Federalismo y tenencia
El Diario, 10 de diciembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
Cuestionado acerca de la derogación del impuesto sobre tenencia vehicular, el Gobernador del Estado, José Reyes Baeza, fue enfático en su rechazo, argumentó que de realizarse el gobierno del estado dejaría de percibir 500 millones de pesos, ingresos que ya no ingresan a las arcas, por ejemplo, del gobierno queretano quien, al momento de estrenar nuevo gobernador, ahora emergido del PRI y con una legislatura también de mayoría priista de inmediato se dieron a la tarea de derogar el multimencionado impuesto.
En su respuesta, Reyes Baeza trajo a colación uno de los temas centrales de la discusión fiscal de los últimos lustros, justamente a partir de la aparición de elecciones competidas y la alternancia partidaria en varias entidades del país, el federalismo.
Sin que, por supuesto, le quitemos la razón en ese tema de tan honda y luenga polémica en México, la negativa del gobernante chihuahuense echa por la borda la pretensión de cientos de miles de chihuahuenses que quisieran ver reflejadas sus angustias en las decisiones gubernamentales y el impuesto mencionado es una de las principales quejas de innumerables ciudadanos, además de constituir uno de los asuntos en los que mejor se refleja la impotencia y el rechazo ciudadano a los políticos.
Al describir las características de la que debiera ser una nueva relación hacendaria para establecer, dijo, las reglas de un “nuevo sistema de coordinación fiscal, que establezca tareas para cada quién, pero también responsabilidades y facultades que le den mayor autonomía a estados y municipios en cuanto a su régimen de facultades tributarias”, Reyes Baeza dejó de lado un asunto abordado por la Secretaría de Hacienda, y luego Felipe Calderón enfatizaría de muy torpe manera: La elusión fiscal de los más poderosos contribuyentes que alcanzaría la fantástica cifra de 500 mil millones de pesos.
De contar las arcas públicas con ese ingreso, el impuesto sobre la tenencia vehicular sería visto como algo absolutamente menor y al que los gobernantes mexicanos, de todos los colores, no tendrían reparo alguno en renunciar y, por tanto, no habría motivo alguno para que formara parte de las promesas de ningún político, como sí lo fue en la pasada campaña electoral, incluido el que ahora se ostenta como primer mandatario federal.
Y sirva tal mención para anotar el doble discurso de los legisladores blanquiazules. En la campaña prometieron que desaparecería y ya instalados en las cámaras parlamentarias lo que hicieron fue transferirle tal impuesto al ámbito estatal y, por tanto, facultad de las legislaturas estatales derogarlo o mantenerlo y dejar, como ahora lo comentamos, en manos de los gobernadores de los estados la decisión de renunciar a sumas millonarias, en un entorno fiscal en el que prácticamente nada ha cambiado para quienes han sido a lo largo de varias décadas los beneficiarios de una política fiscal absolutamente irracional, fincada en exprimir hasta el máximo a los contribuyentes menores y eximir de esa responsabilidad a quienes lo tienen todo… y más allá.
Por eso sería justo tomarle la palabra a Reyes Baeza cuando llama a todos “los autores políticos se comprometan con una causa, y sumarnos todos para poder sacar adelante las grandes reformas de avanzada, no reformas que luego se queden limitadas en su alcance y contenido, que le permitan a este país mayores ingresos”, y no restringir tal llamado a los actores políticos sino, fundamentalmente a los sectores más poderosos de la economía, reacios a cualquier reforma que los afecte y esperanzados –y siempre les resulta- a ejercer la debida presión a la clase política a fin de que ésta no les cambie las reglas del juego que les ha permitido enriquecerse como muy pocas clases empresariales en el mundo lo hacen.
Pero si necesitáramos de un caso para ejemplificar cuanto está interesado el grupo gobernante en cambiar tal estado de cosas, ahí está la decisión de Felipe Calderón de proponer a Agustín Carstens como nuevo Director del Banco de México, y no lo duden, el PRI lo aprobará.
De su incompetencia sólo debemos recordar que diagnosticó como un catarrito la méndiga pulmonía cuata sufrida por el país en materia económica… y todavía lo premian.
¡Válgame!
Luis Javier Valero Flores
Cuestionado acerca de la derogación del impuesto sobre tenencia vehicular, el Gobernador del Estado, José Reyes Baeza, fue enfático en su rechazo, argumentó que de realizarse el gobierno del estado dejaría de percibir 500 millones de pesos, ingresos que ya no ingresan a las arcas, por ejemplo, del gobierno queretano quien, al momento de estrenar nuevo gobernador, ahora emergido del PRI y con una legislatura también de mayoría priista de inmediato se dieron a la tarea de derogar el multimencionado impuesto.
En su respuesta, Reyes Baeza trajo a colación uno de los temas centrales de la discusión fiscal de los últimos lustros, justamente a partir de la aparición de elecciones competidas y la alternancia partidaria en varias entidades del país, el federalismo.
Sin que, por supuesto, le quitemos la razón en ese tema de tan honda y luenga polémica en México, la negativa del gobernante chihuahuense echa por la borda la pretensión de cientos de miles de chihuahuenses que quisieran ver reflejadas sus angustias en las decisiones gubernamentales y el impuesto mencionado es una de las principales quejas de innumerables ciudadanos, además de constituir uno de los asuntos en los que mejor se refleja la impotencia y el rechazo ciudadano a los políticos.
Al describir las características de la que debiera ser una nueva relación hacendaria para establecer, dijo, las reglas de un “nuevo sistema de coordinación fiscal, que establezca tareas para cada quién, pero también responsabilidades y facultades que le den mayor autonomía a estados y municipios en cuanto a su régimen de facultades tributarias”, Reyes Baeza dejó de lado un asunto abordado por la Secretaría de Hacienda, y luego Felipe Calderón enfatizaría de muy torpe manera: La elusión fiscal de los más poderosos contribuyentes que alcanzaría la fantástica cifra de 500 mil millones de pesos.
De contar las arcas públicas con ese ingreso, el impuesto sobre la tenencia vehicular sería visto como algo absolutamente menor y al que los gobernantes mexicanos, de todos los colores, no tendrían reparo alguno en renunciar y, por tanto, no habría motivo alguno para que formara parte de las promesas de ningún político, como sí lo fue en la pasada campaña electoral, incluido el que ahora se ostenta como primer mandatario federal.
Y sirva tal mención para anotar el doble discurso de los legisladores blanquiazules. En la campaña prometieron que desaparecería y ya instalados en las cámaras parlamentarias lo que hicieron fue transferirle tal impuesto al ámbito estatal y, por tanto, facultad de las legislaturas estatales derogarlo o mantenerlo y dejar, como ahora lo comentamos, en manos de los gobernadores de los estados la decisión de renunciar a sumas millonarias, en un entorno fiscal en el que prácticamente nada ha cambiado para quienes han sido a lo largo de varias décadas los beneficiarios de una política fiscal absolutamente irracional, fincada en exprimir hasta el máximo a los contribuyentes menores y eximir de esa responsabilidad a quienes lo tienen todo… y más allá.
Por eso sería justo tomarle la palabra a Reyes Baeza cuando llama a todos “los autores políticos se comprometan con una causa, y sumarnos todos para poder sacar adelante las grandes reformas de avanzada, no reformas que luego se queden limitadas en su alcance y contenido, que le permitan a este país mayores ingresos”, y no restringir tal llamado a los actores políticos sino, fundamentalmente a los sectores más poderosos de la economía, reacios a cualquier reforma que los afecte y esperanzados –y siempre les resulta- a ejercer la debida presión a la clase política a fin de que ésta no les cambie las reglas del juego que les ha permitido enriquecerse como muy pocas clases empresariales en el mundo lo hacen.
Pero si necesitáramos de un caso para ejemplificar cuanto está interesado el grupo gobernante en cambiar tal estado de cosas, ahí está la decisión de Felipe Calderón de proponer a Agustín Carstens como nuevo Director del Banco de México, y no lo duden, el PRI lo aprobará.
De su incompetencia sólo debemos recordar que diagnosticó como un catarrito la méndiga pulmonía cuata sufrida por el país en materia económica… y todavía lo premian.
¡Válgame!
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