabajo”, se dijo en los lejísimos años de fines de los 80’s, en realidad se convirtió en el primer paso para el desmantelamiento de la industria nacional de autopartes, cuyo segundo paso fue la firma del Tratado de Libre Comercio, al disminuir el porcentaje de partes nacionales que debían contener los vehículos armados en nuestro país. Al mismo tiempo, fue uno de los pasos más importantes para la construcción de una vastísima red de corrupción en el sistema aduanal, cuyas redes llegaban, según se informó en varios reportajes publicados por El Diario a lo largo de dos décadas, hasta los primeros niveles de la Secretaría de Hacienda federal. Por desgracia, todos los actos gubernamentales alrededor de este asunto han estado enmarcados en la conveniencia electoral. Al anunciar la instrumentación de los primeros permisos, Augusto Gómez Villanueva, líder de la CNC, le prometió 20 millones de votos al candidato de su partido, Carlos Salinas de Gortari. Ahora no parece ser la excepción, se podrán argüir infinidad de cosas pero es extraordinariamente coincidente que, en el momento en que pareciera que Josefina Vázquez Mota va rumbo a convertirse en la tercera fuerza de la elección presidencial, Calderón aceptara que “Chihuahua cumplió con todos los requisitos” planteados por el gobierno federal y, por tanto, dar paso a la ansiada regularización de cientos de miles de vehículos en Chihuahua, y con ello, dependiendo del modo en que acordaron tal hecho, captar algunos cuantos millones. Pero este hecho, por sí mismo, es prueba palpable de las graves deficiencias del transporte urbano, pues se demostrará que las dos principales urbes chihuahuenses, Juárez y Chihuahua, ostentan los primeros lugares en el índice de vehículos circulantes por número de habitantes, y quizá alguna de las ciudades medianas de la entidad -Parral o Cuauhtémoc- se encuentran, también, en tales circunstancias. De concretarse tal regularización -por lo menos ésta- podrá ponerse fin, así sea temporalmente, a uno de los negocios más corruptos existentes en Chihuahua, el de las organizaciones supuestamente defensoras de los propietarios de tales vehículos, lo que ha significado el robo, literalmente hablando, a decenas de miles de chihuahuenses. Más aún, tal legalización mostrará cuan certera es la afirmación gubernamental que estos vehículos son los usados preferentemente para cometer delitos, o que sus propietarios son aquellos que pretenden, permanentemente, evadir sus obligaciones fiscales. Probablemente ni una cosa ni otra, seguramente nos encontraremos que la absoluta mayoría de ellos son simples ciudadanos enfrentados a la terrible realidad de un transporte público increíblemente deficiente, gracias a que los concesionarios se han convertido en uno de los segmentos empresariales más protegidos de los grupos gobernantes. asertodechihuahua@yahoo.com.mx http://luisjaviervalero.blogspot.com

¿Debate?, debate sí hubo

El Diario, 8 de mayo de 2012 Luis Javier Valero Flores Lo sobresaliente del debate escenificado por los candidatos presidenciales es que no se presentó la debacle del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Salió mejor librado de lo que esperábamos muchos, en cuanto a la esgrima verbal, pero indudablemente que no le fue tan bien con los dardos envenenados lanzados, tanto por el candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, como por la abanderada del PAN, Josefina Vázquez Mota. Creo, al contrario de muchas de las expresiones lanzadas por innumerables voces y plumas, que sí hubo propuestas, que hubo proyectos a proponer por los candidatos y que se lanzaron de acuerdo con las posibilidades del formato del debate del domingo. Fue tan abundante el material generado que a él acudiremos en la colaboración del próximo domingo y, además, ojalá así sea, con los resultados de las encuestas practicadas después del debate, y remarcamos que analizaremos las encuestas y no los sondeos. Lo repetimos, las “encuestas” telefónicas y los sondeos realizados en los portales digitales reflejan solamente las preferencias de un sector de la población y no son “muestras” válidas de lo que sucede en el conjunto de la sociedad; son, a lo sumo, muestra de tendencias y nada más. Sabedores de que no podrían sacarle mucho jugo a tal formato, cada uno de ellos elaboró una estrategia. Probablemente quien se salió del guión en más ocasiones fue el priísta. De acuerdo con todas las señales, y con lo que dice el “librito”, no debía salir a debatir en terreno abierto pues era quien podía perder más en tales condiciones. Pues nada, se sintió con la suficiente confianza para hacerlo y se puso al alcance de López Obrador quien lanzó, quizá, la mejor expresión de la noche, al aceptar que su secretario de Finanzas, Edmundo Ponce, y su ex secretario particular, René Bejarano, habían cometido irregularidades, pero “están en la cárcel” y en cambio, Peña Nieto, secretario de Administración del gobierno de Arturo Montiel, “su tío”, señalada por inmensamente corrupta, “aquí estás de candidato”. Nuevamente, como seis años atrás, AMLO puso en el centro del debate el problema de la corrupción y el de la necesaria honestidad para el ejercicio gubernamental. No podía encontrar mejor receptor de tales señalamientos que el ex gobernador mexiquense, quien cometió el error de expresar que sólo había gastado 500 millones de pesos (“la mitad de los gastado por usted”, le dijo a López Obrador) en comunicación social a lo largo de su gestión gubernamental. El tabasqueño le diría que fueron 691 millones de pesos en dos años y que hasta un libro existía documentando tal hecho, el de Jenaro Villamil, y que los mil millones habían sido a lo largo del sexenio, en todos los medios y el gasto de Peña en un solo medio. Lo que le sirvió a Peña Nieto para, al igual que el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, (en otro momento y a raíz de otro tema) criticar ácidamente a la revista Proceso, sin atreverse a mencionarla expresamente. Atrapado el puntero por el debate sostenido con López Obrador, tuvo el tino de cambiar de destinatario de sus ataques –como si fuera abajo en las encuestas– y enfilarlos a Josefina Vázquez Mota, la que no tuvo la agilidad necesaria para responder puntualmente, razón por la cual se vio todavía más acartonada. Y ese es, probablemente, el rasgo característico de la actuación de la panista pues seguramente creyó que si se salía del guión, y no entrar al debate, le redituaría, gracias a la explotación de la imagen de serena, inmutable, la de la sonrisa perenne. Pero seguramente que el rasgo central de todo el debate del domingo fue su acartonamiento, que rompió López Obrador y motivó a los otros, incluido el “ciudadano” Quadri, que terminó por atacar sólo a uno de los presentes, al tabasqueño y en lo fundamental coincidir con el mexiquense. Si alguien preguntara cuál fue uno de los temas centrales, tendremos que aceptar que, además de la seguridad y la economía –materia obligada– lo fue el petróleo y obligó a los candidatos a expresar con claridad sus conceptos sobre materia tan importante para el país. Y ahí el eterno alegato de López Obrador se justificó, son lo mismo el PRI y el PAN: las posturas de la panista y el priísta son absolutamente coincidentes y en la que Quadri quiso ir más allá. Los tres están de acuerdo en la privatización de las áreas estratégicas de este energético, el más importante de todos y el que más recursos le genera al país y al erario federal. Pero no es todo, nos vemos el fin de semana con este tema.

Recrudecimiento homicida en la capital

El Diario, 6 de mayo de 2012. Luis Javier Valero Flores. Apenas se recuperaba del pasmo causado por la masacre del Bar El Colorado, una semana atrás, cuando ya una nueva ejecución múltiple ocupó el centro de la atención de los habitantes de la capital chihuahuense, ahora ocurrida en uno de los sitios preferidos de las capas medias de esta ciudad, el Applebee’s, lugar en el que meses atrás habían ultimado al que fue jefe de la policía municipal de las dos urbes mayores de Chihuahua, J. Refugio Ruvalcaba. El viernes, un comando armado ejecutó a tres personas en una de las horas de mayor concurrencia del restaurante y puso nuevamente en estado de crisis la confianza de la ciudadanía en las autoridades. Imposibilitados de contar con más información que la publicada en la página digital del Gobierno del Estado, en la que se informa de un total de homicidios, en la entidad, de mil 209 en el primer trimestre del año, sin más detalles y sin especificar los lugares en los que ocurrieron, deberemos de contar, para los efectos de este trabajo, con las muy escasas informaciones aparecidas en la prensa local, y recopiladas acuciosamente por la empresa de Lorenzo Pérez (Inpro, negocio al que el escribiente recurre casi diariamente para consultar la hemeroteca digital) y de las cuales podemos inferir, con lo que coincidiremos con la muy extendida percepción ciudadana, el notable incremento de las ejecuciones en la capital del estado. Fenómeno al que el Secretario de Gobierno, Raymundo Romero, calificó como “el efecto cucaracha”, lo que implica que alguna localidad, o varias, de la entidad, quedaron limpias. El problema es que aún seguimos buscando a la ciudad chihuahuense que se liberó del flagelo de la violencia, como para que haya expulsado a las “cucarachas” y éstas llegaran a la ciudad de Chihuahua. Así, en el portal del Gobierno de Chihuahua, en el sitio de la Fiscalía General del Estado, se informa que del 1 de enero al 31 de marzo del presente año se presentaron 774 eventos en los que murieron 203 mujeres, 997 hombres y 9 personas de sexo indeterminado lo que hace un total de 1,209 homicidios en nuestra entidad. De esta manera, sin tener a la mano la información oficial –porque hasta el ejecutómetro, que el portal La Opción.com.mx mantuvo durante el año anterior, ha desaparecido– sólo podemos especular que la cifra diaria de ejecuciones en la ciudad de Chihuahua, en lo que va del año, debe rondar entre las 2 y 4. Más preocupante es el hecho de que, de ese total, 50 personas fueron victimadas en centros sociales, ya sean los denominados antros, en cantinas o restaurantes, lo que arroja, tan solo los caídos en estas circunstancias, una tasa de 6.25 por cada 100 mil habitantes, sin tomar en cuenta los que son asesinados diariamente. Si estos cálculos no están lejos de la realidad, significaría que la capital de Chihuahua podría estar disputando el liderazgo nacional de ejecuciones, pues si lo llevamos a los primeros cuatro meses, con un promedio de ejecuciones diarias, serían 360 ejecutados, equivalentes a 45 por cada 100 mil habitantes, y eso en el primer cuatrimestre, que llevados al año nos reportaría una tasa de 136, la más alta del país, incluida en esta clasificación la ciudad de Monterrey, por supuesto, por encima de las cifras del antiguo Paso del Norte. Además, las ejecuciones se han presentado de manera tan dramática y cuantiosa que, por ejemplo, en dos días, del 13 al 14 de marzo, se presentaron 14 ejecuciones atribuidas al crimen organizado. Y entre las víctimas hay algunas en las que la autoridad está más obligada a encontrar y castigar a los asesinos (ya lo sabemos, lo está en todos los casos) pero en el de los asesinatos de periodistas dicha obligación se acrecienta, por una sola y objetiva razón, son éstos los encargados de informar a la sociedad de los hechos y fenómenos ocurridos y cuando uno de ellos es asesinado, la autoridad está obligada a demostrar, –cuando se sospecha que fue un hecho circunstancial, como lo son las ejecuciones de los periodistas Javier Moya y Javier Salinas, ocurridas apenas la quincena anterior– que no obedeció a razones atribuibles al ejercicio de su profesión. Con otro agravante, entre las víctimas se cuentan varios elementos de las agrupaciones policiacas, incluso de algunos mandos de la policía municipal de la capital del estado. Pero, como ha ocurrido en prácticamente todo el país, la impunidad es el rasgo característico de todos estos hechos, y cuya principal consecuencia es la inquietante e incesante inseguridad, ante la cual el principal sentimiento popular es el de la impotencia pues no se aprecia –al igual que en lo más alto de la curva de violencia en Juárez– que la autoridad cuente con un mínimo de posibilidades de enfrentarla y superarla. Más aún, y es un aspecto que deberán considerar, la información acerca de la ola homicida tendrá que circular, porque pensar que se puede detener o controlarla, a fin de, pensando de buena fe, no contribuir al desánimo a la ciudadanía, o para que se difunda la idea de que se hacen las cosas bien, o que se está gobernando de manera adecuada, es contribuir a tal estado de desasosiego popular. Además, hay otra realidad, la incoordinación de las autoridades federales con las estatales (o al revés, como el lector lo quiera ver, según sus filias políticas) es realmente existente y la falta de investigación de los crímenes, por parte de las autoridades federales, continuará, y si las autoridades estatales se esperan a que lo hagan, la actual situación persistirá, de ahí que éstas deberán asumirlo. El gobernador César Duarte afirmó que el poder era para poder, y en materia de seguridad pública –tema al que se refería– ha quedado claro que no basta con el concurso de decenas de miles de elementos, ya sean policías o militares, la experiencia juarense nos lo mostró, y la ola homicida bajó quizá más que al combate oficial, a la dinámica propia de la guerra de los cárteles, al cansancio o agotamiento de sus activos –en parte, probablemente, al encarcelamiento de algunos de sus mandos– pero en esa disminución no se aprecia que se deba al apresamiento de los sicarios, o merced al esclarecimiento de los hechos de sangre en que hubiesen participado. Y esa es la dolorosa realidad. La absoluta mayoría de los crímenes relacionados con las bandas del tráfico de drogas está impune porque no hay capacidad gubernamental para esclarecerlos. Para resolverlos se necesitaría aplicar la inteligencia gubernamental, no solamente la de los funcionarios gubernamentales en lo personal, sino la del aparato estatal de inteligencia, es decir, los órganos encargados de indagar todo lo relacionado con los criminales. Eso no ha existido hasta ahora, porque ante hechos como el abordado en esta ocasión, numerosos ciudadanos reclaman que haya más vigilancia –seguramente se necesita más pues tanto en Juárez como en Chihuahua existe un déficit de policías– pero será imposible establecer una pareja de policías en cada establecimiento comercial, de servicios o turístico. No, el problema es de más fondo, es el de la falta de aplicación de medidas elementales de seguimiento del comportamiento de los grupos criminales, de sus fuentes de abastecimiento, de financiamiento, de conocimiento de sus negocios, tanto los lícitos, como los ilegales, de la ruta de las armas, de los vehículos (los chuecos, los robados y los de lujo), etc. Pero si no son capaces de seguirle la pista al cobre que se roban de las tuberías ¿Se imaginan que puedan hacer lo sugerido líneas arriba?

Debate clandestino

El Diario, 3 de mayo de 2012 Luis Javier Valero Flores La polémica desatada alrededor de la negativa de las cadenas televisivas para transmitir el primer debate presidencial, en canal preferencial (Televisa lo hará a través de canal 5), y de Tv Azteca para no transmitirlo en ninguna de sus frecuencias, además de esa inaceptable postura, esconde en realidad un más inquietante propósito: El de forzar a los candidatos y partidos a efectuar una reforma electoral que regrese al viejo esquema en el que se podía contratar propaganda política en los medios electrónicos de comunicación. Los argumentos son verdaderamente pedestres y extraordinariamente peligrosos para la comúnmente llamada incipiente democracia mexicana. En todos los tonos se apela a la libertad que gozamos los mexicanos. Los candidatos de la derecha –PRI y PAN– se cuidan de no pronunciarse claramente sobre un aspecto que es central para la continuidad del régimen de plena competencia electoral que ahora tenemos. El duopolio televisivo decidió, en la práctica, hacerle el vacío al debate presidencial pues le apuesta a que el candidato Enrique Peña Nieto (delantero en todas las encuestas, fruto fundamentalmente de la indebida e ilegal promoción realizada durante años en las pantallas televisivas) se mantenga en esa posición y no someterlo a la posibilidad de un descalabro en ese evento. Con ello, envían un mensaje imposible de evadir: Lo consideran débil frente a sus adversarios y, podríamos agregar, sobre todo frente al candidato de las izquierdas, López Obrador. Así que si acaso perdiera el debate, que la pérdida de preferencias no sea mayor. Tal es la estrategia del duopolio. No están mal en sus apreciaciones. No podríamos descartar que el equipo del mexiquense cuente en sus manos con encuestas profesionales acerca de la percepción ciudadana de quien podría ser el ganador del debate, en la cual está muy extendida –por lo que aprecia el escribiente– la de que el tabasqueño saldría ganador de tal ejercicio, como lo muestra el sondeo de El Diario-Juárez, versión digital, en el que el 55.8% así lo ve, en tanto que el 24.3 ve triunfadora a Josefina Vázquez Mota y en un lejano tercer lugar a Peña Nieto con un 15.4%, de una muestra de 5 mil 496 votos que lo hicieron a través de tal medio. Por ello, seguramente, echaron mano de todo. Televisa transmitirá, como todos los domingos en el canal 2, el programa “Pequeños gigantes”, y TV Azteca decidió transmitir uno de los juegos de la liguilla del fútbol mexicano, Tigres de la UANL contra el Morelia, en un horario desacostumbrado para la afición michoacana pues en esa ciudad se realizará. Puras coincidencias, resulta que la empresa propietaria del Morelia es ¡TV Azteca cuyo dueño ha hecho gala de su prepotencia al burlarse del órgano electoral al sostener en las redes sociales que el debate será entre quienes decidan ver el fútbol o el debate presidencial. Ante esa actitud y la no sorprendente postura del IFE, la izquierda ha solicitado al gobierno federal aplique el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión que lo faculta a ordenar la transmisión en cadena nacional de un evento trascendente. Tales posturas apuntan a un solo objetivo, y para el cual ha echado mano de cuánto recurso tienen al alcance, en especial el de atenuar el impacto de las campañas electorales, sobre todo de los candidatos al Congreso de la Unión; a condicionar el acceso a la radio y la televisión al compromiso de restablecer el antiguo marco jurídico mediante el cual recibían hasta dos terceras partes del financiamiento público de los partidos, en sumas que se han llegado a calcular, incluyendo las campañas estatales, en más de 20 mil millones de pesos en año electoral. Y si todas estas manifestaciones son altamente preocupantes, lo es más el ominoso silencio de los hombres más poderosos de México y las cámaras empresariales. Por su silencio deberemos entender que respaldan tal pretensión de las empresas televisivas que, juntas, controlan cerca del 95% de las estaciones de televisión y alrededor del 90% de las de radio. El problema radica en que los propietarios de Televisa, la principal empresa en esta materia, es propiedad no solamente de la familia Azcárraga, sino que de su propiedad participan varios de los más poderosos hombres de empresa de las últimas tres décadas. Así que el mensaje no es tan solamente de los funcionarios –y de sus conductores y comentaristas, al fin y al cabo empleados de ellos– sino de una parte importante del empresariado mexicano. Dobléguense.

El veto de Duarte

El Diario, 1o de mayo de 2012 Luis Javier Valero Flores Algo funcionó bien al interior del actual grupo gobernante y el gobernador del estado, César Duarte Jáquez, vetó las reformas al Código Municipal, aprobadas por el Congreso del Estado días atrás. Es decir, en la práctica echó reversa a su propuesta de modificar todo un capítulo de ese ordenamiento, sustituyendo el de las contribuciones por la pavimentación, para crear la “Contribución Especial de Mejora sobre el Valor de la Propiedad” que era –si es que en realidad desaparece– una especie de espada de Damocles sobre los contribuyentes y que se convertía en una triple contribución para los propietarios de predios urbanos, tuvieran construcción o no en ellos. Pero la decisión del mandatario chihuahuense deja numerosas dudas en el aire. Sin duda alguna, la decisión de vetarla no requiere mayores explicaciones, pero la de enviar una propuesta –porque Mario Trevizo, el Consejero Jurídico de Gobierno del Estado, le ratificó a El Diario que había partido del Poder Ejecutivo (Nota de Alejandro Salmón, 27/IV/12) – de esas características sí que la requiere. En términos legislativos el gobernante le hizo unas observaciones a tales reformas y con ello se lo devolvió al órgano legislativo el cual, para aprobarlas, necesita el concurso de las dos terceras partes de los votos de los diputados presentes en la sesión en la que se aborden. Quedará en el aire si la mayoría parlamentaria decide hacerlo pues cuenta con los votos suficientes para llevarlo al cabo ya que con facilidad al PRI (20) se le sumarían los votos del Panal (4) y los de cualquiera –o todos, al fin y al cabo que también votaron a favor de la propuesta inicial– del Verde, del Trabajo o de la Revolución Democrática. Así que si en realidad el veto de Duarte implica una real retractación no solamente los priístas saldrán lastimados de este episodio, sino el total de los partidos representados en el Congreso del Estado. Para nuestra desgracia, anteriormente por lo menos existía la posibilidad de que existiera una oposición, no solamente de derecha sino también de izquierda. Hoy eso no existe. Pero la declaración del Gobernador Duarte, en pleno proceso electoral, no deja margen de duda acerca de las motivaciones del veto, incluso, por el contenido expreso de ellas –se “había participado” la discusión, dijo, como herramienta de campaña para golpear al gobierno que él encabeza– pues, afirmó, “El estado no era beneficiario, como lo han pretendido politizar algunos partidos, era una contribución enteramente municipal”. Y en un giro inexplicable pues su gobierno es el autor de la propuesta, dijo que “no se le puede colgar, como San Benito, al gobernador la creación de nuevos impuestos”. ¿Y entonces quién ordenó su elaboración y su aprobación, pues si como hemos visto a lo largo de la actual administración la línea de transmisión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo funciona sin interrupción alguna? A grado tal que, por decir lo menos, despierta sonrisas beatificadoras la frase del boletín de prensa de los diputados del PRI cuando le “agradecen y felicitan” a César Duarte ¡por vetar el impuesto que ellos aprobaron Lo que podría interpretarse, también, como si hubiesen sido obligados a aprobar tal ordenamiento y, por tanto, no tuviesen la libertad para oponerse desde el inicio a una reforma que a todas luces despertaría el rechazo como la ahora comentada. ¡Qué cosas nos ha tocado vivir El incidente es de tales proporciones que sorprende la falta del necesario análisis, aunque sólo sea por eso, como para llegar a la conclusión que tal reforma sería aprovechada al máximo por la oposición ¿O la desestimaron y creyeron que el rechazo popular no sería suficiente como para levantar una consistente corriente de opinión? En cualquiera de los casos, necesariamente nos lleva a la conclusión que se hacen evaluaciones muy equivocadas respecto del comportamiento ciudadano, y que el “bono” entregado por la mayoría de los votantes del 2010 a César Duarte sería incondicional y a perpetuidad. No lo es, ahora lo están viendo, y menos en un asunto tan repudiado como lo es el incremento, o la creación, de impuestos. Todavía no se apaga –ni se resuelve en definitiva– la inconformidad generada por la “tenencia vehicular” municipal, cuando ya estaban lanzando un nuevo –y muy oneroso– gravamen. ¿Qué creyeron, que sería aceptado sin oposición alguna? ¿Y en plena época electoral? ¡Híjole