¡Aquí mandamos nosotros!

El Diario, 27 de octubre de 2024 

Luis Javier Valero Flores 

Carrancear: Mx. Rapiñar, robar en grandes proporciones, generalmente abusando de un rango de poder. (Diccionario de americanismos, Asociación de Academias de la Lengua Española).

En lo que fue -y es- una larga noche de debacle constitucional, la mayoría gobernante en el país resolvió que cualquier reforma que le hagan a la Constitución será inatacable. 

En un desplante propio de los regímenes claramente autoritarios  resolvió que, contra las reformas constitucionales -en adelante las que ellos, y solo ellos efectúen-, nada se podrá oponer, que ni lo contenido en los tratados internacionales firmados por México, ni en las Convenciones; ni lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre podrá apelarse, cuando se trate de que algo o alguien pretenda cambiarle.

Tenía razón el expresidente López Obrador, la nueva mayoría gobernante, encabezada por Claudia Sheinbaum, le dio una vuelta más a la tuerca del autoritarismo. Son peores.

Eso ocurrió, literal y realmente en la noche del viernes, cuando aprobaron en la Cámara de Senadores declarar improcedentes los juicios de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional en contra de las modificaciones o adiciones a la Constitución Política.

De hoy en adelante, ellos, y solo ellos, podrán hacer cualquier cambio constitucional, al cabo que la mayoría calificada ya la tienen «carranceada», y nadie podrá objetar, ni el alcance, ni la pertinencia, ni la legalidad, ni la legitimidad de las reformas constitucionales por ellos aprobadas.

No podrán -bueno, sí, al fin y al cabo que ahora todo lo pueden- argüir que los derechos humanos de las personas están a salvo, que es lo que han estado haciendo luego de esa aprobación, pero esconden tramposamente (¿Cómo podrían hacerlo de otro modo?) Que en adelante, ni los municipios, ni los gobiernos de las entidades federativas, vamos, ni las personas, podrán inconformarse con alguna reforma constitucional.

También, de golpe y porrazo pretendieron acabar con la discusión a la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se había convocado: La de resolver si tiene la facultad para revisar la validez de una reforma constitucional.

¡¿Para qué tanta discusión, para qué tanto diletante?!!! Clamaron los vociferantes legisladores morenistas -los de antes y los recientemente adquiridos- «¡¡Si podemos evitarnos cualquier tropiezo ú obstáculo, adelante, a quitarlo!!»

En adelante si una reforma constitucional fuera considerada por una comunidad indígena, un municipio o un estado como lesiva para cualquiera de ellos, no podrán, ni ampararse, ni presentar una controversia constitucional; ni otros entes podrán alegar la inconstitucionalidad de la reforma.

Además, y quizá sea lo más grave, con las reformas de Claudia (No podrán excluirla de su autoría, o de su coautoría) han desaparecido la facultad revisora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al absorber la presidencia de la república las facultades y funciones de los organismos autónomos habrán acabado con todos los contrapesos existentes, hasta la semana anterior, al Poder Ejecutivo y que eran los garantes de varios de los derechos ciudadanos modernos.

El dictamen establece reforma a los artículos 105 y 107 constitucional, para elevar a rango constitucional que las reformas a la Cara Magna no pueden ser impugnadas ni suspendidas, lo que choca frontalmente con la facultad revisora de la Corte, que busca garantizar el principio de supremacía constitucional, protegiendo los derechos fundamentales y manteniendo el equilibrio de poderes en el sistema político mexicano.

Aunque la SCJN no tiene la facultad explícita para revisar el contenido de las reformas constitucionales, algunos teóricos sostienen que existen principios fundamentales de la Constitución, como los derechos humanos, el sistema democrático o la soberanía nacional, que podrían ser considerados irreformables. 

En este sentido, si una reforma constitucional vulnera estos principios, la SCJN podría intervenir bajo el argumento de proteger el orden constitucional fundamental. Cosa que ya ha hecho anteriormente, orientación en la que el entonces ministro de la Corte, Arturo Zaldívar, insistió en el pasado y que ahora sostiene exactamente lo contrario.

¿Cómo sabremos los mexicanos cuánto nos costaron las obras emblemáticas de la 4T? ¿Cuáles fueron las empresas y los contratos firmados por ellas en esas obras? Sí sabemos que una buena parte fueron encomendadas a las fuerzas armadas, pero éstas, a su vez, las subcontrataron ¿A quiénes? ¿Por cuánto dinero las subcontrataron? 

¿Cuál es la razón por la que ocultan esos datos? ¿Por qué los esconden?

¿Quién obligará a publicitar los contratos de las obras y servicios contratados por el gobierno de la 4T, cuando el 80% de ellos son por adjudicación directa y, además, los declaran de «seguridad nacional»?

No, no son datos del pasado, son los datos del gobierno de López Obrador, los del primer piso de la 4T.

Y como en el caso de las reformas constitucionales, ahora el derecho al acceso a la transparencia estará en manos de las autoridades que niegan esa información -es decir, las que deberían ser obligadas a proporcionarla- son las encargadas de velar porque no se entregue.

Y así en todos los asuntos para los que se había construido todo un entramado de organismos garantes de esos derechos.

¿Que eran defectuosos, que no cumplían a cabalidad con las tareas para las que fueron diseñados? 

Por supuesto! Pero no autorizamos a López Obrador a desaparecerlos en las sombras de la burocracia gubernamental, del mismo modo que en los mejores tiempos del PRI… para los priistas de entonces.

No estamos de regreso al autoritarismo priista del pasado, no, éste es de nuevo cuño, de quienes se creen herederos de una revolución, sin ser revolucionarios, ni haber protagonizado revolución alguna, lo que sí efectuaron fue una victoria contundente sobre el viejo régimen, pero lo que han dado origen tiene inocultables semejanzas con aquel que gozaron padres y abuelos de muchos de los ahora ‘padres de la patria’.

Sí, así como el senador de Morena, Alejandro Murat, -a quien apenas anteayer el morenismo oaxaqueño acusaba acremente de corrupto- y que ahora habla desde el más profundo morenismo: «Por eso estamos aquí, con una reforma que el pueblo nos exigió para resolver el problema que USTEDES CREARON en materia de justicia» y quien espetó tal cosa hacía sus correrías infantiles en la Casa de Gobierno, de la cual el titular era su padre, homónimo.

Y a estos, que se creen protagonistas de la «4a Transformación» solo deberemos recordarles que los autores de la Independencia, una vez consumada, convocaron y se convocaron a la celebración de un Congreso Constituyente; lo mismo hicieron los revolucionarios de 1857, no se inventaron de la noche a la mañana que tenían mandatos populares en ese sentido.

Los resultados ya los sabemos, dieron origen a las constituciones de 1824 y 1857.

Los revolucionarios de 1910-197 fueron más allá. Luego de ganar, convocaron a la elección de los diputados constituyentes y éstos dieron origen a la de 1917, la que norma, hasta ahora, a los mexicanos.

Pero los de ahora están, a trasmano, usando chicana y media y maniobras politiqueras, en la práctica, haciendo una nueva Constitución, retrógrada frente a la de 1917.

Muchos, desde el ámbito democrático, nos resistíamos a aceptar el mote que varios integrantes de la derecha mexicana -y por supuesto de la extrema derecha- le adjudicaban a Morena y sus aliados, porque desde la óptica de ellos lo realizado por la 4T era propio ¡de los regímenes socialistas!

A lo largo de los últimos cinco años, insistentemente, dieron en etiquetar al gobierno de Morena y del presidente López Obrador como autoritario.

Después de la última reforma, no queda duda, entramos a la etapa en la que vivimos bajo un régimen autoritario, centralista, en absoluto de corte socialista, o socialdemócrata.

Nada más alejado de tal expresión, el régimen neoliberal se desarrolla plácidamente y a sus anchas bajo la cobertura que le ofrece el gobierno guinda, que a lo más que llega es a apretarle las tuercas fiscales a una que otra gran empresa.

Todas las demás trabajan sin las apreturas que cualquier gobierno, ya no del corte de China o de Cuba, sino de Suecia o Dinamarca les pudiera oponer.

Quienes trabajan sin incomodidades, son especialmente las instituciones bancarias asentadas en México… y no se diga del inmenso entramado financiero productivo del crimen organizado, el cual no es molestado «ni con el pétalo de una rosa».

Es de tal intensidad la discusión que atrás ha quedado la de la reforma judicial necesaria, la que no habrá sin antes replanteárnosla en el ámbito local y a partir de lo que sucede en el fuero común.

Y esa discusión pasa necesariamente por las ingentes y multimillonarias necesidades económicas para la procuración y aplicación de la justicia, ahí en donde se ubica el problema de la justicia en México.

Basta con tener un acercamiento con la carga de trabajo de los agentes del ministerio público locales, con la policía ministerial y los jueces locales, para saber la dimensión del monstruo que tenemos, generador de los niveles de impunidad  prevalecientes.

No se les quita responsabilidad a los juzgadores federales, pero sus niveles de carga son infinitamente menores, cuentan con mejores salarios, el acceso a sus cargos está muy escasamente influido por las influencias políticas, familiares o laborales, como es el caso de los juzgadores locales.

Y es ahí en donde tenemos los peores números de juzgadores, fiscales, defensores públicos y magistrados locales por cada 100 mil habitantes, que encuentra su corresponsabilidad con los presupuestos estatales aplicados a la procuración, aplicación y administración de la justicia.

Visto así el problema, entonces se aprecia con extrema nitidez cual es el verdadero objetivo de las reformas judiciales aprobadas en las escasas semanas del gobierno de Claudia Sheinbaum: El control de todo el aparato de justicia.

Pero llevarlo a la práctica tirará a la basura un inmenso capital profesional y académico, acumulado durante décadas que es la currícula de los jueces, magistrados, actuarios, secretarios y en general del personal del Poder Judicial Federal, sin duda uno de los grupos humanos con el mayor valor académico existente en el país, basta observar con detenimiento la ruta curricular de cada uno para llegar al lugar en el que están.

Nos faltará tiempo para dolernos de semejante estropicio, efectuado en nombre de una falsa, mentirosa e inexistente 4a. Transformación.

Columna de Plata de la Asociación de Periodistas de Cd. Juárez (APCJ): 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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