Que 20 años no es nada…

El Diario, 10 de marzo de 2024 

Luis Javier Valero Flores 

«A las mujeres nos matan, nos violan, nos pagan menos. Cuidamos niños y ancianos sin que nadie nos cuide a nosotras. 

Y ante nuestra protesta, que es justa y hemos repetido por años, a los señores nomás les preocupa que los edificios queden limpiecitos y no rompamos nada»: Viridiana Ríos, periodista-analista.

Casi un cuarto de siglo después del hallazgo de los cadáveres del ‘campo algodonero’, de siete mujeres, asesinadas y depositados en distintas fechas, y un día después de que por segunda ocasión el Estado pidiera disculpas a los familiares -y a la sociedad mexicana- por los agravios cometidos por las distintas dependencias gubernamentales en ese caso, disculpa ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el país se cimbró nuevamente ante la reciedumbre, combatividad, número y, sobre todo, dolor de las manifestaciones femeninas.

Por igual, en Juárez y Chihuahua, las manifestantes exhibieron la dolorosa y primitiva realidad en que viven la inmensa mayoría de las mujeres en la entidad; de ahí el propósito central de las actividades, «… exigir justicia por aquellas niñas, adolescentes y mujeres adultas que han sido víctimas de algún tipo de violencia, entre ellas, abuso, acoso, violación, desaparición y feminicidio, entre otras». (Nota de Alejandra Sánchez/El Diario de Chihuahua, 9/3/24).

Por desgracia, ese fue el signo común en la mayoría de las ciudades, al que se agrega la absoluta inoperancia de las instituciones encargadas de procurar y aplicar justicia en lo que es lo predominante, el acoso, el hostigamiento y la agresión sexual.

De ahí que lo emblemático de las manifestaciones del viernes «feminista» fue el escandaloso número de denuncias, plasmadas en un sinnúmero de carteles y pintas en las mallas metálicas, paredes, banquetas y pavimento, con los nombres de los acosadores-violadores y con los nombres de las otras facetas de esta desgracia, la de las mujeres desaparecidas y las   mujeres asesinadas.

Más de 20 años después, Chihuahua sigue en los primeros lugares, no sólo en homicidios incluso de asesinatos de mujeres, sino en feminicidios, número de denuncias por acoso, hostigamiento sexual y violaciones, además del número de casos de violencia doméstica.

Y a esa realidad que acarreamos del pasado, ahora se agregó una nueva: La de quienes no pagan la pensión alimenticia, falta que amerita pena carcelaria, puntualmente evidenciada en los «muros de las denuncias» en el que se convirtieron varios edificios públicos y privados, así como algunos monumentos históricos.

Hubo, además, un por demás esperanzador y gratificante gesto en las movilizaciones: La enorme solidaridad femenina, la sororidad (Relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento. RAE).

Son manifestaciones que enternecen hasta las lágrimas, precisamente en el país que ocupa el tercer lugar mundial en criminalidad, sólo superado por Myanmar y Colombia en el Indice Global de Crimen Organizado 2023, https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2023/09/I%CC%81ndice-global-de-crimen-organizado-2023.pdf) en la violencia generada por las bandas del crimen organizado.

Ante realidad tan estrujante ¿Cómo preocuparse, tan desmedidamente, como lo hacen no pocas personas, mayoritariamente hombres -que «siempre hemos apoyado las causas feministas»- por los daños a los edificios públicos?

Y menos ante lo que ahora sigue siendo una de las principales corrientes del movimiento feminista, el de la iconoclasia, cuya esencia es la de la «destrucción» de monumentos, esculturas, arte, o cualquier ícono que represente a la autoridad, que para muchas mujeres -y no solo- es la principal causa de la inmensa impunidad prevaleciente en la comisión de delitos contra mujeres. 

Las cifras son lapidarias: «En los últimos diez años se han registrado siete mil 246 feminicidios y menos del 25% de esos crímenes ha terminado en una sentencia condenatoria». (Nota de Valeria Durán, Mexicanos Contra la Corrupción, 7/3/24).

Las marchas fueron la descripción del otro Chihuahua: 

«… algunas víctimas de violencia leyeron sus testimonios en donde con ira, dolor y llanto recordaron todas aquellas agresiones. “¿Para qué quieres los monumentos y las paredes limpias en un país de sangre?”, “No te incomoda el feminismo sino darte cuenta que al final eres machista”, “por mi bisabuela, por mi abuela, por mis tías, por mí y por todas”, “marcho hoy con mis amigas para no marchar mañana por ellas”, “sin consentimiento es violación”…» Nota de Alejandra Sánchez/El Diario de Chihuahua, 9/3/24).

Sobrecoge la frecuencia y coincidente de los relatos: «Guadalupe asistió por primera vez a la megamanifestación y se conmovió al observar a una de sus hijas, de 8 años de edad, gritar. “Vengo para exigir justicia, mi amiga Michelle hace ocho años la mataron y fue un feminicidio que quedó como si fuera un asalto, creo que tenía un deber social”, contó». (Ibídem).

En la mayoría de las ciudades del país también se realizaron movilizaciones multitudinarias con la misma exigencia: frenar la violencia machista.

«Para Paula Flores Bonilla, madre de María Sagrario González Flores, asesinada a los 17 años (una de las aparecidas en el campo algodonero), nada de lo que se ha hecho en Juárez y Chihuahua ha sido suficiente para salvaguardar la vida de las mujeres. “El dolor sigue e igual nuestra lucha de justicia va a seguir, no termina aquí. Como decía, cuando encontraron a mi hija, dije, no, aquí no termina, aquí empieza, entonces yo pienso seguir luchando por la justicia”, aseguró». (Nota de Luz del Carmen Sosa/El Diario de Juárez, 8/3/24).

Y sí, tan solo en Juárez, el año pasado, fueron asesinadas 26 mujeres, y algunos de los casos fueron tipificados como feminicidios.

Urge establecer un gran pacto, que genere una cascada de acciones y programas orientados a educar en el respeto a las mujeres, a estimular la sanción social a las acciones discriminatorias y vejatorias contra las mujeres, que pasa por una profunda transformación del ejercicio, no sólo del poder público, sino de la procuración de justicia y del fortalecimiento del feminismo en el seno de la sociedad.

Sin ello, continuaremos, año con año, doliéndonos de las manifestaciones femeninas, causadas por lo mismo de ahora, por el acoso, la discriminación; del asesinato y la desaparición de mujeres y, como ahora, muchos hombres poniendo el acento en la ´destrucción’ de los monumentos y edificios públicos. 

¿Cómo aceptar la destrucción del patrimonio público? Claman muchos cuando ante sus ojos transcurre la tragedia feminicida -¡Son solamente viejas argüenderas!-.

Pasaron los años y la consigna levantada por vez primera en Chihuahua -«Ni una más»- está muy lejos de alcanzarse.

Según datos del INEGI, del año 2023, 70.1% de las mujeres mayores de 15 años han experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de sus vidas. «La violencia psicológica es la más común, con un 51.6%, seguida por la violencia sexual con un 49.7%, la violencia física con un 34.7%, y la violencia económica, patrimonial y/o discriminación con un 27.4%». (Nota de Jimena Ortiz, El Economista, 8/3/24).

¿Cómo no tenemos esta realidad si -así sea un factor colateral, pero de todos modos muy importante- el gobierno federal quitó el programa de financiamiento a las guarderías y las escuelas de tiempo completo?

O que haya desviado el 89% del presupuesto, destinado a reducir la desigualdad de género, a los programas prioritarios del presidente.

O que, a su vez, los programas que atienden a víctimas de violencia o se encargan de las alertas de género en los Estados vieran recortado su presupuesto, o que tuvieron incrementos insignificantes, por debajo del crecimiento inflacionario.

Desde 2008 el movimiento feminista en el país impulsó la creación de una partida presupuestaria, conocida como Anexo 13 del Presupuesto General, que asegura cada año una parte del dinero público para programas de igualdad y combate a la violencia contra las mujeres. 

Año tras año se recorta.

En tanto, por quinto año consecutivo la Secretaría de Bienestar contó con más asignación de recursos, para el presente llegó a 543 mil 933 millones de pesos cifra superior en 129 mil 300 mdp al presupuesto aprobado para 2023, cuando tuvo 414 mil 632.3 mdp, ¡Un aumento equivalente al 31%!

Del total del presupuesto de Bienestar, el 91% de los recursos se destinan al programa de pensiones, en año electoral.

Tales incrementos chocan con los ínfimos crecimientos de otros programas, como el Programa de apoyo a las Instancias de Mujeres en los Estados (PAIMEF) que tuvo un aumento del 0.04%; a su vez, el Programa de Apoyo para el Bienestar de los Hijos de Madres Trabajadoras experimentó un retroceso de 3,6% de 2021 al 2022. 

El Programa de salud sexual y reproductiva se incrementó 0.1% y el de Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres un 3%.

En 2022 la red de albergues para mujeres recibió 420 millones de pesos, un 0.04% más que en 2021. Esta cantidad solo representó el 0.3% del total del presupuesto de la Secretaría de Bienestar.

En el programa para Promover la atención y prevención de la violencia contra la mujeres, se recortó 1,5% del presupuesto de 2021. 

También se recortaron las acciones un 3,6%, para instrumentar las alertas de género en el país, pese a que 22 Estados tienen activado este mecanismo contra la violencia.

También el Programa de construcción y equipamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM) sufrió un recorte de 3,6% y el programa de prevención de la violencia se rebajó 0.3%.

Con 11 asesinadas cada día, las consecuencias de los recortes de los programas para combatir la violencia de género se traducen en vidas de mujeres y niñas.

Si esas realidades, presupuestarias, de políticas públicas, educativas, de compromiso con las mujeres, cambiaran, a nivel estatal y nacional, con toda seguridad ya no sería necesario invertir en la instalación de mallas metálicas cada 8 de marzo.

Así, las ‘buenas conciencias’ no se alarmarían con las pintas feministas.

Ni tendríamos un episodio más de la incongruencia de muchos actores morenistas, prestos para criticar las vallas en Palacio de Gobierno de Chihuahua, pero olvidadizos de las instaladas por el presidente López Obrador en Palacio Nacional.

Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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