El veto de Duarte

El Diario, 1o de mayo de 2012 Luis Javier Valero Flores Algo funcionó bien al interior del actual grupo gobernante y el gobernador del estado, César Duarte Jáquez, vetó las reformas al Código Municipal, aprobadas por el Congreso del Estado días atrás. Es decir, en la práctica echó reversa a su propuesta de modificar todo un capítulo de ese ordenamiento, sustituyendo el de las contribuciones por la pavimentación, para crear la “Contribución Especial de Mejora sobre el Valor de la Propiedad” que era –si es que en realidad desaparece– una especie de espada de Damocles sobre los contribuyentes y que se convertía en una triple contribución para los propietarios de predios urbanos, tuvieran construcción o no en ellos. Pero la decisión del mandatario chihuahuense deja numerosas dudas en el aire. Sin duda alguna, la decisión de vetarla no requiere mayores explicaciones, pero la de enviar una propuesta –porque Mario Trevizo, el Consejero Jurídico de Gobierno del Estado, le ratificó a El Diario que había partido del Poder Ejecutivo (Nota de Alejandro Salmón, 27/IV/12) – de esas características sí que la requiere. En términos legislativos el gobernante le hizo unas observaciones a tales reformas y con ello se lo devolvió al órgano legislativo el cual, para aprobarlas, necesita el concurso de las dos terceras partes de los votos de los diputados presentes en la sesión en la que se aborden. Quedará en el aire si la mayoría parlamentaria decide hacerlo pues cuenta con los votos suficientes para llevarlo al cabo ya que con facilidad al PRI (20) se le sumarían los votos del Panal (4) y los de cualquiera –o todos, al fin y al cabo que también votaron a favor de la propuesta inicial– del Verde, del Trabajo o de la Revolución Democrática. Así que si en realidad el veto de Duarte implica una real retractación no solamente los priístas saldrán lastimados de este episodio, sino el total de los partidos representados en el Congreso del Estado. Para nuestra desgracia, anteriormente por lo menos existía la posibilidad de que existiera una oposición, no solamente de derecha sino también de izquierda. Hoy eso no existe. Pero la declaración del Gobernador Duarte, en pleno proceso electoral, no deja margen de duda acerca de las motivaciones del veto, incluso, por el contenido expreso de ellas –se “había participado” la discusión, dijo, como herramienta de campaña para golpear al gobierno que él encabeza– pues, afirmó, “El estado no era beneficiario, como lo han pretendido politizar algunos partidos, era una contribución enteramente municipal”. Y en un giro inexplicable pues su gobierno es el autor de la propuesta, dijo que “no se le puede colgar, como San Benito, al gobernador la creación de nuevos impuestos”. ¿Y entonces quién ordenó su elaboración y su aprobación, pues si como hemos visto a lo largo de la actual administración la línea de transmisión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo funciona sin interrupción alguna? A grado tal que, por decir lo menos, despierta sonrisas beatificadoras la frase del boletín de prensa de los diputados del PRI cuando le “agradecen y felicitan” a César Duarte ¡por vetar el impuesto que ellos aprobaron Lo que podría interpretarse, también, como si hubiesen sido obligados a aprobar tal ordenamiento y, por tanto, no tuviesen la libertad para oponerse desde el inicio a una reforma que a todas luces despertaría el rechazo como la ahora comentada. ¡Qué cosas nos ha tocado vivir El incidente es de tales proporciones que sorprende la falta del necesario análisis, aunque sólo sea por eso, como para llegar a la conclusión que tal reforma sería aprovechada al máximo por la oposición ¿O la desestimaron y creyeron que el rechazo popular no sería suficiente como para levantar una consistente corriente de opinión? En cualquiera de los casos, necesariamente nos lleva a la conclusión que se hacen evaluaciones muy equivocadas respecto del comportamiento ciudadano, y que el “bono” entregado por la mayoría de los votantes del 2010 a César Duarte sería incondicional y a perpetuidad. No lo es, ahora lo están viendo, y menos en un asunto tan repudiado como lo es el incremento, o la creación, de impuestos. Todavía no se apaga –ni se resuelve en definitiva– la inconformidad generada por la “tenencia vehicular” municipal, cuando ya estaban lanzando un nuevo –y muy oneroso– gravamen. ¿Qué creyeron, que sería aceptado sin oposición alguna? ¿Y en plena época electoral? ¡Híjole