Tumbos al amanecer

Aserto No. 167, Agosto 2017
Luis Javier Valero Flores
A menos de un año de la toma de posesión, el gobierno de Javier Corral se encuentra en uno de los momentos más difíciles, no solamente en el aspecto económico, derivado de la forma en que le fue entregada la administración estatal por el ballezano César Duarte, sino de una serie de conflictos derivados de varios de los actos de su gobierno, no directamente vinculados con el pasado duartista.
Urgido de ingentes recursos económicos ha planteado la necesidad de efectuar una reestructuración de la deuda directa, la que no ha sido aceptada  por el número de diputados necesarios para aprobarla en virtud de que se necesita dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión.
No es el único problema, en la entidad se ha estacionado una oleada delictiva -especialmente con el súbito incremento de homicidios, en la modalidad de ejecución- y que ha llevado a que la tasa se mantenga, durante prácticamente toda la administración de Javier Corral, en los niveles de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Vamos, hasta los problemas y conflictos en áreas, como el quehacer legislativo, que debieran ser fácilmente solucionadas por los integrantes del grupo gobernante, merced a la luenga experiencia parlamentaria del gobernador Corral, han crecido y la actual legislatura da trompicones en cada proceso legislativo, como el de la reforma electoral recientemente aprobada, a escasos días de vencerse el plazo constitucional para hacer las adecuaciones necesarias.
De lo contrario, hubiese sido el Instituto Nacional Electoral (INE) el que hubiese debido aprobar los lineamientos de las elecciones en Chihuahua.
El mismo vencimiento de plazos ocurrió en la adecuación legislativa para la tipificación de los feminicidios y la creación del sistema estatal anticorrupción.
Sorprende que en los tres temas el titular del Poder Ejecutivo actuase del mismo modo: Casi vencidos los plazos legales, presentó las iniciativas de ley, con la consiguiente molestia de los diputados, incluidos los de su propio partido, el PAN.
Pero si esas situaciones conflictivas derivaban de lo efectuado por otros protagonistas, el incremento de las tarifas del transporte, presentado intempestivamente por el Secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles, en un acto con la presencia del gobernador Corral, vino a darle al creciente rechazo -o mejor dicho, a las crecientes manifestaciones de rechazo o desilusión- que su gobierno recibe de la sociedad chihuahuense.
Peor aún, esa medida se hizo sin tomar en cuenta al Consejo Consultivo del Transporte, la que debería elaborar un dictamen, después de escuchar los planteamientos
Más. Al llegar a la tercera semana de agosto, al inicio del ciclo escolar, la elevación de la tarifa del transporte urbano y la de las colegiaturas en el Colegio de Bachilleres y en la Uach le ha acarreado serias críticas a la actual administración, derivadas de las promesas efectuadas en el curso de la campaña electoral del 2016. En ambos temas ha fallado el gobernador Corral.
Pero el tema que más desilusión ha traído a los chihuahuenses que simpatizaron con su candidatura es el de la detención del ex gobernador César Duarte, asunto tratado de una muy confusa manera pues el gobierno de Chihuahua, así lo ha expresado Javier Corral reiteradamente, ha insistido ante el gobierno de EU en la deportación, sin que hasta la fecha se tenga información puntual de los trámites realizados por el gobierno de Chihuahua y sólo muy recientemente ha expresado que, ante la falta de respuesta ante la petición de deportación, pedirá la orden de detención con fines de extradición.
¿Por qué apostarle a la deportación, sabiendo que tal procedimiento recae exclusivamente en las autoridades norteamericanas, al contrario de la petición de extradición, que necesita contar con un sólido expediente de acusaciones muy bien fundamentadas?
¿Será precisamente por esta razón? ¿Que las acusaciones en contra del ex gobernador no resistirían la supervisión de los tribunales norteamericanos, ante los cuales debería contarse con una más que sustentada acusación como para que ordenaran la extradición? Es decir, que allá deberían probar que tienen una causa penal firme en contra de Duarte.
¿La tienen? Y no porque se piense que no hubo una abundante comisión de corruptelas en la administración, sino que hayan quedado suficientes evidencias, de tal solidez que hagan imposible la liberación del ex gobernante.

No había orden de detención
Emitida el 31 de marzo anterior, a causa de que el gobierno chihuahuense emitió una orden de aprehensión por el delito de peculado, la Interpol ingresó a César Duarte a su lista de prófugos, “las autoridades de Estados Unidos no mantienen una búsqueda activa del exgobernador priista... El sargento Enrique Carrillo, portavoz del Departamento de Policía de El Paso, dice que esa corporación no busca al mexicano: “No estamos buscando a Duarte activamente. Si de casualidad llegamos a toparnos con él, tendríamos que ponerlo bajo custodia, pero no tenemos órdenes de estar buscando al exgobernador de Chihuahua en El Paso”. (Nota de Luis Chaparro, Proceso, No. 2110, 9/IV/17).
Lo mismo confirmó la oficina del FBI en El Paso: “No tenemos una orden para perseguirlo”, le aseguró al reportero el oficial que se negó a ser identificado por no tener autorización para hablar con los medios. (Ibídem).
Igual ocurrió con la Oficina del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos, la que informó “no contar con una orden ni con un expediente para la captura del exmandatario estatal” de Chihuahua. (Ibídem).
“A su vez Roger Maier, vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, descartó que se esté buscando a César Duarte, pero aseguró que ‘si durante un ingreso al país los oficiales saben que un individuo está siendo buscado por alguna agencia, lo pondrán bajo custodia”. (Ibídem).
Bueno, hasta la misma Interpol, “mediante un portavoz que igualmente pidió el anonimato” explicó que “la ficha roja no equivale a una orden de arresto internacional. La persona debe ser considerada inocente hasta probar lo contrario”. (Nota de Luis Chaparro, Proceso, No. 2110, 9/IV/17).
Derivado de lo anterior, a mediados de julio, luego de largos meses en los que el gobernador Corral insistiera recurrentemente en que “pronto, muy pronto caerá el vulgar ladrón” y de tener el conocimiento en donde se encontraba, informó que había resuelto desistirse de la solicitud de deportación, interpuesta ante el gobierno de Estados Unidos en contra de Duarte -porque, así lo dijo, ese es un trámite “muy largo”- y pedir la expedición de una orden de detención, con fines de extradición en contra del ex gobernador.
    Así lo dijo el gobernador Corral: “Hemos tomado la decisión de ir por el proceso de extradición, hemos abandonado de alguna manera (sic) la estrategia de la deportación, porque estamos viendo signos muy contradictorios en las autoridades norteamericanas, con relación al tema de César Duarte”. (Comunicado de prensa, Coordinación de Comunicación Social, 18/VII/17).
    Sabedores, los integrantes del grupo gobernante, que la acusación de peculado no tiene mayor peso -se le considera delito no grave!- dejaron pasar el tiempo para acumular más cargos y fortalecer los existentes, -eso presumimos- pues no se le podrían fincar más cargos extras al ex gobernador, sólo los de la extradición.
    Ahora tienen otro acicate, el de que la PGR, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), obtenga la orden de extradición y entonces los cargos que formulara la Fiscalía de Chihuahua, por corrupción, ya no se le podrían sumar a Duarte, sólo sería juzgado por los delitos imputados -paradójicamente- por la propia Fiscalía.
Pero en el ínterin le hicieron creer a los chihuahuenses que ya, ahora sí, ya pronto, tendremos a Duarte en la cárcel.
    Visto el ejemplo de lo que sucede con el Duarte veracruzano, deberán poner las barbas a remojar, o tienen las pruebas suficientes, en cantidad y calidad como para demostrar la culpabilidad del ex gobernador chihuahuense, o recibirán el rechazo y desprecio de la sociedad chihuahuense que sufrirá un agravio más, ahora de parte de quienes prometieron hasta la saciedad que llevarían “al vulgar ladrón” a la cárcel.

Saldos del “Encuentro Chihuahua, Problemas contemporáneos de México”
Pero si en los asuntos anteriores la actuación del grupo gobernante ha despertado serias críticas, rechazadas de mala manera, la celebración del evento denominado “Encuentro Chihuahua, Problemas contemporáneos de México”, cuyas conclusiones -en el curso de la reunión- mostraron la abierta pretensión de impulsar una alianza electoral, hegemonizada por el PAN y el PRD, el rechazo creció, sobre todo porque, ante la creciente problemática local  el actual gobierno no se ha caracterizado, precisamente, por la apertura y la disposición al diálogo y el debate con los sectores que no necesariamente simpatizan con el gobernante.
Diáfano en esos objetivos de la reunión fue el ex dirigente nacional del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, que insistió en sus dos intervenciones en que los resultados eran muy claros “cuando hemos ido juntos (PAN-PRD), como en Nayarit, nos ha ido muy bien; en cambio, vean, en Coahuila no fuimos juntos, fuimos separados, igual que en el Estado de México, por eso nos derrotó el PRI”.
Pero Muñoz Ledo se opuso a la idea de concretar una alianza, que debería privilegiarse la construcción de una coalición, la que, sostuvo, sí tiene obligaciones legales, pero que deberá construirse en el camino tal posibilidad y les puso ejemplos de lo ya realizado en la Ciudad de México -de reformas de carácter democrático- y sin decirlo expresamente, puso en tela de juicio que tales pretensiones fueran más allá de lo estrictamente electoral, “si estamos de acuerdo en una reforma del Estado mexicano, ahí tengo una, mañana mismo se puede presentar en las Cámaras”.
Fue la manera elegante de poner distancia de la creación de una alianza PAN-PRD como la que se ha venido tejiendo, al día siguiente haría un tajante deslinde, dijo que esa pretendida alianza era “un mazacote”.
Visto el desarrollo del evento, claramente político le acarreará problemas al grupo gobernante -y no solamente legales- pues se advierte la intención del mandatario chihuahuense de involucrarse en la política electoral.
Lo puede hacer, es su derecho, nada más que deberá hacerlo sin olvidar que dirige al estado de Chihuahua pues y que eso deberán hacerlo en los tiempos no laborales y sin usar los recursos públicos pues casi la totalidad del gabinete estaba presente en el evento, en el que el gobernador Corral sostuvo que con su realización se acababa “el aldeanismo político” de Chihuahua.

Bachilleres, transporte y luchas “jacobinas”, otros de los conflictos
No bien terminaban los trabajos de aquella reunión cuando tres conflictos -de muy diferente índole- vinieron a sumarse a la muy difícil situación del estado.
El ex presidente Consejero del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Rodolfo Leyva, solicitó un amparo en contra de la designación del sacerdote Javier Avila, como integrante de la     Comisión de Atención a Víctimas, cuya audiencia constitucional se realizará el 5 de septiembre.
Tal querella concitó la aparición de dos controversias, por una parte la de la laicidad del Estado mexicano y, por otra, la de la exigencia al pleno cumplimiento de las normas existentes.
La regla constitucional prohíbe expresamente a los ministros religiosos desempeñar cargos públicos, igual lo ordena la Iglesia Católica y, por la otra, las autoridades están obligadas al cumplimiento irrestricto de la ley, la que se supone violentada con el nombramiento del sacerdote Avila que, por otra parte, su desempeño en las actividades sociales es muy alta estima en diversos círculos de la sociedad chihuahuense.
Pero si el conflicto jurídico adquirió, por momentos, una aguda rispidez, el existente entre la dirigencia del sindicato de bachilleres y la Directora General, Teresa Ortuño, ha ocupado, durante largos meses, lugares centrales de la atención de los chihuahuenses.
El dirigente sindical, José Acuña, acusó a Ortuño de la desviación de los recursos procedentes de las retenciones fiscales, de las cuotas de las pensiones, de las pensiones alimenticias de padres separados y hasta de los pagos al Fovissste de los créditos de los trabajadores, para efectuar el pago de las quincenas de la planta laboral de Bachilleres y el despido de varios trabajadores,  lo que concitó la exigencia sindical de la renuncia de la directora.
Luego de muchas semanas de enfrentamientos, finalmente acordaron la reinstalación de los despedidos, el amortiguamiento del enfrentamiento y la anulación del paro anunciado por el sindicato a celebrarse el primer día de clases de los planteles.
El conflicto se solucionó a unas horas del regreso a clases, luego de semanas en las que las críticas a varios de los funcionarios del gabinete corralista tuvieron como motivo el del alegre esparcimiento del que disfrutaron.
¿Cómo irse alegremente de vacaciones si la entidad que gobiernan “disfruta” ahora, bajo su administración, de una tasa de homicidios de alrededor de 50 por cada 100 mil habitantes -y en la zona serrana de una cifra increíblemente más alta-, y que enfrenta condiciones adversas, que posibilitan -y potencian- la actividad criminal?
¿Cómo irse de vacaciones -y presumir su estancia en los más bellos lugares playeros del país- en momentos en que los productores del campo enfrentan graves problemas, o que necesitan del apoyo especial de gobierno para aprovechar las actuales condiciones climáticas, o cuando los gobiernos municipales,  particularmente los de las áreas rurales, requieren el apoyo, ya sea para  el desarrollo agropecuario o el del impulso a las actividades económicas?
Podrán haber mil respuestas y más justificaciones; una cosa es cierta, deberán actuar de una muy distinta manera, que no refleje frivolidad, ni burocratismo.
No pueden comportarse como los gobernantes de un país desarrollado, democrático, en el cual sus funcionarios pueden vacacionar -por supuesto sin la pompa de los nuestros- sin que ese hecho le choque a la mayoría de los ciudadanos.
No, llegaron a gobernar la entidad que durante varios años fue la más violenta del mundo y que aún ahora se conserva en el “top ten” de las más violentas en el país, característica generada no solamente por su localización geográfica, sino por el escaso desarrollo económico (y eso que somos de los líderes en el país) y por el conjunto de factores predisponentes locales a la creación de conflictos sociales.

Las razones del corazón
Será de las razones que en el futuro próximo se argumenten como explicación a la aguda disminución de las simpatías por el gobernador Corral, la elevación de las tarifas del transporte urbano, decretadas a unos días del inicio del nuevo ciclo escolar ofende a los sectores más marginados de la población de las grandes urbes chihuahuenses.
Pocas cosas se pueden argumentar cuando la ofensa tiene como objetivo directo el bolsillo de quienes menos ingreso tienen.
La elevación de las tarifas del transporte, hasta en un 50% es un serio golpe a la economía de los más pobres de las ciudades y a la credibilidad del gobierno de Javier Corral. No pudo con el pulpo camionero, el que sólo debió repintar y enderezar algunas decenas de camiones viejos para simular la compra de muchos nuevos y así lograr, algo que no Duarte había aprobado, la elevación de las tarifas.
Serrano es un mentiroso, decía el candidato Corral en campaña, la educación pública es gratuita, bajo mi gobierno no habrá cuotas de inscripción en las escuelas, ni en las universidades. También criticó al sistema de transporte urbano de Chihuahua capital y anunció que no “nos costaría más”.
Apenas a fines de enero de este año, el Director de Transporte del Estado, Guillermo Hernández, decía que “Los últimos incrementos y cambios en las tarifas del transporte urbano se efectuaron de manera arbitraria”.
De ahí la explicación a que los anuncios en que Corral prometía la desaparición de las cuotas de inscripción y que no se elevarían las tarifas del transporte, sean, ahora, de los más frecuentados en las redes sociales.
¿También de esto le echará la culpa a los medios de comunicación?
Todo lo anterior -y muchas más- son las razones que llevaron ¡Quién lo diría meses atrás! al abogado Jaime García Chávez a lanzarle muy severas críticas al nuevo gobernante.
Esa es, quizá, la mayor paradoja del gobierno del amanecer, el de que el probablemente mayor propiciador de la llegada de Corral a la gubernatura sea, hoy, uno de sus principales y más sólidos críticos.
Le ha lanzado frases como las siguientes: “Para que haya democracia se requieren demócratas. En igual sentido, para que haya reformas progresivas se necesitan reformadores con callo u oficio. El drama que vive Chihuahua es por la ausencia de unos y otros, y el mejor ejemplo, en la coyuntura, es el procesamiento que se ha dado a la llamada reforma electoral (elecciones primarias y segunda vuelta). No se pueden intentar los proyectos de alto calado, que deben tomar un tiempo acompasado, al cinco para las doce. Eso habla de negligencia y también exhibe un panorama en el que el Poder Legislativo está como intendencia del Ejecutivo y dispuesto a la hora de sus caprichos”.
Otras: “Ayer fue recibido en audiencia privada Omar Bazán por el señor Corral. Sí, el compañero de partido de Cesar Duarte que ocupa un edificio enorme hecho con recursos del erario y que no dudará en defenestrarlo en cuanto pueda. AMLO dirá: pienso: luego, la mafia del poder existe. La solicitud de audiencia de Unión Ciudadana con casi ocho meses y medio de espera. La obsequiosidad y el "yo no lo conozco", presentes en el caso, hablan de que lo expreso y el silencio sirven para decir de manera más que clara lo que quiere el gobierno del panista”.
Con motivo del transporte: “La promesa de mejorar el corrupto sistema de transporte en Chihuahua y dejarlo de lado, luego dejarse ver muy sonriente con el líder de la CTM y después anunciar el aumento al costo de pasaje urbano, muestra la dimensión peñanietista en que ha caído la administración actual a la hora de cumplirle a los gobernados en esa materia”.
“En el giro de 180 grados que tomó el gobierno respecto de sus promesas de campaña, se podría percibir que el incremento a las tarifas del transporte urbano es una medida impopular, aunque hoy se acuse de populistas a los críticos. El populismo de campaña (educación gratuita, un Vivebús saneado, respeto al Estado laico…) huele a fuchi cuando ya se está en el poder. Es decir, el que esté libre de populismo que arroje la primera diatriba”.