No pasa nada....

Aserto.mx, 30 de mayo de 2022

Luis Javier Valero Flores 

“No pasa nada, no pasó nada afortunadamente”, respondió el presidente López Obrador a los cuestionamientos sobre el retén instalado cerca de Bacacoragua, donde se encuentra la desviación hacia Huichiopan, cercano a La Tuna, lugar de residencia de la madre del Chapo Guzmán.

Todo ello cercano al poblado de Badiguarato, lugar en el que encabezaría una serie de actos.

El retén había impedido un día antes el libre acceso a la zona a los periodistas que se trasladaban para estar presentes en la conferencia presidencial.

La respuesta del presidente ha impactado a quienes se han enterado del suceso y le ha agregado aún más zozobra a la ya existente en esa región, tradicionalmente controlada por el Cártel de Sinaloa, vecina al señero municipio de donde son originarios algunos de los más renombrados jefes del narcotráfico en el país a lo largo de más de tres décadas (y algunos sostienen que mucho más).

¿Cómo es posible que el presidente de México, ante el hecho incontrovertible de que el crimen organizado controla una zona del país, él lo asuma como parte de la normalidad?

No pasa nada, dice el presidente, y a continuación se traslada en sus interminables alegatos en contra del expresidente Felipe Calderón y Genaro García Luna.

¿Acaso no era la oportunidad para aprovechar y hacer un deslinde de ese pasado que tanto critica y al que tanto dice combatir?

“No pasó nada… afortunadamente”, afirmó, con un aire de alivio.

Pero si el presidente nada dijo, tampoco los mandatarios estatales involucrados -Maru Campos de Chihuahua y Rubén Rocha, de Sinaloa- porque son los responsables de la seguridad pública de esa zona a la que acudieron y participaron en las actividades a las que está entregado bucólicamente el presidente, es decir, en la siembra de árboles por los jóvenes y la construcción de una carretera que le servirá a los jefes del crimen organizado, auténticos dueños de la zona.

El presidente propuso cambiarle el nombre, al momento que sus facciones adquirían un rictus de disgusto porque se le conoce como el “Triángulo dorado”, pero que no le apareció ante la mención del retén.

Pero el enojo le regresó cuando se acordó de la dupla Calderón-García Luna.

¿Será capaz, el presidente, de indignarse ante la humillante acción (con toda seguridad ordenada por los jefes del Cártel de Sinaloa) que le enviaron el nada discreto mensaje de que podrá ser el presidente de México, pero que en Badiguarato él no manda? 

Bueno, tampoco en Culiacán. Y que así el gobierno norteamericano ordene le envíe a Ovidio Guzmán -extraditable-, que no pasará nada, que los “patrones” tienen a su favor la comedida actitud presidencial para con ellos.

¿Evidencias de ello?

¿Serán suficientes las palabras presidenciales de que en “15 días” informará del “culiacanazo” -de cuando las tropas del Cártel de Sinaloa tomaron Culiacán para evitar la extradición de Ovidio-, de un hecho ocurrido dos años y medio atrás y Ovidio sigue libre y sin preocupaciones?

¿No preocuparnos? ¿Y las decenas de mamás sinaloenses que se le manifestaron en busca de sus hijos, o desaparecidos, o asesinados? ¿Así trata un tema por demás preocupante, en la entidad en la que aún está pendiente el esclarecimiento de los periodistas Javier Valdez y Luis Enrique Ramírez? 

¿Para qué nos preocupamos por un retén cualquiera, montado por un grupo de delincuentes armados hasta los dientes, despreocupados por la posibilidad de que alguna fuerza gubernamental estorbe sus acciones?

¿Podrá imaginarse siquiera, el presidente, lo que significa vivir en una región en la que las fuerzas del Estado son inexistentes, o inútiles, o ambas cosas?

¡Ah, pero ésas son cosas de los “conservadores”, que “si ustedes les creen pueden tener problemas; me refiero a que les produzcan confusión”!

Eso dijo el mandatario.

Ante ello ¿Tendremos esperanza de que en esas zonas, y otras ubicadas en Chihuahua reine la auténtica normalidad y no la ordenada por las bandas del crimen organizado, aceptada y tolerada por el presidente López Obrador?

¿Acaso sabrá que sin enfrentar al crimen organizado no habrá ni cuarta, ni tercera, ni ninguna transformación?

Es que ¡No pasa nada!

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)

¿Simbiosis PRI-PAN en curso? ¿Sólo ellos?

El Diario, 29 de mayo de 2022

Luis Javier Valero Flores 

Simbiosis: “Asociación de individuos animales o vegetales de diferentes especies, sobre todo si los simbiontes sacan provecho en común”: Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.

Al tiempo que el domingo de la próxima semana se efectuarán las elecciones para elegir a los gobernadores de 6 entidades (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas) se está presentando -con distintos ritmos y grados- una simbiosis, aparentemente imparable, entre los principales partidos de la oposición en México, PRI y PAN, y de un acelerado proceso de asimilación al gobierno de Morena de no pocos políticos.

La decisión de buscar la alianza para enfrentar juntos la próxima elección presidencial se ha convertido en una especie de “visa” para que, sobre todo en los estados en los que son gobernadores miembros de alguno de los partidos opositores, y especialmente en los que los mandatarios provienen del PAN, emigren una buena cantidad de priistas de los de los primeros niveles, pero más de quienes militaron o participaron en las estructuras gubernamentales de los niveles subalternos, a las administraciones gubernamentales del blanquiazul.

Eso ocurre precipitadamente en Chihuahua, en la que, ya desde a finales de la campaña pasada se daba ese proceso, precedido de un intenso cabildeo durante el final del gobierno de Javier Corral, para postular un solo candidato y que, paradójicamente, fue obstaculizado por el mismo paseño cuando se percató que la candidatura de Maru Campos era inminente.

Al final, la candidata del PRI, Graciela Ortiz, declinó su candidatura  en favor de la actual gobernadora. Les funcionó.

Ahora, la simbiosis local se ha acelerado, a grado tal que, no solo se sumaron alegremente un buen número de priistas a los puestos de gobierno, en todos los niveles, sino que ya cabildean la definición de todas las candidaturas del 2024.

Ese proceso se está presentando con distintos ritmos en las entidades en las que habrá elecciones el próximo domingo, en las que el factor principal, determinante del ritmo, lo es el grado de entendimiento alcanzado que se reflejó en la conformación, o no, de la alianza respectiva.

En ellas se vaticina que el bloque gobernante triunfará en 4 (Hidalgo, Oaxaca, Q Roo y Tamaulipas); en otra, Aguascalientes, la alianza opositora triunfará, y en Durango, todavía a estas alturas, hay coincidencia generalizada, en las encuestas y analistas, que el resultado es incierto, aunque la mayoría se pronuncia por una ligera ventaja de los opositores al gobierno de AMLO.

Deberá anotarse que la empresa Demoscopia le acredita a Morena el total de las entidades en juego, con encuestas del 26 de mayo, aunque con una diferencia de 1 punto en el caso de Aguascalientes y Durango. En este caso, De las Heras-Demotecnia reportó la ventaja de los opositores por 5 puntos en la última encuesta.

En el bloque oficialista (Morena, PT y PVEM), los problemas -y la simbiosis respectiva- para unirse son menores y no los determina, obviamente, la desventaja electoral pues Morena y aliados, en prácticamente todos los lugares, tienen niveles ganadores y/o competitivos, y solo excepcionalmente -por lo menos para estas elecciones- están en franca desventaja en las preferencias electorales.

Como siempre, priva, tanto para el oficialismo, como para la oposición, la máxima política, aquella de que no hay nada mejor que los una, que no hay mejor cemento, que el ejercicio del poder.

Pero la Alianza Va por México (VaXMx), y puede ser un antecedente digno de tomar en cuenta para el ’24, sí presentó un solo candidato en 4 de las 6 entidades; solo en dos, en las que siempre se supo que estaban en franca desventaja (Oaxaca y Quintana Roo) no lo hicieron.

A su vez, el bloque oficialista, también en dos entidades no conformaron la alianza completa (En Aguascalientes Morena se fue solo, y en Hidalgo, el PVEM postuló a su propio candidato). 

Esa “división”, aparentemente, no tendrá consecuencias, o quizá sí, si las preferencias se aprietan y entonces el hecho de no conformar la alianza gubernamental les pesará pues la votación de PT-PVEM, según Demoscopia, es del orden de los 5 puntos, suficientes para superar a la VaXMx.

Así, en Aguascalientes la Alianza Va por México (VaXMx) sí se conformó, al contrario del bloque gubernamental en el que Morena va solo, en tanto que el PT y PVEM van aliados. 

Las consecuencias de tal quebranto para Morena podrían ser menores pues ahí, a pesar de que disminuyó la ventaja de sus adversarios, éstos podrán alzarse con el triunfo, según la mayoría de las encuestas.

Ahora bien, la decisión del partido Movimiento Ciudadano (MC) de postular a sus propios candidatos, sin aliarse en un solo lugar, sí pudo convertirse en el factor decisorio en Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, de resultar ciertas las encuestas que muestran diferencias menores.

En todos los casos, el porcentaje de MC ronda del 5 al 6% de las preferencias, salvo en Quintana Roo, que rebasa los 15 puntos, que podría explicarse por las características del candidato, José Luis Pech, senador de Morena, quien decidió aceptar la propuesta emecista. No le alcanzó.

En Durango los bloques sí se conformaron, con diferencias mínimas dependiendo de las encuestadoras y MC con su promedio; en Hidalgo, sí hay candidato de VaXMx y de Morena, aunque éste sin el PVEM. 

En tanto, en Oaxaca, el PAN lanzó una candidatura solitaria, con cifras menores -5 o 6%- y PRD y PRI su propia candidatura, aunque aún si hubiesen postulado una sola candidatura, no serían competitivos frente al bloque oficial que aquí sí van juntos.

Cosa semejante ocurre en Quintana Roo, aunque en esta entidad el PRI decidió postular a su propia candidata que, al igual que las otras candidaturas en este estado, provienen de las familias hegemónicas (todas priistas) que se han transmitido el poder local en las últimas 4 décadas.

La otra entidad en la que se conformaron los dos bloques que previsiblemente competirán en las elecciones presidenciales del ’24 es Tamaulipas, aunque ahí el total de las empresas encuestadoras prevén un triunfo inobjetable del oficialismo. 

Ahí hay algunos analistas que prevén una posible participación del crimen organizado, dados los antecedentes, tanto de un bloque, como del otro y señaladamente de un personaje -Sergio Carmona-, empresario y presunto operador financiero del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Tamaulipas. 

“Su poder económico le permitió relacionarse con políticos de Morena, como el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattas, con quien mantuvo una relación cercana tiempo antes de que se realizaran las elecciones del pasado 6 de junio. Gattas, al igual que el diputado federal Erasmo González Robledo (Morena, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados), fueron sorprendidos utilizando camionetas de lujo con valor de aproximadamente un millón de pesos. Cuando se les cuestionó al respectó, aseguraron que no eran de su propiedad, pues formaban parte del patrimonio de la empresa Grupo Industrial Permart SA de CV, la cual es propiedad de Carmona Angulo”. (Nota de la redacción, Infobae, 23/XI/21).

“… desde 2018 (Carmona) fue denunciado por integrantes de Morena debido a la supuesta financiación de varias campañas políticas desde ese año, como la del diputado federal Erasmo González Robledo, ()… quien invitó a Carmona Angulo a su segundo informe de actividades en 2020, evento en el que estuvo sentado en primera fila”. (Ibídem).

Pero el proceso simbiótico abarca a los dos bloques en pugna.

En la mitad de las entidades en disputa el próximo domingo, los candidatos de MORENA tienen el antecedente de una luenga militancia en el PRI (Durango, Hidalgo y Tamaulipas); mientras que en los otros tres tienen raigambre morenista. De ellos, dos fueron fundadores del partido en el gobierno (Nora Ruvalcaba, Aguascalientes, y Salomón Jara, Oaxaca) y Mara Lezama (QRoo, actual alcaldesa de Cancún) ingresó a Morena en 2015.

Quizá por la cercanía apreciemos mejor el proceso en Durango, aunque muy probablemente ahí se esté dando con mayor profundidad que en el resto del país, la novedad es que el proceso simbiótico abarca a ambos bloques.

La candidata de Morena (Marina Vitela) fue, durante largas décadas, cercana colaboradora del candidato de la alianza VaXMx (Esteban Villegas), incluso, cuando éste fue el presidente estatal del PRI, Vitela fue la Secretaria General.

Sin duda alguna que el factor desencadenante para ese proceso fue el avasallador triunfo de López Obrador en 2018, al que se sumó el rápido acuerpamiento de muchos priistas al gobierno de la 4T, en todos los niveles, hasta el extremo de que algunos ex gobernadores aceptasen embajadas y consulados, representando al gobierno de México, en lo que ha sido visto por muchos como el súmmum del oportunismo que caracterizó a muchos de los integrantes del partido, que lo fue casi todo a lo largo de casi un siglo.

Hoy contribuye con la mayor tajada a la simbiosis de la clase política que hayamos visto; da y presta a los bloques político-partidarios del México de nuestros días.

¿Podrá resistirlo y no morir en el proceso? Tendremos tiempo y vida para verlo, por lo pronto, de ganar la VaXMx en Durango, obtendrá algo del oxígeno que necesita, su principal adversario a lo largo de medio siglo, el PAN, le habrá proporcionado el boca a boca tan necesario.

Y si faltaran elementos para explicarnos los dos procesos simbióticos, bástenos con saber que la clase política, hace rato, perdió todo rumbo político-ideológico; les da lo mismo un partido que otro y, también, los gobiernos, sean de unos y otros.

Al cabo que, como lo dijo el presidente, el neoliberalismo es poquito malo; lo acepta si viene sin corrupción 

¿Pues qué no nos pregonó, durante años, que la corrupción era consustancial al neoliberalismo?

Y si eso es así ¿Qué de malo tiene que los políticos transiten de un partido a otro?

No, po’s nada, al fin y al cabo que los resultados son los mismos: Un tremendo fracaso, en todo.

Aunque haya algunas cosas que deban reconocerse, como las becas a senectos, jóvenes y estudiantes, el resto es deplorable.

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)

Desencuentros AMLO-Maru

El Diario, 26 de mayo de 2022

Luis Javier Valero Flores 

¿Cómo ubicar el estado de las relaciones entre la gobernadora de Chihuahua y el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador?

La falta de invitación a la mandataria a la gira del presidente, en la que sostendría reuniones con los alcaldes de los municipios limítrofes de Sonora y Chihuahua, y ahora el anuncio de que el tabasqueño vendrá a Guadalupe y Calvo mañana, constituyen mensajes contradictorios de las relaciones existentes entre ellos.

Como nunca, los tiempos electorales se han adelantado. Calificarlos de esa manera tiene una explicación: El país se ha dividido políticamente en dos facciones a cual más de enfrentadas y casi todo lo que ocurra, o haga la clase política, tiene, necesariamente, un sesgo político.

En esa situación, como ha sido a lo largo de casi todo el siglo anterior, la actuación del presidente de la república ha sido de la mayor importancia.

En ese sentido, el gobierno de López Obrador no ha hecho más que aportarle a esa vertiente.

No hay nada casual en los hechos protagonizados por los actores políticos.

Mientras el delegado en Chihuahua de los programas federales, Juan Carlos Loera, movilizaba a todo el aparato federal a su cargo a Sahuaripa, Son. -en donde se celebraría la reunión de los alcaldes sonorense y chihuahuenses con el presidente-, la gobernadora Campos se quedaba esperando la invitación formal de presidencia de la república.

Ante la falta de ésta, Maru se fue a Durango a realizar algunos actos con el gobernador José Rosas Aispuro -de reciente extracción electoral panista y de un pasado más remoto ubicado en el PRI, al lado de uno de los “santones” de la CNC, ex dirigente nacional de esa organización campesina y ex gobernador local, Maximiliano Silerio- ¡En plena recta final de la campaña electoral!

Pero apenas dos días de los actos en los límites de Sonora y Chihuahua, el delegado federal, Loera de la Rosa, publicaba en El Diario un durísimo artículo criticando al grupo gubernamental de Chihuahua, a propósito de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, y ubicando a Maru Campos como integrante del “duartismo”: “Es un hecho, la alumna aprendió bien y con estas acciones, de forma llana y simple, permite el fortalecimiento de la pandilla duartista y podría superar al maestro”.

¡Cuántas casualidades!

La discrecionalidad en el ejercicio del presupuesto federal es, todavía, una realidad. No es, ni con mucho, la existente en la época del partido “casi único”, -pero ah! cómo se le parece- en la que el presidente de la república, en las giras a los estados, “premiaba”, o “castigaba” a los gobernadores.

El premio consistía, en todos los casos, en la entrega de una parte del presupuesto federal, mediante el cual el presidente enviaba el mensaje, directo, claro, sin intermediarios, sin dudas, de que él era el “factótum” del país, el que resolvía el modo en el que se gastaba el dinero público de los mexicanos, quien designaba a los candidatos a todos los  cargos importantes.

Ante esa realidad, los mandatarios estatales intentan no “malquistarse” con el presidente, y menos ahora en que López Obrador inauguró la época en la que los premios incluyen -igual que antes, pero entonces, porque esa era la realidad, no incluían a los gobernadores emergidos de los partidos de oposición- las embajadas de México en algunos de los países más “solicitados” y, además, porque el “castigo” presupuestal ejercido por el presidente puede ser determinante para, no solamente los planes del gobernador en cuestión, sino, fundamentalmente, para la entidad que gobierna.

Un factor más que enturbia esa relación es la elevada competitividad electoral, la que prácticamente todos los años está en vigor, merced a la enorme disparidad de las fechas electorales en el país, y en la que los “superdelegados” pueden influir determinantemente en esa relación, de ahí la importancia de tales funcionarios.

Son, a querer y no, los representantes del presidente en las entidades en las que se desempeñan y de ellos, así como de los mandatarios, se espera se comporten institucionalmente, algo que se deplora en el presente caso. 

¿O habría que achacarle esa pugnacidad al presidente?

Es de no entenderse, pues existen bastantes evidencias de que la conducta del delegado Loera está en plena sintonía con el presidente López Obrador.

¿O será que éste ha inaugurado tal modo en la recta final de su mandato?

¿Acaso se está haciendo eco de quienes ubican a la gobernadora Campos como posible candidata presidencial?

Es mucha la antelación, pero la clase política no deja de sorprendernos.

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Nueva reforma al Poder Judicial. En medio del peor pragmatismo político

El Diario, 22 de mayo de 2022

Luis Javier Valero Flores 

La aprobación por el Congreso del Estado de Chihuahua de varias reformas constitucionales, todas referentes al Poder Judicial, se ha efectuado en medio de la mayor acentuación del pragmatismo de la clase política local que hayamos observado.

Es la primera gran reforma del nuevo grupo gobernante, dirigido por la mandataria Maru Campos. No hicieron nada nuevo en lo que toca a la división de poderes en Chihuahua.

Las implicaciones de lo ocurrido el jueves anterior -y lo que falta en la aprobación final de esa reforma- obligará a las fuerzas políticas a desplegar, o sus mejores artes de seducción y convencimiento para que se apruebe en definitiva, o el uso desmedido de las prebendas y posiciones que los dos bloques políticos existentes en Chihuahua tienen bajo su control.

La continuidad de la disputa PAN-Morena por el gobierno de  Chihuahua, prosiguió por otras vías. El grupo legislativo morenista se identifica más con quien al paso de los días y el ejercicio del poder -y del presupuesto- se convierte en el referente del partido de AMLO en Chihuahua, el delegado federal, Juan Carlos Loera.

La reforma deberá aprobarse, ahora, por al menos 20 cabildos que contengan más de la mitad de la población del estado (Artículo 202 de la Constitución).

Sin el voto del cabildo juarense, la reforma estaría en los límites de no ser aprobada pues el municipio de Juárez alberga al 42-43% de la población total del estado, a la que podrían sumarse los cabildos de Nuevo Casas Grandes, Guerrero y algunos de menor población, gobernados por Morena, que podrían sumar el 50% de la población.

¿Cuál será la postura del alcalde juarense, Cruz Pérez Cuéllar, y su mayoría en el cabildo fronterizo? ¿Continuará la pugna con JC Loera, o reafirmará su cercanía -hasta ahora formal, institucional- con la gobernadora Campos?

¿O prevalecerá la postura de Loera, que fue, en la práctica, la asumida por la mayoría de los legisladores morenistas, cuya mejor evidencia fue el mensaje publicado por el delegado en las redes sociales y que los diputados de Morena enarbolaron en la sesión del jueves?

“Lamentable la restauración del duartismo en Chihuahua, la dimisión de la fiscal anticorrupción, y lo que estamos viviendo en las reformas al Poder Judicial son signos inquisidores, propios de las tiranías. Lo que sigue es Duarte libre para consolidar la impunidad”: (Twitter de JC Loera).

También puede ocurrir, y no se debe desdeñar, que el grupo gobernante de Juárez decida aprobar la reforma a cambio de no confrontarse con Maru y obtener el acompañamiento del gobierno estatal a algunos proyectos de Pérez Cuéllar, con lo que se le presentaría a la gobernadora una disyuntiva no fácil de resolver pues con esos acuerdos fortalecería al alcalde juarense.

A su vez, tal decisión confrontaría a Cruz con Loera, lo que le agregaría más decibeles a la pugna entre ambos, en el supuesto que el delegado federal buscara competir por la alcaldía o, si por el contrario, optara por la candidatura al senado, lo que simplemente pospondría la más importante de sus pugnas, es decir, la búsqueda de Morena por la gubernatura en 2027.

O, si el cabildo juarense se opusiera a la reforma judicial (lo que abriría la veta en adelante a todas las reformas constitucionales que buscara Maru, pues la obligaría a negociar con quien sí tiene fuerza para impedirlas, Pérez Cuéllar) se puede presentar la situación de “las de al revés”.

Bastaría con que los cabildos de algunos municipios gobernados por el PRI, PAN y PRD se “indisciplinaran” para que el porcentaje de más del 50% señalado por la Constitución para aprobar las reformas constitucionales, no lo alcanzaran.

Por ello adquiere mayor relevancia lo que está sucediendo al interior del partido Movimiento Ciudadano (MC) pues el alcalde de Parral, César Peña, pertenece a este partido y su decisión será definitiva. 

Y a lo mejor no ¿Qué tal que Peña se pronunciara en un sentido y la mayoría del cabildo, más identificado con Alfredo Lozoya, fuese en el contrario?

La división entre el dirigente formal de MC, Francisco Sánchez, y la otra legisladora local, Ilse América García, ha dado pie a todas las especulaciones posibles pues, durante meses, corrió el rumor político acerca de las buenas relaciones de Lozoya con el ex gobernador Corral.

¿Se mantendrán, o ya las establecieron en ese nivel y cercanía con Maru?

Por otro lado, el realineamiento de la clase política es casi total. Sorprende el de quienes estuvieron cerca del ex gobernador Corral. No son los únicos.

Los corralistas lo están haciendo alrededor del delegado federal, Juan Carlos Loera, quien nombró recientemente como su vocero a quien lo fuera en la parte final del quinquenio corralista, Manuel del Castillo, además de que en el grupo parlamentario de Morena, hace meses, fue nombrado como su jefe de asesores quien fuera el secretario de Desarrollo Social de Corral, Víctor  Quintana.

Como ellos, otros ex funcionarios procedentes del PRI, duartistas, “marquistas”, “tetistas”, etc., se desempeñan en la estructura del gobierno federal en Chihuahua.

De ese modo, solo aparentemente estaríamos frente a una nueva confrontación entre los resabios de los dos anteriores gobernadores, cuya herencia, siguiendo ese hilo de pensamiento, se evidenciaría palmariamente en la composición del Tribunal Superior de Justicia.

Se antoja difícil de aceptar que la gobernadora se subordinara a cualquiera de los ex gobernadores, y no es una especulación. La mano dura de Maru -prácticamente sin miramientos- se advierte en prácticamente todos los movimientos, nombramientos, renuncias y deslindes de funcionarios de casi todo el aparato gubernamental, cuyos hilos llegan hasta los organismos autónomos, incluidas las universidades públicas del estado.

Y es que, a su vez, al gobierno estatal han llegado quienes participaron en algún momento en la administración duartista, amén de que otros lo hacen con un disminuido perfil, o en posiciones aparentemente desprovistas de protagonismo, como son los casos de Mario Trevizo -influyente Secretario de Gobierno del ballezano-, convertido en abogado general de la Uach, o de José Miguel Salcido, hoy asesor de César Jáuregui, al lado de quien ocupa el mismo cargo que tuviese Trevizo, además de algunos otros que fueron patricistas, baecistas o duartistas, y los más “añosos”, baecistas (del anterior), ornelistas, etc.

Los morenistas criticaron que para acceder a la presidencia del TSJ es necesario contar con una antigüedad de 7 años en la magistratura pues, sostuvieron, era entregarle a los “duartistas” esa posición, ya que los nombrados en el corralato no cumplirían con tal requisito, sólo los que ya estuvieran a la llegada de Duarte y los “oxigenadores”, es decir, los que llegaron a “oxigenar” al Poder Judicial, según argumentó Duarte.

Entre esos “oxigenadores” iban dos destacados panistas; uno de los cuales, a la llegada de Maru Campos, arribó al Consejo de la Judicatura -Luis Villegas- y otro -Rafael Quintana- procedente de la secretaría del ayuntamiento cuauhtemense, saltó a la magistratura, del mismo modo que otros muy prominentes integrantes del círculo duartista, Gabriel Sepúlveda y Jorge Ramírez.

Los panistas se beneficiaron de los acuerdos entre el PAN y el ballezano para que no hubiese oposición a la “oxigenación” del Tribunal.

No la hubo. Los operadores de ella ocupan las dos principales sillas de Palacio de Gobierno.

¿Con esos hechos se podría afirmar que son duartistas? Muy difícilmente.

La verdad, en opinión del escribiente y dadas las experiencias en este tema, los magistrados y todos los políticos están actuando igual que siempre: Al cobijo y mirada del gobernante de Chihuahua, cualquiera que sea su partido y su género.

Pasan los años y no aparece el grupo gobernante capaz de efectuar el golpe de timón necesario para avanzar en lo que debiera ser la divisa de los demócratas: Establecer de manera indubitable una auténtica división de poderes.

Más preocupante es el hecho de que las conductas de las mayorías legislativas son las mismas, tanto en el ámbito federal, como en el local.

Ambas simulan convocar a los interesados de la sociedad civil a expresar sus puntos de vista.

¡Pero no pasa nada!

Sólo los oyen, no los escuchan y, finalmente, aprueban lo que quieren. Así, por ejemplo, la reforma no incluyó la opinión de los miembros del Poder Judicial, ni de los colegios y barras de abogados.

Finalmente, a la hora de votar, los integrantes de la mayoría legislativa en turno lo hacen en el mismo sentido, en lo general y en lo particular, igual aquí que en la CdMx.

¿Hay algo diferente bajo el cielo de Chihuahua?

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¿UNAM vs AMLO?

El Diario, 19 de mayo de 2022 

Luis Javier Valero Flores 

El presidente López Obrador ha metido al país en una controversia más, que es totalmente ociosa.

En aras de defender su decisión de traer a territorio nacional a 500 médicos cubanos -¡qué bueno que vengan!- para sustituir a los médicos mexicanos que en su visión no desean ir a los peores lugares para ejercer la medicina, lanzó un desusado y mentiroso ataque a la UNAM y, con ello, al total de las universidades públicas que actuaron de la misma manera de la que el presidente acusa a la mejor institución educativa de México.

El presidente acusa a los universitarios de no haber actuado solidariamente en la pandemia. 

La respuesta de la UNAM es de antología: Si decidimos retirar a los estudiantes de pregrado de los hospitales y de la atención a los enfermos de COVID fue obedeciendo los lineamientos de los funcionarios de Salud del gobierno federal!

Lo mismo ocurrió con los estudiantes de Medicina de todas las universidades, incluidas las de Chihuahua. Además, los estudiantes de postgrado actuaron como si fueran médicos titulares.

Lo hicieron a pesar de contar con las peores condiciones laborales del gremio médico y muchos, con los elevados niveles de inseguridad.

De acuerdo con el Insabi, para julio de este año “todas las unidades médicas de primer nivel” contarán con el personal necesario, lo que incluye a los especialistas. 

El problema estriba en que los salarios a que accederían éstos últimos en el sector público no colman las aspiraciones de quienes ya cursaron 9-10 años de preparación profesional, para acceder a un salario de alrededor de 19 mil pesos en un hospital de la Secretaría de Salud. (Nota de Alejandra Pérez, El Heraldo de Chihuahua, 4/IV/22).

Por ello, sostiene el Secretario de Salud del Estado, Felipe Fernando Sandoval Magallanes, que esa es la principal explicación para que los especialistas no acudan a las convocatorias del sector público. “Lo que ganan en un mes ellos, en el sector público lo pueden ganar en 10 días en la medicina privada”. (Ibídem)

La otra explicación son los elevados niveles de inseguridad existentes en las poblaciones rurales de Chihuahua a los que se enfrentan los profesionales egresados de la Uacj y la Uach.

“Actualmente, el IMSS-Bienestar cuenta con 63 pasantes de medicina en hospitales de Guachochi, Valle de Allende y San Juanito, provenientes de la UACJ y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), de acuerdo con datos de la institución. Sin embargo, el verdadero peligro lo enfrentan los pasantes de las Unidades Médicas Rurales instaladas en pequeños poblados de la Sierra de Chihuahua”, que no cuentan, ni con el equipo, ni los insumos necesarios para atender a la población. (Nota de Alejandra Gómez, El Diario-Juárez, 23/VII/21).

Es de tal gravedad que en julio del año pasado, “médicos pasantes de la UACJ protestaran para exigir que la universidad solicite ante la Secretaría de Salud plazas para servicio social en zonas donde no se registren altos índices de violencia y, por lo tanto, no se ponga en riesgo su vida”. (Ibídem).

Contra ellos se lanzó el presidente ¿Por qué?

Ante los dichos presidenciales de que no hay médicos que quieran ir a laborar en los lugares más pobres y aislados, se ha levantado una verdadera oleada de indignación, sustentada en las cifras duras, reales, esgrimidas por prácticamente todas las organizaciones de médicos en el ámbito nacional.

En México, “el salario para el personal médico especializado puede ir de los 16 mil 768 a los 46 mil 702 pesos, mientras que para un médico general la remuneración puede variar de 13 mil 190 pesos a 40 mil 14 pesos, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C (CIEP)”.

Los dichos presidenciales acusan un absoluto desconocimiento de las condiciones en que debe laborar un profesional de la Medicina.

¿A qué vienen los médicos cubanos -que para el caso, lo mismo pudieran haber sido norteamericanos, chinos o alemanes-? ¿En qué rama son especialistas, si es que lo son, si la fase aguda de la pandemia ya pasó y, por lo tanto, el requerimiento de mano de obra médica de alta especialidad ha disminuido?

¿De ser especialistas, a qué unidades hospitalarias serían enviados, en las que pudieran desempeñar adecuadamente su trabajo? ¿Están equipadas esas unidades hospitalarias?

Ahora bien, si son médicos generales, aparece la contradicción. 

En el último examen para ingresar a estudiar una especialidad, acudieron cerca de 50 mil médicos que habrían de disputar solamente menos de 5 mil lugares, en los centros hospitalarios bajo la cobertura de las facultades de Medicina de las universidades.

Además, exigen ser dotados de los insumos necesarios para desempeñar su profesión.

¿No hay médicos mexicanos que deseen irse a las zonas marginadas? ¿Y si son especialistas, a qué unidades hospitalarias o de atención médica especializada los enviarían?

Algo le ocurre al presidente. 

Ahora se inventó un nuevo frente, con un gremio de los más golpeados por la pandemia y la estrechez económica y, además, uno de los que más respaldo social tienen.

Más inexplicable resulta, desde el punto de vista electoral, tema al que el presidente dedica horas inmensas de su tiempo y preocupaciones, que haya lanzado tal ataque a la institución educativa que mayor prestigio tiene.

La UNAM cuenta con más de 300 mil estudiantes y arriba de los 40 mil trabajadores y académicos ¿Se imaginan cuántos egresados de ella se sintieron agraviados por las frases presidenciales?

Flaco favor le hace a su precandidata favorita, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a su partido. 

No son halagadores los pronósticos electorales en el centro del país para el partido en el gobierno.

¿Lo sabrá el presidente?

Son las consecuencias del ánimo beligerante.

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)

Fracaso de la Guardia Nacional. En homicidios, peor que nunca

 

• Lo mismo en Chihuahua que en el país, la militarización de la seguridad pública amenaza en convertirse en uno de los peores yerros de la actual administración.
• Homicidios, feminicidios, desaparecidos, asesinatos de activistas y  periodistas; bandas criminales, impunidad y trata de personas, todos al alza.
• Nula capacidad para investigar, cero “inteligencia” para combatir al crimen organizado.
• Lo peor, cartuchos fabricados en México son los usados en la mitad de los delitos cometidos.

El Diario, 15 de mayo de 2022

Luis Javier Valero Flores 

“La fosa común: Esa imagen de padres y madres removiendo la tierra a corazón abierto, con sus propias uñas, con la rabia, la impotencia y la tristeza a flor de piel buscando fosas es una síntesis de lo que se ha convertido este país. En una fosa común”: Marcela Turati, (La ira de México,  Debate, octubre 2016).

La profundización de la estrategia en el combate al crimen organizado, en especial el narcotráfico, cuyo eje central es la militarización de la seguridad pública tendrá, necesariamente, que tomar en cuenta el fracaso de la misma en Chihuahua, una de las 5 entidades lideresas en ello desde hace más de 18 años y que ahora, conforme al último balance realizado, ocupa el 4o lugar nacional en el número de homicidios cometidos en el primer trimestre del presente año. 

No obstante las modestas cifras en la reducción de los homicidios ocurridos en el país y en la entidad, éstos continúan, en lo que es un baño cotidiano de sangre, ante el cual la respuesta gubernamental es la misma que la asumida en el último medio siglo: Más militarización. 

Ahora se le suma el total abandono, en el actual gobierno federal, de la pretensión de contar con una fuerza policiaca civil.

La entrega de la seguridad pública a las fuerzas armadas, criticada por propios y extraños, entre ellos la ONU, es más que patente y más ahora en el que los distintos índices y mediciones arrojan un balance aterrador: No hay una estrategia adecuada para combatir la inseguridad en el país, particularmente la provocada por los homicidios y la elevada actividad de las bandas criminales.

Si en los sexenios anteriores teníamos la certeza de que usar a las fuerzas armadas como principal disuasivo -o como la principal arma- en el combate a las bandas criminales, para que sustituyeran a las fuerzas policíacas -civiles, con mandos civiles- era un error, hoy esa certeza se ha trocado en la plena zozobra ante la realidad de lo que en el pasado era una hipótesis: ¿Y si las fuerzas armadas fallan en esa tarea, qué defensa nos queda como sociedad frente a los criminales?

Y más ahora, ante las lúgubres cifras citadas por el Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, quien afirma que en el 20% de los homicidios cometidos en el país se usaron cartuchos ¡Fabricados en México! (Nota de Luciano Campos Garza, Proceso, No. 2372, 17/IV/22).

¿Quién tiene el monopolio de la fabricación de armas y cartuchos en México? Las fuerzas armadas.

Hay más. Según el mismo Fasci, en la mitad de los delitos cometidos en el país, en el que se usaron armas de fuego, éstas fueron disparadas con cartuchos con el mismo origen.

¿Quién investiga esto? ¿Cómo es posible que la institución más confiable para los mexicanos tenga fugas de esa dimensión, que nadie las observe y, mucho menos, las prevenga, las combata y las sancione?

No es cualquier cosa. En el curso del sexenio de López Obrador han ocurrido más de 120 mil homicidios. Quiere decir que a 24 mil personas las asesinaron con cartuchos bajo la custodia -supondríamos- de las ¡Fuerzas Armadas!

¿Qué pasa? ¿Quién las sustrae? ¿Quién las vende? ¿Quiénes son sus compradores?

Es terrible.

Tales datos, junto a los cada vez más frecuentes episodios en los que los elementos de la Guardia Nacional (GN) evidencian su nulo conocimiento y aplicación de las tareas policiacas pues agresiones cometidas por algunos de ellos, en contra de ciudadanos que no los agredieron, o que no estaban armados, como el del asesinato de Jessica Silva, o el del estudiante guanajuatense (cuyo asesino fue liberado por órdenes de un juez), ambos caídos por los proyectiles de soldados, que en lugar de seguir el protocolo de las fuerzas policiacas, actuaron con el de las fuerzas armadas.

Las evidencias de lo equivocado de esta estrategia aparecen por todos lados y, sin embargo, el presidente López Obrador insiste en poner bajo la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la GN, lo que es una acción inconstitucional; que contraviene, además del mandato de la Constitución, los distintos tratados internacionales firmados por México.

En el país tal reforma transita con el rechazo del total de las organizaciones derechohumanistas, además del de las organizaciones internacionales, incluida la mismísima ONU.

Como el ex presidente Felipe Calderón, López Obrador arguye que no podemos sacar al Ejército de las calles porque no hay quien responda en materia de seguridad pública, por ello intenta legalizar una violación constitucional: Ceder legalmente la Guardia Nacional a la Sedena.

En ese sentido, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez afirmó que, de mayo de 2019 a marzo de 2021, se registraron al menos 161 eventos de uso de la fuerza por parte de la GN, en los que fallecieron 94 personas. 

Las razones tales siniestros números las ubicó en “la falta de capacitación de los integrantes de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional –que integran en su mayoría la GN– para ejercer labores de seguridad pública, sumado a que desde 2019 –cuando se creó ese organismo– a la fecha sólo ha recibido capacitación 20% de sus efectivos, afirma la asociación civil Causa en Común”. (Nota de Patricia Dávila, Proceso No. 2375, 8/V/22).

“El 28 de mayo de 2021 venció el plazo que establece la ley para que los integrantes de la Guardia Nacional contaran con el certificado único policial. Sin embargo, hasta noviembre del año pasado sólo 21 mil elementos contaban con esa certificación. El Consejo Nacional de Seguridad amplió el plazo al 31 de mayo de 2024”. (Ibídem). 

¿Cómo podrán obtenerlo los restantes 140 mil -90 mil, más 50 mil que ingresarán al cuerpo- en dos años?

Del mismo modo, la asignación de elementos de la GN a las entidades acusa una gravísima deformación. 

Durante más de 15 años Chihuahua se ha ubicado dentro del grupo de las 10 entidades con el mayor número de homicidios, y de acuerdo a las estadísticas del gobierno federal (hasta marzo de este año, 6 mil 875) se ubica en el 4o. lugar nacional, sin embargo, sólo tiene asignados 2 mil 600 elementos, que contrastan con los 13 mil asignados a la CdMx (con 3 mil 999 homicidios), que se ubica en el lugar 12o. (Nota de la Redacción, El Diario, 13 Mayo 2022).

No es cualquier cosa lo vivido por los chihuahuenses. Ignacio Manjarrez, Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex, afirmó que “en el estado, de 2010 a marzo del 2022, han muerto como víctimas de la inseguridad 30 mil 106 personas”. (Nota de Ricardo Holguín,  El Heraldo de Chihuahua, 28/IV/22).

Los resultados de la gestión de la GN palidecen ante las sumas millonarias empleadas en ella y en el total de las fuerzas armadas. En particular se debe destacar que el presupuesto de la GN es de 60 mil millones de pesos, equivalente a los presupuestos de la UNAM y del IPN juntos. En tanto que el presupuesto, para el año 2022, del total de las fuerzas armadas, es de más de 230 mil millones de pesos, 9% más de lo aprobado para el año anterior y 80% más que en 2020.

Tanto las acciones legales y cambios legislativos, como las tareas entregadas a las fuerzas armadas contradicen los dichos presidenciales que más critican sus adversarios, aquellos de que en su gobierno se  aplicaría la máxima de que “abrazos y no balazos” en contra de  las bandas criminales, pues nunca, en la historia del país, se había desplegado tal fuerza militar, ni semejante proporción del presupuesto federal, para combatir al crimen organizado.

Quizá dos episodios revelen la magnitud del fracaso de la estrategia lopezobradorista en este tema: El del culiacanazo y el de la reciente huida del convoy militar en Nueva Italia, Michoacán, perseguido por decenas de delincuentes.

Mientras, ante la pretensión de detener -para extraditar- a Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo”, el gobierno tuvo que ceder ante la fuerza social del Cartel de Sinaloa, que fue capaz de “tomar” la capital sinaloense, en Michoacán el ejército debió huir ante la certeza de que se encontraban en territorio “ajeno”, controlado por las bandas criminales.

Esa es la realidad, agravada por el hecho de que el gobierno federal no ha intentado, nuevamente, detener a Ovidio para extraditarlo a EU ¿Por qué, si ahora hasta el gobernador es de Morena?

¿Por temor a que le vuelvan a “tomar” Culiacán?

¿Y entonces?

La respuesta es una sola y es aplastante: El gobierno ha sido derrotado.

El asesinato de Debanhi Escobar lo ilustra mejor: Un feminicidio cometido en una zona controlada por los narcotraficantes y los criminales de la trata de personas (migrantes, mujeres y niños), bajo la complicidad -y la ineficacia- de autoridades estatales y a lo mejor federales.

Hoy, el país está lleno de fosas, sembrado de ejecutados, de mujeres violadas, desaparecidas o asesinadas, y de miles de cuerpos sin identificar; totalmente devastado en regiones cada vez mayores, con un tejido social destrozado.

Las cifras citadas por Juan Pablo Becerra son aplastantes: “De enero a abril de 2022, se han cometido en el país al menos 1 mil 940 crímenes de extrema violencia que pueden ser clasificados como ‘atrocidades’… Durante los primeros cuatro meses de 2022… se registraron al menos 150 masacres; 534 casos de tortura; 297 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres; 246 asesinatos de mujeres con crueldad extrema; y al menos, 117 asesinatos de niñas, niños y adolescentes”. (El Universal, 14/V/22).

“La impunidad de los delitos de alto impacto es del 90%, o más”. (Ibídem).

Ante esa realidad, las frases del presidente, en el sentido de que está obligado a velar por la vida, tanto de los soldados, como de los delincuentes son ciertas, pero no en el sentido de que las fuerzas bajo su mando no cumplan, ni hagan cumplir la ley.

Está obligado y en Nueva Italia, como en todo el país, su obligación será hacerle cumplir la ley a los grupos criminales; si no lo hace, nos faltará tiempo para arrepentirnos.

En ese sentido, su apelación a las frases bíblicas -“¿Y dónde está el Nuevo Testamento? ¿Dónde está el amor al prójimo?”- será, solamente, un intento de manipulación religiosa.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

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