¿Hacia el caos judicial también local?

El Diario, 22 de diciembre de 2024

Luis Javier Valero Flores

Por mayoría de votos, el Congreso del Estado aprobó la  homologación local de la Reforma Judicial.

Resolvieron elegir el próximo año al total de los juzgadores del Estado, en lugar de solo la mitad en 2025 y el resto en 2027.

En una votación inédita en el sexenio, por primera vez, en una reforma importante, el PAN y el PRI, votaron en sentido contrario.

No solo, también por primera ocasión, MORENA y el PAN votaron juntos una reforma constitucional en el ámbito local y el PRI, por su parte votaba en contra y los dos diputados de Movimiento Ciudadano (MC) se abstuvieron.

Ambas posturas en esta materia no implican, necesariamente, que la alianza PRI-PAN cese, o que, por el contrario, el PAN se sume a la coalición gubernamental en México.

Debió salir a medios la diputación del PRI a explicar su postura y a mandar el mensaje, hacia el PAN y a los electores que la alianza no estaba desaparecida: «Hemos sido buenos aliados, pero siempre hemos cuidado nuestros principios y la relación con la ciudadanía a la que representamos; la congruencia en nuestro actuar significa un acto de lealtad para los chihuahuenses que nos han visto como opción de representación».

Lo paradójico. Para sustentar el voto en contra de la diputación priista, el dirigente estatal, Alejandro Domínguez,  usó la argumentación usada por la oposición para oponerse a la reforma judicial de López Obrador y los extendió a la reforma política estatal pues será, dijo, «como una amenaza directa a la autonomía del Poder Judicial, que busca controlar y someter a los jueces a la voluntad del Poder Ejecutivo».

Además de que «contraviene los principios fundamentales del Estado de derecho y pone en peligro los derechos de las minorías y los más vulnerables y que la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para destituir jueces y realizar cambios de adscripción, es una herramienta de control disciplinario que puede utilizarse para silenciar a aquellos jueces que no se alineen con los intereses del gobierno».

¿Qué debían hacer los que gobiernan en Chihuahua?

¿Podían continuar en la postura oposicionista y al mismo tiempo estar obligados a acatar en todo a la reforma judicial ya aprobada?

Actuaron pragmáticamente. Optaron por la elección de todos los juzgadores locales el próximo año, para no encimar esa elección a la que deberá celebrarse en 2027, en la que se elegirá a la mitad de los juzgadores federales, a los diputados chihuahuenses, a los federales, presidentes municipales, síndicos y la gubernatura y con ello tener un mayor margen de maniobra, tanto para influir en la designación de los juzgadores locales -como lo hace Morena, en el ámbito federal y en los estados que gobierna-, como para evitar que la elección de juzgadores locales influyera en el proceso que más les interesa, la del gobierno de Chihuahua.

Sorprende, por otra parte, que MORENA le ‘ayudara’ al PAN en este sentido pues sabido es que los de la 4T actúan ‘uniformemente’ en casi todos los sentidos, pero, a lo mejor, y es sólo un pensamiento malicioso, lo hicieron pensando de la misma manera que el grupo gobernante de Chihuahua.

La reforma aprobada en el congreso local, trae consigo varias novedades que reflejan el nuevo estadio de la relaciones entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno de la República, lo que podría explicar la ‘nueva’ conducta del grupo parlamentario de MORENA.

De ese modo, el primer domingo de junio del próximo año habremos de elegir al total de los cargos del Poder Judicial del Estado y la mitad de los juzgadores federales correspondientes a nuestra entidad.

Por decir lo menos, esa jornada se convertirá en un verdadero caos; no sólo por el número de cargos a elegir, sino también por las malsanas condiciones en que se desarrollará.

Un aspecto, vital, será que en lugar del número tradicional de casillas, cada una conteniendo un listado de 750 electores -que es la capacidad calculada para que puedan votar en el curso de las 10 horas de la jornada electoral-, ubicadas en los lugares en los que hemos votado en las últimas elecciones, -salvo aquellos fraccionamientos o colonias de reciente creación- se establecerán ‘Centros de Votación’ que concentrarán el doble de electores; esto es, que a cada casilla le tocarán 1,500, en lugar de los 750.

Pasma la falta de perspectiva estratégica de los gobernantes nacionales; están arrojando al país a un verdadero precipicio, no sólo por la jornada electoral y el proceso previo, -el del registro de candidaturas, el de las campañas, que no serán campañas porque será escasísima la difusión de los candidatos-, sino por el súbito cambio de todos los juzgadores, en el caso de Chihuahua y la mitad de ellos en el ámbito federal, también en todo el país.

Traerá severas consecuencias en la impartición de justicia y se reforzarán los peores defectos en esta materia; con toda seguridad los índices de impunidad y corrupción crecerán exponencialmente y un mayor número de ciudadanos se sumarán a los que poca confianza tienen en la procuración, impartición y administración de la justicia.

Quedará pendiente si quienes ahora constituyen la nueva hegemonía política del país estarán dispuestos a acatar las disposiciones de los jueces, las de los de ahora, y los que salgan el electos el próximo año pues, sin duda, habrá una gran cantidad de improvisados, lo que arrojará sentencias alejadas de la legalidad.

Le habrán echado tierra a los escasos avances logrados en esta materia pues veremos incrementado el número de sentencias que no tomen en cuenta la jurisprudencia elaborada tanto, por los juzgadores nacionales, como los internacionales y tampoco sin tomar en cuenta los tratados internacionales que México ha firmado y que ahora, fruto de la reformas constitucionales de los últimos 20 años, todos los juzgadores están obligados a emitir sentencias basadas en ellos.

Así, la jurisprudencia nacional e internacional y los tratados, base de la aplicación de la justicia moderna serán desechadas en la práctica si llegan a los cargos de jueces, magistrados y ministros, abogados sin la preparación adecuada y sin la experiencia necesaria para dictaminar con base en todo lo anterior.

Por si fuera poco, el hecho de convocar a elecciones de juzgadores y de someter a los aspirantes a los procesos electorales «normales», hará que los actores políticos, económicos, sociales y hasta delincuenciales, intentarán influir a través de todos los mecanismos y recursos a su alcance, con los que lo hacen en los procesos electorales para elegir funcionarios gubernamentales.

Es extremadamente complejo el proceso. Tan solo en el ámbito federal en la ciudad de Chihuahua se elegirán 13 jueces de distrito y 12 magistrados del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Chihuahua.

Deberán cubrirse, además, dos vacantes de magistraturas de apelación que deberán ser ocupadas, obligatoriamente, por mujeres.

«En cuanto a las plazas de jueces, siguen abiertos los espacios para 13 aspirantes; seis de ellos son en materia penal (tres exclusivos para mujeres); dos en materia laboral individual (uno de ellos para mujeres), y cinco mixtos (tres para mujeres)». (Nota de Orlando Chávez, El Diario de Chihuahua, 18/11/24).

Si se toma en cuenta que se deberán elegir alrededor de 125 jueces locales en todo el estado, más 25 magistrados estatales, es probable que los electores de Juárez y Chihuahua deban elegir a no menos de 10 jueces locales y los 25 magistrados estatales, porque estos últimos deberán elegirse en un proceso estatal.

La renovación del Poder Judicial será cada nueve años y las campañas tendrán una duración de sesenta días, sin precampañas.

Aún no hay legislación secundaria y, por tanto, lo relacionado a los requisitos, quejas e impugnaciones, ni mecanismos de defensa de los derechos de los inscritos en el proceso.

Tampoco lo relacionado con la anulación de la elección, las penas y sanciones para los que incurran en alguna violación al proceso y las fechas de toma de posesión.

Los listados de inscritos por los tres poderes del estado deberán ser enviados al Instituto Estatal Electoral a más tardar el 12 de febrero del año del próximo año. Del 31 de marzo al 29 de mayo se realizarán las campañas al Poder Judicial.

Las personas juzgadoras durarán en su encargo nueve años, podrán ser reelectas.

Las juezas y los jueces de primera instancia y menores durarán en su encargo nueve años y podrán ser reelectos de forma consecutiva cada que concluya su periodo. El presidente durará en su cargo dos años, será de manera rotatoria, correspondiéndole a quienes alcancen mayor votación.

Los representantes de los partidos políticos ante el Consejo Estatal no podrán participar en las acciones, actividades y sesiones relacionadas a este proceso. Los electores votarán en todo el estado hasta por 15 mujeres y 15 hombres para magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Para magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial podrán elegir hasta tres mujeres y hasta dos hombres.

Para juezas y jueces de primera instancia y menores podrán elegir hasta cinco mujeres y hasta cinco hombres.

La reforma plantea que la elección de los jueces locales se empatará con la de los federales hasta el año  2033, razón por la cual los elegidos ejercerán sus cargos solo por un periodo de 8 años.

La improvisación en todos los órdenes. La reforma aprobada no incluye los lineamientos para el financiamiento, ni la manera en que deberán operarse, vamos, no hay, ni siquiera si la elección realizará sobre la base de distritos judiciales o electorales, o si en caso de ser los primeros sean los mismos, tanto para los federales como para los locales.

Rumbo al abismo.

Columna de Plata de la Asociación de Periodistas de Cd. Juárez (APCJ): 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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