Nerviosismo en las alturas

El Diario, 3 de agosto de 2014

Luis Javier Valero Flores

Lo que era alegría plena, -cuando los reporteros gráficos de El Diario captaron a los cadetes de la Academia de Policía juarense en los momentos en que algunos corrían, divertidos, a afiliarse al PRI en las oficinas del Comité Municipal de la urbe más grande de Chihuahua- puede trocarse abruptamente en caras molestas, gestos agrios, reclamos de unas oficinas a otras y en crecientes deslindes.

El viernes de la semana anterior, luego del término de sus actividades, los cadetes y familiares de muchos de ellos, acudieron a una convocatoria del Grupo Esfuerzo. Curiosamente, el director de la Academia, Gilberto Ontiveros Chávez, es al mismo tiempo Secretario General de ese grupo priista.

El operativo fue en toda forma, agentes municipales y de Tránsito resguardaban la zona y los “aspirantes” a militantes del PRI fueron “trasladados” en sendos autobuses, contratados especialmente ¿Quién los habrá pagado?

Pues esa alegría puede desaparecer debido a que dirigentes, militantes y funcionarios públicos de Acción Nacional presentaron una denuncia, por la probable comisión de delitos electorales por varios de los funcionarios del municipio juarense, en lo que parece ser el preludio de lo que veremos en los próximos meses, incentivado, además, por las increíbles trastadas de dirigentes y funcionarios públicos priistas en la frontera “más bonita de México”.

Ante el repudio generalizado -y sólo gracias a eso- el jefe policiaco, César Omar Muñoz, anunció el viernes la separación “temporal” del Director de la Academia.

La acusación puede cursar exitosamente por el condicionamiento para darles empleo. Los probables responsables señalados son el comandante de la policía, César Omar Muñoz Morales, el director de la Academia, Gilberto Ontiveros y el asesor del municipio, Aarón Yáñez.

Según Sergio Madero, uno de los dos abogados del PAN municipal, la pena puede ser de dos a seis años de prisión, pues se “configura un delito electoral, establecido en el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, porque presumen que la Dirección de la Academia de Policía Municipal condicionó a sus subordinados, en este caso los cadetes, a afiliarse al PRI para permanecer en esa institución”. (LA COLUMNA, DE LOS REPORTEROS, El Diario, 1/VIII/14). 

Entrevistado, Ontiveros Chávez sostuvo que “… la afiliación fue de manera voluntaria, en ningún momento promovimos o lo hicimos para que ellos acudieran”. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario, 1/VIII/14).

La reportera le preguntó — ¿Sí se hizo labor de proselitismo al interior de la Academia?

“Dentro de la Academia lo hicieron los propios cadetes que tienen conocimiento o militancia dentro del partido. Vamos a revisar con ellos para que eviten estas prácticas dentro de la Academia, siendo que un servidor promueve esa misma institucionalidad ellos respeten el espacio en el aspecto político como religioso”.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública aseguró que no hubo dolo por parte de su dependencia, que preparan “servidores públicos y policías para el servicio de Juárez y no para un partido político” y que no tenía “que ver con la política”. (Ibídem).

Pues lo va a tener que comprobar ante los tribunales; no sólo él, también quienes desde la Academia de Policía realizaban tareas de proselitismo político, para su partido, sí, pero muy probablemente para algún o algunos proyectos políticos, de los señalados como probables responsables de esos delitos, o del alcalde Enrique Serrano, quien no ha expresado opinión alguna sobre el tema… 

Sí, ya sabemos que está de gira en China, pero la comunicación es global y seguramente ya debe tener el reporte completo, real, de lo que sucedió y probablemente ya ha delineado la ruta a seguir ante un asunto que les estallará judicialmente justo en las campañas electorales.

Y si no lo ha hecho, deberá hacerlo prontamente. El asunto no es cualquier cosa, no sólo para su partido (por la demanda panista), o para sus aspiraciones políticas sino, fundamentalmente, para la sociedad juarense; lo que ahora está denunciando el PAN es gravísimo, pues en la ciudad que ocupó, durante largos períodos, el deshonroso primer lugar mundial en homicidios y que ahora apenas empieza a transitar a una disminución sostenida en ese índice, resulta que el partido gobernante condiciona a los aspirantes a integrarse a la principal fuerza de seguridad pública en la ciudad a que se afilien al partido del presidente municipal, del gobernador y del presidente de la república. 

¡Válgame, tanto dar vueltas para terminar donde mismo! 

Y deberán responder ante los tribunales los funcionarios del gobierno municipal juarense, pues de “acuerdo con la denuncia presentada por escrito por los ediles panistas José Márquez Puentes, Norma Alicia Sepúlveda Leyva y María del Rosario Delgado Villanueva, los hechos constituyen delitos en materia electoral, derechos laborales y derechos humanos”, ya que la ley prohibe que los servidores públicos coaccionen a amenacen a sus subordinados a fin de que participen “en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición”, así como proporcionar apoyo o algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores”. (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario, 1/VIII/14).

Falta la larga ruta de la presentación de pruebas, declaraciones y demás en el proceso judicial; no es previsible que se desahogue pronto, pero esta acción nos devela muy claramente lo que está ocurriendo en muchas esferas del partido gobernante en México y Juárez.

Al episodio de los cadetes de la Academia, deberemos sumarles otros incidentes ocurridos en Juárez, que nos revelan el verdadero talante de muchos de los priistas y su actitud frente a los nuevos tiempos políticos del país.

En plena era de la competitividad electoral, en la que -sobre todo en Juárez- la alternancia partidaria es una realidad, existen militantes del PRI, y seguramente encumbrados dirigentes y funcionarios, que siguen recurriendo a las viejas formas del corporativismo mexicano, en el que la concepción de los gobernantes de la época de oro del régimen dirigido por este partido era que todos los trabajadores, por el simple hecho de tener esa categoría, eran miembros del partido gobernante a través de la afiliación masiva, forzosa.

Y para estos funcionarios da lo mismo trabajadores de la maquilla que futuros policías (y si son éstos, mejor, pensarán, así no se arriesgarán a entregarle la custodia de la ciudad a elementos ajenos a su partido, puros priistas necesitamos, han de pensar), de ahí hasta lo burdo de la acción y de la actuación de quien era el encargado de la preparación y capacitación de los policías juarenses .

¿Habrá, en las materias que cursan, algo que tenga que ver con la Constitución General de la República, especialmente en lo relacionado con los derechos humanos, con el respeto a la libre militancia partidaria y la libertad religiosa?

El episodio pone de relieve, además, y precisamente por la cuestión anterior, la inmediata revisión de los aspectos en que preparan a los policías, que tanto presumen  de contar, ahora, con mejores elementos, quienes ahora debieran ser más capaces para defender a la sociedad de la delincuencia y en respetarle a los ciudadanos sus derechos.

¿Cómo lo van a hacer, cómo van a asimilar estos conceptos, hombres y mujeres que presionan a militar en el PRI como requisito para acceder a un puesto en la policía municipal?

¿Y que, además, la presión la ejerce el director de la academia? ¿A quién se le ocurrió que un asunto de tal envergadura no adquiriera la resonancia que ahora tiene?

¿Cuáles son las calificaciones del director de la academia para ocupar ese puesto?

No, no es asunto trivial, no es algo que debiera olvidarse bajo la idea de que es un nuevo pretexto para las disputas partidarias entre priistas y panistas, como muchos ciudadanos lo conciben, no, es un asunto en el que, todos, debiéramos cuestionar, no solamente la integridad cívica de los funcionarios, sino, también, sus capacidades profesionales para imbuir en los elementos de las fuerzas policíacas la necesaria conciencia de que son servidores públicos, esto es, de los ciudadanos.

Pero si los hacen perder uno de sus máximos privilegios, como ciudadanos, como personas y como trabajadores, que es el de la libertad política, es natural que conciban que el resto de los ciudadanos tampoco tienen derechos, que ellos, los policías, como autoridad, están obligados a preservar y a respetar.

Y también llama la atención que el PRI, como partido estatal, no haya hecho pronunciamiento alguno respecto de este incidente, más si se toma en cuenta que su dirigente estatal, Alejandro Domínguez, presidió la Comisión de Seguridad Pública en la anterior legislatura y sabe que uno de los principales errores en la conducción de los cuerpos de seguridad es, precisamente, actuar corporativamente con ellos.

Si la función pública (entendida en este caso por quienes son, estrictamente, servidores públicos y no funcionarios de los primeros niveles que deben emanar, como es lógico en una democracia, de una elección) debiera ser ajena a los devaneos partidarios, en el caso de los integrantes de los cuerpos de seguridad debiéramos ser aún más estrictos.

Ni quienes están en esa función, ni los que integran los cuerpos de la procuración y la administración de justicia debieran formar parte de las maniobras político-partidarias.

Por último. Algo deberá hacer la administración municipal encabezada por el alcalde Enrique Serrano, son muchos los episodios en los que el tema central es la falta de ética en la función pública de varios de sus subordinados, y no hablamos de la ética personal, sino la del respeto al marco del derecho en el que vivimos, antes lo fue el caso de la ex diputada Elva Almazán, previamente el asunto del cobro de las cuotas partidarias por la tesorería municipal y ahora la afiliación de los cadetes de la academia al PRI.

¿Luego cuál?

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