Pruritos jurídicos

El Diario, 22 de junio de 2014

Luis Javier Valero Flores

Extrañamente, dos de los principales actores políticos del PRI chihuahuense, el alcalde juarense, Enrique Serrano y el diputado local, Eloy García Tarín (secretario del ayuntamiento en la administración anterior, la de Marco Adán Quezada), incurrieron en la semana en el mismo desaguisado, el de argumentar, con diferente modo, que las cosas, así sean justas, se hagan por encima de la norma establecida. Nunca estaremos de acuerdo en tal postura, máxime si la legislación vigente contempla rutas precisas y al alcance de la mano de los gobernantes.

No es lo único lamentable, el problema es que sientan precedentes por demás cuestionables.

En tanto el alcalde del antiguo Paso del Norte, ante la denuncia de la construcción de más de 500 casas del fraccionamiento Las Arecas sin permiso del cabildo, argumentó, para justificarlo, que “cumplir con la normatividad no es un fin por sí mismo, el fin por sí mismo es generar empleo, riqueza, impuestos, estimular la actividad económica…”.

Esto es, construyan, edifiquen, hagan lo que quieran, confiamos en ustedes, que nunca han fallado, ni han construido de manera irregular en lugares no aptos para ello, que al fin y al cabo luego les aprobamos todo porque están impulsando el desarrollo económico de la ciudad.

Bueno…

De modo semejante, el jueves, en la sesión del Congreso del Estado, ante la argumentación del panista César Jáuregui, que se oponía a aprobarle al municipio de Chihuahua la contratación de un crédito para solventar la pre-indemnización de las víctimas fatales del Aero Show -porque no se puede contratar un empréstito para tales fines- el priista García Tarín alegó que no se podían tener pruritos jurídicos en la solución de un asunto tan doloroso como ese.

¿Quién podría oponerse a una acción, como la de resarcir, así sea muy parcialmente, la pérdida de un ser querido, o las lesiones sufridas por casi un centenar de paisanos?

Nadie, pero la autoridad está obligada a actuar en el marco de la ley, y las que tenemos sí ofrecen las salidas para ambos casos. No hacerlo así abre las puertas de par en par a la comisión de innumerables irregularidades. Si se aprobó la contratación de un crédito para ese fin ¿Se imaginan a más de un alcalde pidiendo prestado para pagar los aguinaldos en fin de año, o para cualquier otra cosa?

Pero las leyes establecen claramente que el endeudamiento debe hacerse con fines productivos, que enriquezcan el patrimonio público.

De que deben disponerse recursos para las indemnizaciones, ni quien lo dude, pero debieran optar apoyándose en lo dispuesto en la ley de responsabilidad patrimonial que obliga a estado y municipios a contar con una partida presupuestal para los siniestros. No se hizo para este año, pero el Congreso sí podía haber ordenado al Poder Ejecutivo que dispusiera de recursos para destinarlos a la tragedia que más dolor ha causado en los últimos años a los capitalinos del Estado Grande.

No se hizo así y se ha violado la ley de deuda y los artículos referentes de las constituciones local y federal. Poca cosa.

Días atrás, en Juárez, una vez que se denunció la construcción irregular del fraccionamiento Las Arecas, la empresa pagó la multa de 25 mil pesos (Multa que se parece a la impuesta por el cabildo de la capital a los cantantes de narcocorridos, que se dan el lujo de pagar por adelantado) y el alcalde Serrano, sin autorización del cabildo, permitió la continuación de la obra porque le había ofrecido a los empresarios abreviar todos los procedimientos porque en su gobierno “el fin por sí mismo es generar empleo, riqueza, impuestos, estimular la actividad económica, el flujo de la masa económica que hay en la ciudad para que esto fortalezca a la economía en su conjunto”. (Nota de Juan de Dios Olivas, El Diario de Juárez, 11/VI/14).

Y en la sesión del viernes, a pesar de la inicial oposición del PAN, el cabildo decidió confiar en la buena fe de la empresa Construcciones Aryve SA de CV, “esto es, que se le permita continuar construyendo con el compromiso de que se encargará de ejecutar las obras necesarias de infraestructura hidráulica (en el fraccionamiento Las Arecas) para prevenir el problema de las inundaciones en esa zona”, sin que exista compromiso firmado alguno.

Es emblemático el caso, la constructora ya edifica 500 viviendas sin contar con permiso. La autoridad municipal argumentó que ¡no se dieron cuenta! “porque no tienen personal suficiente para supervisar toda la ciudad y verificar que se esté construyendo un fraccionamiento”. (Los Reporteros, 18/VI/14).

Después de “aprobar” a posteriori la construcción del fraccionamiento, el alcalde Enrique Serrano propuso, y fue aprobado, que este caso fuera tomado como experiencia para “modificar los reglamentos para agilizar los trámites y con ello permitir el desarrollo económico de la ciudad”. (Nota de Juan de Dios Olivas, El Diario de Juárez, 21/VI/14).

Más aún, de acuerdo con información periodística, “el representante legal de la constructora Aryve es Enrique Luna, esposo de la Arquitecto Pilar Gutiérrez, ex Directora de Desarrollo Urbano en la pasada administración y quien ostenta un cargo en el actual gobierno municipal”. (lapolaka.com, 21/VI/14).

Transcurridos ya más de 7 meses, hasta el viernes la autoridad municipal se da cuenta de la “escasez” de inspectores (¡Apenas 4 para una ciudad de más de 1 millón 300 habitantes!) y solicitó se aprobara la contratación de más funcionarios de este tipo. Para Ripley.

Pero desde días atrás, una vez que El Diario -y los regidores del PAN- pusieron en la palestra el tema de las irregularidades, la presidencia municipal alegó que no se deberían poner trabas a la inversión en Juárez, que eran solamente “algunos” requisitos.

Nada más que entre esos trámites se encontraba, nada más, pero nada menos, que el permiso para construir, y entre éstos, uno muy importante, el de haber construido la infraestructura pluvial, requisito fundamental en cualquier construcción, pero imposible de obviar en la zona -extremadamente arcillosa- donde se asentará el nuevo fraccionamiento y que “el Plan de Desarrollo Urbano (PDU), al igual que el Plan Parcial El Barreal y Oriente San Isidro y el Plan Sectorial de Manejo de Agua Pluvial, condicionan el desarrollo urbano en la zona en la que se edifica el fraccionamiento Las Arecas a que, previo a la autorización oficial se presentara una propuesta de solución integral (por escrito) a los problemas pluviales y de drenaje sanitario”. (De los reporteros, El Diario de Juárez, 21/VI/14).

A pesar de todo, el cabildo juarense aprobó el fraccionamiento y le apostaron a “la buena fé” de la constructora.

A su vez, Eduardo Varela, titular de Desarrollo Urbano, en la misma orientación de su jefe, afirmó que en el municipio “somos facilitadores y no dificultadores”, y que no habían detenido la obra, “para no afectar a las familias de quienes están ahí trabajando”. Ajá. (Ibídem).

Pero si alguien puede lo más, también lo menos. Algunas semanas atrás, se informó que en los terrenos de la ciudad Vallina (En San Jerónimo) se aprestaban las máquinas a preparar la tierra para la construcción de las primeras 500 viviendas, de las más de 2 mil que se construirán allá y que solo se estaba a la espera de la aprobación del permiso del cabildo, pero en tanto se daba éste, la dirección de Obras Públicas del municipio había autorizado el inicio de la preparación.

Distintos funcionarios municipales y estatales aseguran que la dotación de agua potable y el gas “no recaerá la carga de garantizar esa infraestructura en el sector público, pero no han podido explicar cómo se solventará la prestación de otros servicios básicos como el alumbrado, la recolección de basura, la construcción y mantenimiento de calles, además de la seguridad pública”. (La Columna, De los Reporteros, 28/V/14).

Y, claro, el agua la extraerán del sistema Conejos-Médanos (sin que se haya informado bajo cual esquema de explotación), la reserva acuífera de Juárez y al que las administraciones de Patricio Martínez y Reyes Baeza (por supuesto la actual también) tanto le invirtieron y que en su momento, cuestionados, declararon que, de ninguna manera, serviría para la Ciudad Vallina.

Además, las empresas y personas que se instalen en esa ciudad estarán obligados a contratar los servicios de las empresas concesionarias del agua potable, alcantarillado y saneamiento a las que el Gobierno del Estado les concedió los derechos. Por puritita casualidad esas empresas concesionarias son parte del Grupo Vallina.

Pero la construcción de las viviendas, una vez aprobado el proyecto -cosa de lo más seguro- los gobiernos local, el estatal y hasta el federal estarán obligados a invertir en servicios públicos como educación, salud, transporte y seguridad pública; así, paso a paso, nuevamente, un proyecto particular, de muy alta rentabilidad, será financiado con recursos públicos, sin que instancia alguna ponga en la balanza la conveniencia de aportar tan ingentes recursos en Juárez.

De este modo, en dos asuntos diametralmente distintos, pero de primordial importancia para las dos más grandes urbes chihuahuenses, se anteponen los fines, por más justos que lo sean (por lo menos el del Aero Show sí) en detrimento de lo que establecen leyes, constituciones y reglamentos.

¡Ah pero eso sí, somos la entidad que pregona la cultura de la legalidad! Bueno, hasta una dependencia especialmente encargada de eso tenemos en el organigrama estatal.

Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM, o por www.antenafm.mx

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