Apegados a “derecho”

El Diario, 15 de octubre de 2013 Luis Javier Valero Flores Pocas veces se había nombrado como titular del Poder Judicial de Chihuahua a alguien que tuviera tan pesado lastre como en el presente caso. El abogado José Alberto Vázquez Quintero, fue elegido Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua. Si bien goza, en lo general, de reconocimiento entre los abogados, tiene en su haber un episodio que forma parte de la historia negra de la procuración y aplicación de justicia en Chihuahua: Es el juez que dictó el auto de formal prisión a los choferes Gustavo González Meza, alias ‘La Foca’ y Víctor García Uribe, ‘El Cerillo’, por el asesinato de 8 mujeres, cuyos cadáveres fueron encontrados en el mundialmente conocido como “campo algodonero”. Fue un proceso plagado de infundios, falsos peritajes, fabricación de pruebas y de innumerables violaciones a la ley, cometidas por diversos funcionarios de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y del Poder Judicial del Estado, para acreditar su culpabilidad, a instancias del entonces gobernador, Patricio Martínez. (Nota de Ramón Chaparro, El Diario de Juárez, 11/10/13). Les iniciaron proceso penal a pesar de las incontables irregularidades encontradas en sus expedientes, enumeradas y encontradas en sus expedientes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien condenó al Estado Mexicano por la comisión de las incontables violaciones a los derechos humanos, tanto de los acusados, como de las víctimas y por un magistrado –en el gobierno de Reyes Baeza– quien determinó la inocencia de Víctor García Uribe luego de la muerte de González Meza, ocurrida en condiciones verdaderamente sospechosas en el penal de Chihuahua. No fueron pocas las fallas de la acusación, señaladas a lo largo de los años por infinidad de actores que demostraron lo endeble de los argumentos del Ministerio Público y aceptados alegremente por el juez para dictarles la formal prisión a los acusados. Primero, en una conferencia de prensa, el gobernador Martínez describió la forma en que secuestraban a las muchachas; relató la forma en que las golpeaban, dijo, con un bat en el interior de una camioneta tipo Van; todo ello, sostuvo el entonces gobernante, bajo el influjo de las drogas y el alcohol consumido por ambos. De inmediato fueron declarados formalmente presos. Los peritajes de la mismísima PGJ demostraron, primero, que la declaración de la testigo estelar contradecía la versión del gobernante; la mujer había dicho que los había visto muy bien vestidos abriendo la cajuela de un automóvil, no de una Van, declaraciones que chocaban con la realidad pues los choferes eran, como debe suponerse, muy humildes. La PGJ no logró acreditar que alguno de ellos fuera propietario de una Van. Al paso de unas semanas habilitaron una que era propiedad de un pariente muy lejano de uno de ellos, pero que tenía meses de haberla retirado de la circulación. Más. Al realizarle la prueba del Luminol, encontraron que no tenía ni siquiera una microscópica gota de sangre, que se hubiera depositado ahí en el curso de los últimos tres años previos. Vamos, tampoco pudieron demostrar que alguno de los cabellos encontrados en la Van perteneciera a alguno de los cuerpos de las víctimas, o de los supuestos victimarios. Además, los peritajes demostraron que los choferes ni siquiera tomaban alcohol, mucho menos consumían drogas. Por negarse a mentir en los peritajes, tanto de la camioneta, como de los cuerpos y del lugar en que fueron encontrados, fue despedido el entonces jefe del Departamento de Servicios Periciales, Identificación Criminal y Medicina Legal de la Subprocuraduría General de Justicia en el Estado, Oscar Máynez Grijalva. A pesar de lo anterior, fueron declarados formalmente presos. Uno terminaría sus días en la prisión y el otro emigraría del país, luego de sufrir la ruptura de su familia y los saldos de un larguísimo encarcelamiento, por demás injusto. Ambos conformaban unas excelentes familias pero el poder se abatió sobre ellos. Quien los encontró probables responsables de los asesinatos es hoy el responsable de la aplicación de justicia en Chihuahua. Sólo porque el mandatario había dictaminado que eran culpables.