México ¿Delincuente internacional?

El Diario, 1 de diciembre de 2024 

Luis Javier Valero Flores 

«Es un despropósito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el ponerse por encima de la Constitución y el faltarle al respeto al Estado mexicano. No puede haber ningún poder por encima del Estado mexicano… no puede haber ninguna corte, por más interamericana que sea, que cometa, como le dije, ese despropósito de obligar al Estado mexicano a modificar la Constitución…»: Adán Augusto López Hernández, Srio. de Gobernación, 3/2/23.

Cuándo la borrachera reformista de la 4T se encontraba en su apogeo, el líder de la fracción mayoritaria en la cámara de senadores, el tabasqueño, Adán Augusto López Hernández,  pretendió que desapareciera el texto del artículo primero constitucional.

Fue de tal la desmesura la pretensión, que al día siguiente, en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que desconocía tal pretensión. 

De inmediato, la propuesta desapareció del proyecto de dictamen.

Ese artículo establece muy claramente que los tratados y convenios internacionales firmados por México tienen el mismo rango que el texto de la Constitución, lo que implica que voluntariamente el Estado mexicano, al igual que el resto de los países firmantes, ‘pierden’ parte de su soberanía para compartirla con el resto de la comunidad internacional.

La esencia de los tratados internacionales es para que sean respetados los derechos humanos y para preservar de los abusos del poder a los ciudadanos de los países firmantes.

Respetarlos, honrarlos, y acatar las resoluciones de los organismos internacionales derivados de esos tratados nos hace formar parte de la comunidad internacional con plenos, derechos y con todas las obligaciones.

Por ello, que el entonces secretario de Gobernación, y seguramente el hombre más cercano al presidente López Obrador, se opusiera a acatar las resoluciones de la Corte IDH nos hizo aparecer, como país, pero especialmente al gobierno que teníamos, como contrario a la comunidad internacional y como integrante de los viejos regímenes autoritarios.

Y es que la Corte le ordenó derogar toda la legislación que establecía la prisión preventiva oficiosa.

La sentencia condenatoria al Estado mexicano fue emitida en enero del 2023. México tenía un año para derogar la legislación, pero héte aquí que el 5 de febrero el presidente López Obrador, entre las múltiples iniciativas de reforma constitucional que lanzó contemplaba la ampliación de los delitos merecedores de prisión preventiva oficiosa.

El congreso, en virtud de la resolución de la Corte interamericana, ni siquiera debió Incluir esa iniciativa para su discusión.

La Corte IDH recordó el deber de todas las autoridades estatales, incluidos jueces y juezas, de garantizar los derechos humanos a través del ejercicio de un adecuado control de convencionalidad cuando apliquen las figuras del arraigo y la prisión preventiva para no afectar los derechos de las personas investigadas o procesadas por un delito, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte.

Quienes han promovido el establecimiento de esta medida, con experiencia de gobierno, o sin ella, en el gobierno o en la oposición, ahora han argumentado que es necesaria para combatir la oleada delictiva en nuestro país.

Ha transcurrido el tiempo suficiente y se ha demostrado, muy claramente, que esa figura no ha ayudado a combatir la ola delictiva en México y sí ha servido para que las personas de las capas socioeconómicas más desfavorecidas sean quienes conformen el porcentaje mayor de la población carcelaria sin recibir sentencia alguna.

Están encerrados siguiendo el rumbo de aquella vieja máxima porfirista, ahora modificada. 

La de antes era -mátenlos, luego averiguamos- y ahora, en los tiempos neoliberales y de la 4T es  -métanlos a la cárcel, ahí luego vemos si son culpables o inocentes-.

En esa borrachera, paradójicamente, los morenistas han sido acompañados por siete senadores del Partido Acción Nacional, entre ellos dos que fueron gobernadores y que, contradictoriamente, son de quienes en sus gobiernos tuvieron los más bajos índices de delitos, especialmente de homicidios en sus gobiernos. 

No necesitaron aumentar el catálogo de delitos de la prisión preventiva oficiosa para establecer cifras aceptables de incidencia criminal.

Sorprende aún más -aunque no tanto- que la Asamblea de Gobernadores del PAN (GOAN) celebrara la ‘disposición’ que tuvo el partido para que permitiera el voto libre de sus senadores. “Hacemos un reconocimiento a nuestro partido @AccionNacional por ser abierto, libre y democrático. También a nuestro dirigente @JorgeRoHe, por su sensibilidad y apertura”.

Sorprende la argumentación usada por ellos, uno de los cuales es integrante del equipo gobernante en Chihuahua, ex dirigente estatal del PAN, el senador Mario Vázquez, quien votó al lado de la 4T en favor de la propuesta lopezobradorista.

No hay justificación racional para esa votación, hay argumentación desde todas las trincheras, de todas las organizaciones derechohumanistas del país y de las internacionales, incluida la ONU a través del alto comisionado de los derechos humanos y de los dictámenes, resoluciones y jurispudencia de la Corte IDH.

La ONU lo afirmó hace días: «(la prisión preventiva oficiosa) Endurece y expande una medida que debería eliminarse. Hacer que la detención sea automática y se mantenga durante todo el proceso anticipa indebidamente un castigo y constituye una detención arbitraria que expone a todas las personas, especialmente a las más pobres».

Es mejor que, ante cada caso, en particular, el juez se acopie de todo lo necesario para emitir una resolución acerca de la conveniencia o no de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa y no aplicarla de manera general.

Y sólo en caso contrario acordar que el procesado lo curse en libertad, ya que eso en la mayoría de los casos sucede con los presos con los recursos económicos necesarios para contar con una defensa profesional y no, como lo cita el senador Luis Colosio, de Movimiento Ciudadano, quien argumenta que de los detenidos en el presente año el 87% lo está gracias a la prisión preventiva oficiosa.

Es una falacia la argumentación del senador Vazquez, quien dijo que la “Prisión preventiva protege a las víctimas y testigos (y que la) sociedad aprueba por inseguridad en el país».

¿Dónde consultó tal cifra? 

Citar datos acerca de qué ‘piensa’, o ‘quiere’, o ‘prefiere’ la población, sin sustento estadístico alguno va convirtiéndose en una enfermedad altamente contagiosa en la clase política. -Yo tengo otros datos…-

¿Como argumentar en favor de esa medida, exactamente cuando la CIDH le ha ordenado al Estado Mexicano su derogación?

Lo paradójico es que los que antes criticaban, desde la izquierda, la elevación de las penas para combatir la criminalidad, enfoque utilizado a lo largo de ya más de 40 años  por los gobiernos priistas y panistas, fue adoptado por ellos, quienes ahora gobiernan, en esa rara mezcla gubernamental existente, entre quienes venían de la izquierda y sus ahora compañeros, muchos de ellos integrantes de las viejas élites gubernamentales.

Ahora comparten esa visión. 

Es la misma de la de los gobernantes texanos, tercos en oponerse a la derogación de la pena de muerte. Los resultados están a la vista, no sólo allá, también acá.

Se coincide con López Obrador: Hay que atender las causas, el problema está en definirlas. Estas no se hallan en la condición económica de la población; van mucho más allá del ataque a la pobreza, es multifactorial, pero pasa primordialmente en el combate a la impunidad.

Mientras no se combata seguiremos padeciendo las altas tasas de incidencia criminal y engrosando de pobres las cárceles mexicanas. 

Y en esto, ¡Ah cómo se parecen los políticos mexicanos, de todos los partidos!

Muy pocos de ellos se han percatado de la profunda transformación política sufrida por el país en los últimos 10 años, en los que el viejo régimen sufrió la estrepitosa derrota de sus dos partidos y en el que el nuevo cada vez se comporta de la misma manera que aquellos.

Y es que la lista de delitos aprobada por el Senado es larga, incluye a la extorsión, los relacionados con la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados”; y para delitos graves “de la salud, del libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales”.

La figura —creada en el sexenio del panista Felipe Calderón en 2008— obliga a los imputados a seguir su proceso judicial desde la cárcel. Los organismos internacionales, como la ONU, lo definen como un «encarcelamiento por adelantado».

A raíz del caso de Daniel García y Reyes Alpícar, acusados de un delito no cometido por ellos, pero que estuvieron 17 años sin condena cambiaron las cosas. Demandaron al Estado mexicano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a México eliminar esta figura. 

La que se puede mantener, siempre y cuando existan argumentos para mantenerlos en la cárcel: porque pueden dañar a la víctima, al propio proceso —fugándose, por ejemplo— o a las pruebas.

Las cifras del fracaso de esta medida para detener la criminalidad son contundentes. 

La población en las cárceles pasó de 196 mil en 2018 a 233 mil en 2023 y el 40% no tiene sentencia, -unas 90 mil personas-. De esas, 68 mil están en prisión preventiva oficiosa. 

Por si no bastara la ilegalidad, la reforma le prohibe a los jueces hacer interpretaciones, las que deben, necesariamente, efectuar, en virtud de que deben aplicar el principio de ‘convencionalidad’, que es la obligación de interpretar las normas mexicanas a la luz de los tratados internacionales firmados por México: «Los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial».

El arraigo, figura creada por el calderonato en 2008, ha criticada severamente por violentar los derechos humanos, pues se detiene a las personas para investigarlas, sin estar acusadas de nada.

¿En qué se diferencia aquel gobierno de los de la 4T?

Columna de Plata de la Asociación de Periodistas de Cd. Juárez (APCJ): 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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