2011, la ola de muerte no cede

Aserto, 15 de enero de 2012 LUIS JAVIER VALERO FLORES Si partiéramos de lo acaecido en Chihuahua un año atrás, sin duda debemos alegrarnos, nos fue mejor, así los índices en que mejoramos sean casi imperceptibles. De ese tamaño es la tragedia que vivimos a lo largo del 2010 ¡Cómo estaría para que nos sintamos mejor en 2011, a pesar de la caótica situación por la que atravesamos! Pero una cosa es la percepción ciudadana, otra la realidad y una más la que las autoridades intentan difundir en la población. Todos saldremos ganando si todos nos convenciéramos que la llegada de la ola delictiva fue intempestiva, explosiva, extremadamente dolorosa y caótica, y que la disminución a las cifras previas a esta oleada homicida nos llevará años, muchos años y que lo peor será regresar a aquellas condiciones. Si por lo menos la clase política actuara pensando, no en la siguiente elección, sino en función de la terrible tragedia que nos asola; que actuaran como auténticos responsables de la conducción del Estado mexicano y no en función solamente de la temporalidad con la que les tocó gobernar, podríamos pensar en una mejor aceptación de lo que nos espera a lo largo de esos años. Y esa es la mala noticia, pueden disminuir algunas cifras delictivas, elevarse otras, pero el daño al tejido social es enorme y sus cicatrices deberán contarse por cientos de miles de víctimas, porque al número de caídos debemos sumarle la de sus deudos, la de los decenas de miles de secuestrados o extorsionados, los que sufrieron el robo de algún vehículo o en su negocio, además de los migrantes, que se cuentan por cientos de miles, y si se cree que exageramos nada más ubiquemos los huidos de Juárez, del Valle de Juárez y los de la franja ribereña fronteriza de Tamaulipas, amén de los que salieron de ciudades como Monterrey, Durango, Torreón, Gómez Palacio, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, etc. Y es un largo etcétera. Algo de tales altas y bajas de la incidencia delictiva ya hemos sufrido los chihuahuenses. Todas las estadísticas hablan de la disminución de las ejecuciones y de algunos otros rubros, con el aumento de otros y en lo general de una disminución, quizá menor a la informada en las últimas semanas por las autoridades, pero con toda seguridad sí la existe a juzgar por las expresiones ciudadanas. No ocurre así en el país, particularmente en algunas zonas, en el que durante 2011 se elevaron las cifras de homicidios dolosos en un 11% respecto al período anterior, al presentarse 41 mil 833 entre octubre de 2009 y septiembre pasado, “según datos que el gobierno federal distribuyó exclusivamente a los gobernadores durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional”. (Nota de Gustavo Castillo y Ángeles Cruz, La Jornada, 17/XII/11). De acuerdo con esa información, de octubre de 2009 a septiembre de 2010 en Chihuahua se cometieron 3 mil 800 homicidios dolosos; en el siguiente período, de 2010 a 2011, el número de asesinatos disminuyó 12 por ciento, al registrarse 3 mil 344 casos. (Ibídem). Pero la danza de las cifras ofrecidas por las instancias oficiales es un verdadero caos, cuya causa la ubicamos, probablemente, en la imperiosa necesidad oficial de edulcorar la situación, así sea solo en las estadísticas. Las distintas dependencias oficiales nacionales ofrecen como resultados, en lo referente a homicidios relacionados con el crimen organizado, cifras poco superiores a los 40 mil, de ahí, por ejemplo, el recuento del portal La Opción de la capital del estado que hasta el 29 de diciembre informaba de 42 mil 438 en el actual sexenio. Sin embargo, el semanario Zeta, de la ciudad de Tijuana, y quizá uno de los medios de comunicación que desde tempranas horas inició el recuento e información de las cifras relacionadas con el narcotráfico, elaboró un trabajo que le llevó a la conclusión que en realidad la cifra es de 60 mil muertos por esta causa, lo que equivale a que casi una tercera parte de las muertes no están tomadas en cuenta en el recuento final. (Nota de Enrique Mendoza Zeta/Proceso 1832, 11 de diciembre de 2011). Por desgracia, uno de los referentes de tales inexactitudes del mencionado semanario lo constituye la estadística de Chihuahua: Así lo escribieron: “No todas las ejecuciones ocurridas en los estados están siendo registradas por el Sistema Nacional de Información, el ejemplo es el estado de Chihuahua: La fiscalía informó en noviembre 2011 que entre el 1 enero de 2008 y el 31 de octubre de este año sucedieron en Chihuahua 16 mil 456 homicidios dolosos, de los cuales 2 mil 543 ocurrieron en 2008, 4 mil 543 en 2009, 5 mil 898 en 2010 y 3 mil 466 durante los primeros 10 meses de 2011. No bastante el Sistema Nacional de Información a través del Secretariado Ejecutivo sólo reporta 11 mil 588 homicidios dolosos: 2 mil 30 en 2008, 3 mil 156 en 2009, 3 mil 806 en 2010 y 2 mil 596 en los primeros 10 meses de 2011. Es decir, el Sistema Nacional de Información no da cuenta de 4 mil 868 homicidios dolosos. Sólo hay dos opciones: O la fiscalía de Chihuahua no reporta 100% de los muertos al gobierno federal o el Sistema Nacional de Información no registra la cantidad que las autoridades estatales le reportan. De hecho, en la edición 1945 correspondiente a la semana del ocho al 14 de julio del 2011 Zeta dio a conocer que el 14 marzo de este año la Fiscalía General de Justicia (sic) del Estado de Chihuahua reportó 7 mil 209 homicidios dolosos ocurridos en 2010, pero en noviembre de 2011 sólo reconoció que en 2010 ocurrieron 5 mil 898. Es decir, mil 311 homicidios dolosos no son reconocidos por la misma institución”. “Entonces, si la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua no reconoce mil 311 ejecuciones, más 4 mil 868 que no reporta el Sistema Nacional de Información, resulta que por lo menos 6 mil 179 cadáveres son desconocidos por ambas instituciones. Lo único que informó en noviembre último la Fiscalía General del Estado de Chihuahua fue la cantidad de 9 mil 604 homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada: mil 024 en 2008, mil 976 en 2009, 4 mil 138 en 2010 y 2 mil 466 durante los primeros 10 meses de 2011”. El periodista informó que a lo largo de todo el año 2011 solicitó una entrevista con el Fiscal General, Carlos Manuel Salas. No se la han otorgado, igual sucedió con Aserto. Informar correcta y oportunamente de las cifras delictivas es oportunidad de mejoramiento de la seguridad pública, actuar con transparencia significa mejorar ostensiblemente la administración pública y en esta materia aún más pues la confianza ciudadana en las instituciones es cardinal, y si esta no se construye con veracidad, la realidad golpeará en la línea de flotación la credibilidad ciudadana y no habrá la cooperación necesaria para atacar a la delincuencia. Y esto es fundamental, máxime que en los últimos días se han empezado a difundir distintas informaciones en el sentido que la disminución de la ola homicida alcanzó cifras de hasta el 35%, que no reporta, por ejemplo, el mencionado portal La Opción, cuyas cifras no concuerdan, ni con las informadas recientemente por el Gobernador del Estado, César Duarte, (Nota de Flor Holguín, El Diario, 29/XII/11) ni con las del semanario mencionado, ni con las reportadas a los gobernadores en su última reunión. El gobierno de Chihuahua le apostó al aumento de la severidad de las penas y aparentemente, por lo menos en sus números, las cosas han mejorado, ojalá así sea para bien de todos nosotros, pero las autoridades debieran ser más cautas al momento de lanzar las campanas al vuelo, no hay, hasta el momento, parámetros que nos demuestren que tal política en materia penal ha incidido en esa disminución. Antes bien, podríamos apostarle -ojalá así fuera- a que las detenciones de los reales delincuentes han aumentado. Casi mil asesinatos menos que en 2010. Desciende también pago de "cuota" delincuentes; buen signo para la seguridad (Nota de Ever Haro Guillén, El Heraldo de Chihuahua, 30/XII/11). Un total de 3 mil 238 personas perecieron víctimas de un homicidio durante el presente 2011, que registró 995 asesinatos menos en comparación a los perpetrados en el pasado 2010, aunque la entidad permanece en el primer lugar nacional del ilícito según el último informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En la misma entrevista ofrecida por el gobernador se asienta “que 850 establecimientos dejaron de ser extorsionados como resultado de las acciones policiacas que permitieron poner en prisión a 140 personas que adoptaron la ilegalidad como una forma de vida, al momento de solicitar dinero a los comerciantes para dejarlos operar sus negocios”. De acuerdo con esa misma fuente, “en febrero del año pasado ocurrieron 280 homicidios hasta el último en agosto cuando se contaron 237 asesinatos, nunca se había presentado una cifra tan baja de muertes provocadas por agresiones con armas blancas o de fuego desde el pasado 2008” y ubicó en 13 mil 693 los homicidios de naturaleza dolosa, con arma de fuego o blanca a lo largo de los últimos cinco años. Pero las cuentas optimistas de quienes gobiernan Chihuahua podrían no encontrar correlación con el resto del país, y si se realizara un estudio más profundo de las razones de la disminución de los homicidios en nuestra entidad, quizá nos encontraríamos que obedece a la dinámica de la guerra de los cárteles, disminuyendo en Chihuahua, pero estallando -literalmente- en otras entidades que han sufrido incrementos de hasta 500% en el número de ejecuciones -ú homicidios relacionados con la delincuencia organizada, en particular con el narcotráfico- y una de ellas podría ser la que en Chihuahua la confrontación más importante pasó a ser la de los Zetas contra “El Chapo” Guzmán, según el reporte sobre la situación de los cárteles mexicanos, elaborado por la compañía de inteligencia norteamericana Stratfor. (El Diario, 26/X/11). De acuerdo con el mismo informe, intitulado “Actualización de la guerra mexicana del narco: la polarización continúa” este grupo estaría auxiliando al Cártel de Juárez en la “contención” del de Sinaloa, en una faceta más de la cruentísima guerra sostenida entre los cárteles pero cuya importancia mayor estriba en la sostenida entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Los Zetas. De acuerdo con este informe, los Zetas habrían celebrado una alianza con los hermanos Arellano Félix en Tijuana, y éstos a su vez operarían “con el permiso del Cártel de Sinaloa luego de un acuerdo para bajar los índices de homicidios”; asimismo, Los Zetas serían aliados del Cártel de Juárez, el del Pacífico-sur y “La Resistencia”, formada por ex integrantes de la fracción de Ignacio “Nacho” Coronel en Sinaloa. El reporte llega hasta las menudencias: “Pese a que el estrangulamiento de Vicente Carrillo continúa, el cártel mantiene la lealtad de aproximadamente ocho mil integrantes de la pandilla Barrio Azteca, la cual le ha ayudado a mantener el control de los tres principales puertos de entrada a Estados Unidos, todos los cuales conducen directamente a El Paso, Texas”. Pero reportes tan precisos acerca de la dinámica de los cárteles choca con la actuación de las autoridades, conclusión derivada de hechos tan difíciles de creer como por ejemplo el de que a pesar de ser un hombre señalado -no sabemos si efectivamente buscado- por las diferentes corporaciones policiacas, hasta que fue detenido, Noel “El Flaco” Salgueiro Nevárez, uno de los hombres -así se dice por las policías- más cercanos a El Chapo Guzmán, registró en un día 14 terrenos en Chihuahua, inscritas a nombre de sus hijos en 2007, no hayan sido detectadas sino hasta su detención. Paradojas de la vida, la notaría que registró las operaciones en el Registro Público de la Propiedad fue la Notaría Pública número 3 de Chihuahua, a cargo de Sergio Granados Pineda, ex dirigente estatal del PRI y ex secretario general de Gobierno con José Reyes Baeza. (Nota del Staff El Diario, 7/X/11). Cuesta trabajo creer que ninguna corporación policiaca haya efectuado una somera investigación en esa dependencia en busca de datos que los llevaran a la localización de alguien cuyo nombre aparecía frecuentemente en las narco-mantas de los últimos años. Y no fueron minucias los registros de las propiedades, el 30 de enero de 2007 se registraron operaciones por un valor de aproximadamente 50 millones de pesos. De acuerdo con la información pública inscrita en el RPP, pudiera sospecharse de la celebración de varias operaciones para encubrir la fuente del dinero y las propiedades pues éstas, las 14, fueron “donadas” a los hijos de Salgueiro por un particular de nombre Conrado Cepeda Carrillo -originario de Guadalupe y Calvo, al igual que la esposa de Noel Salgueiro- “y quien las habría adquirido el mismo día que las entregó a los menores de edad”. (Ibídem). Para agregar más elementos sospechosos de este ejemplo de acciones difíciles de entender, la detención de Noel Salgueiro Nevárez, fue anunciada por la Secretaría de la Defensa Nacional, en un escueto boletín sin que se precisaran más detalles que el de haber sido realizada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. “La Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República informan, que en el marco de la estrategia integral que el Estado Mexicano ha implementado en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano efectuaron una operación de precisión en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en la que se logró detener a Noel Salgueiro Nevárez, alias ‘El Flaco Salgueiro’, lugarteniente de Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’ y responsable de las actividades de narcotráfico y violencia por parte de la organización criminal de Guzmán Loera en el estado de Chihuahua”. “A Salgueiro Nevárez se le considera fundador y líder de ‘Gente Nueva’, grupo delictivo de la organización criminal ‘Guzmán Loera’, que tuvo sus inicios en el estado de Veracruz en el año 2007, extendiendo sus actividades a los estados de Guerrero, Durango, Sinaloa y Chihuahua, incrementando la violencia en esta última entidad, principalmente en Ciudad Juárez, al disputar este espacio con la organización ‘Carrillo Fuentes’ y su grupo de sicarios denominado ‘La Línea’, manteniendo bajo su control a diversas pandillas delincuenciales, como las conformadas por los autodenominados ‘Artistas Asesinos’ y ‘Los Mexicles”, agrega la información oficial. Pero no son los únicos elementos sospechosos aparecidos durante el pasado año 2011 en la denominada “guerra” de Felipe Calderón en contra del narcotráfico, el escándalo estalló, por lo menos en las fuentes judiciales de Estados Unidos, al saberse que la defensa de Vicente Zambada, preso y sometido a juicio en ese país, al argüir que su cliente había sido apoyado por diversas agencias norteamericanas, en sus actividades ilícitas, a cambio de otorgar información a ellas sobre los adversarios de Joaquín Guzmán. Zambada no es el único enlace del Cártel de Sinaloa por lo menos conocidos públicamente con las agencias norteamericanas, otros dos narcotraficantes de alto nivel, Humberto Loya Castro, asesor de Joaquín El Chapo Guzmán, y el ex capitán policiaco juarense, Jesús Manuel Fierro Méndez, “arrestado por agentes de la DEA el 10 de octubre de 2008 en su domicilio de Ciudad Juárez y sentenciado a 27 años de prisión, terminó por pactar con sus captores. Para librar la sentencia, al rendir su testimonio ante la Corte de Distrito del Oeste de Texas delató a sus ex compañeros del Cártel de Sinaloa y admitió que incluso fungió como portavoz de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán ante los agentes estadounidenses de Inmigración y Aduanas, a quienes dio información sobre los cárteles rivales”. (Nota de A. Kennis/J. McGahan, Proceso, 10/XII/11). Fierro Méndez testificó haber sido “portavoz” de Guzmán en “numerosas conversaciones telefónicas y en algunas reuniones personales con agentes estadunidenses de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)”. Expuso también que El Chapo Guzmán lo había autorizado a reunirse con el ICE e informarlo de las actividades de los cárteles enemigos. “-¿Alguna vez el ICE le pidió información sobre El Chapo? -se le preguntó durante su testimonio en la Corte. -No estaba permitido y nunca se me pidió”. (Ibídem). Fierro fue explícito en sus testimonios, afirmó que “la estrategia (en Juárez) era agotar hasta la última oportunidad para hacerle daño a La Línea. Según explicó Fierro Méndez en la Corte, ‘el objetivo era eliminar a La Línea de cualquier manera posible, fuera ésta legal o no. Es decir, ya fuera a través del Ejército o proporcionando información al ICE, ésta era la manera legal; o frenándolos con información que provenía de las filas más altas de La Línea”. Otros dos aspectos de la guerra contra el narcotráfico despertaron serias dudas acerca de los objetivos de la misma, tanto del gobierno norteamericano, como del mexicano: La operación “Rápido y furioso”, diseñada para seguirle la pista a la venta de armas y que se convirtió en un verdadero fracaso, así como la develación de la participación de la DEA en el lavado de dinero. La magnitud del fracaso, o de las operaciones dirigidas, es gigantesca y peor aún si las investigaciones en curso demuestran el dolo en ellas, pues hasta el momento se sospecha que la operación de venta de armas tenía como objetivo dotar de ellas al Cártel de Sinaloa y la segunda pudiera convertirse en el peor ejemplo de cómo la agencia norteamericana financió las operaciones de un cártel de las drogas, evidencias las hay a pasto en los dos casos. Pero otra vez nos encontramos con las inconsistencias en las investigaciones que se presume deberían efectuar las agencias policiacas, una de ellas la pudiéramos encontrar en la falta de investigación acerca de las fuentes en las que se basó la revista Forbes para ubicar a Joaquín Guzmán como poseedor de una fortuna superior a los mil millones de dólares. Sin embargo, en la parte final del año anterior empezaron a aparecer evidencias de que el círculo alrededor del narcotraficante más poderoso en la historia de México se estrechaba lo que originó la aparición de numerosas especulaciones acerca de la necesidad de las administraciones norteamericana y mexicana de poner tras las rejas a Guzmán, por la renta política que les generaría, en un año electoral en el que las cosas no van del todo bien para el gobierno de Barack Obama y amenaza con la debacle para el PAN en México. Datos como los aportados en las líneas anteriores no hacen más que reforzar la tesis, sustentada por numerosas fuentes, que en realidad la guerra de los cárteles en México ha tenido un sesgo favorecedor de Joaquín Guzmán. Ahora tal presunción abarca, con numerosas evidencias, también al gobierno norteamericano. Así, el 2011 terminó como el peor en materia de ejecuciones y crecimiento delictivo en todo el país y con una disminución de ellas en Chihuahua, pero manteniendo todavía, y por márgenes muy altos, el primer lugar en ejecuciones, a nivel estado, y Juárez, a pesar de todo, conservando ese siniestro lugar en las estadísticas fatales. Si debiésemos buscar un correlativo a tanta delincuencia en Juárez, ahí están los parámetros realizados por las instancias oficiales, Juárez ocupa el séptimo lugar en pobreza a nivel nacional, de acuerdo con el informe elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, el Coneval. “Según la evaluación de la pobreza por municipios hecha por el Coneval, las ciudades más grandes del país son también las que concentran a la mayor cantidad de pobres, y entre ellas incluyó a Juárez”. (Nota de Alejandro Salmón, 28/XII/11). La magnitud de la pobreza es enorme, casi medio millón de personas en pobreza (494 mil 726) asentadas en la urbe fronteriza, ya no se trata solamente de los 7 mil ninis, es decir, jóvenes que no tienen trabajo ni estudian, sino de una inmensa masa social que se ha depauperado aceleradamente y para la cual no existen perspectivas inmediatas de mejoramiento económico y social ¡Qué mejor caldo de cultivo para la delincuencia! “Del millón, 332 mil 131 personas que viven en Juárez, sólo 331 mil 790 personas, que son el 25.3 por ciento de la población, fueron considerados como no pobres y no vulnerables socialmente”. (Ibídem). A su vez, de acuerdo con el análisis “Metas: Estado de la Educación en México 2011” efectuado por la asociación civil Mexicanos Primero, “Chihuahua ocupa el penúltimo lugar nacional en la eficacia educativa a nivel primaria dentro del período normativo, con 71.23 por ciento de los estudiantes egresados de sexto año, 8 puntos por debajo de lo esperado cuya estimación se situaba en 79.11%”, en tanto que para secundaria la entidad ocupa el mismo lugar “debido a que únicamente el 87.4 por ciento de los alumnos concluye sus estudios en el tiempo reglamentario”. (Nota de Manuel Escogido, El Diario, 25/XII/11). ¿Será muy difícil encontrar en dónde se encuentran los resortes para empezar a revertir una de las causas fundamentales para el crecimiento delictivo?