Transmision negociada
El Diario, 3 de junio de 2010
Luis Javier Valero Flores
Por aspectos estrictamente técnicos (y también porque el espacio dominical es más adecuado) no comentaremos hoy el primero de los debates celebrados entre los candidatos al Gobierno del Estado, pero sí un aspecto extremadamente importante que no deberá soslayarse: La difusión y transmisión del mismo a través de los medios electrónicos de comunicación. Sólo como fruto de la negociación y de los buenos oficios de los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE), y especialmente de su presidente, Fernando Herrera, es que, contrariamente a los debates celebrados hace tres años entre los candidatos a las alcaldías, en esta ocasión los empresarios de la radio y televisión accedieron a transmitir por un número muy importante de estaciones de radio en todas las ciudades que cuentan con ellas; y que, además, Canal 44 de Juárez (estación productora de la señal, cedida a las demás cadenas de manera gratuita y sin identificación de canal) y Televisa lo transmitieran en Juárez, Chihuahua y Parral. A su vez, el debate del 8 de junio a celebrar en Chihuahua capital, será transmitido por televisión, a partir de una señal originada por Televisa. En ambos casos la señal será “subida” al satélite. De ahí cualquier empresa televisora que así lo desee la podrá “bajar”. Para llegar a tan reconfortante noticia fue menester que el Consejo General del IEE delegara en su presidente la facultad de negociar con los empresarios la posibilidad de que se transmitiera. ¿Por qué se llegó a tal extremo? Pues, es que los empresarios (y esto es un rumor que varias columnas políticas de distintos medios publicaron en los días previos) de la comunicación electrónica exigían que esas transmisiones fueran pagadas. Pero como la legislación vigente prohíbe la contratación de propaganda política en esos medios, el órgano electoral estaba impedido de hacerlo. ¿Y entonces? Po’s a darle espacio a la negociación. Todo muy bien, pero usar tal instrumento sólo nos lleva a la conclusión que estamos frente, otra vez, a la discrecionalidad de quienes usufructúan un bien público, es decir, el espacio aéreo que por disposición constitucional, es propiedad de la nación, razón por la cual los empresarios de esta industria, o son concesionarios o son permisionarios y, por tanto, sujetos –se supondría– a mayores restricciones para usar de manera tan discrecional y tan contraria a los intereses de la mayoría de la nación tan redituables negocios.
Estamos frente a otra de las consecuencias de la parcial reforma electoral aprobada en 2008 en la cual no se le fijaron límites a eventos como el comentado hoy pues en estricto sentido la celebración de un debate como el de ayer, ordenado por la legislación vigente, convocado, conducido y realizado por el órgano electoral, no es la contratación de propaganda política, mucho menos de alguno de los contendientes; es, ni más ni menos, el evento más importante –fuera de las elecciones– que celebra el IEE y cuya importancia rebasa el ámbito de lo político. No debiera, por tanto, en esta concepción, existir margen para la negociación, bastaría con asentar en la legislación, federal y estatal, tal premisa para que los debates organizados por los órganos electorales debiesen, obligatoriamente, ser transmitidos por todas las estaciones de radio y televisión del área involucrada electoralmente. Ahora salió bien la negociación, pero ¿qué tal en una futura en la que los empresarios se negasen a transmitir los debates? ¿Se imaginan cuánta difusión alcanzaría el evento, circunscrito sólo a quienes lo presenciaran y lo que lograran asentar en sus notas los reporteros de los medios de comunicación impresos, digitales y demás? No es un secreto asentar que en buena medida los llamados poderes “fácticos” son los responsables de esta pospuesta transición a la democracia, –o quizá interrumpida para quién sabe cuánto tiempo– denominación que en realidad esconde a quienes, no solamente son los más poderosos propietarios de las más grandes y ricas empresas, sino que, además, son copropietarios de las más importantes cadenas televisivas y radiofónicas del país, los mismos que tienen en los más populares conductores de sus programas a sus principales voceros. Así que, alegrémonos de tan amplia transmisión; pero no tanto, en lugar de ordenarla, se debió negociar para que se efectuara.
Luis Javier Valero Flores
Por aspectos estrictamente técnicos (y también porque el espacio dominical es más adecuado) no comentaremos hoy el primero de los debates celebrados entre los candidatos al Gobierno del Estado, pero sí un aspecto extremadamente importante que no deberá soslayarse: La difusión y transmisión del mismo a través de los medios electrónicos de comunicación. Sólo como fruto de la negociación y de los buenos oficios de los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE), y especialmente de su presidente, Fernando Herrera, es que, contrariamente a los debates celebrados hace tres años entre los candidatos a las alcaldías, en esta ocasión los empresarios de la radio y televisión accedieron a transmitir por un número muy importante de estaciones de radio en todas las ciudades que cuentan con ellas; y que, además, Canal 44 de Juárez (estación productora de la señal, cedida a las demás cadenas de manera gratuita y sin identificación de canal) y Televisa lo transmitieran en Juárez, Chihuahua y Parral. A su vez, el debate del 8 de junio a celebrar en Chihuahua capital, será transmitido por televisión, a partir de una señal originada por Televisa. En ambos casos la señal será “subida” al satélite. De ahí cualquier empresa televisora que así lo desee la podrá “bajar”. Para llegar a tan reconfortante noticia fue menester que el Consejo General del IEE delegara en su presidente la facultad de negociar con los empresarios la posibilidad de que se transmitiera. ¿Por qué se llegó a tal extremo? Pues, es que los empresarios (y esto es un rumor que varias columnas políticas de distintos medios publicaron en los días previos) de la comunicación electrónica exigían que esas transmisiones fueran pagadas. Pero como la legislación vigente prohíbe la contratación de propaganda política en esos medios, el órgano electoral estaba impedido de hacerlo. ¿Y entonces? Po’s a darle espacio a la negociación. Todo muy bien, pero usar tal instrumento sólo nos lleva a la conclusión que estamos frente, otra vez, a la discrecionalidad de quienes usufructúan un bien público, es decir, el espacio aéreo que por disposición constitucional, es propiedad de la nación, razón por la cual los empresarios de esta industria, o son concesionarios o son permisionarios y, por tanto, sujetos –se supondría– a mayores restricciones para usar de manera tan discrecional y tan contraria a los intereses de la mayoría de la nación tan redituables negocios.
Estamos frente a otra de las consecuencias de la parcial reforma electoral aprobada en 2008 en la cual no se le fijaron límites a eventos como el comentado hoy pues en estricto sentido la celebración de un debate como el de ayer, ordenado por la legislación vigente, convocado, conducido y realizado por el órgano electoral, no es la contratación de propaganda política, mucho menos de alguno de los contendientes; es, ni más ni menos, el evento más importante –fuera de las elecciones– que celebra el IEE y cuya importancia rebasa el ámbito de lo político. No debiera, por tanto, en esta concepción, existir margen para la negociación, bastaría con asentar en la legislación, federal y estatal, tal premisa para que los debates organizados por los órganos electorales debiesen, obligatoriamente, ser transmitidos por todas las estaciones de radio y televisión del área involucrada electoralmente. Ahora salió bien la negociación, pero ¿qué tal en una futura en la que los empresarios se negasen a transmitir los debates? ¿Se imaginan cuánta difusión alcanzaría el evento, circunscrito sólo a quienes lo presenciaran y lo que lograran asentar en sus notas los reporteros de los medios de comunicación impresos, digitales y demás? No es un secreto asentar que en buena medida los llamados poderes “fácticos” son los responsables de esta pospuesta transición a la democracia, –o quizá interrumpida para quién sabe cuánto tiempo– denominación que en realidad esconde a quienes, no solamente son los más poderosos propietarios de las más grandes y ricas empresas, sino que, además, son copropietarios de las más importantes cadenas televisivas y radiofónicas del país, los mismos que tienen en los más populares conductores de sus programas a sus principales voceros. Así que, alegrémonos de tan amplia transmisión; pero no tanto, en lugar de ordenarla, se debió negociar para que se efectuara.
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