¡Duarte, extraditable!

Aserto No. 168, Septiembre de 2017
Luis Javier Valero Flores
Aunque el anuncio no correspondió a la expectación fabricada por el mismo gobernador Javier Corral, por haber hecho señalamientos parecidos en distintas ocasiones, de todos modos la presentación de la orden de detención, con fines de extradición en contra del ex gobernador César Duarte es un indudable golpe al ballezano, al priismo nacional y al presidente Enrique Peña Nieto.
Puede tardar años la traída de Duarte -lo que podrá desilusionar a no pocos chihuahuenses- debido a la extraordinaria lentitud del proceso y a los numerosos incidentes que, con toda seguridad, interpondrá la defensa del ex gobernador, pero no le cambiará su estatus, es, como muchos atrás los jefes de los cárteles de Colombia, extraditable, en adelante ya no será el ciudadano Duarte Jáquez en espera de cambiar su estatus migratorio en Estados Unidos.
A diferencia del pasado reciente, ya no estará sujeta al libre albedrío del gobierno norteamericano la presencia en territorio nacional del imputado, ahora, aceptada la solicitud por la admnistración de Donald Trump, serán los tribunales norteamericanos los que dictaminen si hay suficientes evidencias que hagan presumible la comisión de delitos.
Y las pruebas las deberá presentar la administración de Javier Corral. Es decir, tendrán en sus manos la posibilidad de demostrar que efectuaron bien su trabajo al integrar debidamente el expediente con las denuncias soportadas por un cúmulo de evidencias de todo tipo que acrediten suficientemente la presunta culpabilidad de Duarte.
Para quienes llegaron a creer que bastaba con la pura voluntad del gobernador Corral, de encarcelar a su antecesor, y que de manera mágica, una vez llegado al poder, al día siguiente ya estaría en la cárcel respondiendo de sus presuntos delitos, lo que ahora ocurre y ocurrirá a lo largo de varios años será el incierto y fastidioso de un proceso judicial luego del cual, de acreditarse los delitos cometidos, apenas emitirán la orden de extradición para ser juzgado en Chihuahua.
Recordemos lo sucedido en el caso de Sergio Andrade y Gloria Trevi, presos durante más de 3 años en las cárceles brasileñas, sometidos a un proceso de extradición, que culminara por la decisión de los detenidos de enfrentar a la justicia mexicana, antes que continuar presos en los penales sureños.
El resultado ya lo sabemos, muy poco tiempo después ambos saldrían del penal.
El contraste entre las promesas de campaña -ahora ya sabemos, hechas con el corazón, no con la razón- y la fría realidad llevará a que muchos chihuahuenses, incluso aquellos más que medianamente informados, a criticar acremente al gobernador Corral por no tomar un grupo de policías y detener, donde quiera que se encuentre, al ex gobernador.
El mismo Corral lo sabía. Lanzar una agresiva -y descriptiva- frase de campaña le podía deparar grandes dividendos electorales, como así fue, sin importar si lo prometido se ajustaba a los marcos legales existentes, porque en el país son las autoridades y los particulares los que podemos denunciar, pero es el Poder Judicial el único que puede enjuiciar y sancionar.
Se acabaron los tiempos de la “justicia en caliente” que con tanta saña se practicara cientos de años en el país, en los que bastaba la orden del poderoso para, no solamente encarcelar, sino eliminar a los supuestos transgresores de la ley.
Ahora bien, de acuerdo con el marco legal existente -si bien pudo y debió hacer otras cosas, mejores que las realizadas jurídicamente hasta ahora- tampoco es cierto que Corral armó un expediente cualquiera, se lo entregó al gobierno de Peña Nieto para que fuese la PGR la que hiciese el trabajo.
No es así. Todos sabíamos que César Duarte se iría al extranjero. Las frases de Corral en la campaña y en el período previo a la toma de posesión no le deparaban buenos tiempos, sabía de la posibilidad cierta de la presentación de cargos en su contra. Huyó.
¿Con la petición de la detención, con fines de extradición, del ex gobernador César Duarte Jáquez, Corral ha cumplido con su principal promesa de campaña?
¿O es todo lo contrario, hacer como que armaba una denuncia, soltarla a la PGR y dejar en manos del Presidente Peña Nieto la principal de sus responsabilidades electorales?
Mencionado, ya, como el emergente que podría sustituir al dirigente nacional, Ricardo Anaya, en la candidatura presidencial de la alianza PAN-PRD-MC, ante cualquier eventualidad que le impidiera a éste alzarse como el abanderado de tal coalición, cualquier acto que efectúe el gobernador Corral se tomará como parte de los esfuerzos en ese camino.
Corral no ha cumplido con los chihuahuenses.
Ha hecho la mitad de la tarea -que no puede equipararse a la calificación de 5, en una escala del 1 al 10- pero, paradójicamente, la calificación la ha dejado en manos de  (porque no tenía de otra) los tribunales norteamericanos, pero no en las de Trump. En EU el Poder Judicial tiene una casi total autonomía.
Más aún, de iniciarse el proceso antes de las elecciones del 2018, lo más seguro es que culminará ya entrada la gestión del nuevo presidente y si Peña Nieto no le pone trabas a la petición de Corral e instaura ante el gobierno norteamericano la petición de extradición, en ese momento habrá perdido toda influencia en el desenlace y estaremos a lo que resuelvan los tribunales norteamericanos, no para que resuelvan sobre el fondo del asunto, sino para que se acredite ante ellos que existen las suficientes evidencias como para presumir la comisión de los delitos por los que se pide la extradición.
La acusación es por delitos que “directamente lo responsabilizan en la planeación, organización, e instrucción del desvío y disposición indebida de más de mil millones de pesos, que alcanzarían una penalidad de 4 a 12 años de prisión cada uno, las cuales son acumulables”. Las acusaciones abarcan a funcionarios federales.
“Con la solicitud hemos entregado 70 tomos, y 50 discos compactos que contienen todas y cada una las carpetas de investigación con las pruebas que sustentan nuestra solicitud de extradición, y que son la base sobre las cuales distintos jueces penales de control en el estado de Chihuahua han dictado, ni más ni menos que 10 órdenes de aprehensión en contra de César Duarte por diversos delitos de peculado”, precisó el mandatario chihuahuense.
La cantidad reclamada palidece ante las dimensiones del presupuesto ejercido por Duarte a lo largo de su administración, poco menos de 300 mil millones de pesos. Además, por si fuera poco, ejerció una indubitable influencia sobre una buena parte de los recursos federales ejercidos en Chihuahua, pues la mayoría de los delegados estaban, prácticamente, bajo sus órdenes.

El equipo de Corral sin estrategia
Lo ocurrido en los últimos días es la viva imagen del enorme descontrol y falta de estrategia jurídica del grupo gobernante. Tan errónea, que, por momentos, así, por momentos, estuvieron a punto del abismo.
Casi dejan en manos del equipo peñanietista todo el control del proceso en contra de César Duarte, hasta el grado de que éste pudiera aceptar la extradición, enfrentar el juicio y que, incluso, perdiéndolo, lo hiciera en libertad.
Con el tiempo encima, y ante el anuncio de que la PGR-Fepade presentaría la solicitud de detención, con fines de extradición, por el delito de peculado electoral (un delito sancionado con penas menores), lo que llevaría a que Duarte enfrentara el juicio en libertad, el gobierno de Corral presentó al 15 para las 12 su propia solicitud de extradición ante la PGR, para que ésta la turnara a la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego ésta lo hiciera ante el Departamento de Estado de los EU y que éste la derivara a los tribunales norteamericanos.
¿Cuál es el problema?
Uno muy simple. Si Corral no hubiese presentado la solicitud, o lo hubiese hecho tardíamente, una vez presentada la de la PGR por peculado electoral ante el Departamento de Estado, ya no se podrían presentar nuevas solicitudes de extradición, ni al imputado se le podrían fincar más cargos que los presentados en la solicitud de extradición inicial.
De ahí la premura en presentar la solicitud de extradición, “basada en 10 órdenes de aprehensión”.
El problema está en que el denunciante de la primera petición de extradición ¡es el gobierno de Javier Corral, a través de la Secretaria de la Función Pública, Estefany Olmos!
Ella fue quien la presentó ante la Fepade y ha sido la que más insistentemente ha informado que la solicitud de desafuero en contra de la Dip. Karina Velázquez (PRI) ya se encuentra en la Cámara de Diputados.
Bueno, pues apresuraron tanto a la PGR que ésta estuvo a punto de exigirle jurídicamente al gobierno de EU la entrega de César Duarte, acusado de solamente un delito, peculado electoral, y a que éste no fuera enjuiciado por ningún otro delito en territorio mexicano.
¿No hubo alguien, entre tanto conocedor del Derecho del gabinete, que atisbara la posibilidad de que, al presentar la denuncia por peculado electoral, se pondrían, por entero, en manos del gobierno federal ya que éste podría acelerar el trámite e impedirles que pudieran presentar la petición de extradición?
Si hubieran armado bien la estrategia, habrían presentado primero la denuncia por los más de mil millones de pesos e, inmediatamente después, la del peculado electoral para acorralar al ex gobernante con denuncias del fuero común y del federal.
Además, han pasado casi 3 años de la presentación de la denuncia de Jaime García Chávez en contra de César Duarte, Jaime Herrera y Carlos Hermosillo -la robusta denuncia, le llamó en su tiempo el senador Corral, a la que tanto apoyó- ¿La recuerda, la de los 65 millones de pesos, “que a lo macho, no me fijé que firmé”?
No son las únicas razones que motivan la crítica al caso Duarte.
¿Por qué motivos le apostó el gobierno de Corral a la deportación?
Por supuesto descartamos los motivos públicos expuestos por el gobernador chihuahuense, eso de exhortar al presidente Trump a que lo expulsara, “debido a que está en contra de los mexicanos malos ¿Y a éste, que nosotros le decimos que es uno de ellos, porqué no lo deporta?”.
Claro que nadie cree un argumento así. Ya nos imaginamos al presidente Trump preocupado por los dichos del gobernador del estado por el que más droga transita a EU.
Fueron largos meses apostándole a que Trump deportaría a Duarte, sólo porque a éste se le extendió una “alerta roja”, que no implicaba ser detenido por las agrupaciones policiacas norteamericanas y escondiendo el hecho de que no se había solicitado la extradición.
Alguien debería informarle de la realidad presente afuera de Palacio de Gobierno; nadie creyó que por la vía de la deportación regresaría Duarte a responder a las acusaciones en su contra, por ello, Corral pensó que sería de un gran impacto anunciar que ¡Por fin, presentó la solicitud de extradición! y que el anuncio sería recibida con grandes muestras de júbilo popular.
El escepticismo es moneda corriente en Chihuahua, especialmente en materia de gobernantes.

¿Promesa cumplida?
Ahora bien ¿Corral ya cumplió?
Evidentemente, no.
No basta con presentar la denuncia y los trámites de la extradición, ahora deberá enfrentar con éxito la determinación de los tribunales, no sólo mexicanos, sino los norteamericanos, pues serán éstos los que valoren la calidad de las acusaciones del gobierno de Chihuahua. Si éstas tienen sustento, los jueces estadounidenses aprobarán la extradición del ex gobernante chihuahuense, luego de un prolongado juicio, en los que opondrán mil y un obstáculos los defensores del ballezano César Duarte.
Lo anterior, si el gobierno de Peña Nieto consiente en presentar la petición ante el gobierno de Donald Trump, de ahí la muletilla usada (“Hemos puesto la confianza en el presidente de la república en que pondrán todo para colaborar para la detención de Duarte”) por Corral, en la presentación de la petición al presidente Peña, de que esperaba cumpliera con su promesa de coadyuvar en el proceso en contra de Duarte.
Pasarán años, de seguir este proceso, antes de que el ex mandatario enfrente a los tribunales chihuahuenses. Nada de esto se pensaba en los álgidos meses de la campaña electoral; el ánimo social en la entidad era de revancha plena ¡Cárcel a Duarte! era el clamor popular mayoritario.
El “vulgar ladrón”, casi gritaba en plazas, calles y estadios el candidato panista. Era tan fuerte el clamor popular, que obligó al candidato independiente, Chacho Barraza, a sumarse tardíamente a esa pretensión. La mayoría del electorado expresó con su voto el respaldo a quien se comprometiera a hacerlo.
Aparentemente, hasta ahora, Corral ha realizado las cosas que debería hacer para cumplir tal promesa. Nadie, seriamente, pensaba que una vez en el cargo lanzaría a los policías en busca de Duarte, casi todos sabíamos que debería iniciar un proceso judicial y, mediante acusaciones sustentadas, lograría una sentencia culpatoria.
¿Le quedaba otra opción en el momento actual?
Evidentemente, no. Todos sabíamos que los ex gobernantes que sospecharan la posibilidad de ser enjuiciados por actos realizados en sus gobiernos, casi de inmediato saldrían del país y se esconderían. Nadie podía pensar, razonablemente -o a menos que se trate de un recurso retórico- que el ex gobernador Duarte esperaría tranquilamente en su rancho a que le llegara la notificación de las denuncias en su contra.
La interrogante estribaba en saber a qué país se iba y cuáles serían las armas jurídicas que interpondría para ser extraditado, si se hubiese ido a un país con el cual México tuviese firmado un tratado de extradición.
Ahora bien, como lo sostuvieron recientemente los abogados Jaime García Chávez y Oscar Castrejón (Aserto Radio, 13/IX/17. También en la página de Facebook de Aserto) el gobernador Corral ha cometido algunos errores, que le permitirían a Duarte esgrimir que está sometido a proceso, debido a la existencia de “situaciones de carácter político”, como lo establece el Tratado de Extradición México-EU, y lograr que no le fuera aceptada la solicitud al gobierno de Chihuahua.
Más aún, el desmedido protagonismo del gobernante chihuahuense en la definición electoral de su partido, en su decidida apuesta a la creación del Frente PRD-PAN-MC (al grado que aparece, para Los Chuchos del PRD, como un posible emergente en la candidatura presidencial), a sus críticas a AMLO, pero, sobre todo, a su quehacer gubernamental, no le crearon al marco más propicio para que el anuncio de la petición de la extradición tuviese el impacto deseado por el grupo gobernante en Chihuahua.
Difícilmente lo tendría, los rescoldos del PRI -insertos en prácticamente todo el entramado social de la entidad, así como en la mayoría de los medios de comunicación-; la creciente insatisfacción de cada vez más chihuahuenses, la deficiente comunicación social, la carencia de una estrategia jurídico-político-social y, sobre todo, la falta de resultados tangibles de su quehacer gubernamental, lo llevaron a que la desilusión fuera la calificación mayoritaria en la recepción de su principal apuesta político-electoral.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF








Señaló que esas carpetas son asuntos que directamente lo responsabilizan en la planeación, organización, e instrucción del desvío y disposición indebida de más de mil millones de pesos.

“No hay antecedente en la historia de Chihuahua, que un presunto delincuente haya sumado en su contra 10 órdenes de aprehensión. Tampoco hay precedente a nivel nacional de una investigación por hechos de corrupción política en la cual se haya logrado obtener diez órdenes de captura en contra de un solo exfuncionario público”, dijo.

Señaló que se documentaron diversas conductas delictivas cometidas por un amplio entramado de funcionarios públicos del sexenio anterior, encabezados por César Duarte, que bajo previo concierto y a manera de delincuencia organizada se apoderaron, distrajeron y dispusieron para su beneficio personal de cuantiosos recursos económicos del erario público de Chihuahua.

“Todo un modelo de asociación delictuosa, en muchos casos con particulares que crearon empresas emergentes o definitivamente fantasmas, y con funcionarios federales”, destacó.

Corral Jurado indicó que las carpetas de investigación se armaron en un tiempo récord –de menos de un año de investigación– sin contar al principio con una adecuada estructura para el combate a la corrupción.

Indicó que llevar ante la justicia a Duarte y sus colaboradores fue un compromiso de campaña.

“A la fecha, puedo informar de la detención de doce de los principales colaboradores del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, que hoy se encuentran con proceso penal y bajo la medida de prisión preventiva. Están en curso varias investigaciones sobre otros cómplices”, apuntó.

El gobernador detalló el contenido de los expedientes de investigación a través de los cuales reclama la detención del exmandatario.

“Sobre las diez órdenes de aprehensión que hemos entregado a la PGR, se trata de diez delitos de peculado agravado y delito electoral, tienen una penalidad que oscila entre los cuatro y 12 años de prisión cada uno, las cuales son acumulables. Se trata de una primera entrega para detonar el proceso de extradición, pues las investigaciones continúan. Hemos convenido con el MP federal que durante el proceso de extradición, y toda vez que ocurra dentro del plazo permitido, sumaremos nuevas causas penales por otros delitos”, abundó.