Manejo de conflictos y tiempos

Aserto 131, junio de 2014

Editorial

A casi un año de las elecciones federales de la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, y a dos de las elecciones locales generales, los conflictos generados por dos eventos, uno, el de la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte urbano, el Vive Bus y, dos, el accidente del Aero Show, han producido un inocultable crecimiento del rechazo a los gobernantes priistas.

La inicial muy tolerante actitud gubernamental a los concesionarios del transporte y su evidente confianza en que éstos podrían otorgar el servicio de manera eficiente dió pie a la fallida requisa parcial, que recayó solamente sobre la ruta troncal -la que menos problemas reales tenía- y la defensa legal, obvia, de los concesionarios al promover y obtener el amparo, lo que los ha llevado a confrontarse seriamente y a los concesionarios -actitud que pretendimos ilustrar con la publicación de un artículo aparecido en El Diario el 8 de junio- a presentar de manera muy clara sus pretensiones: El otorgamiento de un subsidio gubernamental del orden de los 29 millones de pesos mensuales para otorgar un servicio eficiente.

Esto ha llevado al gobierno a una encrucijada: O apoya a los concesionarios en sus pretensiones o arrostra la posibilidad de una campaña electoral con los integrantes de la CTM de brazos caídos.

¿A quién respaldará el gobierno de César Duarte? ¿A sus compañeros de partido, o a la sociedad chihuahuense, con el peligro siempre presente de que en ninguno de los dos casos tenga la certeza de que los candidatos de su partido salgan adelante en las elecciones, debido al rechazo ciudadano hacia su gobierno, originado en muchas de sus acciones?

El conflicto arreció debido a una variante inesperada, la evidente ineficiencia para llevar al cabo la requisa. En el acto que más debieron cuidar todas las variantes legales, para evitar que la contraparte se amparara, el gobierno de Duarte cometió pifias imperdonables, derivadas de la decisión de efectuarla bajo el manto de la autoridad, y solo de ésta, en lugar de dotar a esa acción de todos los instrumentos legales que hicieran posible volverla inobjetable jurídicamente.

A pesar de lo anterior, el alcalde Javier Garfio y el gobierno estatal han anunciado la continuación de las obras contempladas en el proyecto del Vive Bus, en este caso, la iniciación de las obras de la II Ruta troncal con financiamiento público exclusivamente y en la que no se anuncia la participación, financieramente, de la empresa de transporte Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC), beneficiaria directa de estas acciones gubernamentales.

Por otra parte, la evidente lentitud con la que la administración municipal, encabezada por Javier Garfio, asumió las aspectos más controversiales derivados del accidente del Aero Show, especialmente los de las indemnizaciones a los deudos de las víctimas fatales, aderezada, además, por lo tardío de las medidas anunciadas para salir al frente de estos compromisos -como la creación de la Mesa Interinstitucional- han hecho que crezca la percepción ciudadana de la falta de tacto y sensibilidad social de esta administración hacia el que puede ser considerado el accidente más trágico en la memoria de los chihuahuenses de los últimos 50 años.

El pago anunciado de 1 millón 100 mil pesos que otorgarán a los deudos de cada víctima fatal, como parte de la indemnización total que debería entregarse- acordado siete meses después de la tragedia, sorprende por la tardanza para aprobarse pues si esta medida se hubiese tomado a pocas semanas del accidente habría ahorrado a las víctimas innumerables sufrimientos; pero no solamente, aún nadie ha hablado, desde la esfera oficial, de las indemnizaciones que evidentemente tendrán que otorgar a los sobrevivientes del accidente, sobre todo quienes resultaron con secuelas temporales o permanentes del mismo.

¿Qué tanto influirán estos dos aspectos en los resultados electorales del próximo año? ¿Sus efectos repercutirán en el 2016?

Más allá de ellos, y porque las actitudes gubernamentales, por desgracia, están normadas fundamentalmente por las implicaciones electorales y no las sociales, es que ponemos el acento en un asunto que por sus características debiera recibir, no solamente de la sociedad, sino especialmente, del gobierno, no en función de la rentabilidad electoral sino de la justicia social.